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LA SUBIDA DE LA ELECTRICIDAD QUE NOS ESPERA

13 diciembre, 2012 - Nacional

 Ladislao Martínez López . Attac Madrid Con el precio que pagamos por la electricidad nos ocurre como con los recortes sociales, todos sabemos que ya ha subido mucho (ya se ha recortado mucho), pero todo apunta a que seguirá subiendo (se seguirá recortando). Y desde luego esta percepción está plenamente justificada. Aunque la subida desde […]

 Ladislao Martínez López . Attac Madrid

Con el precio que pagamos por la electricidad nos ocurre como con los recortes sociales, todos sabemos que ya ha subido mucho (ya se ha recortado mucho), pero todo apunta a que seguirá subiendo (se seguirá recortando). Y desde luego esta percepción está plenamente justificada. Aunque la subida desde 2004 del precio de la electricidad ha sido superior al 80%  (con especial intensidad en los últimos 4 años y para los pequeños usuarios) todo apunta a que en el inicio de 2013 se produzcan nuevas, y no necesariamente moderadas subidas de precios.

 

Resumiendo anticipadamente se mantiene un absurdo mercado eléctrico que desde1997 hadado sobradas muestras de su inutilidad y se está tramitando una ley de medidas fiscales que, si resuelve el absurdo problema del déficit tarifario que se arrastra desde principios de siglo, es a través de una subida de precios para los pequeños consumidores de electricidad, que ya son de los más altos de Europa y que no han tenido ninguna responsabilidad en la creación del problema. Además la estrategia de derribo contra las energías renovables continúa sin desmayo.

 

Para entender las razones de la subida hay que aclarar que el precio que cualquier usuario eléctrico paga por este bien viene determinado por dos sumandos. Un elemento que deriva del mercado mayorista de electricidad  que funciona mediante un método competitivo y los llamados costes de acceso que incluyen aquellos elementos del suministro eléctrico que no son susceptibles de competencia: los costes de transporte y distribución de electricidad, las primas al régimen especial (cogeneración y renovables), las anualidades de la llamada deuda tarifaria, el sobrecoste del suministro extrapeninsular[1] ,   y el apoyo que todos los usuarios damos a los grandes consumidores  en teoría por permitir una posible interrupción del suministro (en la práctica para que dichas actividades sean rentables), además de otros costes menores como el funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL). Puede hablarse de un tercer sumando conocido como Pagos por Capacidad con el que se retribuye a instalaciones (de carbón y gas principalmente) que funcionan en mayor o menor medida dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de las fuentes de energía de menores costes variables (renovables y nuclear).  Aproximadamente puede decirse que se les paga por el mecanismo de mercado cuando funcionan y por el de costes de acceso cuando no lo hacen.

 

Desde 1997 en que se aprobó la Ley básica de la electricidad (Ley 54/97) viene funcionando el mercado mayorista. En este marco, se establece un sistema de «oferta competitiva» para atender la demanda prevista para cada período de media hora. De acuerdo con ello el «operador de mercado», ordena las ofertas de los productores de electricidad por los  precios solicitados y escoge las más baratas para atender la demanda. A todas las centrales que hayan sido requeridas para funcionar -y con independencia del precio que se haya indicado-, se les pagará el precio solicitado por la instalación más cara que haya sido necesario poner en marcha. Es decir, todas las centrales que funcionen cobrarán lo que pida la más cara entre las más baratas.

 

Como la mayor parte del tiempo son las centrales de gas en ciclo combinado las que fijan el precio, el funcionamiento de este mercado conlleva unos espectaculares márgenes de beneficio de centrales como las hidroeléctricas o las nucleares, construidas hace muchos años y amortizadas dentro del llamado marco legal estable que rigió hasta 1997 en condiciones muy favorables. Dichas centrales sólo incurren en unos costes variables muy bajos, pero cobran igual que las centrales de gas.

 

Por hacernos una idea,  si este año se consumen en torno a 250.000.000 MWH y el precio medio de mercado es como en 2011 de 60 €/MWH[2] , la componente de “mercado” de la factura total eléctrica sería de unos 15.000 M€.

 

Las estimaciones de los Costes de Acceso para el año 2012, eran las siguientes[3]:

 

 

CONCEPTO PRECIO
Costes de transporte 1.722.434
Costes de distribución 5.466.157
Costes de gestión comercial 226.591
Interrumpibilidad 561.499
Diversificación y seguridad del abastecimiento (moratoria nuclear y 2ª parte del combustible nuclear) 54.799
Prima del régimen especial 7.013.581
Costes permanentes (Compensación extrapeninsular, operador del sistema, CNE) 538.360
Anualidades déficit años anteriores 2.190.575
Ingresos por exportaciones -52.980
TOTAL 17.721.017

 

TABLA 1.

