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10 años de crisis: dominio, imperio, desigualdad y libertad

Daniel Raventós

Actualmente estamos en una situación económica que algunos evalúan de recuperación, otros de situación incierta y otros aún de antesala de una nueva crisis. Sobre esta última posibilidad, la OCDE acaba de alertar recientemente de una desaceleración del crecimiento en todo la zona euro que será más acusada aún en el Reino de España.

Para lo que voy a atender en este artículo es secundario el diagnóstico correcto porque sea cual sea la situación económica que vendrá es constatable que desde el inicio de la crisis, ahora hace 10 años, las condiciones de existencia material de la mayoría de la población no rica han empeorado de forma muy sustancial. Podría quedarse la anterior solo como una frase lapidaria si no hubiera multitud de datos que la corroboran, como son los salarios reales, la jornada laboral, la precariedad en el empleo, las condiciones laborales generales, los trabajadores que con contrato legal están por debajo del umbral de la pobreza, los incremento del porcentaje de personas pobres… Las estadísticas están a disposición del que quiera verlas y no hay polémica entre economistas que discrepan en otras muchas cosas sobre estas realidades. La cara radiante de la situación, cada vez más conocida, es cómo les ha ido a los más ricos en estos 10 años de crisis. Decía la que fue presidenta de ATTAC Francia de 1999 a 2006, Susan George, que los estudios sobre la pobreza y los pobres son muy abundantes. Los estudios sobre la riqueza y los ricos no son tan profusos. Departamentos de sociología, de filosofía política o de economía de cualquier facultad del mundo, revistas académicas de ciencias sociales, multitud de gobiernos, institutos estadísticos, muchos ayuntamientos, periódicos, organismos internacionales y muchas ONGs producen cantidades formidables de informes, estudios, tesis doctorales, estadísticas y artículos sobre los más increíbles, variados, minuciosos y extravagantes aspectos de la pobreza. Algunos hasta son buenos y útiles. Susan George decía con socarronería: “¿los pobres? ¡que coman investigaciones para pobres!”. Y aconsejaba prestar mucha más atención al estudio de la situación de los ricos. Sabiendo cómo les va, disponemos de información sobre los resultados de determinadas políticas económicas y de los diseños institucionales que tenemos. Hace unos lustros la información sobre los ricos no era muy buena, ahora es mejor gracias entre otros a los grandes bancos que tienen evidente interés en saber cómo evolucionan los que al fin y al cabo son sus clientes preferentes.

Disponiendo de distintos informes, nos referiremos solamente a dos. Uno más reciente realizado por la Agencia Tributaria y otro que se publicó hace algunos meses con datos que llegan hasta 2017 realizado por Capgemini. Los datos de la Agencia Tributaria que van del 2007 al 2016, pueden resumirse así: en el Reino de España declararon en 2016 exactamente 579 personas que tenían más de 30 millones de euros de patrimonio, un 150% más que en 2007, cuando entonces eran 233. El último informe de Capgemini con datos que van del 2008 al 2017, aporta datos según los cuales el número de ricos en el Reino de España creció más que en el resto de Europa e incluso que en el resto del mundo. Más concretamente, el 0,48% de la población o unas 224.000 personas, acumulaban en 2017 una cantidad que suma 560.000 millones de euros. Es una gran cantidad, sin duda. Pero resulta desproporcionada si la comparamos con el gasto en pensiones que en el mismo año de 2017 fue de 139.647 millones y el de prestaciones por desempleo que fue de 17.400 millones. Antes de la crisis acumulaban una cantidad bastante menor, algo más de la mitad que ahora.

