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Gibraltar sigue siendo un paraíso fiscal, pero sólo para España

2 marzo, 2013 - Nacional, Paraísos Fiscales, Portada

Ha firmado acuerdos de cesión de información con toda Europa salvo con nuestro país El conflicto emana del no reconocimiento de su soberanía de la colonia El punto álgido de sociedades tapadera se alcanzó en los años del ladrillo Los técnicos e inspectores de Hacienda lamentan las trabas en sus investigaciones ELISABETH G. IBORRA   […]

Ha firmado acuerdos de cesión de información con toda Europa salvo con nuestro país

El conflicto emana del no reconocimiento de su soberanía de la colonia

El punto álgido de sociedades tapadera se alcanzó en los años del ladrillo

Los técnicos e inspectores de Hacienda lamentan las trabas en sus investigaciones

ELISABETH G. IBORRA

 

Sólo tiene 29.000 habitantes, pero hay unas 50.000 sociedades domiciliadas en la Roca. Gibraltar ha pasado de ser un paraíso fiscal a que lo consideren como un centro financiero gracias al acuerdo alcanzado entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G20, la Unión Europea (UE) y otras instituciones en 2009.

Los bufetes gibraltareños que montaban esas sociedades fantasma a los no residentes afirman que «ya no se puede hacer nada y estamos obligados a dar toda la información que requieran los demás países».

Eso es así hasta cierto punto, explica José María Peláez, miembro de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE): «Hay una lista de 48 paraísos fiscales vigilados que tenían que firmar 12 acuerdos comprometiéndose a aportar más información para salir de la lista gris. Andorra o Panamá pasaron por el aro y firmaron acuerdos con España, pero Gibraltar no».

Según José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), el Peñón «firmó esos acuerdos con 26 países y salió de esa lista de territorios no cooperantes; pero con España no ha firmado nada, porque el Gobierno español no le reconoce la soberanía y sólo quiere firmar con el Reino Unido, que, para no molestar a sus colonias, propone un acuerdo a tres bandas».

España se niega, es más. El Gobierno ha pedido al Ministerio de Exteriores y a sus embajadas que impidan que Gibraltar firme acuerdo alguno de intercambio de información de impuestos con otros países si no está presente la bandera británica. Lo malo, se lamentan desde GESTHA, es que «mientras tanto, el Peñón sigue acogiendo flujos de la evasión de impuestos, la corrupción y el crimen organizado, tal y como puso de relieve la operación Ballena Blanca en 2005″. Según el informe de 2009 deTax Justice Network, Gibraltar está muy lejos de ofrecer transparencia financiera y mantiene la opacidad en un 92% de los casos, además, más del 30% de las comisiones rogatorias que España presenta a la Roca con indicios de criminalidad se quedan empantanadas y sin respuesta, según explican fuentes policiales.

Como inspector, Peláez añade que «si algún día se firmara el convenio, Gibraltar dejaría de ser paraíso fiscal y España podría pedirle la información sobre las sociedades y sus operaciones». Hasta entonces, los inspectores no pueden según este experto hacer nada para obtener datos sobre los miles de españoles que tienen sociedades en Gibraltar para comprar bienes y no declarar rentas. Este tipo de sociedades llegaron a ser 70.000 durante el ‘boom’ inmobiliario, aunque desde 2008 su creación ha caído en picado.

Triunfa el paraíso clásico

Al final, los evasores y millonarios europeos prefieren lo clásico y optan por recurrir a los bancos de las islas del Canal de la Mancha, del Caribe y, cómo no, de Suiza. Juan Hernández Vigueras, experto de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en paraísos fiscales que acaba de publicar el libro El Casino que nos gobierna, lo ejemplifica recordando que «ahí tenemos a Bárcenas, Nóos o los imputados de la ‘trama Gürtel’, cuyo dinero siempre aparece en un paraíso fiscal, porque allí jamás te van a dar los nombres de quienes operan detrás».

En la Agencia Tributaria, denuncia el inspector Peláez, «no tenemos ninguna posibilidad de ir a las Islas Vírgenes o a Gibraltar y pedirles las cuentas». «Puedes mandar 20.000 cartas, pero no te van a contestar», lamenta.

«Incluso en delitos de corrupción política como los que leemos todos los días, los jueces y fiscales se quejan de que los torean, les piden los originales, alegan que no entienden lo que les piden, les exigen mil papeleos y al final, si hay suerte, se los dan al cabo de unos años», explica Peláez, quien subraya que si ignoran a jueces que persiguen delitos penales, «cuando las peticiones llegan de un inspector de Hacienda buscando defraudadores se ríen en tu cara».

De todos modos, apunta Juan Hernández, «si no registran datos de una empresa, difícilmente van a poder suministrarlos, a eso le llaman sistema liberal». Ahí está la clave, en opinión de Peláez. «A Gibraltar le da igual lo que haga la sociedad, les es indiferente el fin para el que se va a utilizar, si cada sociedad paga por inscribirse 200 libras y se crean 30.000 o 40.000, fíjate si supone dinero al año».

«Cuantas más sean mejor, las monte quien las monte; ellos ni siquiera saben de si la sociedad pertenece a una organización terrorista, un narcotraficante o un millonario», protesta el experto de ATTAC.

Solución imposible

Cuestionado por cómo podría acabarse con este problema, Peláez reconoce que «España aislada no puede hacer nada, se irían los inversores, habría fuga de capitales. La única posibilidad es erradicarlos todos con medidas adoptadas internacionalmente, pero no hay voluntad».

Juan Hernández sospecha que se han favorecido paraísos fiscales porque es una manera de presionar a los países para que flexibilicen sus regulaciones: «Como el dinero se iba allí, los países han bajado la tributación para retener a las empresas y a los más ricos; ese es el trasfondo político».

De ahí, explican, surgen medidas políticas como la amnistía fiscal o las entidades de valores extranjeros a las que se les permite tributar muy poco dinero en España si están domiciliadas fuera, o las Sicav -supuestas sociedades de inversión colectiva que pueden usar personas o familias para eludir el pago de impuestos durante años-. «Lo que hay que hacer es modificar las normas para que no se puedan usar estas estrategias», pide el presidente de GESTHA.

Pero hay más medidas para desmotivar que cualquier no residente en Gibraltar pueda montar una sociedad para ahorrarse impuestos y de paso blanquear dinero. Para Peláez, «sería tan sencillo como no reconocer como personalidad jurídica a las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales». Este experto señala que si una sociedad gibraltareña va a comprar 100 pisos en Marbella y se rechaza la transacción porque está radicada en un paraíso fiscal, carecería de sentido montar una sociedad tapadera, evitando así todo el tráfico fiduciario».

Otra medida, finaliza Peláez, «sería que los bancos, tipo BBVA, Bankia o Santander, no puedan abrir sucursales en paraísos fiscales. Pero claro, ya sabemos quién tiene el poder y la fuerza y cómo se las gastan».

Zoom News

Foto: Una de las céntricas plazas del Peñón de Gibraltar / Getty

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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