 

Como se ve un total de 17.700 M€.

 

Se produce “déficit tarifario”, cuando el precio total pagado por todos los consumidores no alcanza el coste reconocido. En nuestro caso, y para 2012, si no alcanzan los 32.700 M€ que costará la electricidad este año.

 

Cuando esto ocurre la diferencia la saldan (anticipan) las compañías productoras[4] que  tienen derecho a recuperarlos en años posteriores. Las compañías reflejan el déficit en sus cuentas de resultados como si fuera un préstamo a los usuarios eléctricos que recuperarán en los siguientes 15 años. El déficit viene produciéndose desde el año 2000 y acumulándose hasta la actualidad. La Comisión Nacional de la Energía evaluaba la deuda acumulada por esta vía en 21.812 M€ en marzo de este año[5]  a la que cabría sumar la cifra que se produzca en el año que ya acaba.

 

Para las compañías eléctricas, muy intensivas en capital y muy endeudadas, mantener en sus balances estas cifras significa encarecer ostensiblemente los préstamos que solicitan y por ello vienen exigiendo reiteradamente eliminar definitivamente el déficit[6] y poder titulizar los derechos de cobro para limpiar sus balances. Esta titulización viene haciéndose de manera muy azarosa en los últimos años.

 

Visto con perspectiva la gestión del déficit/deuda eléctrico es una monumental cadena de errores. Se empezó incurriendo en él porque se pensaba que la subida de precios de materias primas energéticas era coyuntural y además se disponía de financiación barata. Con el paso del tiempo la deuda fue creciendo al tiempo que se encarecía la financiación y la demanda eléctrica, lejos de crecer como se preveía, iniciaba una línea de descenso que todavía continúa.

 

Natalia  Fabra señala[7] que en 2011 “las colocaciones de deuda fueron muy costosas para el consumidor, que tuvo que afrontar tipos de interés de entre el 4,8 y el 8,1%, a

pesar de que la deuda -está- reconocida y avalada por el Estado” . Como puede verse en la tabla de costes de acceso para previstos para 2012, las cantidades a pagar previstas para este año son de 2190 M€[8].

 

El problema es que el déficit tarifario no parece fácil de atajar. Así pese a los recortes en los costes de acceso que tuvo lugar en marzo (y que el ministro Soria cifró en 1.500 M€) todo apunta a que el déficit a final de año se coloque cerca de los 2.900 M€. Esa es la cifra que aparece como muy posible en un artículo reciente  de Carmen Monforte en 5-Dias[9] .   Si esto ocurriera y dado que el marco legal6 establece que este año el déficit del año 2012 no puede superar los 1.500 M€,  el resto (1.400 M€) debería computarse como coste de acceso en el próximo año e implicaría una subida de aproximadamente un 4,5% del coste total de suministro de 2013.

 

Hay además un motivo adicional de preocupación. Para “acabar definitivamente con el problema del déficit” el Gobierno está tramitando una Ley de Medidas Fiscales para la Reforma Energética que en la actualidad se está discutiendo en el Senado. En ella se contempla un impuesto general sobre la producción de electricidad del 6% por el que se quieren recaudar de los productores 1260 M€[10]. Se introducen además otros impuestos adicionales sobre casi todas las fuentes de energía que se emplean en la producción de electricidad (carbón, gas, nuclear, fuel-oil, hidráulica) por las que se esperan recaudar otros 1.800 M€. De una manera muy optimista se cree que podrán conseguirse 450 M€ por derechos de emisión de dióxido de carbono que se asignarán a cubrir el déficit[11].

 

La pregunta que me parece decisiva en una coyuntura como la que tenemos delante es ¿Cómo repercutirán en los precios estos nuevos impuestos?. Está claro que los productores de electricidad que perciben un precio fijo por su KWH (casi todos los productores de solar fotovoltaica por ejemplo) sufrirán los impuestos que les afectan como una merma de los beneficios esperados. Para el resto depende de la posibilidad de repercutirlos en los precios.

 

Creo que lo predecible, si el mercado no estuviera distorsionado por posibles acuerdos entre productores (otra hipótesis optimista), es que la subida del precio de mercado viniera determinada por el comportamiento de las centrales de gas en ciclo combinado, que son las que determinan el precio del mercado mayorista en la mayor parte de las horas del año. La subida general de precios no debería ser muy distinta de la suma del impuesto general y del que grava el gas natural(unos 800 M€). La subida debería ser por tanto superior a los 2.000 M€. Existe además la incógnita de la evolución del precio de dicho combustible en los mercados internacionales sobre el que hay bastante consenso en que no debería experimentar modificaciones significativas a corto plazo.

