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Acontecimientos en el ámbito bancario y financiero durante la Guerra Civil española

1 abril, 2020 - ATTAC Madrid, Banca publica
Acontecimientos en el ámbito bancario y financiero durante la Guerra Civil española

José Santos Pulido Mancebo
Ingeniero Agrónomo. Miembro de Attac.
Los temas tratados son: a) la limitación de la disposición de fondos de cuentas corrientes, b) las vacaciones bursátiles y la moratoria del vencimiento de efectos mercantiles, c) la incautación de joyas y metales preciosos, d) la división de la banca privada, e) los dos Bancos de España y f) el oro de Moscú

INTRODUCCIÓN

Originalmente el presente artículo pretendía continuar el publicado en el número de primavera-verano del 2015 en la revista “Cuadernos Republicanos”, titulado “Legislación Financiera durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República”. No obstante, cuando ya había llevado a cabo la mayor parte del trabajo previsto, descubrí el excelente libro La Financiación de la Guerra Civil del académico D. Miguel Ángel Sánchez Asiaín, que haría empalidecer mi texto. A la vista de lo citado arriba he preparado un artículo divulgativo, aun partiendo directamente de la Gaceta de Madrid y del Boletín Oficial del Estado, que sirviera sobre todo para animar a los lectores de Cuadernos Republicanos a que buceen en las 1.100 páginas del libro ya citado, acerca de los temas que sean de su mayor interés. Además, he anexado al artículo la relación de la normativa legal referente al ámbito bancario y financiero durante la Guerra Civil, que puede ayudar en la tarea sugerida en la frase precedente (Cuadernos Republicanos N.º 97, Primavera-Verano 2018).

Por lo tanto, se dedica un apartado a cada uno de los acontecimientos siguientes: a) las limitaciones en la disposición de fondos de cuentas corrientes, “los corralitos”, b) las vacaciones bursátiles y la moratoria del vencimiento de los efectos mercantiles, c) la incautación de joyas y metales preciosos, d) la división de la banca privada, e) los dos Bancos de España y f) el oro de Moscú.

LAS LIMITACIONES EN LA DISPOSICIÓN DE FONDOS DE CUENTAS CORRIENTES, “LOS CORRALITOS”

Un acontecimiento muy poco conocido que tuvo lugar durante la Guerra Civil es que en ambas zonas de conflicto y desde los primeros días de la contienda, se dio la situación conocida después como “corralito”. Esto se corresponde con el establecimiento de limitaciones a las retiradas de fondos por parte de los clientes de entidades de crédito, y su nombre se populariza en el año 2001 cuando ocurrió en Argentina y ha vuelto a darse en Grecia en el año 2015.

En los primeros días del golpe de Estado, concretamente el 20 de julio de 1936, por Decreto el Gobierno de la República promulgó que durante tres días se limitaban a 2.000 pesetas (unos 4.000 euros hoy en día) los fondos que las personas físicas y jurídicas podrían retirar de sus cuentas corrientes en las entidades de crédito. La justificación, obvia por otra parte, era la situación de desorden que imperaba y que podía llevar a los bancos a una situación de suspensión de pagos. La brevedad del plazo hace pensar que en el Gobierno se pensaba que esa situación se iba a resolver en breve.

Trascurridos los tres días se vuelve a decretar al respecto, reduciendo el importe máximo a 500 pesetas en el caso de las Cajas de Ahorros y permitiéndose que las instituciones públicas pudieran retirar fondos sin límite y que los empresarios lo hicieran en la medida imprescindible para atender sus obligaciones ineludibles. Este nuevo decreto tiene vigencia hasta el 26 de julio.

Aparece una nueva circunstancia originada por la contienda, y es que los propietarios de muchas empresas habían desaparecido por diversos motivos y esto había causado que otras personas se habían hecho cargo de estas. Sin embargo, esas personas no disponían de poderes legales para retirar dinero de los bancos para mantener su actividad, lo que llevó al Gobierno a disponer, por un Decreto del uno de agosto de 1936, que los gestores en ese momento pudieran disponer, sujetos a determinadas condiciones, de los fondos en los bancos.

