FOTO: Vista de la desaladora de San Pedro del Pinatar II.

Los interventores del Estado han alertado de la falta de control que tiene sobre sus bienes el organismo público que gestiona el agua de 79 municipios y 2,4 millones de personas en el sureste de España. Entre las infraestructuras que explota la denominada Mancomunidad de los Canales del Taibilla hay cuatro desaladoras de agua además de presas, canales o depuradoras. No se trata de un inventario menor: el cálculo global es que llegaría a los 680 millones de euros.

El informe de auditoría sobre este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente indica que el 98,6% de sus bienes no están detallados: en cuánto se valora cada cosa, cuánto se están deteriorando, cuánto se pierde por el desgaste propio del paso del tiempo o por la utilización… Al no conocerse estos datos, los interventores son incapaces de pronunciarse sobre si las cuentas entregadas reflejan «la imagen fiel» de la entidad. De hecho, al solo tener controlado financieramente el 1,4% de su inventario, los gastos que suponen la pérdida de valor de su patrimonio únicamente se aplican a ese exiguo porcentaje. El resto queda en el limbo.

Canales del Taibilla está adscrita a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Su consejo de administración está presidido por un delegado gubernamental. Allí están presentes los alcaldes de Cartagena, Murcia y Alicante además del delegado provincial del Ministerio de Economía y Hacienda. El año pasado dispuso de un presupuesto de 236 millones de euros. Para «inversiones nuevas asociadas al servicio» contó con 73,9 millones de euros. Su área de influencia se extiende por Murcia, Alicante y Albacete.

Pelea por el agua desalada

Las cuentas de Canales del Taibilla también están afectadas por la pelea que mantiene con la ahora investigada sociedad estatal Acuamed a cuenta del agua desalada. La mancomunidad cuenta con cuatro desaladoras para abastecerse de líquido: dos en San Pedro del Pinatar (Murcia) y dos en Alicante. Pero tres convenios firmados en 2006 le obligan, teóricamente, a adquirir caudal de las plantas de Acuamed en Torrevieja, Valdelentisco y Águilas. Tiene que aportar a esas infraestructuras 115 millones de euros mediante una «tarifa de amortización».

A pesar de esto Canales, a 31 de diciembre de 2014, «había recibido y no reconocidos» facturas de Acuamed por valor de 17,2 millones de euros, subraya la Intervención. El Comité Ejecutivo de la mancomunidad expresó el 20 de junio de 2013 «la no necesidad del agua que se produciría en dichas instalaciones», según recoge en su memoria anual. Estaban preocupados, decían, por «las consecuencias que dichos caudales» podrían tener «en la tarifa».

Otros de los aspectos que afean los interventores es la apertura de cuentas bancarias sin el debido permiso. La auditoria detectó que «se mantiene abiertas durante el ejercicio 2014 siete cuentas de situación de fondos fuera del Banco de España sin la preceptiva autorización» que preve la ley general presupuestaria.

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