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Ley de Seguridad Ciudadana: represión más indefensión

22 marzo, 2014 - Nacional

Carlos Jimenez VIllarejo   Un catálogo de intimidación que sitúa en estado de quiebra el principio constitucional de “libertad” El origen de este Anteproyecto de Ley puede situarse en el discurso del ministro del Interior en el Círculo Ecuestre de Barcelona en junio de 2012. En él definía la situación provocada por el 15-M y […]

ley seuridad ciudadanaCarlos Jimenez VIllarejo
 

Un catálogo de intimidación que sitúa en estado de quiebra el principio constitucional de “libertad”

El origen de este Anteproyecto de Ley puede situarse en el discurso del ministro del Interior en el Círculo Ecuestre de Barcelona en junio de 2012. En él definía la situación provocada por el 15-M y otras movilizaciones como de “incivismo”,  concepto  que incluía conductas tan opuestas, como los “incendios forestales provocados”- un delito- y los “piquetes sindicales”. Ante este  panorama, deliberadamente falso, proponía  “una respuesta coercitiva mas eficaz”.Este Anteproyecto es el ejemplo paradigmático de ella. Los derechos individuales saltan hecho pedazos y se induce un clima de amedrantamiento entre los ciudadanos.
El preámbulo del Anteproyecto parte de principios genéricos y confusos como el de  “seguridad ciudadana” y otros, de cierta evidente connotación represiva, como  “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Para tal fin, se fortalece la capacidad intervencionista y coercitiva de la policía, se restringen expresa o tácitamente derechos ciudadanos, se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas y se incrementa la facultad sancionadora; con sanciones económicas- de hasta 600.000 euros- que representa, finalmente, una mayor presión sobre los ciudadanos ya que el impago de las multas genera el inmediato embargo de sus bienes. Todo ello, a partir del concepto de “seguridad ciudadana” que, pese a emplearse en la ley hasta la saciedad, no se define ni se concretan sus contenidos y posibilita  el favorecimiento de un ejercicio abusivo y arbitrario de su aplicación por los agentes policiales.
Entre las potestades de la policía se incluye la facultad para la identificación e “inmovilización” de las personas y, en los supuestos previstos, el traslado temporal de las mismas a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha identificación. La facultad para dicha “inmovilización” tiene como presupuestos las inciertas “funciones de seguridad ciudadana, prevención delictiva y de infracciones administrativas”. Con estos fines tan indeterminados, que no exigen la concurrencia de indicios concretos respecto a la persona afectada, se puede proceder a lo que se llama “inmovilizar” a una persona, cuando de lo que se trata es, exactamente, de una detención. Igual ausencia de garantías concurre en la práctica policial del “cacheo” ante un etéreo “control preventivo”.
Resulta preocupante y excesivo el control consistente en la restricción del tránsito y controles en las vías públicas ante la “alteración previsible de la seguridad ciudadana o pacifica convivencia”, concepto, el de  “previsibilidad”, de una grave indeterminación,  que deja en manos de la policía el control  y la capacidad de coerción sobre las personas y la vida ciudadana.
Es igualmente excesivo conceder a la policía facultades para la “detención” de “los partícipes en una acción ilegal o contraria al ordenamiento jurídico idónea para provocar alarma social” ya que la detención está estrictamente regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su práctica no  puede interpretarse extensivamente en cuanto constituye un ataque a un derecho fundamental de la persona.
En lo relativo a las reuniones y manifestaciones se advierte la supresión del precepto que presidía la ley de 1992: “El deber de proteger la celebración de reuniones y manifestaciones…”, como función principal de las Fuerzas de Seguridad de garantizar los derechos fundamentales. Por el contrario,  el Anteproyecto tiene como objeto, pura y simplemente, la “disolución de reuniones y manifestaciones” en el que se elimina “el previo aviso” no solo cuando medie violencia sino, simplemente, cuando “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana”, un supuesto mas de la inseguridad jurídica dominante en la ley.
En el apartado de la responsabilidad se advierte un  peligroso criterio extensivo de la misma. Ya  no son no solamente responsables “los autores” sino   cualquiera que haya participado o mantenido cualquier relación con aquellos. Se introduce un concepto de responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa, de cualquiera que haya tenido algún grado de relación con la conducta presuntamente sancionable.
Capítulo aparte merecen las infracciones administrativas sancionables. Pasan de las diecinueve vigentes en la Ley de 1992 a cincuenta y ocho. Todo un Código de persecución de cualquier forma de expresión por los ciudadanos de  desacuerdo u oposición a las actuales medidas antidemocráticas y antisociales.
Las infracciones relacionadas con el ejercicio de reunión son varias. Entre ellas,  convocar una reunión “con finalidad coactiva”. ¿Cómo y contra quienes¿ O la consistente en  perturbar la seguridad ciudadana “con ocasión de reuniones frente a las sedes” de las diversas Asambleas legislativas “aunque no estuvieran reunidos”.¿A quien se perturba?.
Se incluyen infracciones que, además de su constante imprecisión e indeterminación, coinciden sustancialmente con conductas tipificadas hoy como delitos de “desórdenes públicos” en el ámbito del ejercicio del derecho de manifestación, con quebranto de un principio esencial del derecho punitivo.
Y, finalmente, están las sanciones de conductas  que representan una auténtica invasión en la vida ciudadana. Baste citar, entre otras, las  actividades deportivas en espacios públicos, entorpecimiento de la circulación peatonal, remoción de vallas colocadas por la policía, colocación de tenderetes o tiendas de campaña en espacios públicos o la venta de bienes en la vía pública.
En definitiva, un catálogo de intimidación e indefensión que sitúa en estado de quiebra el principio constitucional de “libertad”.
Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal anticorrupción
elplural.com
ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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