A partir del tres de agosto de 1936 mediante sucesivos Decretos u Órdenes Ministeriales se fue ampliando la vigencia de las limitaciones, habiéndose identificado hasta 32 disposiciones con esa finalidad. La última fue promulgada el 18 de diciembre de 1936 vigente hasta el día 15 de enero de 1939, a menos de tres meses de la finalización de la contienda. Esto evidencia la vigencia durante toda la contienda del “corralito” en la llamada zona republicana.

A pesar de lo citado en el párrafo precedente, la ocurrencia de otros acontecimientos como la emisión incontrolada de billetes por parte de varias organizaciones, la retirada del privilegio de emisión al Banco de España, o el acaparamiento de billetes emitidos antes del 18 de julio, hacen dudar del efecto real de estas normas.

En el caso de la zona insurgente hay que partir del hecho de que el 25 de julio de 1936 se crea en Burgos una autodenominada Junta de Defensa Nacional de España, que se arroga todos los poderes del Estado. En esa misma fecha se publica el Decreto nº 6, en el que se cita el control de los movimientos bancarios, pero sin hablar de limitaciones.

Siguiendo con la legislación, en una Orden de la Presidencia de la Junta de Defensa del 28 de julio de 1936, ya figura un artículo con un objetivo similar al de la República, pero con un matiz importante, la limitación de retirar efectivo, también de 2.000 pesetas cada periodo de 30 días se establece con carácter indefinido, lo que eludió la necesidad de prórrogas sucesivas. Debe decirse también que en la zona insurgente existía una gran carencia de billetes porque la reserva de estos estaba en el Banco de España de Madrid, lo que justifica aún más las limitaciones en la retirada de fondos de los bancos.

No hay constancia legislativa de cuándo se levantaron las limitaciones en las retiradas de fondos de bancos y Cajas de Ahorros, por lo que al menos formalmente se mantuvieron durante toda la contienda.

LAS VACACIONES BURSÁTILES Y LA MORATORIA DEL VENCIMIENTO DE LOS EFECTOS MERCANTILES

Por la incertidumbre generada por el golpe de Estado, no era descartable un descalabro de las cotizaciones de los valores negociados en las Bolsas españolas, pudiéndose llegar espontáneamente a la suspensión total de las transacciones. Además, también era posible que desaprensivos aprovecharan el momento para extorsionar a otras personas para que les “regalaran” sus valores mobiliarios.

Por otra parte, emergían serias dudas sobre la posibilidad de que los librados pudieran atender el pago de los efectos mercantiles a su cargo que vencían en esos días, lo que en su caso originaría el protesto de estos, con sus adversas consecuencias mercantiles para todos los intervinientes.

Partiendo de los argumentos recogidos en los párrafos anteriores, el Gobierno republicano en el mismo Decreto en el que se limitaba las retiradas de fondos de los bancos, también estableció la suspensión durante 48 horas de las operaciones y el funcionamiento de las Bolsas de Comercio. Asimismo, también se aplica idéntica moratoria a los vencimientos de pago de los efectos mercantiles de cualquier clase. No obstante, por un Decreto del 27 de julio, se exime de esas obligaciones a las operaciones entre la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y el Banco de España.

La restricción de las operaciones en la Bolsas se mantuvo durante toda la contienda en la zona controlada por la República, y muy restringida la actuación de los Agentes de cambio y bolsa y Corredores de comercio, si bien hay que entender que se habían producido acontecimientos que afectaban a la gestión de las grandes sociedades.

En cuanto a la moratoria del vencimiento de efectos, según un Decreto del Ministerio de Hacienda, esta se levanta el 15 de agosto de 1936, aunque se establecen determinadas cautelas si se dan circunstancias especiales, que serían determinadas en su caso por Jurados especiales. Por otra parte, se reanuda el protesto de efectos mercantiles a partir del tres de noviembre de 1936, según Decreto del Ministerio de Justicia. Teniendo en cuenta que las tres Bolsas de Comercio estaban en el territorio bajo el control de la República, la Junta de Defensa de los golpistas poco podía decir al respecto de su funcionamiento. Esto no implica que no se pudieran trasmitir títulos valores, pero en todo caso al margen de las Bolsas. No obstante, para evitar abusos la Junta estableció que siempre se hiciera a través de fedatarios públicos para que causaran todos sus efectos legales.

La Junta de Defensa sí toma cartas en el asunto de los protestos de los efectos cambiarios, ya que en el 25 de julio de 1936 esta decreta la suspensión indefinida del vencimiento de letras de cambio y pagarés.

