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Es hora de exigir un tratado vinculante sobre las transnacionales

28 junio, 2014 - Internacional, Portada

Brid Brennan Gonzalo Berrón Translator: Beatriz Martínez Maxime Combes, de Attac Francia, entrevista a Gonzalo Berrón y Brid Brennan, del Transnational Institute, en vísperas del debate en el 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) sobre la necesidad de adoptar un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y las estrategias […]

Beatriz Martínez
Maxime Combes, de Attac Francia, entrevista a Gonzalo Berrón y Brid Brennan, del Transnational Institute, en vísperas del debate en el 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) sobre la necesidad de adoptar un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y las estrategias de la campaña ‛Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad’.
Según comentáis, nos encontramos ante “una oportunidad histórica para iniciar las negociaciones por un tratado vinculante para las transnacionales” en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Podríais explicar algo más sobre esa oportunidad?
Durante décadas, comunidades de todo el mundo que han sufrido violaciones sistémicas y constantes de los derechos humanos, además de crímenes económicos y ecológicos, por parte de las transnacionales y a las que se les ha denegado la justicia han estado exigiendo normas vinculantes para las actividades de esas empresas. Y durante décadas, se han topado con un gran silencio. Pero este se rompió en septiembre de 2013, cuando 85 Estados, encabezados por Ecuador, presentaron una propuesta de resolución en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH).
Esta resolución aborda la enorme brecha existente en los actuales mecanismos e instituciones de derechos humanos, que carecen de un mandato para imponer normas vinculantes a las actividades de las transnacionales y que, por lo tanto, no han conseguido garantizar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas. Esta demanda por la adopción de normas vinculantes lleva mucho tiempo siendo planteada por la sociedad civil y el llamamiento actual cuenta con el apoyo de más de 500 movimientos y redes. Cuando esto coincide con la determinación de 85 Gobiernos, empezamos a hablar de “una oportunidad histórica”. Se espera que el CDH trate el tema durante su 26º período de sesiones, antes del fin de junio.
Décadas de políticas neoliberales a escala internacional han fortalecido los poderes corporativos sobre nuestras economías, la naturaleza y nuestras vidas. ¿Podéis explicar cómo ese poder corporativo ha crecido de forma exponencial y puede actuar con impunidad?
En las últimas décadas, hemos sido testigos de un proceso de concentración acelerada del capital –a través de las ‛fusiones y adquisiciones’ de las corporaciones–, lo que ha llevado a la consolidación del modelo neoliberal, impulsado también por el fin de la Guerra Fría, que había funcionado hasta entonces como una barrera para la expansión del gran capital.
Esta tendencia de expansión del capital se ha intensificado y se ha perseguido con fiereza mediante numerosos tratados de libre comercio (TLC) y tratados de inversión, empezando en 1989, con el TLC entre Canadá y los Estados Unidos. Las condiciones de estos tratados fueron fijadas y siguen siendo fijadas por empresas transnacionales que exigen que se liberalicen los mercados, se les conceda el acceso a minerales y otras materias primas, y se privaticen los servicios públicos. Así lo estamos viendo en la reciente Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI; TTIP en inglés) propuesta entre los Estados Unidos y la Unión Europea o en el Acuerdo Transpacífico (TPP), en que participan los Estados Unidos y varios países de América Latina y Asia en el Pacífico.
Estos acuerdos de comercio e inversión, así como las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) han instaurado marcos jurídicos que garantizan protecciones unilaterales a las actividades de las transnacionales (incluido el derecho a demandar a los Gobiernos por la pérdida real o percibida de lucro o para exigir cambios en la legislación ambiental), pero que no les impone ninguna obligación. En cuanto a las repercusiones entre las comunidades afectadas, estas protecciones jurídicas unilaterales crean lo que llamamos una ‛arquitectura de impunidad’. En este contexto, los Gobiernos se han convertido en cómplices y no han logrado defender el interés público ni los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto ha significado que las transnacionales hayan podido seguir violando de forma sistemática los derechos humanos y los derechos laborales, y destruir el medio ambiente.

En las últimas décadas se han instaurado marcos jurídicos que garantizan protecciones unilaterales a las actividades de las transnacionales, pero que no les impone ninguna obligación.

