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¡VALIENTES!

24 mayo, 2022 - ATTAC Madrid, Comunicados, Noticias ATTAC, Opinión
¡VALIENTES!

La sentencia del caso Open de Tenis llega después de 5 años para absolver a los tres acusados y asegurar el tribunal que el PP actuó con temeridad y mala fe al denunciar a Ana Varela, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. La alegría, no obstante, no nos impide reflexionar sobre la instauración de la corrupción en la CAM.

¡Y por fin llegó la sentencia! Se hizo esperar 5 años para finalmente fallar que en el Caso Open de Tenis, la mala fe del PP es diáfana…

“En definitiva, considera este Tribunal que la resolución calificada como prevaricadora, en absoluto reviste tal carácter; la decisión de contratar servicios profesionales externos, dictada en el ámbito competencial de la parte acusada, responde a la necesidad imperiosa de disponer de respuestas globales y particulares sobre la complejidad de relaciones jurídicas entre el sector público municipal y una empresa privada”, “(…) Madrid Destino es una empresa participada al cien por cien por el Ayuntamiento y hay un incremento importante sin una causa aparente”, “(…) Se pone de manifiesto con claridad la necesidad de disponer de asesoramiento para poder valorar la modificación de la relación jurídica existente entre el Ayuntamiento de Madrid y MTP y Madrid Destino”, “(…) y esa es la preocupación que hay por si se podía incurrir en algún tipo de responsabilidad penal en ese caso, lo que pretendía era defender los intereses públicos”. En su virtud: “FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos libremente a CARLOS SANCHEZ MATO, ANA VARELA MATEOS y a CELIA MAYER DUQUE, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por los venían siendo acusadas/o. Se imponen las costas del juicio por temeridad y mala fe al GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID”. Sentencia Nº 274/2022 de la Sección nº 07 de la Audiencia Provincial de Madrid.

En Attac Madrid nos alegramos de que esta vez la defensa de los intereses de la ciudadanía se haya visto respaldados por la justicia. Siempre hemos estado convencidos de la inocencia de Carlos, Celia y Ana como ya manifestamos al referirnos a nuestro compañero: “Estamos convencidos de la legalidad de su actuación como concejal, por lo que mostramos nuestra solidaridad con Carlos y nuestra confianza en que sea exonerado de esta absurda acusación”. Y la sentencia nos corrige lo de absurdo por malintencionada.

Hay que precisar además que en su defensa Carlos Sánchez Mato no quiso ni tan siquiera intentar acogerse a la llamada Doctrina Botín buscando así el sobreseimiento de la causa, sino que por el contrario ha procurado que ésta llegara hasta el final.

Los servidores públicos frente a la corrupción

Frente a relaciones contractuales o convencionales de empresarios con las organizaciones públicas, en que imperan la selección y el privilegio a cambio de sobornos, apoyos, o favores, tanto el cargo público, como el funcionario o el ciudadano pueden optar por:

  1. aceptar o pagar, apoyar o favorecer (esta opción, evidentemente, incrementa la corrupción);
  2. optar por aceptar pacientemente sin pagar, ni apoyar, ni favorecer o limitar al máximo este tipo de relaciones, prescindiéndolas, evitándolas, eludiéndolas, (estas opciones perjudican las posibilidades de corrección de la organización pública, eliminando la acción crítica de quien la ejerce);
  3. o bien optar por denunciarlas públicamente, como hicieron valientemente Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer Duque y Ana Varela Mateos.

Esta última opción conlleva coste o represalias que pueden ser insoportables o muy onerosas para el cargo público, el funcionario o el ciudadano como hemos visto en este caso. Han sido 5 años de persecución y acusaciones falsas. Un caso claro de lawfare, es decir, usar abusivamente las instancias judiciales para intimidar, inhabilitar o desprestigiar a un oponente.

Las sospechas fundadas origen del caso y la conclusión del tribunal.

La sentencia explica:

“Expuso Carlos Sánchez Mato que cualquiera que hubiera leído distintos medios de comunicación era conocedor de que existía un cierto desequilibrio, y él tenía como responsabilidad la fiscalización y presencia en Consejos de Administración de Madrid Destino y de otras empresas públicas, y que cuando pide información antes de los informes citados, sobre los convenios que daban lugar a desembolsos tan importantes, pues no le dieron los informes, toda la parte económica que tenía que sustentar un convenio carecía de contenido económico, que se trataba de un convenio que supone que consiste en entrego algo a cambio de algo, si esas cosas no están valoradas económicamente el convenio no tiene sentido, que es lo que ocurría en el tema de MTP -Madrid Trophy Promotion-, se pagaba dos veces por la misma cosa, había cesiones de espacio público que no estaban valoradas lo que supone que hay un negocio económico que no se está valorando, hay una contraprestación que no figura en el convenio, parece que las cosas se habían hecho de forma no muy regular, y pidió explicaciones muchas veces, tenía la absoluta necesidad de hacer las cosas con arreglo a la norma”.

Sánchez Mato explicó “(…) que faltaba al menos el equilibrio patrimonial entre lo que entregan y lo que reciben, que hay negocios jurídicos duplicados, que se estaban pagando cosas de las que no se acreditaba la titularidad, que hay un informe de impacto económico en todos los años, solo uno a pesar de todos los años, que la sede social de la empresa MTP está en un paraíso fiscal y no se sabe la titularidad.