El 14 de agosto se matiza dicha normativa limitando la moratoria a las relaciones jurídicas existentes en el momento de la promulgación del Decreto. Además, se dispone que la moratoria sería suspendida en el plazo de diez días. Sin embargo, la aparición de dificultades operativas en las notarías da lugar a que definitivamente se extienda el plazo de la moratoria hasta el 16 de septiembre de 1936.

Un aspecto singular en el ámbito de los insurgentes es que según avanzaba la guerra se iba ampliando el territorio bajo su control. Ello daba lugar a que, en las nuevas ciudades ocupadas se establecieran periodos de moratoria del vencimiento de efectos, por plazos muy dilatados de tiempo y que se iban sucesivamente prorrogando. Esto duró hasta la finalización de la contienda.

INCAUTACIÓN DE JOYAS, METALES PRECIOSOS, DIVISAS Y VALORES EXPRESADOS EN LAS MISMAS

La mayoría de los historiadores militares coinciden en que en 1936 las fuerzas armadas eran importantes en número de efectivos, pero estaban pobremente dotadas en cuanto a medios materiales. El hecho de que la contienda se prolongara en el tiempo dio lugar a que ambos bandos sintieran la urgencia de proveerse de pertrechos bélicos y logísticos. Esto a su vez implicaba unas necesidades financieras de divisas, que cada uno resolvió como pudo. No obstante, tanto unos como otros acudieron a la recogida de metales preciosos, joyas y títulos valores expresados en moneda extranjera para tal fin.

Empezando por el Gobierno de la República, se debe decir que éste promulgó, entre el cuatro de octubre de 1936 y el siete de ese mes, tres Decretos cuya finalidad era hacerse cargo de todos los bienes citados en el título, que fueran propiedad de todas las personas individuales y colectivas del territorio que controlaba.

Se empieza por el oro, en monedas o lingotes, y valores extranjeros que poseyeran, teniendo en cuenta que los afectados por esta norma podrían recibir bien su valor en pesetas o bien un resguardo por el depósito. En el primer caso dicho importe estará sometido a las restricciones de retirada de efectivo. Se hace expresa referencia en el Decreto a los bienes que otras entidades, sindicatos, por ejemplo, pudieran haberse incautado por su cuenta, ya que junto a su entrega al Gobierno debían informar del propietario inicial de aquellos.

Como no podía ser de otro modo, en otro Decreto tres días posterior se recoge la prohibición de la exportación de oro puro o cualquier otro producto derivado del mismo, incluso la exportación de monedas de plata cuyo valor exceda a las cuatro pesetas. Habida cuenta que muchos bienes estaban depositados en bancos y Cajas de ahorros, se ordena que estas entidades entreguen al Tesoro los valores mobiliarios extranjeros. Estos podrían ser enajenados y el importe obtenido se abonaría a sus propietarios originales.

Acabado el oro ahora le toca a la plata, recordemos que en España existía un sistema monetario bimetálico que amparaba la circulación de monedas de plata. El 17 de octubre de 1936 se decreta la retirada de todas las monedas de plata de 5 y 10 pesetas que se canjearían por certificados de plata o por billetes. También se retira la plata existente en el Banco de España sin contrapartida alguna quedando como cobertura de sus billetes antes de la puesta en circulación de los Certificados de Plata.

Asimismo, el siete de enero de 1937 el Ministerio de Hacienda ordena que los bancos entreguen en la Central del Banco de España en Valencia el oro y las divisas y valores extranjeros que tengan en sus cajas, así como las que pueda recibir en lo sucesivo. Dando una nueva vuelta de tuerca a la incautación se decreta que los resguardos del oro depositado en su día serán canjeados obligatoriamente por billetes a una relación de 293,18 pesetas por cada 100 pesetas oro, perdiendo su importe de no hacerlo.

En los Montes de Piedad, por su cometido específico, existían joyas y monedas de oro a las que les había llegado el momento, 16 de marzo de 1937, de pasar a buen recaudo. Teniendo en cuenta su carácter de prenda eran propiedades de los deudores de los Montes y por ello el importe de su venta se depositará a favor de aquellos ejecutándose las garantías en su caso.

