Mataró, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Olot, Tarragona, El Vendrell, Sabadell, Amposta, Terrassa, Olesa de Montserrat, La Bisbal del Penedés, Torelló, Sitges, Sant Antoni de Vilamajor, Palma de Mallorca, Hospitalet de Llobregat, Vila-Seca, Pineda de Mar… Una veintena de municipios, que suman cerca de tres millones de habitantes, han suscrito mociones para declararse “libres” de paraísos fiscales, a fecha 27 de octubre de 2016. El objetivo de la iniciativa es, según Intermón Oxfam y la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, promotores de la iniciativa, reclamar a los ayuntamientos que no realicen contratos (públicos) con empresas privadas que operen en paraísos fiscales. La idea, coinciden los impulsores, es que la declaración no se quede en una mera proclama de principios. Los consistorios se comprometen a asegurar que los concursos públicos favorecen a las empresas con conductas fiscales “responsables”, en detrimento de las que utilizan paraísos tributarios. También a “estudiar, detectar y activar” los mecanismos para evitar o dificultar la contratación de estas empresas para la realización de servicios públicos.El pasado 25 de octubre Intermón Oxfam lanzó la Campaña “”Zonas Libres de Paraísos Fiscales” en el estado español. Ciudades como Madrid, Vitoria, Sevilla, Castellón, Zaragoza, Málaga o Alicante, y autonomías como Cataluña, Aragón o Castilla-La Mancha se han declarado territorios “libres” de estas prácticas. La campaña se inspira en la iniciativa europea “Tax Haven Free Zones”, lanzada en 2009 por los movimientos sociales; en Francia, las ciudades de Estrasburgo y Grenoble incluyen requerimientos de transparencia fiscal en la contratación pública con las empresas. Otros municipios, como París, Burdeos y Lille caminan por esta senda, informa Intermón Oxfam. Mientras el Ayuntamiento de Helsinki ha activado un proyecto “piloto” para incluir estas medidas en las licitaciones, Copenhague estudia implantar el modelo. Además, la campaña “Tax Haven Free Zones” consiguió que la ciudad sueca de Kalmar reglamentara la prohibición de contratar con empresas vinculadas a refugios fiscales.

Están en juego cantidades no precisamente menores. La contratación pública representa el 18,5% del PIB en el estado español, según los datos del Observatorio de Contratación Pública. En mayo de 2016, un mes después que estallara el escándalo de los “Papeles de Panamá”, Intermón Oxfam hizo público el informe “Beneficios fiscales para quién”. Además de apuntar que todas las empresas del IBEX 35 mantienen filiales en paraísos fiscales, el estudio analizaba la contratación pública de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en los últimos años. Ninguno de los dos consistorios contaba con medidas de contratación fiscalmente “responsable”. Extraídos de los portales de transparencia de los dos consistorios, los datos revelan la concentración en muy pocas manos de las adjudicaciones. En el periodo 2010-2013, el 45,5% de la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid (2.200 millones de euros sobre un total de 4.800 millones de euros) fue adjudicada a sólo siete empresas, que sumaban 223 filiales en paraísos fiscales. En primer lugar ACS (113), seguido de Ferrovial (40), Acciona (31), Telefónica (15) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con 13. La contratistas más beneficiadas en el trienio, por montante de las adjudicaciones, fueron Sacyr (797 millones de euros), Ferrovial (485 millones) y FCC (409 millones).

El Ayuntamiento de Barcelona presenta una mayor diseminación de contratistas. Aun así, entre 2012 y 2015 diez de las principales empresas del IBEX 35 se hicieron con el 22% del importe adjudicado (232 millones de euros sobre un total de mil millones de euros). Por volumen de adjudicaciones públicas, destacan FCC (144 millones de euros), Endesa (72 millones) y ACS (24 millones). Esta decena de empresas suman 266 filiales en países fiscalmente opacos. Sobresale la corporación ACS, presidida por Florentino Pérez, con 113 sociedades, seguida del BBVA (52), Hewlett Packard (25), Unión Fenosa (19) y Telefónica e IBM (15). Pero más allá de las grandes urbes, el peso de estas grandes empresas se hace visible en el conjunto del estado; por ejemplo en sectores estratégicos como la gestión de residuos, donde impera el llamado “cártel de la basura”. Según el periódico El Confidencial (que se basa en datos del BOE), sólo cuatro empresas -FCC, CESPA (Ferrovial), Urbaser (ACS) y Valoriza (Sazir)- contrataron servicios de limpieza y recogida de residuos, entre 2010 y 2014, por valor de casi 6.000 millones de euros con las administraciones públicas. Entre las cuatro suman 166 filiales en “paraísos” tributarios. Las firmas más beneficiadas fueron Valoriza (Sacyr), con cerca de 3.000 millones de euros, y CESPA (Ferrovial), con casi 2.000 millones.