Al 0,48% le ha ido muy bien, al resto le ha ido muy mal en estos 10 años. La crisis ha golpeado, efectivamente. Pero lo que ha golpeado más han sido las políticas económicas puestas en pie por los gobiernos de la Unión Europea, para circunscribirnos a la zona geográfica y económica en la que está el Reino de España, cuando los primeros azotes de la crisis empezaron a manifestarse. Recordemos el giro que en mayo de 2010 realizó el gobierno del PSOE al poner en marcha algunas medidas de política económica como las siguientes: reducción del 5% de los salarios de los funcionarios públicos, congelación de las pensiones, reducción de 6.000 millones de euros de inversión pública en infraestructuras, recorte de 1.500 millones de euros en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales, entre muchas otras del mismo tenor. Con los gobiernos posteriores del PP las medidas y reformas laborales aún castigaron más a la población no rica.

Las mismas políticas económicas que suponen el ataque a las condiciones de vida y de trabajo remunerado de la inmensa mayoría, son las que también explican que a los muy ricos les haya ido bien. Y no es ningún secreto, no existe una política económica que favorezca o perjudique a toda la población. Hay razones teóricas, pero la constatación fáctica es inapelable.

Que las desigualdades son cada vez mayores y los ricos acumulan mayor riqueza con progresiva velocidad es algo que no discuten ni el Foro de Davos, ni el FMI. Por el contrario, es difícil encontrar documentos acerca de la relación de estas grandes desigualdades con la libertad. El gran logro del liberalismo histórico que realmente ha existido, el que tiene poco más de 200 años de existencia, fue lograr imponer la desconexión de la libertad con las condiciones de existencia material. La isonomía oligárquica, tan del gusto del liberalismo actual, es decir “clases bajas no enteramente privadas de la libertad e igualdad ‘civil’ –y por lo mismo, no esclavizadas–, pero despojadas de la libertad y la igualdad ‘políticas’”, en palabras de Antoni Domènech.   Muy diferentemente al liberalismo, para la vieja y más de dos veces milenaria tradición republicana, la libertad no puede abstraerse de las condiciones materiales. Quien no dispone de una existencia material garantizada no puede ser libre. Para el republicanismo democrático, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía no son compatibles bajo relaciones de dominación. Y, ¿qué es la dominación para el republicanismo? La dominación –el dominium en la literatura republicana histórica- es por supuesto proteica, pero es consecuencia de la forma de regular la propiedad como cuestión más relevante. Porque la regulación concreta de la propiedad, de los derechos de propiedad, ha conformado los distintos diseños institucionales que hemos conocido. La “distinción principal” para entender cualquier sociedad dirá Aristóteles ya hace más de 2.300 años y Marx recogerá con sus palabras y analizando una sociedad muy diferente a la del Estagirita, es la que se establece entre ricos y pobres. Pobres: los que no tienen la existencia material garantizada y dependen de otros para vivir. Ricos: los que tienen la existencia material garantizada y no dependen de otros para vivir. Y lo que separa a unos y a otros en esta distinción fundamental es la propiedad, la cuestión relevante. Entiéndase bien que relevante no quiere dar a entender que es única. La dominación la ejercen los ricos propietarios sobre todas aquellas personas que no tienen la existencia material garantizada porque no disponen de propiedad. Lo que equivale a decir que en una relación de dominación como la que viven la mayor parte de las personas no ricas, estas no pueden ser libres. Y esta relación poco tiene que ver con la predisposición moral, benigna o perversa, de sus protagonistas, aunque puede agravar según el caso aún más la dominación, sino con la configuración de los derechos de propiedad.

Los grandes ricos, debido a una configuración política de los mercados pro domo sua que este dominio les posibilita, inciden directamente en el imperium, es decir, en la degeneración despótica de las instituciones públicas que podían ser una contención del dominium. No es muy escasa precisamente la literatura proveniente de los más diversos campos académicos sobre la capacidad de los grandes ricos propietarios para poner a su servicio las instituciones públicas. Lo de las puertas giratorias sería solamente una manifestación de las más visibles, pero tan solo una de tantas.

Y un Estado defensor de la libertad republicana no entendería la neutralidad como la simple abstención del propio Estado para no favorecer determinadas concepciones de la buena vida. Como así es doctrina de los liberales. El Estado, para la normativa liberal, no debe interferir activamente en la vida social para impedir que los grandes poderes privados oligopólicos y monopólicos obstruyan y condicionen la libertad de la gran mayoría. Muy al contrario, un Estado defensor de la libertad republicana debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Republicanamente, esto último se presupone, cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a gran parte de la ciudadanía su concepción privada del bien como bien público, cuando la constitución oligopólica de los mercados permiten el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.