La penúltima referencia legal a estas medidas se encuentra en un Decreto del siete de agosto de 1937, en virtud del cual se prohíbe la exportación de toda clase de metales preciosos, así como de las joyas valiosas, salvo plumas o relojes. Asimismo, todas las personas deberán depositar en algún banco las joyas y metales preciosos que posean, en un plazo determinado fuera del cual se considerará delito de contrabando, suspendiéndose también la cancelación de préstamos pignoraticios para evitar que se retiren las joyas.

Por último, una Orden del Ministerio de Hacienda y Economía del 19 de septiembre de 1937 se establece que en el momento de la apertura de las cajas de alquiler en los bancos esté presente un apoderado de la denominada Caja de Reparaciones para levantar un acta de la incautación.

En cuanto al bando insurgente, según se desprende de la Orden de la Junta de Defensa del 21 de agosto de 1936, muchas personas estaban entregando voluntariamente oro para contribuir a los gastos de la insurrección. Estas entregas se estaban haciendo en dependencias diversas, pero la Junta de Defensa decide que se centralicen en su sede. Más tarde, el 19 de octubre, se autorizó a que la entrega se pudiera llevar a cabo en las oficinas de los Montes de Piedad.

Posiblemente porque el oro se estaba acabando, el Gobierno del Estado, ya que la Junta de Defensa había sido sustituida por aquél, publica un Decreto-Ley de fecha 12 de noviembre de 1936, prohibiendo la exportación y el atesoramiento de monedas de plata, considerando a los que lo contravengan como autores de un delito de rebelión. El día 15 de diciembre de 1936 por Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado se prohíbe que los bancos privados concedan créditos pignoraticios con la garantía de moneda extranjera.

En el 18 de marzo de 1937 por parte Gobierno del Estado se emitió un Decreto Ley en virtud del cual se pasaba de la voluntariedad de entrega del oro y moneda extranjera en poder de los ciudadanos españoles a la obligatoriedad. Por lo tanto, todos estos deberían ceder al Estado las divisas que poseyeran, incluso fuera de España, percibiendo su contrapartida en pesetas. También deben depositar el oro, aunque su disposición por parte del Estado no sería inmediata. La entrega de títulos valores en moneda extranjera se hacía también obligatoria.

Estas obligaciones se hacen extensivas asimismo a los bancos operantes en España y los agentes o sucursales de los bancos españoles en el extranjero. El Decreto-Ley establece determinadas exenciones a la norma. La obligatoriedad de esta se extiende a los nuevos territorios según el ejército los vaya ocupando.

La prohibición de exportar oro y monedas que estaba vigente se extiende también a los subproductos de oro el 20 de enero de 1937, y se establece su recogida en las Delegaciones Provinciales de Industria. Así mismo en otra Orden similar del mismo día se regula exhaustivamente la manufactura y negocio de metales preciosos y especialmente del oro.

El 30 de noviembre de 1938 se promulga una Ley denominada de Delitos Monetarios, que unifica desde un punto de vista penal todo lo anteriormente promulgado relativo a la importación y exportación de oro, de divisas, de valores extranjeros, de billetes del Banco de España y de monedas españolas fuera de circulación. En la misma también se prohíbe el atesoramiento de monedas de plata y de billetes acuñadas o emitidos por la República. Las contravenciones a esa Ley se consideran delitos de contrabando y no de rebelión. Esta nueva norma legal muestra ya el talante del nuevo régimen y su presunción de una dilatada presencia en el poder.

Parece ser que muchas personas, tanto residentes en la “zona nacional” como en el extranjero, a pesar de manifestarse públicamente como firmes partidarios del golpe de Estado, habían sido renuentes en el cumplimiento de las normas relativas a la entrega de divisas, monedas de oro, etcétera. Teniendo en cuenta lo anterior y posiblemente para estimular las entregas, el 30 de noviembre de 1938 se publica una Ley que permite eludir las consecuencias penales de esa actitud, es decir promulgando una amnistía, si llevan a cabo la entrega durante 20, 30 o 40 días dependiendo de su lugar de residencia. El motivo expreso para promulgar esa Ley era la suposición de que muchas personas no estaban bien informadas o habían estado cautivas en zona republicana.