Por otro lado, las nuevas tecnologías y la creciente financiarización del capitalismo han proporcionado a las transnacionales oportunidades sin precedentes para expandirse por todo el mundo y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Las crisis múltiples e interrelacionadas –económica y ambiental, pero sobre todo la crisis financiera de 2008– ponen de manifiesto los límites de este modelo capitalista, así como la forma en que las grandes empresas se benefician de ‛las turbulencias’ del sistema. El proceso de concentración del capital se ha intensificado con la crisis, dando lugar a una distribución profundamente asimétrica de la riqueza; las personas y las corporaciones más ricas se han vuelto mucho más ricas, y las pobres se han empobrecido aún más en todas las regiones del mundo.
Al incrementar su poder económico y político, las grandes transnacionales pueden operar con una creciente impunidad, principalmente en los países más pobres del Sur Global, pero también, más recientemente, en el Norte Global. En sus actividades, siguen violando todo el espectro de derechos humanos. Y lo hacen de manera directa; los derechos laborales se violan en las empresas todos los días, pero son solo los grandes incidentes los que saltan a los titulares de la prensa, como el caso de Rana Plaza en Bangladesh (donde murieron 1.100 trabajadores y trabajadoras) o el de Marikana en Sudáfrica (donde 31 mineros fueron abatidos a tiros). Las transnacionales también violan el derecho a la vida, como en los casos de acaparamiento de tierras a gran escala o de la contaminación sostenida y sistemática de compañías petroleras como Shell y Total en Nigeria o Chevron en Ecuador.
Estas violaciones de derechos humanos no solo son sistemáticas, sino que se cometen con total impunidad. Treinta años después de una de las mayores catástrofes industriales de la historia –la de Union Carbide/Dow Chemical en la ciudad india de Bhopal–, las familias de quienes murieron y la generación que le siguió, que también sufre los efectos de la contaminación del medio ambiente, siguen esperando a que se haga justicia.
Aprovechando sus ‛derechos de inversor’, adquiridos mediante los TLC, los acuerdos internacionales de inversión y los acuerdos de la OMC, las transnacionales han podido eludir toda responsabilidad, así como dictar el precio y las ganancias de sus actividades. Los beneficios de estas empresas se han disparado, entre otras cosas porque se benefician de los derechos de propiedad intelectual (ADPIC) que funcionan, por ejemplo, como barreras para acceder a medicamentos asequibles, por la creciente privatización de los sistemas de educación y salud pública, y por la mercantilización y comercialización del acceso al agua y otros servicios públicos.
Esta profunda reestructuración de nuestras sociedades no solo marca la instauración de un modelo económico corporativo, sino que también se ha traducido en una nueva configuración del poder político y del papel del Estado. Cada vez existe una mayor conciencia popular del fenómeno de la apropiación de la toma de decisiones de los Gobierno por parte de las transnacionales. Las organizaciones de cabildeo empresarial, los lobbies, tienen la capacidad de usurpar las funciones de Gobiernos elegidos en las instituciones nacionales e internacionales de poder político democrático, y doblegarlas en pro del beneficio corporativo.
En el caso de los países empobrecidos o en desarrollo, la asimetría de poder es enorme y los sistemas de derecho interno han sido minados de tal forma que no pueden defender a las personas de las violaciones de derechos humanos y crímenes de las transnacionales. En muchos casos, se han adoptado leyes que favorecen las actividades de las transnacionales o protegen los ‛derechos de los inversores’ en detrimento de los derechos humanos básicos de las personas. Las transnacionales, además, eluden y no aplican –o rechazan directamente– las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales, como sería el caso de Chevron y Ecuador, donde la corporación con sede en California se ha negado a someterse a un fallo de un tribunal ecuatoriano, que le exige 9.500 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
Sin embargo, aunque el poder corporativo haya crecido de forma exponencial y haya sido capaz de afianzar sus privilegios en marcos jurídicos aparentemente inamovibles, esta nueva coyuntura que aglutina a un gran número de Gobiernos del Sur y a las potentes campañas de comunidades afectadas y movimientos sociales que luchan contra el poder corporativo han generado un amplio apoyo para que se adopten reglas vinculantes sobre las transnacionales.
Además, podemos destacar que las batallas ciudadanas contra las grandes corporaciones se están extendiendo cada vez más desde las ciudades del Sur Global –sobre el agua, por ejemplo–, como Cochabamba y Manila, y se palpan en las crecientes luchas contra la privatización del agua en Europa. Entre estas, se podrían citar las luchas en la ciudad griega de Tesalónica, el referendo sobre el agua en Italia y la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), con la que la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) inició una campaña que recogió 1.884.790 firmas en contra de la privatización del agua en Europa.
¿Cómo puede un tratado de este tipo, creado en el marco del CDH, limitar los poderes que tienen las transnacionales al amparo de la OMC, los TLC y los regímenes de inversión? ¿Podría funcionar? ¿Sería ese tratado un instrumento más eficaz que las medidas de Responsabilidad Social Corporativa y las muchas cartas que se han desarrollado a escala mundial?
El proceso que se podría abrir este mes de junio en Ginebra es un proceso para negociar un tratado que establezca obligaciones vinculantes para las transnacionales, que incluiría la creación de una institución u organismo encargado de hacer cumplir las sanciones previstas y dar acceso a la justicia a las comunidades afectadas.
Lo que se le está pidiendo al CDH en estos momentos es que cree un grupo de trabajo intergubernamental con un mandato abierto para iniciar el proceso de establecimiento de ese tratado vinculante. Se trata de un proceso muy reciente y abierto. Por eso decimos que este es solo un primer paso en nuestra lucha para frenar el poder político y económico de las transnacionales. Es una lucha que llevará algunos años, sobre todo si se aspira a incluir la totalidad de los derechos humanos, algo que se verá sometido a una fuerte oposición, entre otros por parte del propio lobby corporativo.