¿Qué propuestas ofrecen los gobiernos de la Unión Europea? No precisamente nada que se asemeje a esta neutralidad como interferencia activa para garantizar la libertad de toda la ciudadanía impidiendo que los grandes poderes privados impongan su concepción privada del bien público. Ni por arriba ni por abajo. Por arriba se constatan medidas fiscales cada vez más ventajosas para los muy ricos y por abajo subsidios miserables para pobres. Y vagas promesas de mayor empleo, que es lo que se propone cuando no se sabe que proponer. No ya una renta máxima por arriba para impedir la gran concentración de los poderes privados, y una renta básica incondicional fundamentada republicanamente que garantice la existencia material de toda la población, no, sino nada que rompa con lo que ya está probadamente mostrado que es un fracaso: rentas condicionadas para pobres por abajo y cada vez menores impuestos a los ricos por arriba.

Y así la libertad de la gran mayoría no rica sigue siendo socavada, para orgullo doctrinal de liberales y pasmo de los que no saben imaginar otra cosa que repetir los parches, eso sí, modificados reiteradamente, que han mostrado su más absoluto fracaso o, para que nadie se escandalice, su inmensa insuficiencia. Mientras, los grandes poderes privados siguen socavando la existencia material y la libertad de la mayoría no rica.

10 años desde la crisis: la austeridad continúa lastrando la economía empobreciéndonos

Eduardo Garzón

Se han cumplido 10 años desde el hito que marcó la crisis financiera y económica más grave que ha sufrido occidente desde 1929: la quiebra de Lehman Brothers.

En realidad los problemas económicos y financieros llevaban muchos meses encima de la mesa, pero no fue hasta la suspensión de pagos de ese banco de inversión que el cáncer económico se expandió al resto de sectores y también al resto de economías vinculadas de una u otra forma a la estadounidense (es decir: todas). Aquel impactante suceso nos demostró que los economistas y gobernantes no habían aprendido mucho del crack financiero de 1929, no sólo por haber permitido otra vez que el casino financiero se impusiera a la economía real (arrastrándola con ella al abismo), sino también por haber vuelto a permitir la quiebra de un banco sistémico. Afortunadamente aprendieron la lección pronto y activaron todos los mecanismos necesarios para evitar que otro gran banco volviese a quebrar. Sin embargo, fue tarde: el shock ya se había producido y el miedo y las pérdidas iniciaron un círculo vicioso que arrasó con buena parte de la economía. Eso sí, sin este sostén del mercado financiero llevado a cabo por las autoridades públicas el coste hubiese sido muy superior. Lástima, no obstante, que realizaran un reparto de las cargas tan injusto y no aprovecharan la maniobra para castigar a los propietarios y gestores de la banca así como para nacionalizarla y ponerla al servicio del interés general.

En 2008 había otra diferencia importante en comparación con 1929 que también explica que el coste no fuera tan elevado: la fortaleza de los Estados sociales, que era muy superior a la de hace casi un siglo. Los servicios públicos gratuitos, las ayudas sociales y –especialmente– las redes de seguridad protagonizadas por las pensiones posibilitaron que no tanta gente se quedara sin ingresos y sin capacidades, al mismo tiempo que estimulaban la demanda agregada de la economía en un momento en el que el sector privado la hundía en un pozo sin fondo. El sector público suavizó notablemente la caída de la economía.

Ahora bien, eso último es completamente cierto para ese ámbito del sector público que es pasivo, el que no depende tanto de las decisiones políticas a corto plazo, como ocurre con las pensiones (que se siguen pagando haga lo que haga el gobernador correspondiente) o las prestaciones por desempleo (que se activan automáticamente con el aumento del paro); pero no ocurre lo mismo con el ámbito del sector público que depende de decisiones políticas. En este caso encontramos divergencias en los comportamientos de los países: en Estados Unidos, por ejemplo, la intervención discrecional del Estado en la economía fue mucho más temprana, importante y duradera que la de la Eurozona.