El documento “Beneficios fiscales para quién” subraya algunas tendencias de fondo. El Banco Santander señala el camino, ya que posee una de cada cuatro sociedades (235 sobre un total de 839) que las entidades del IBEX 35 tienen radicadas en paraísos fiscales (cifras de 2014). Ocupan una posición destacada ACS (113 filiales), Iberdrola (69), Abengoa (67) y el BBVA (52). ¿Cuál es el destino favorito de las grandes sociedades? “España, capital Delaware”, titula Intermón Oxfam uno de los epígrafes del informe. En el citado estado de los Estados Unidos de Norteamérica estaban domiciliadas 417 de las 891 filiales de grandes empresas españolas en 2014; a un buen trecho se situaba Holanda (131 filiales). En Delaware pueden documentarse episodios de película. En una planta del 1209 de Orange Street, en la ciudad de Wilmington, hay 285.000 empresas domiciliadas; tal vez estos números dejen en un lugar menor a otros ejemplos más mediáticos, como las 19.000 sociedades domiciliadas en la “Ungland Houde” de Islas Caimán. A un cuarto de hora del “opaco” 1209 de Orange Street, se emplaza el Centreville Road (suite 400), donde tienen su guarida 125 filiales de corporaciones del “selectivo” español, como Iberdrola y el Banco Santander.

Un informe anterior de intermón Oxfam –“La Ilusión fiscal”, marzo de 2015- destaca la relevancia de los paraísos fiscales en la economía española (en relación con las exportaciones y las importaciones). El documento llama la atención sobre un periodo concreto (entre enero y septiembre de 2014), en el que la inversión en paraísos fiscales aumentó un 205%. Además, el 26,4% de la inversión española en el exterior son realmente préstamos a otras empresas del mismo grupo, es decir, se trata de sociedades que se prestan a sí mismas. En el camino inverso del dinero y las mercancías, más de la mitad de la inversión que llega al estado español (56%) proviene de paraísos fiscales (en las dos últimas décadas –entre 1993 y 2013- se multiplicó por seis). Casi la mitad, el 48%, procede de sólo dos países: Holanda y Luxemburgo. De las estadísticas del Ministerio de Economía y Competitividad (Informe Flujos de Inversiones Exteriores Directas, 2013) el documento de Intermón concluye que el 71% de la inversión que llega a España desde Estados Unidos no lo hace directamente, sino a través de un “país de tránsito” (paraíso fiscal).

Antes de las elecciones del 26 de junio, los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) recordaron que el impacto de la crisis, el fraude y la evasión fiscal lastraron desde 2008 la recaudación impositiva en 253.559 millones de euros. Lo que el colectivo califica de “desplome” se percibió particularmente en el impuesto de sociedades, que disminuyó un 58,2% entre 2007 y 2014 (173.370 millones de euros acumulados en este periodo) por el declive económico y las estrategias de “ingeniería fiscal” utilizadas por las multinacionales. Éstas, agregan los técnicos de Hacienda, tributan a un tipo medio efectivo que ronda el 6%, mientras que el resto de empresas lo hacen al 15%. A esta realidad se superpone la diferencia entre la presión fiscal en España (un 34,4% según Eurostat en 2014) respecto a la media de la UE (40%) y de la zona euro (41,5%). Además de subrayar que el los grandes patrimonios, multinacionales y corporaciones empresariales son responsables del 72% del fraude fiscal en España, En septiembre de 2016, fuentes de GESTHA recordaron que la mitad de los 6.341 contribuyentes españoles más ricos, residentes en Madrid, se ahorran 456 millones de euros al año debido a la bonificación del 100% en la cuota sobre el Impuesto del Patrimonio que tiene establecida la Comunidad de Madrid. Esta exención tributaria causa un “agujero” de 456,2 millones de euros anuales en las arcas públicas madrileñas.