José Manuel Gómez de Miguel. Economista y regulador bancario. 

¿Por qué no conservar la propiedad pública de Bankia y, a la vez, desarrollar los logros que, en negocio, reputación y solvencia, se han conseguido en los últimos 6 años para provecho de la banca pública?

Para responder hay que partir de las diversas razones ofrecidas por Attac y otras organizaciones para apoyar la existencia de una banca pública y mantener a Bankia bajo el control de los poderes públicos. Las principales razones se articulan en torno a dos ideas:

• introducir competencia en los mercados financieros; y

• contribuir a que ciertos sectores ligados a modelos productivos de interés social reciban una financiación que los mercados actualmente no proporcionan.

Bajo ese marco, y en la medida que existe una cierta tensión entre ambas razones, se viene también debatiendo la necesidad de clarificar la actividad futura de Bankia de forma que, bien sea una “banca de depósitos y créditos”, bien juegue, principalmente, un “papel de apoyo a la inversión empresarial”, redirigiendo su negocio hacía la financiación de un nuevo modelo productivo definido políticamente según criterios de utilidad pública.

En mi opinión, si se quiere que un banco introduzca competencia en nuestro sistema financiero es porque se considera que hay que preservar y aumentar la diversidad y calidad de los productos financieros ofrecidos a la sociedad, o al menos, que debe prevenirse o evitarse que la concentración de operadores, y el poder de mercado que conlleva, pongan en riesgo la capacidad de nuestros mercados para satisfacer las necesidades financieras de los ciudadanos.

Sin embargo, la financiación guiada por criterios políticos de utilidad pública se mueve, precisamente, en terrenos que a menudo se sitúan al margen de los mercados y de la competencia que se les exige. Si se habla de condiciones financieras acordes al carácter económico y social de las inversiones o de inversiones enmarcadas por proyectos estratégicos de interés público, es porque se piensa que el sistema bancario no tiene en cuenta, cuando financia esas actividades, el interés social o público de las mismas.

Pues bien, yo considero que ambos objetivos no se deben mezclar en Bankia. Es mejor que se aborden separadamente y con instrumentos institucionales específicos.

En mi opinión, si para algo puede ser útil una Bankia pública es para demostrar que el Estado es capaz de desarrollar un negocio bancario con las mismas exigencias de solvencia, prudencia, eficiencia y rentabilidad que se pide a los bancos privados y, además, que lo hace manteniendo una prácticas intachables tanto en ámbitos ligados a las operaciones que se realizan (por ej. sin operar en paraísos fiscales ni apoyar la elusión de impuestos), como en sus relaciones con los clientes (poniendo sus intereses en primer lugar, respetando las decisiones judiciales, etc).

Además, es imposible desarrollar un negocio que ofrezca a la ciudadanía medios de pago, depósitos e instrumentos de ahorro competitivos si en el otro lado del balance no se siguen los mismos criterios a la hora de conceder créditos. El mercado no puede guiar el pasivo si no es, también, la guía esencial del activo.

Ello no quiere decir que el control público de Bankia no deba orientar su actividad crediticia con criterios éticos o con especial dedicación a iniciativas económicas solventes que aporten claro valor social y no sean atendidas por el mercado. Al revés, sin merma de la solidez y rigor económico en sus criterios de selección del riesgo, es perfectamente posible y muy deseable que Bankia sea la primera en evaluar las necesidades de sectores a los que el mercado no aporte soluciones acordes con su viabilidad económica e interés para la sociedad.

De hecho, Bankia ya hace algo muy parecido aunque seguramente incompleto. Y es que atender las necesidades financieras de familias y pequeñas empresas, que es la actividad principal de Bankia es, precisamente, un objetivo de interés público. Además, sus beneficios se convierten, en un 60% (porcentaje que ostenta el FROB), en ingresos o patrimonio público.

Por el contrario, no son los depósitos de particulares y empresas los que deben servir para financiar de manera primordial proyectos estratégicos del Estado o para atender áreas de negocio que sean sólo “políticamente deseables”. Esa tarea debe llevarse a cabo desde plataformas estatales (o de otras autoridades públicas) que obtengan sus recursos de fuentes análogas a las del propio Estado. Así ocurre entre nosotros (con el ICO y diversas instituciones autonómicas). Ese modelo de financiación, y la especialización en ese ámbito de negocio (que puede estar anclado territorialmente), favorecen su eficiencia y permiten controlar con mayor facilidad el coste para la sociedad de esas políticas o proyectos.

Además, en la decisión debe tenerse en cuenta que la mera captación de depósitos implica la obligatoria aplicación de todas las normas (supervisión, solvencia, contabilidad, gobierno corporativo, etc) exigidas a los bancos privados, sin matiz alguno por el hecho de ser o no propiedad pública. Por el contrario, la atención específica a las necesidades crediticias de ciertos sectores productivos o de proyectos estratégicos no tiene exigencias equivalentes (el ICO está exento de la aplicación de la normativa prudencial bancaria).

Por último, a la hora de reflexionar sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta que los modelos de banca de cada país están condicionados por su historia y que no suele ser conveniente copiar a otros atendiendo a alguna de sus características. En España, el sistema expulsó en su momento tanto a los bancos industriales privados como a las entidades oficiales de crédito, y ha conducido a un modelo de banca universal en el que, más allá de los abusos que hayan debido o deban corregirse, el negocio minorista es ampliamente dominante y muy eficiente.

Cada país de la UE tiene su modelo, algunos con mayor presencia pública, otros con actores especializados (por ej. bancos hipotecarios o bancos de inversión), etc., pero no por ello han mostrado ser más resistentes ante crisis como la de 2008, ni son más eficientes.

De todo lo anterior se deduce que la preservación del carácter público de Bankia no tiene por qué alterar, en lo esencial, su modelo de negocio, sino, en todo caso, asegurar que se lleva a cabo con el control adecuado y respetando las mejores prácticas frente a la clientela y la sociedad.

Eso no debe impedir, sin embargo, que junto a la decisión de mantener la propiedad pública de Bankia se abra un debate democrático en la sociedad sobre qué otros elementos deberían configurar su Plan Estratégico y sobre cómo diseñar su gobernanza.

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