Las violaciones de derechos humanos no solo son sistemáticas, sino que se cometen con total impunidad.

Pero ese tratado vinculante y el instrumento para hacerlo efectivo reducirá, sin duda, el poder del que gozan las transnacionales para violar los derechos humanos con impunidad. También será un instrumento que facilitará el acceso a la justicia para las comunidades afectadas y las personas que actualmente se ven privadas de ese acceso a un procesos jurídico justo, tanto a nivel nacional como internacional.
Los instrumentos internacionales de los que disponemos hasta la fecha (los Principios Rectores de la ONU, las Líneas Directrices de la OCDE, la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la OIT o el Pacto Mundial) no son vinculantes y se enmarcan en el ámbito del ‛derecho indicativo’ o ‛ley blanda’, por lo que no están en condiciones de garantizar que se haga justicia. De hecho, estos instrumentos funcionan como un mero elemento decorativo de cara a la galería, ya que carecen de una verificación independiente sobre su aplicación real. Además, la constante documentación de las comunidades afectadas sobre el terreno demuestra que las violaciones de los derechos humanos, los derechos laborales y las normas ambientales por parte de las transnacionales se están intensificando, lo cual demuestra claramente la ineficacia de esos códigos voluntarios.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se suele promover como un servicio de publicidad para las empresas transnacionales, ya que les sirve como método para proyectar una imagen más amigable de cara al público. Además, cuesta menos que la propaganda tradicional, que es muy cara.
Esta no es la primera vez que se intentan conseguir normativas vinculantes para las actividades de las transnacionales. ¿Por qué debería salir bien esta vez? ¿Qué tipo de movilización ciudadana esperáis para alcanzar ese objetivo, ya que un debate internacional de este tipo podría verse como algo muy lejano de lo que está ocurriendo sobre el terreno?
Aunque en el pasado ya se han dado varios intentos en la ONU, durante los años setenta y noventa, de desarrollar un marco vinculante para las transnacionales, esta es la primera vez que 85 Gobiernos han coincidido en una demanda para proponer un proceso que derive en un tratado vinculante. Es obvio que los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, de carácter voluntario, no limitan las violaciones de los derechos humanos por parte de las grandes corporaciones. No faltan razones para preguntarnos qué pasó en Rana Plaza, un complejo fabril que albergaba a muchas de las marcas de ropa más famosas del mundo, pero donde los trabajadores y las trabajadoras, que consideraban que el edificio era peligroso, ni siquiera tenían el derecho a negarse a trabajar en él.
Desde nuestro punto de vista y según la experiencia de varios años trabajando para documentar y movilizar solidaridades con las comunidades afectadas, la demanda de acción internacional es muy fuerte sobre el terreno. Además, cada vez hay más experiencia y capacidad para crear conexiones entre luchas locales y desarrollar estrategias comunes para hacer frente a una transnacional concreta. Por ejemplo, en la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que se está preparando para Ginebra, comunidades de cinco países presentarán un testimonio común sobre el gigante corporativo Glencore y sus actividades en Filipinas, Perú, Colombia, Zambia y la República Democrática del Congo. Algunas de estas comunidades vienen de Estados miembros del CDH. Sin duda, el debate cobra un nuevo impulso cuando las comunidades afectadas hablan en primera persona en foros nacionales e internacionales, y abogan con contundencia por poner fin a la impunidad de las transnacionales.
Hasta ahora, la comunidad internacional no ha logrado hacer frente al poder corporativo, a pesar de la creciente sensibilización pública sobre el abuso inaceptable de poder político y económico ejercido por estos grandes actores económicos. Estos abusos son patentes en la destrucción diaria de medios de vida y del medio ambiente que provoca el modelo de extractivismo de combustibles fósiles, minerales y otros recursos naturales. Además, el estallido de las crisis financiera y económica en 2008 ha puesto de manifiesto el fenómeno de la enorme brecha entre los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes corporaciones y la ciudadanía, eso que el movimiento Occupy llama ‛el 1% y el 99%’.
Incluso con todas las dificultades y los desafíos con que se encuentran los movimientos que se están movilizando en Europa y los Estados Unidos, vemos que esta etapa está generando una oportunidad política importante para fortalecer las luchas sociales y desarrollar nuevos vínculos a escala global para luchar contra el poder corporativo.
Hace dos años pusisteis en marcha, junto con varias organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, grupos de base y redes nacionales e internacionales, la campaña ‛Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad’. En esta campaña, estáis promoviendo un Tratado Internacional de los Pueblos. ¿Con qué fin? ¿Sería una especie de preludio del tratado que esperáis que surja del marco del CDH?
Sí, en junio de 2012, durante la Cumbre de los Pueblos de Río+20, se presentó la campaña global ‛Desmantelemos el poder corporativo’. Esta iniciativa fue el resultado final de todo un año de consultas globales con comunidades afectadas, movimientos y redes que hacen campaña y buscan justicia por las violaciones de derechos humanos y los crímenes corporativos.
Muchas de las organizaciones que participan en la campaña habían trabajado antes en la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos, entre 2006 y 2010, y habían colaborado en la documentación de los crímenes económicos y ecológicos, y las violaciones de derechos humanos de las transnacionales, en una gran variedad de ámbitos: servicios públicos, agua, alimentos, agricultura y tierras, energía, minería, medio ambiente y patrimonio común, y el mundo del trabajo y las finanzas.