En primer lugar, el mismo año en el que estalló la crisis la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos) entendió que debía inyectar liquidez a mansalva para reducir los tipos de interés a largo plazo y abaratar así los costes de endeudamiento y darle un empujón a la actividad económica; el Banco Central Europeo tardó nada más y nada menos que cuatro años en llegar a la misma conclusión, lo que no sólo retrasó la recuperación económica, sino que desencadenó una nueva recesión (conocida como crisis del euro) circunscrita únicamente a la unión monetaria. En segundo lugar, los impulsos fiscales de la administración Obama fueron voluminosos y diversos (787.000 millones de dólares en inversiones públicas y rebajas fiscales para empresas y particulares), y todo ello a pesar de que el Tesoro Público se encontraba ya con un elevado déficit y deuda pública; en la Eurozona sólo se les permitió aplicar políticas expansivas a los países que tenían por entonces una deuda pública reducida (entre ellos España), y además con una munición muy reducida y durante muy poco tiempo, pues ya a principios del año 2010 la Comisión Europea maniobró para que se impusiese la austeridad económica en todos los miembros de la Eurozona (momento en el que empezaron los recortes en nuestro país) alegando que los déficits y las deudas habían aumentado mucho. Es decir, añadieron más leña al fuego. De nuevo los gobernantes y los economistas ignorando lo que había permitido superar la crisis iniciada en 1929: la fuerte intervención estatal en la economía (a través de inversiones públicas en un principio y a través de la industria bélica más tarde).

¿Cuál es el resultado de todo esto? Lo que se puede observar claramente en el gráfico: diez años después del estallido de la crisis el PIB de Estados Unidos se sitúa un 70% por encima del nivel inicial, mientras que el de la Eurozona sólo un triste 17%.

Pero lo peor de todo es que la leve recuperación del PIB europeo solamente se produjo a partir de 2014 y fundamentalmente debido a factores externos: caída del precio de los hidrocarburos, depreciación del euro y recuperación del comercio internacional. No fue debido a las políticas de los gobernantes que, de hecho, ¡lastraron el crecimiento económico! No puede explicarse de otra forma que Estados Unidos haya crecido a un ritmo mucho más elevado que la Eurozona. ¿Qué hubiera pasado si los países miembros del euro hubieran aplicado políticas fiscales expansivas en vez de aferrarse al austericidio? Sin duda el crecimiento económico hubiera sido muy superior, y todo ello sin que los niveles de déficit y deuda pública hubieran supuesto problema alguno -siempre el Banco Central hubiese respaldado esa políticas-.

Pero ojo que sólo estoy hablando de crecimiento del PIB, lo cual dice mucho pero no todo ni mucho menos, ya que deja de lado la distribución de esa renta y el impacto ecológico que puede provocar, entre otras cosas. En efecto, en Estados Unidos el crecimiento económico ha sido muy superior al de la Eurozona pero sus niveles de desigualdad y pobreza son incluso más preocupantes. Esto se explica fundamentalmente por que su Estado social es mucho más débil y su mercado laboral más salvaje (aunque cada vez están más próximos). Por eso, reconocer que Estados Unidos lo ha hecho mejor tras la crisis en política fiscal y monetaria no quiere decir que todos los elementos de su economía sean mejor ni mucho menos; simplemente quiere decir que, a pesar de ser firmes defensores del mercado, sus gobernantes nunca dudan ni un ápice en utilizar las palancas del Estado para estimular la actividad económica, sin importarles demasiado cuánto pueda crecer la deuda pública. En cambio, en Europa existe una histeria absolutamente injustificada con respecto a los niveles de déficit y deuda pública que impide poner el sector público al servicio del crecimiento económico y del bienestar general. Esa histeria es lo que explica que la crisis económica haya sido mucho más dura y más prolongada en la zona euro que en el resto del mundo occidental.

