Publicado originalmente en InfoLibre.es

Susana Gil

Siempre hay que estar recordando que el agua es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y, por lo tanto, tampoco las personas que no pueden pagar la factura pueden quedar sin acceso al agua y al saneamiento. Y esto es así porque el agua es indispensable para la vida y para la dignidad de las personas.

Recordemos que el derecho humano al agua compromete a todas las administraciones públicas: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y también a las empresas públicas o privadas que proveen de los servicios de suministro de agua, a respetar, proteger y cumplir con estos derechos.

Esto supone que el hecho de cortar el agua por falta de pago a personas que no disponen de medios económicos constituye una violación de los derechos humanos al agua y al saneamiento, tanto por la empresa que realiza el corte de agua como por las administraciones competentes para dar este servicio.

A este respecto y con motivo de la crisis sanitaria y social que trajo consigo la pandemia del Covid 19, el gobierno del Estado decretó desde marzo de 2020 el escudo social mediante el que las personas en situación de vulnerabilidad han estado protegidas frente a los cortes de agua y de otros suministros básicos.

Estas medidas, que garantizan los servicios de agua y prohíben los cortes de suministro a personas en situación de vulnerabilidad, se han prorrogado en seis ocasiones, estando en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero, ¿qué va a pasar cuando finalice el año?

¿Te imaginas no poder beber, ni cocinar, ni mantener la higiene corporal o la de tu casa y tener que bajar a una fuente, si la tienes cerca, o pedirle a un vecino o a un familiar agua para vivir?

La situación actual no es muy prometedora y solo falta que finalice el escudo social y empecemos a vivir cortes de agua, de luz y de gas por doquier; todo ello puede contribuir a un estallido social.

Por todo esto, la posibilidad de que este escudo decaiga supone una enorme preocupación para una de cada cuatro personas en la Comunidad de Madrid, población que actualmente se encuentra en situación de exclusión social según el Informe FOESSA 2022.

«Recordemos que el derecho humano al agua compromete a todas las administraciones públicas: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y también a las empresas públicas o privadas que proveen de los servicios de suministro de agua«.

Las organizaciones que promovemos la campaña Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida creemos que no es de recibo estar poniendo parches temporales a la situación crítica de las personas en situación de vulnerabilidad. Es necesario pasar de medidas paliativas a otras estructurales que garanticen el derecho humano al agua prohibiendo los cortes de suministro y asegurando el suministro de un Mínimo Vital para beber, cocinar y satisfacer las necesidades de higiene personal y doméstica para todas las personas en situación de vulnerabilidad.

Y creemos que hay que empezar tomando medidas desde las administraciones públicas que están más cerca de la ciudadanía, como ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

A partir del 22 de septiembre, hemos empezado una campaña de petición de firmas, mediante la que solicitamos a la Asamblea de Madrid que promulgue una Ley que garantice el suministro mínimo vital de agua y prohíba los cortes a las personas en situación de vulnerabilidad. 

Tenemos que recoger muchas firmas para que no puedan decir que no a cumplir, respetar y proteger un derecho humano sin el que no hay vida, nuestros representantes políticos en la Asamblea de Madrid tendrán que mojarse.

No podemos consentir que, a nadie por motivos económicos, le corten el agua y no pueda vivir dignamente, desde aquí pedimos a todas aquellas organizaciones, plataformas, ONGs y a todas las personas preocupadas por la vida y por la dignidad, que se adhieran a esta campaña y que firmen la petición.

Para firmar la petición haz clic aquí.

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* Susana Gil de la Red de Agua Pública de Madrid.

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