Se está pidiendo al CDH que cree un grupo de trabajo con un mandato para iniciar el proceso de establecimiento de un tratado vinculante para las actividades de las transnacionales.

En el marco de esta labor, se hizo evidente que estas violaciones se producían en el contexto de una ‛arquitectura de impunidad’ y una legitimación proporcionada por el régimen internacional de comercio e inversiones, que cada vez amplía más los derechos de los inversores y se los niega a los ciudadanos y ciudadanas, y que además penaliza a los Gobiernos que defienden las políticas públicas y el interés público. Por otro lado, mientras que las comunidades afectadas carecen de acceso a la justicia y el resarcimiento, las corporaciones pueden demandar a los Gobiernos por sumas millonarias en tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), haciendo uso del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, o promover sus intereses a través del sistema de solución de diferencias de la OMC.
La elaboración del Tratado Internacional de los Pueblos es una estrategia clave de la campaña, que proporciona tanto el proceso político necesario para crear estrategias sobre cómo desmantelar el poder corporativo y acabar con la impunidad, como el espacio para articular y visibilizar alternativas. Sus propuestas jurídicas en algunos casos se proponen contribuir al proceso del tratado vinculante que se acaba de presentar ante el CDH, mientras que el trabajo sobre las alternativas persigue consolidar una nueva visión del mundo que va más allá de las corporaciones, en la acción transformadora que surge de la confrontación con estas. Creemos que las personas las verdaderas protagonistas de los cambios fundamentales que van más allá del instrumento jurídico de un tratado vinculante sobre las transnacionales.
Por ese motivo, el llamamiento a la acción internacional de la campaña insta a construir un poderoso movimiento de solidaridad y acción contra las transnacionales, acabar con la impunidad de estas y crear un mundo sin poder corporativo.
El Tratado Internacional de los Pueblos que se está desarrollando en el marco de la campaña es, en definitiva, un proceso y estrategia importante para generar un amplio consenso sobre la urgencia y la necesidad de adoptar obligaciones vinculantes sobre las transnacionales y un mecanismo internacional para hacerlas efectivas.
En Francia, está muy extendida la idea de que las transnacionales francesas no son las peores del mundo, y que incluso podrían dar un ejemplo bastante bueno. Para combatir esta opinión, algunas organizaciones de la sociedad civil han lanzado recientemente nuevas campañas contra transnacionales francesas como BNP-Paribas, Société Générale, Areva y Total. ¿Cómo esperáis que contribuyan esas organizaciones y el público francés al establecimiento de unas normas vinculantes y más estrictas sobre las transnacionales?
Las décadas de neoliberalismo y la propaganda corporativa han creado la idea popular de que las transnacionales ‛nacionales’ son el buque insignia de la prosperidad para los Estados de origen y también para los Estados y los pueblos en los que operan. Los costes económicos, sociales y ambientales de las actividades extractivas, por ejemplo, se han escondido muy bien en los países de los que proceden originalmente las transnacionales.