Y lo peor de todo es que esa obsesión por lograr el superávit público y reducir a toda costa la deuda no ha desaparecido de los postulados europeos sino que sigue más viva que nunca; en los últimos años no ha provocado demasiado dolor porque se ha visto compensada con los vientos de cola exteriores, pero ¿qué pasará cuando estos desaparezcan, que es precisamente lo que parece que está sucediendo últimamente? Los países de la Eurozona apenas han recuperado el PIB que tenían antes de la crisis, sufren tasas de paro más elevadas que entonces, tasas de desigualdad más preocupantes, y mucha más precariedad y pobreza laboral que entonces. Todo eso gracias a la austeridad que imponen las absurdas creencias sobre estabilidad presupuestaria. Una austeridad que, aunque haya quedado últimamente eclipsada por factores externos, sigue latente y puede volver a reaparecer con toda su crudeza. No habrá superación de crisis ni de problemas económicos y sociales si no nos desprendemos de una vez por todas del austericidio al que nos tienen sometidos.

Austeridad económica y autoritarismo político: el peor escenario posible

María José Fariñas Dulce

España, igual que la mayoría de países desindustrializados, atraviesa una profunda crisis institucional, debido a casos, a veces coyunturales, otros estructurales, de corrupción política en connivencia con el poder económico, al desgaste de algunas instituciones, a la desafección política y al derrumbe de la moral cívica vinculada a lo público, a la obsolescencia de leyes esenciales (Ley Electoral, leyes fiscales e, incluso, la propia Constitución), lagunas legales, como la de la transparencia y acceso a la información pública, que perpetúan la opacidad y el secreto en el funcionamiento de las administraciones públicas, así como a la persistencia de las oligarquías en la estructuración democrática de la sociedad y de las administraciones públicas. Este contexto ha impedido, y sigue haciéndolo, un completo desarrollo democrático de nuestras instituciones políticas y jurídicas.

Más allá de las coyunturales crisis financieras y/o económicas, estamos asistiendo en las últimas décadas a un ajuste neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político en el ámbito material de las constituciones democráticas de la posguerra, especialmente sobre los derechos laborales y los derechos económicos, sociales y culturales. El neoliberalismo del siglo XXI ha dado al traste con el valor de la solidaridad pública y, al privatizar derechos sociales como la educación o la sanidad, está incrementado la desigualdad socioeconómica. El resultado está siendo demoledor para las clases trabajadoras y populares, que ven cómo sus rentas de trabajo disminuyen, sus condiciones laborales se precarizan, sus derechos se desprotegen, las promesas de ascenso social se frustran y el trabajo deja de ser el elemento central de estructuración de las sociedades. Esto, junto al rechazo evidente de la oligarquía a contribuir a las arcas públicas y a los gastos comunes, está convirtiendo la crisis económica en una crisis de derechos y, consecuentemente, en una amenaza para la democracia. Porque tras el ataque a los derechos económicos y sociales, se va también contra los derechos civiles y políticos. Y con ello, se debilita la estructuración democrática de las sociedades.

Los derechos sociales están transitando desde su inicial reconocimiento constitucional, pasando por una situación de debilidad estructural, hasta su cuestionamiento teórico actual. La mistificación del mercado ha conducido a justificar las desigualdades socioeconómicas como algo natural e inevitable. Y los derechos económicos, sociales y culturales, así como los laborales han pasado a ser catalogados como elementos que “distorsionan” el libre funcionamiento del mercado.

Las actuales políticas de austeridad (en España se constitucionalizaron con la reforma del artículo 135 de la CE en 2011) tienen como consecuencia la progresiva privatización de servicios públicos y la reducción al mínimo de los derechos sociales. Este tipo de respuesta ante la crisis económica se corresponde con una estrategia ideológica. Por ello, aquellas no son coyunturales, sino que persiguen un cambio de modelo, cuyos pilares son la desaparición del Estado Social, un Estado privatizado y corporativo, políticas asistenciales en la pobreza (políticas de pobres), un sistema jurídico más represivo que garantista, priorización de la defensa de la seguridad física de los individuos (la seguridad del orden público, policial e, incluso, militarizada) frente a la seguridad y libertad de los ciudadanos  (de nuevo el hobbesiano dilema entre seguridad versus libertad) y la represión de la disidencia y de la protesta social.

