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La sociedad civil sale a la calle para frenar la Ley Ómnibus de Ayuso

4 marzo, 2022 - Actividad observatorio SSPP, ATTAC Madrid, Justicia Fiscal y finan.Global, Paraísos Fiscales, Servicios Públicos
La sociedad civil sale a la calle para frenar la Ley Ómnibus de Ayuso

El avance de la Ley Ómnibus, según denuncian, supondrá la «uberización del taxi» y permitirá los «pelotazos urbanísticos», además de «un retraso» en la protección del medio ambiente.

Artículo publicado originalmente por EcologistasenAcción.org

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, una norma de enorme transcendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos. Ante su próxima aprobación en la Asamblea de Madrid, estos colectivos formado por madrileños y madrileñas salieron a la calle el sábado 26 de febrero, desde Atocha hasta la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. En la marcha participó un cortejo de vehículos taxi, uno de los colectivos directamente afectados por la ley.

El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación durante el mes de marzo. Nadie entiende las prisas del ejecutivo en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos.

Apenas han pasado dos meses desde que La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hiciera público el anteproyecto de la ley , un texto que se sometió a consulta pública durante un escaso período de 7 días, en plena Navidad y en pleno desarrollo de la sexta ola de covid. Esta decisión se basó en una supuesta urgencia que a día de hoy no se ha justificado. A pesar de las dificultades la ciudadanía se movilizó y se llegaron a presentar hasta 600 alegaciones y más de 50.000 firmas solicitando la paralización de la nueva norma.

Después de todo el esfuerzo realizado, los colectivos sociales consideran muy grave que ni las alegaciones ciudadanas ni las 51.700 firmas presentadas formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid. Es decir los grupos parlamentarios no tendrán acceso a esa documentación. Es una muestra más de la opacidad con la que se está tramitando esta nueva ley.

Ante la inminencia de la aprobación de esta la Ley Ómnibus, las entidades convocantes de la marcha del sábado, entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio, redoblan sus esfuerzos para convertirla en un grito multitudinario de protesta. Una norma tan importante requiere de un amplio consenso, no solo político sino también social.

Recordamos que la Ley Ómnibus afecta a temas tan dispares e importantes como hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales, Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación, sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte. Y, tal y como está hoy concebida, en urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes), externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la “red de viviendas públicas o de integración” como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos.

En materia sanitaria, establece la creación de una Agencia de Contratación, que de forma opaca y sin control de la Asamblea o de la ciudadanía podrá realizar contratos de bienes y servicios, un ente a todas luces innecesario pues la Comunidad de Madrid dispone para los mismos fines de su Junta Central de Compras. En el marco de esta nueva agencia, en periodos de crisis y emergencias la presidenta y el vicepresidente de la Agencia podrán realizar todos los contratos a dedo que deseen, un hecho que suena a broma macabra después del último caso de presunta corrupción descubierto en la región y que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas sanitarias.

En medio ambiente, la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte del la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.

Respecto al transporte, además de incluir diversas referencias a su liberalización y ni una sola línea al fomento del transporte público, supone un nuevo golpe para el taxi, al eliminar las restricciones actuales a los VTC como el tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base después de cada servicio. Además, permite que los vehículos con distintivo ambiental C, es decir, los más contaminantes, sigan circulando por vías urbanas hasta 2027, algo que Madrid Central no permitía.

Por otro lado, presenta duplicidades que empeoran el procedimiento para la obtención de la RMI, reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y limita la participación y los controles democráticos, así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Esto es solo un botón de muestra de lo que supondrá la nueva ley. Razones suficientes para tratar de pararla con todas nuestras fuerzas. Porque arrasa nuestros servicios públicos, nuest

Unas cinco mil personas, según datos de Delegación de Gobierno en Madrid, se manifestaron el sábado 26 de febrero en la capital para «frenar» el avance de la Ley Ómnibus, que, según denuncian, supondrá la «uberización del taxi» y permitirá los «pelotazos urbanísticos», además de «un retraso» en la protección del medio ambiente.

La marcha, flanqueada por diez vehículos de taxi, ha comenzado en la calle de Atocha, donde los manifestantes han cortado el tráfico, y ha terminado en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto.

Los convocantes -los sindicatos UGT y CCOO y medio centenar de colectivos sociales- han denunciado las consecuencias que la nueva ley puede tener en el medio ambiente y el urbanismo: «Está prevista para el buen comisionista», han clamado.

«Quieren desmontar de un plumazo todas las garantías sociales«, ha denunciado en declaraciones a Efe Ángel Juberias, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO Madrid, que considera que esta normativa es «un atentando a la democracia, la pluralidad y la transparencia».

El diputado regional Alejandro Sánchez, de Más Madrid, ha apuntado que la Ley Ómnibus supone un «ataque directo» a la ciudadanía madrileña porque es una «carta blanca a los ladrillazos y los pelotazos urbanísticos», lo que supone una «amenaza» para el medio ambiente.

La portavoz de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha puesto el foco en la modificación de la Cámara de Cuentas porque, con esa ley, sus miembros «estarán designados por el Partido Popular», ha considerado.

«Estamos escandalizados de cómo se ha repartido el dinero público entre los allegados de la presidenta Isabel Díaz Ayuso», ha recalcado la portavoz de UP, quien considera que la Cámara de Cuentas era la «única» institución que podía fiscalizar los contratos de la Comunidad de Madrid.

La Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, revisa las normas regionales con rango de ley para «reducirlas y simplificarlas» y ganar en «agilidad y eficacia», según el Ejecutivo autonómico.

El anteproyecto, presentado el 23 de diciembre de 2021 por la vía de urgencia -un hecho que suscitó críticas de la oposición-, modifica 33 leyes y cinco decretos e incluye 15 nuevas disposiciones que afectan a diversos ámbitos en la Comunidad de Madrid, como la sanidad, el transporte o el medio ambiente.

El Gobierno regional prevé que será aprobada y publicada en junio de 2022 y que su entrada en vigor contribuirá a «reducir» las cargas administrativas en cerca de dos millones de euros.

Las entidades convocantes, sin embargo, denuncian «opacidad» en su tramitación y consideran que la norma supone «un golpe durísimo» contra el medio ambiente, el urbanismo y los servicios públicos.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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