La fiscalía de Colombia tiene evidencias de "desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros", en las sociedades Canal Extensia, perteneciente al grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, "que presuntamente recibieron dinero en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EEUU)".

Los Verdi de Cuatro Caminos proyectan la película del 3 al 6 de febrero. Una historia rodada gracias al crowdfunding que se convirtió en una parábola de cómo actuar en cualquier lucha ciudadana.

En solo siete días, la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII), en la que participa ATTAC, ha logrado su objetivo de recaudar donaciones para cubrir los 6.840 euros en concepto de costas judiciales que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al desestimar un recurso presentado en 2012 contra la [...]

El día 15/4/21, unos días después de empezar la campaña de recaudación se alcanza su objetivo. ¡Enhorabuena y gracias a los colaboradores!

A iniciativa de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) la Asamblea de Madrid toma esta medida esencial para los ciudadanos en situación de desamparo. Es sin duda un éxito de la Plataforma de la que nos alegramos tod@s l@s activistas

El Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) fue constituido en 2003 por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo en cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Esta semana la Comisión Europea ha dado la razón a la sociedad civil y ha comunicado oficialmente su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua y de dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.

La Red Agua Pública (RAP) demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios.

El agua es un bien común, necesario para la vida, que se debe gestionar sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso universal, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social. Además, su provisión a los ciudadanos tiene la condición de derecho humano, que los poderes públicos deben garantizar.

Ante la propuesta del gobierno de Madrid de ampliar el bono social del agua, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II exige reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento y garantizar el mínimo vital.