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Anticorrupción pide imputar a Aguirre por reducir sin justificación las camas de un hospital privatizado

17 noviembre, 2021 - Sanidad, Servicios Públicos
Anticorrupción pide imputar a Aguirre por reducir sin justificación las camas de un hospital privatizado

Pedro Agueda y Elena Herrera. Un juzgado de Madrid investiga irregularidades en la explotación del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda que habrían generado un «menoscabo» de más de diez millones de euros a las arcas públicas. La Fiscalía también solicita la imputación del ex consejero Juan José Güemes y de otros altos cargos.

Artículo publicado originalmente por ElDiario.es

16 noviembre 2021

Pedro Águeda / Elena Herrera

@pedroagueda@herrera_elena

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación por delitos de prevaricación y malversación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y del que fuera consejero de Sanidad Juan José Güemes, entre otros altos cargos, en la causa en la que se investigan irregularidades en la explotación del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda que habrían generado un «menoscabo» de más de diez millones de euros a las arcas públicas, según ha adelantado ABC y confirman a elDiario.es fuentes jurídicas.

En esta causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, ya está investigada por delitos de prevaricación y malversación y a petición de la Fiscalía Elena de Mingo, que fue entre 2008 y 2011 directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios y, por tanto, responsable del seguimiento y supervisión de las inversiones en obras e infraestructuras sanitarias. Tanto Aguirre como Güemes, por su parte, están imputados en la Audiencia Nacional en otro sumario, el que investiga la financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica. En la causa sobre el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda la jueza todavía no ha resuelto la solicitud del Ministerio Público.

Anticorrupción puso el foco en noviembre de 2020 en una modificación del contrato de construcción y explotación de este hospital que se hizo «prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo» y que permitió a la adjudicataria —una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease— cobrar durante años cantidades millonarias por servicios «nunca prestados». En concreto, por 135 camas que no están en servicio. Anticorrupción calcula un «menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma en una cantidad superior a los 10 millones de euros» y asegura no tener constancia de que se haya reestablecido el equilibrio económico del contrato. 

El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios (limpieza, lavandería, mantenimiento…). Ese canon se calcula en función del número de camas y la ocupación. 

El contrato de concesión para la construcción y explotación de ese hospital se adjudicó el 18 de marzo de 2005 a la citada UTE. Tres años después, el 28 de mayo de 2008 —poco antes de la inauguración, que tuvo lugar en septiembre de ese año— se modificó «eludiendo cualquier procedimiento administrativo» y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales. Eso redujo las camas de hospitalización inicialmente ofertadas por la concesionaria en base a las cuales se calculó el canon pero sin que se realizara un reequilibrio económico que se ajustara a la nueva oferta. Es decir, sin recalcular la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar a la concesionaria.

Para la Fiscalía, esta reducción del número de camas hospitalarias se hizo al margen «del más mínimo procedimiento administrativo», lo que supone una «ilegalidad radical». En su querella, Anticorrupción explica además que el único «sustento habilitante justificativo» de dicho cambio fue una resolución que «no existió», tal y como se ha comprobado a través de los requerimientos efectuados a la Consejería de Sanidad. Se trata de una supuesta resolución del 5 de mayo de 2008 de la Dirección General que estaba en manos de De Mingo «dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos», que entonces era Esperanza Aguirre. 

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, ya reflejó en 2017 que fue la Dirección General de Infraestructuras «a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid» la que «ordenó» que se adecuasen determinadas habitaciones de hospitalización a uso individual.

En consecuencia, de 135 habitaciones equipadas como dobles se retiró la cama hospitalaria, la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora; y se colocaron 135 sofás-cama. El hospital cuenta con 613 camas instaladas, según la última memoria publicada, de 2018. Tras la publicación de ese dictamen, el Ejecutivo regional anunció la apertura de un procedimiento sancionador contra la concesionaria por el que iba a reclamarle cuatro millones de euros por los servicios no prestados. elDiario.es preguntó el pasado febrero a la Consejería de Sanidad por la conclusión de ese expediente y si la adjudicataria llegó a devolver esa u otra cantidad pero no obtuvo respuesta.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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