LA DIVISIÓN DE LA BANCA PRIVADA

En un breve espacio de tiempo a partir del golpe de Estado, el territorio español quedó dividido en dos mitades, siendo la controlada por el Gobierno legal la más poblada, ya que se encontraban allí las ciudades más importantes. Por otra parte, muchos de los bancos existentes entonces tenían establecimientos en ambas zonas.

En los años treinta del pasado siglo las sucursales de los bancos gozaban de una gran autonomía contable y los libros de las cuentas corrientes se custodiaban en estas. Por ello las sucursales podían seguir funcionado al margen de su central, y más aún si se piensa que estaba en marcha el llamado “corralito” citado al principio del presente artículo. De todas maneras, los activos correspondientes a cada sucursal, los créditos, por ejemplo, podían ser de un importe mayor o menor que los pasivos, las cuentas corrientes, por lo que sus balances quedaban descuadrados.

Como ya se ha dicho antes, se produjo un vacío de poder en una buena parte de las empresas ubicadas en la zona republicana y no tenía que ser distinto para los bancos. Para paliar esta situación el Gobierno decretó el cuatro de octubre de 1936 que se constituyera en cada banco un Comité Directivo para gestionarlo. Dicho Comité estaría integrado por un representante del Ministerio de Hacienda, otro de los accionistas, otro de los cuentacorrentistas, uno más representando a la Federación Nacional de Banca, así como los consejeros antiguos que se hubieran mantenido en sus puestos.

En cuanto al control y supervisión de la actividad bancaria, en julio de 1936 existía el denominado Consejo Superior Bancario, organismo que tenía un carácter intersectorial, ya que en él participaban representantes de los bancos privados y de los poderes públicos. Una medida adoptada por el Gobierno de la República, el cuatro de octubre de 1936, fue modificar la composición del Consejo y crear la figura del Comisario General de Banca y Crédito, investida de amplias atribuciones.

Una vez decretada la creación de los Comités se tenía que establecer el proceso de elección de sus miembros, para el cual el Ministerio de Hacienda el 10 de octubre de 1936 promulga una Orden para que se llevaran a cabo las elecciones de los representantes de los accionistas y el nombramiento de los representantes de los cuentacorrentistas en los Comités Directivos. Hubo por otra parte que ampliar la Orden para los casos de los bancos cuya central estuviera en territorio insurgente.

Cabe entender, que en la medida que las circunstancias lo permitieran, los bancos privados seguían con su actividad. Sin embargo, el Gobierno de la República tomó cartas en el asunto concreto de la financiación de la vendimia del año 1936, ya que se contaba con las divisas que la exportación del vino iba a proporcionar. Por esto, el 29 de octubre de 1936, se publica un Decreto del Ministerio de Hacienda regulando la concesión por parte de los bancos de préstamos para pagar la uva a particulares y cooperativas, con la garantía pignoraticia del mosto y del vino.

Un hecho singular referente a los bancos fue prohibir las operaciones del Banco Comercial Trasatlántico, que se había posicionado claramente a favor de los golpistas. Esto se hizo en virtud de una Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de diciembre de 1936. La prohibición se llevaría a cabo sin perjuicio de que cumpliera sus obligaciones con clientes y empleados.

A partir de enero de 1937 y hasta septiembre de 1938, el Ministerio de Hacienda de la República fue publicando un rosario de órdenes ministeriales con los nombramientos de los miembros de los Comités, incluyendo sus sustituciones en su caso, debidas a fallecimientos incorporación a filas u otros motivos.

En el caso de la zona insurgente, se planteaban dos posibilidades: los bancos cuya sede estaba en su territorio, y en cuyo caso no se producía ningún vacío de poder por la presumible afinidad entre banqueros y golpistas y las sucursales de los bancos que tenía su sede en el territorio controlado por la República. En este último caso parece ser que altos directivos y accionistas huidos de Madrid se hicieron cargo de las sucursales, con el permiso de las autoridades insurgentes.

Sin embargo, la contienda desde un punto de vista financiero y económico había, en mayor o menor medida, puesto contra las cuentas a todas las sociedades mercantiles en general y a los bancos en particular. Por ello se promulga el 19 de febrero de 1937 el Decreto 220 del Gobierno del Estado, que exime a las sociedades anónimas de la obligación de formalizar los balances al final del ejercicio trascurrido y de convocar las preceptivas Juntas generales de accionistas. Eso sí, la exención se debía solicitar expresamente caso por caso justificándolo ante la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado.

