Servicios Sociales es Justicia Social.

Semana de la Justicia Social 2023.

Marea Naranja Madrid (MNM)

Las entidades firmantes del Manifiesto de la Marea Naranja Madrid y la Alianza social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid denunciamos un año más ante la opinión pública, en la Semana de la Justicia Social, que desde hace mas de 15 años, como consecuencia de las diferentes crisis (la económica del 2008, la derivada del COVID y la actual situación de crisis financiera e inflación disparada) la desigualdad crece de forma imparable en la región más rica del país y los mecanismos de protección, atención y respuesta, no solo no crecen sino que se ven mermados y se muestran exhaustos, agotados incapaces de absorber las demandas de una sociedad injustamente golpeada, cada vez más fragmentada y dual.

La nueva Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid debería dar respuesta a esta situación desde un marco de servicios esenciales, una perspectiva de derechos sociales y responsabilidad pública. Sin embargo, nos hemos encontrado con una ley que facilita la externalización de todo el sistema, no garantiza el acceso a las prestaciones y servicios a la ciudadanía y genera una clara inseguridad jurídica al no comprometer su desarrollo reglamentario en unos plazos determinados y en un marco de participación y diálogo.

La Renta Mínima de Inserción cada año protege a menos personas y familias. Se les somete a una tortura burocrática que solo tiene un fin, la extinción de la propia renta, agravada por la caótica gestión del Ingreso Mínimo Vital, lo que ocasiona dejar en la pobreza absoluta a la población más vulnerable, aquella sin ingresos económicos y que más está padeciendo estas encadenadas crisis.

● PRESUPUESTO repetimos el presupuesto del 2022, asciende a 2.190 millones de euros, incluyendo el área de juventud con 17 millones. Continúa representando el 9,5% del total, con un gasto por habitante de 324€, uno de los más   del Estado. Donde el 20% correspondían a aportaciones del Ministerio de Derechos Sociales, de la Comunidad Europea con el Fondo Social Europeo (FSE) y los Planes de Recuperación y resiliencia.

¿Cuál va a ser la aplicación real de este presupuesto?

· ÍNDICE RIESGO DE POBREZA hay 1,45 millones de personas, el 21,6% de la población, que están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2021, además hay unas 496.000 personas en pobreza severa. El 13,4% de la población tiene gastos de vivienda superiores al 40% de su renta disponible, sin embargo, entre las personas pobres la cifra prácticamente se multiplica por cuatro y alcanza al 58,8%. En relación a antes de la pandemia, ascienden un 52% los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 50% los que NO pueden comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días

● DEPENDENCIA los datos a diciembre 2022 tenemos 173.065 personas beneficiarias con prestaciones, 218.173 total prestaciones y 9.303 personas en el limbo, en general los indicadores se encuentran similares a los del 2019, se ha elevado en Grado II y las prestaciones. De las PEVS el 60% corresponden a la atención residencial.

● RENTA MÍNIMA presupuesto ejecutado de 19.334.249 € un 41,5% respecto al ejecutado en 2021 y 6.694 familias perceptoras un 46% menos de las 14.554 familias perceptoras en 2021, a lo que hay que añadir paralización de las solicitudes e incremento de extinciones y suspensiones como consecuencia del Ingreso Mínimo Vital. Ratio de cobertura de un 1,35% respecto a la población de personas en pobreza severa en la C.Madrid (496.070 personas).

DEFENDEMOS:

1. MEDIDAS LEGISLATIVAS: Seguimos reclamando un nuevo Pacto Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid en el que confluyan todos los actores políticos, agentes sociales y ciudadanos implicados, así como las Administraciones competentes y exigimos que se blinde en el Estatuto de Autonomía el Sistema Público de Servicios Sociales como derecho de ciudadanía y servicio público esencial, para ello, es necesaria la modificación del artículo 26 de la “Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero.

Estas medidas deben materializarse en una nueva Ley de Servicios Sociales inspirada en estos preceptos estatutarios.

2. FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y AMPLIABLE. Un presupuesto que represente, como mínimo, el 10% del presupuesto general para dar respuesta a los nuevos retos, con presupuestos ampliables para garantizar el acceso a las prestaciones y servicios como derecho subjetivo de la ciudadanía.

3. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA. Los municipios, que son las puertas de entrada a los servicios sociales, necesitan apoyo financiero estable, plurianual y la necesidad de ser escuchados por la administración autonómica en el diseño de las políticas en esta materia a través de garantizar mecanismos de participación, instrumentos de coordinación y estructura organizativa.

4. CATÁLOGO Y CARTERA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS que se elabore de forma consensuada con los agentes sociales, responda a las nuevas situaciones y sea publique dentro del año 2023.

5. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD. Garantizar el derecho a la atención a la Dependencia en la región adecuando los procedimientos a la realidad de las necesidades de la población dependiente, con una gestión transparente, ágil y eficaz, reforzando los instrumentos de valoración, reduciendo los tiempos de espera y ampliando los recursos de atención, especialmente los servicios, mejorando su intensidad y calidad, e incidiendo en la necesaria supervisión sistematizada de la administración pública de todos los servicios que están externalizados. También seguir avanzando en el derecho a la accesibilidad universal.

6. GARANTÍA DE INGRESOS. Una nueva Ley de Renta Mínima de Inserción acorde con el nuevo Ingreso Mínimo Vital con enfoque complementario, con la finalidad de que, entre ambas prestaciones, se supere el umbral de pobreza en cumplimiento de la Carta Social Europea y con apoyo efectivo en los procesos individuales de inserción. Además es necesario establecer los protocolos de coordinación interadministrativa con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

7. AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA Y URGENCIA FUERA LEY SUBVENCIONES, deben ser reforzadas y excluidas del ámbito de la Ley de Subvenciones, facilitando su gestión y su capacidad de respuesta para cumplir con inmediatez y eficacia con su objetivo.

8. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Es imprescindible reformar la estructura de protección con profesionales técnicos formados, reforzar la red de hogares y residencias asegurando su objetivo protector, así como hacer efectiva una red de familias acogedoras de emergencia y temporales para menores entre 0 y 6 años. Resulta urgente abordar la ampliación y mejora de plazas para menores con problemas de salud mental. Importante dotar de los apoyos necesarios a los Servicios Sociales municipales para que puedan realizar las actuaciones que marcan la normativa vigente

“SERVICIOS SOCIALES ES JUSTICIA SOCIAL,

NO A LA SUBASTA DE LOS SERVICIOS SOCIALES PUBLICOS”

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