Sin embargo, los últimos cinco años de la crisis económica, financiera y sistémica están demostrando que esta era del capitalismo, dominada por el poder corporativo, se encuentra en una situación de crisis profunda. Se está dando un cambio en la coyuntura, con un creciente apoyo popular a una transición justa y un cambio del sistema, que ve un papel dinámico y participativo de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de alternativas a la hegemonía de las corporaciones, tanto en la teoría como en la práctica, y de abajo arriba.
Estas nuevas campañas que se han lanzado en Francia son también un fuerte indicio de que la gente tiene una mirada crítica que traspasa la imagen de buque insignia nacional que desean proyectar las grandes corporaciones, y que se da cuenta de que el modelo de desarrollo corporativo es totalmente insostenible.
Esperamos que esas campañas saquen a la luz las violaciones de derechos humanos y la destrucción ambiental del modelo de las transnacionales. Además, las campañas pueden cuestionar al Gobierno francés, por su doble papel y responsabilidad en tanto que miembro de la Unión Europea y del CDH. En este sentido, será importante instar al Gobierno francés a que en la sesión de junio del CDH vote a favor de un proceso intergubernamental para iniciar los pasos que permitan desarrollar un tratado vinculante sobre las transnacionales.
También esperamos que las organizaciones francesas participen en la semana de movilización que tendrá lugar en Ginebra del 23 al 27 de junio, y envíen un mensaje contundente al Gobierno francés y a su Misión Permanente en Ginebra. En cuanto a la campaña más en general, una vez termine la movilización en Ginebra, esperamos colaborar con organizaciones y movimientos franceses para denunciar la apropiación de las negociaciones sobre el clima de la ONU por parte de las transnacionales en la próxima Conferencia de las Partes, que tendrá lugar en junio de 2015 en Francia. De hecho, la Cumbre de los Pueblos de la Conferencia nos ofrecerá un contexto muy inspirador en el que llevar a cabo una importante consulta pública sobre el Tratado Internacional de los Pueblos.

Sobre los autores

Brid Brennan

Brid ha convertido al Transnational Institute en un destacado actor de unas redes internacionales muy dinámicas que hacen campaña contra la liberalización del comercio. Es cofundadora del Centro Europeo de Solidaridad con las Filipinas y de RESPECT, una red europea contra el racismo y a favor de los derechos de las personas inmigrantes que trabajan en el sector doméstico.

Gonzalo Berrón

Gonzalo Berrón, investigador asociado del TNI, ha desempeñado un destacado papel en la coordinación de movimientos latinoamericanos que luchan contra los acuerdos de libre comercio. También ha participado muy activamente en los debates entre sociedad civil y Gobiernos progresistas sobre la construcción de una estructura financiera y comercial alternativa y justa en Latinoamérica.
Gonzalo también ha trabajado como coordinador de la Secretaría de la Alianza Social Continental y ha colaborado con la Oficina Internacional de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil. Aunque es argentino de nacimiento, lleva muchos años viviendo en Brasil.
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ATTAC Madrid no es identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.
 
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