El tres de marzo de 1937 tiene lugar la primera aplicación del Decreto 220, y se refiere al Banco Zaragozano que tenía su sede en Zaragoza, pero contaba con oficinas en Madrid y Barcelona. A partir de dicha fecha se fueron concediendo para un gran número de bancos, incluso sin sucursales fuera de la zona insurgente.

En cuanto a la organización de la banca, el Ministerio de Hacienda decretó el nueve de marzo de 1937 la supresión del Consejo Superior Bancario, quedando sus facultades transferidas a ese mismo Ministerio. A su vez se crea un nuevo organismo denominado Consejo Nacional del Crédito formado por un presidente y diez vocales, aunque a todos ellos los nombraba el Ministro de Hacienda, la procedencia de algunos de los mismos aseguraba la influencia de los banqueros en las políticas financieras del nuevo Estado.

A pesar de la exención a los bancos de la presentación de cuentas anuales, el Gobierno no renuncia a conocer la situación financiera de aquellos. Por tal motivo el Ministerio de Hacienda el 20 de septiembre de 1938 publica una Orden disponiendo que todos los bancos y banqueros envíen mensualmente un estado financiero, que por cierto es muy somero, al Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio.

Durante toda la contienda se fue extendiendo el territorio controlado por los insurgentes, empezando por ciudad de Oviedo ocupada el 17 de octubre de 1936, y siguiendo por la ciudad de Bilbao el 19 de junio de 1937. En estas localidades y en muchas otras se encontraban sucursales bancarias, o incluso sedes centrales, de las que habían sido retirados el efectivo, valores, el contenido de las cajas de seguridad e incluso los libros contables.

Ello hacía necesario recomponer la contabilidad de la sucursal con vistas a posibles reclamaciones relativas a los clientes. Para regular el proceso de reconstrucción contable se promulga el 21 de octubre de 1937 una Ley específica. Esta Ley es muy prolija, aunque lo que fundamentalmente recoge es la constitución de Comités de clientes y la figura de unos árbitros para dirimir las diferencias, si bien se deja la última palabra a las autoridades gubernativas.

LOS DOS BANCOS DE ESPAÑA

La existencia de un banco central en cualquier Estado es esencial para mantener la actividad financiera y económica de los países, y esto también es aplicable a cada zona ocupada. Como muchos bancos privados, el Banco de España también quedó dividido entre las dos zonas controladas por cada contendiente, aunque sus servicios centrales estaban en Madrid, y allí la casi totalidad de las reservas de oro del Banco, los billetes pendientes de poner en circulación y numerosas cajas de alquiler a particulares, lo que tendría importantes consecuencias en el futuro.

Como en muchas otras entidades, desde los primeros días de las hostilidades algunos consejeros y altos directivos del Banco de España no atendieron a sus obligaciones. Esta situación dio pie, junto a la desconfianza por parte del Gobierno de la República en determinadas personas, a una remodelación de los órganos de gobierno del Banco.

Por ello, el cinco de agosto de 1936, el Gobierno decreta el cese de D. Pedro Pan Gómez como Subgobernador primero del Banco y su sustitución por. D. Julio Carabias Salcedo, que había sido el primer Gobernador del Banco de España designado por la República. Solo once días después del cese del Subgobernador, se suspende a cinco consejeros más y a dos importantes empleados del Banco, D. Ramón Artigas Gracia y D. Alfonso del Rivero y Aguirre. Entre el día 20 de septiembre de 1936 y el siete de octubre del mismo año, tiene lugar una sucesión de dimisiones y nombramientos de consejeros del Banco de España, entre las que destaca la de D. Antonio Flores de Lemus, un prestigioso economista.

Debido al sitio al que estaba sometida la capital de España, el ministerio de Hacienda dispuso el 23 de noviembre de 1936 el traslado a Valencia de la Administración Central y del Consejo General del Banco de España. Ya adelantamos que estos departamentos fueron de nuevo trasladados a Barcelona el 13 de noviembre de 1937 y luego volvieron a Madrid, unos dos meses antes de que acabara la guerra.

El 20 de mayo de 1937 el Consejo de Ministros del Gobierno de la República nombra Subgobernador tercero del Banco de España a D. Gonzalo Zabala Lumbier. Previamente por Decreto de la misma fecha del Ministerio de Hacienda se había modificado la estructura del Banco creándose el cargo para el Sr. Zabala.