De momento, las opciones autoritarias y represivas de la protesta social reflejan un claro estado de ánimo: no se quiere que la calle sea un espacio democrático de ejercicio de derechos de ciudadanía. Al contrario, se pretende convertir la protesta social en un conflicto policial, llegando incluso a intentar la militarización de los conflictos sociales. En España, el desafío del nuevo sistema de penas y medidas de seguridad, recogidas en la Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, abre un futuro incierto para las libertades y para la democracia. ¿Implica esto, que se está legislando por encima del Estado de Derecho? ¿O, incluso, con este tipo de legislación no se estaría creando un problema donde no lo hay?

Este tipo de leyes son innecesarias, a mi juicio, porque no existe ninguna demanda social que las justifique, sino todo lo contrario, están siendo utilizadas como instrumentos de lucha ideológica por los gobiernos autoritarios, con el fin de asustar a la ciudadanía. No son leyes para resolver, sino para provocar. Es su respuesta ante la actitud bastante ejemplar de una ciudadanía indignada, que lleva años soportando medidas de austeridad económica, de recortes de derechos, de bajadas salariales junto con escándalos de corrupción política y económica. En definitiva, esta es su manera de asentar las bases del autoritarismo antidemocrático, criminalizando los conflictos socioeconómicos y convirtiéndolos en cuestiones de orden público.

Uno de los éxitos del capitalismo neoliberal, resultado también de los fracasos revolucionarios de antaño, es la condena como totalitaria de toda acción colectiva consciente, cuyo objetivo sea imponer cierto control social. Ha ganado la visión liberal de que es mejor construir socialmente un mecanismo (el mercado) y dejarlo operar ciegamente, aunque nos lleve a la catástrofe ecológica, a la pérdida de derechos y libertades, a la generación compulsiva de desigualdades o a crisis financieras cíclicas. Para frenar esta deriva destructiva necesitamos recuperar una cierta dimensión colectiva de los proyectos emancipadores, que sean capaces de construir nuevos activismos de resistencia frente al neoliberalismo económico y al autoritarismo político globales.

Nuestras democracias necesitan reformas legislativas fuertes, que refunden el enganche legitimador de la ciudadanía con sus instituciones democráticas. De lo contrario, cada vez será más difícil conseguir el apoyo de amplios sectores de la población, que ven reducido su nivel de vida y frustradas sus aspiraciones de mejora social. Y seguiremos teniendo fuertes resistencias sociales, que derivarán en conflictos políticos. Austeridad económica y autoritarismo político parecen ser cada vez más las características de la actual política europea y global. Pero es, sin duda, uno de los peores escenarios posibles para los derechos y para la democracia.

El buen funcionamiento de la democracia requiere tanto de estabilidad económica, como de paz social. Gestionar las desigualdades sociales, económicas, territoriales y culturales constituye el mayor reto político de nuestra era para la estabilidad democrática y para la generación de esperanzas en una ciudadanía deprimida y desesperanzada. Porque no estamos ante una crisis económica convencional o cíclica, sino ante el derrumbe de la última fase de un tipo de capitalismo global neoliberal basado fundamentalmente en la especulación del dinero a partir del dinero. Asistimos a una etapa de cambio o de tránsito paradigmático hacia un nuevo modelo de desarrollo económico. Por tanto, no estamos ante una cuestión meramente técnica de medidas económicas a adoptar (necesarias por otra parte en la coyuntura actual), sino ante un debate ideológico sobre el modelo político en el que esta última fase del capitalismo se ha asentado.

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Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona

Eduardo Garzón es economista y profesor ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid.

María José Fariñas Dulce es profesora de Filosofía del Derecho en Universidad Carlos III de Madrid.

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