El informe solicitado por Carlos Sánchez Mato: “(…) viene a apuntalar los manifiestos indicios ya vistos, pues nada sino la pretensión de oscurecer la realidad de lo acontecido explica la falta de transparencia evidenciada en la irregular tramitación del procedimiento de contratación”, “(…) los responsables del sector público municipal no tenían como principal objetivo en la firma de los instrumentos jurídicos la defensa de los intereses públicos” “(…) este Tribunal considera que el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid, sin ninguna duda, actuó con temeridad y mala fe”.

La implantación de la corrupción en la administración pública.

Los cargos públicos o los funcionarios que contrarían las “recomendaciones” que les vienen dadas, raras veces optan por la denuncia; los empresarios que no admiten sobornos para poder ejercer normalmente su actividad, por lo general se alejan del sector público; y los ciudadanos afectados se ven alentados a salir del sistema. Esto significa que los menos críticos y escrupulosos son los que se “quedan” y asumen la iniciativa de actuación, lo cual hace aún más improbable la denuncia y menos arriesgada la corrupción, además de degradar o rebajar su coste moral ya que “todos lo hacen”[1].

El escaso número de denuncias interpuestas por políticos contra fuerzas antagónicas en la Comunidad de Madrid es, por consiguiente, un valor que nos sirve para «indicar» o sugerir la existencia o no de redes corruptas y de pactos de silencio[2], ya que un político que denuncia a otros políticos tiene que estar muy seguro de su disponibilidad para hacerlo pues de lo contrario se expone a la extorsión, a la amenaza y a la falsa denuncia como ha sido en el caso Open de Tenis[3]. Así emerge la corrupción como consecuencia de las practicas instituidas en partidos como en este caso el partido condenado en costas por mala fe, con actantes que ocupan posiciones importantes en las redes corruptas; que violan sistemáticamente las normas o están dispuestos a ignorarlas (incluso a eliminarlas), para favorecer el vencimiento de cualquier resistencia a la corrupción.

Detección y subsanación de la corrupción.

Parece, pues, sensato razonar que el incremento de los procesos por corrupción, como el que está en el trasfondo del Caso Open de Tenis, no se resuelve en la instancia, naturalmente, como resultado de una mayor eficacia en el saneamiento por parte de quienes detentan potestades de regulación, investigación, control y persecución del fenómeno; ni tampoco por una mayor actividad crítica de los medios de comunicación en los que estos hechos han sido publicados (ni siquiera ahora que los concejales han sido absueltos); sino que puede obedecer más a una situación de menor entendimiento entre el partido político en cuestión, las fuerzas que lo sostienen, y los jueces que lo juzgan, respecto de la que desplegaban en años anteriores, y que ha coincidido con su propio debilitamiento.


El riesgo de ser condenado por delitos de corrupción está vinculado con las dinámicas internas de intercambio corrupto, al igual que con el despliegue de los controles externos y de vigilancia sobre el seguimiento de las normas. Pero la asunción y el cumplimiento de las normas penales y administrativas están condicionados por el prestigio y la autoridad moral de la organización pública ante la cual se responde o se reclama su incumplimiento. Cuanto mayor sea el descrédito de dicha institución tanto mayor será la probabilidad de que se quebranten las normas.


No son excepcionales las circunstancias, como en este caso, en que los funcionarios madrileños se encontraban en condiciones de denunciar los actos corruptos cometidos por políticos, o en que podían haberse negado a realizar los procedimientos ejecutivos necesarios para consumar dichas actuaciones. Su forma de acceder a la administración y las garantías y alicientes para ejercer su actividad con independencia de sus jefes, determinan su posición de aliados y cómplices con los políticos corruptos del partido que controlan sus puestos de trabajo, e influye de manera decisiva en la complejidad y eficacia de la ingeniería institucional desplegada por las redes corruptas, así como en el coste moral de la corrupción. 

Si el abuso ha conseguido erigirse en norma en nuestra Comunidad, si todo acto público se funda en el beneficio privado, y los beneficios o servicios que los organismos públicos prestan se distribuyen por procedimientos discrecionales o por relaciones de intercambio con políticos y funcionarios, se pierde completamente la confianza de los ciudadanos en la transparencia y la eficacia de las instituciones. Solo prácticas valientes, responsables y fiscalizadoras, en defensa de lo público, como las desplegadas por los valientes concejales absueltos en el caso Open de Tenis, pueden plantar una resistencia eficaz a la norma que rige el carrusel de abuso, corrupción y ánimo de lucro, erigida en programa político en Madrid.


[1] “[…] no es sencillo arrojar plena luz-sobre la financiación ilegal llevada a cabo de manera clandestina […] o bajo la forma de contratos simulados […]: un pacto de silencio une a los partidos que se ofrecen a ser corruptos con las empresas que los corrompen” Pradera, Javier. Citado por Alberto Vannucci “La corrupción en los sistemas políticos democráticos”, en “Poder, derecho y corrupción”, coordinado por Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez. Ed. Siglo XXI, México, 2011, p. 103.

[2] Este indicador es utilizado para valorar la extensión de redes corruptas.

[3] https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-18/absueltos-los-exconcejales-mato-y-mayer-y-condenado-el-pp-por-actuar-con-mala-fe-en-el-caso-open-de-tenis.html

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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