Se puede decir que, desde el punto de vista normativo hasta el cinco de junio de 1938, solo hubo una incesante serie de dimisiones y nombramientos de consejeros del Banco de España siendo el último nombramiento el de D. Salvador Amós Carreras.

Por último, en referencia a la zona republicana cabe decir que la presencia de la sede del Banco de España en la misma tuvo notables consecuencias en el desarrollo de las hostilidades, como se verá en el apartado siguiente.

Como se ha dicho antes en el territorio controlado por los insurgentes había varias sucursales del Banco de España, siendo el primer paso de la Junta de Defensa reconocer la sucursal en Burgos del Banco como si se tratara de los Servicios centrales de éste. La posición de la Junta de Defensa acerca del Banco de España se hace meridiana en el Decreto 104 del 12 de septiembre de 1936, cuando se convoca una reunión extraordinaria del Consejo de administración de aquél en Burgos para dos días después.

El 22 de septiembre por el Decreto 117, promulgado ya por el Gobierno del Estado, éste dispone la separación de D. José Suárez Figueroa como Subgobernador segundo del Banco de España, a la vez que por el Decreto 118 se nombra a D. Ramón Artigas García para sucederle. Este señor era un alto empleado del Banco que estaba accidentalmente en Burgos en los días del golpe de Estado. Además, se

reconoce en su cargo al Subgobernador primero D. Pedro Pan Gómez. El siete de mayo de 1937 el Gobierno insurgente atribuyéndose todos los poderes imaginables cesa, con efectos retroactivos al 18 de julio de 1936, al Gobernador del Banco de España, D. Luis Nicolau D´Olwer y a los consejeros D. Enrique Rodríguez Mata, D. Agustín Viñuales y D. Antonio Flores de Lemus.

En la línea de considerar un único Banco de España la presidencia de la Junta Técnica del Estado publicó el 15 de enero de 1938 una Orden en virtud de la cual solo reconoce como legítimo el Consejo de administración del Banco formado por los consejeros que estaban en su zona al comienzo de la Guerra o que se incorporaron con posterioridad.

El Consejo de Ministros del 15 de marzo de 1938 aprueba el cese por jubilación del Subgobernador primero del Banco de España D. Pedro Pan Gómez. En la misma fecha se nombra para sustituirle a

D. Ramón Artigas Gracia que era el Subgobernador segundo, a la vez que a éste le sustituye D. César Antonio de Arruche y Villanueva. El nombramiento de D. Ángel Gutiérrez Martínez, D. José Larraz López y D. Eduardo Aunós Pérez como consejeros tiene lugar el mismo día. Los dos últimos señores serían más adelante prominentes figuras económicas del régimen.

Si el lector está echando de menos el nombramiento del Gobernador del Banco de España, hay que decir que este cargo se subsumió en la figura del Comisario de la Banca Oficial, según decreto del 15 de marzo de 1938. El nombramiento para dicho cargo en la persona del significativo golpista D. Antonio Goicoechea y Cosculluela tuvo lugar el 25 de marzo.

EL ORO DE MOSCÚ

Este tema podría haber sido tratado en los apartados “La incautación del oro y joyas” o en el de “Los dos bancos de España”, pero por haber sido muy aireado por los exégetas del régimen se merece un tratamiento específico.

En primer lugar, si nos atenemos a la legislación que yo he identificado respecto a este tema, se debe decir que para la República es como si este hecho no hubiera existido y también son mínimas las referencias legislativas en el caso del bando insurgente. Esto no quiere decir necesariamente que no la haya, sino que pudiera ser reservada y por lo tanto se haya perdido. Por ello, para este asunto no tenemos más remedio que referirnos al citado libro de D. M. A. Sánchez Asiaín. La primera premisa es que el oro depositado en el Banco de España no era del Estado español, sino de aquél y en último extremo de sus accionistas. También es cierto que se había generado gracias al privilegio de emisión que el Banco de España había ostentado con intermitencia desde el año 1829. Como contraprestación a ese privilegio el Estado se aseguraba una decisiva influencia en la administración del Banco ya desde 1847, reservándose la facultad de nombrar al Gobernador y a los dos Subgobernadores de la entidad.

Por otra parte, el apoyo internacional con el que contaba cada bando era muy dispar. El bando insurgente contaba casi incondicionalmente con Alemania, Italia y Portugal. Sin embargo, la postura del Reino Unido y Francia respecto a la República, por motivos que no vienen al caso, era mucho más tibia, estando muy renuentes a proporcionar a la República los pertrechos necesarios y menos aún cobrando a crédito.

Este bloqueo fue sorteado en parte por la República, acudiendo a los típicos traficantes de armas, pagando los pertrechos a precios desorbitados en muchas ocasiones. Sin embargo, a la vista del devenir de la contienda, la URSS tomó la postura durante el resto de la guerra de suministrar materiales bélicos y otros en abundancia, pero eso sí cobrando por adelantado.

En cuanto al porqué de la utilización del oro del Banco de España para cubrir los gastos de la guerra, hay que partir de un hecho evidente. Como se ha visto en un apartado anterior, el Gobierno de la República pretendió, se supone con ese fin, hacerse con la totalidad de los metales preciosos y divisas propiedad de las personas de su territorio, pagando su precio con pesetas devaluadas y que podría llegar a ser nulo como así ocurrió. Es obvio por tanto que se aplicarían esas mismas medidas a la institución que más oro poseía en todo el país, el Banco de España.

Sin embargo, por la legislación en vigor el 18 de julio de 1936, la única posibilidad para el Estado de disponer del oro del Banco de España era con el fin de mantener la cotización de la peseta mediante su venta. Entonces, en lugar de modificar dicha legislación el Gobierno acudió al subterfugio, mediante disposiciones reservadas, de ordenar el traslado del oro primero de Madrid a Cartagena y de allí a Moscú, salvo una pequeña cantidad que se había enviado previamente al Banco de Francia. El transporte finiquitó el 25 de octubre de 1937, y se hizo bajo el control de funcionarios de Hacienda como con el de empleados del Banco de España. Esa decisión no contó con la aquiescencia de algunos consejeros del Banco de España que dimitieron o simplemente desaparecieron de sus puestos.

En cuanto a la posición del bando insurgente, no cabe duda de que tenía que ser contraria a la salida y venta del oro, sobre todo por que proporcionaba a sus contendientes un balón de oxígeno para prolongar unas hostilidades, que habían tomado el cariz de una guerra entre Estados. Además, parece evidente que la Junta de Defensa había tomado pronto conciencia de que el oro del Banco de España ya había podido salir de España, o iba a hacerlo inmediatamente.

Por lo anterior, la Junta de Defensa publica el 14 de agosto de 1936 dos Decretos con contenido complementario. En uno se amenaza a aquellos que hayan intervenido o intervengan en las exportaciones del oro con castigarles como traidores y en otro se decreta que se tomarán medias legales para recuperar el oro en su caso y se embargarán los bienes de las personas o entidades que hayan intervenido en la exportación.

Sería ucrónico imaginar qué hubiera ocurrido si el oro del Banco de España hubiera caído en manos del bando insurgente. Pero, teniendo en cuenta que también pretendió hacerse con todos los bienes convertibles en divisas de las personas residentes en el territorio bajo su control, no parece descabellado pensar que hubiera hecho lo mismo que el Gobierno de la República. Sin embargo, esto no le hizo falta para ganar la guerra porque, como mantiene D. M. A. Sánchez Asiaín, Alemania e Italia financiaron las ventas del material con pago aplazado. Pagos que sobre todo en el caso de Alemania satisfizo religiosamente España, durante la Segunda Guerra Mundial, mediante el suministro de determinadas materias primas.

Se sale del ámbito temporal del presente texto comentar qué ocurrió con el oro de Moscú. Efectivamente el Gobierno después de la guerra intentó que el oro enviado a la URSS volviera al Banco de España mediante gestiones diplomáticas y legales sin conseguirlo.

REFLEXIONES

No puedo reprimir el acabar este artículo con dos breves reflexiones. Primero, que durante la Guerra civil española, ocurrieron muchos acontecimientos del ámbito económico y financiero que no se han

tratado en el presente texto por no extenderlo. En segundo lugar, que no hay que olvidar que esos acontecimientos influyeron significativamente en la vida cotidiana de los españoles no solo durante la guerra, sino que prolongaron sus efectos muchos años después.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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