 

Por todo ello, si el Gobierno no hace nuevos recortes ni adopta nuevos trucos en relación con el déficit[12] el precio medio de la electricidad debería subir el próximo año más del 10 %.  Los portavoces de la industria básica hablan de una subida del orden del 16%.

 

No todos los usuarios vamos a sufrir de igual modo esta subida. Cabe distinguir los grandes consumidores industriales, y el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares). Desde los años 90, en que la electricidad era considerada un servicio público y los precios de la misma era determinados administrativamente para todos los usuarios, el sector eléctrico ha funcionado como un mecanismo de reasignación de rentas. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos. En la actualidad hay mucha cháchara sobre la transparencia en la asignación de costes, la aditividad de los mismos y la no discriminación. Pero la transferencia de rentas permanece inalterada. Seguimos pagando más unos para que otros se beneficien ya que a través de las tarifas de acceso se repercute de manera distinta esos costes. Como se muestra en la gráfica de debajo en la que los usuarios industriales están a la derecha y el resto a la izquierda:

 

 

 

Pc: Son las iniciales de Potencia Contratada.    DH: Iniciales de discriminación horaria, referida a usuarios que pagan distinto por la electricidad  a distintas horas.

AT y BT. Iniciales de Alta Tensión y Baja Tensión.

 

 

 

En un informe referido al comportamiento de los precios eléctricos durante el primer semestre de 2009[13]la Comisión Nacional dela Energía estimaba que hubo un superávit  de 1.146 Millones de Euros por parte de los pequeños consumidores en el precio implícito pagado por la electricidad. O dicho sin eufemismos, que los usuarios domésticos depositamos a través de la factura eléctrica 1.146 Millones en los bolsillos de los grandes consumidores industriales. Esta cifra no ha dejado de crecer desde entonces.

 

Hay que apuntar que son rotundamente falsas las declaraciones del Ministro Soria de que se está  produciendo una asignación razonable de esfuerzos entre todos los agentes del sector. Lo ocurrido con el coste de interrumpibilidad da una idea clara de la receptividad del ministerio ante las presiones de los grandes consumidores industriales. A principios de año, y como se indica en la Tabla 1 se preveían unos pagos de 560 M€ por este servicio, en la reforma de marzo el ministro recortó esta cifra en 60 M€, pero se está tramitando una orden nueva en la que a los grandes usuarios que tienen más de 100 MW contratados, se les reconocen 150  M€ más. Los beneficiarios son las 5 plantas en nuestro país de 3 grandes grupos industriales: Arcelor Mittal, Alcoa y Asturiana de Zinc. La paradoja es que la potencia total instalada en nuestro país es muy superior a la demanda prevista…por lo que nuca se hará uso de esta interrumpibilidad.

 

Otro gesto que también ha pasado desapercibido ha sido la entrega de “los remanentes” del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) para amortizar deuda eléctrica. Así 616 M€ se han empleado para amortizar deuda en agosto, renunciando de paso a una política de ahorro que sería especialmente necesaria en tiempos como los que vivimos.

 

En definitiva la supuesta solución al déficit de tarifa será una nueva vuelta de tuerca en la presión que se ejerce sobre los pequeños consumidores de electricidad y productores con fuentes renovables en beneficio de las grandes compañías eléctricas y los grandes consumidores industriales. Una nueva gesta de los modernos Robin Hood del siglo XXI, especializados en robar a los menos poderosos, para dárselo a los que tienen más. Nada sorprendente.

 

 



[1] En los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) el coste de generación de electricidad es significativamente mayor que en la península, pero los precios de los usuarios son similares en ambos casos. Este sobrecoste se paga entre todos los usuarios eléctricos de nuestro país. Uno de los grandes debates de los últimos años ha sido si el citado sobrecoste debe pagarse por los usuarios eléctricos o bien vía Presupuestos Generales del Estado. Los cambios que se han producido en los últimos años ha sido constantes.

[2]  Se incluyen en esta cifra los pagos por capacidad.

[3] En la  Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial ( BOE 31-12-11) algunas cantidades son ligeramente distintas a las aquí consignadas.

[4] En el RDL 5/2005 se establece que provisonalmente Endesa debe aportar un 44,16%, Iberdrola un 35,01 %, Unión Fenosa un 12,84 %, Hidroléctrica del Cantábrico un 8,08 % y Elcogas un 1,91%.

[5]  Informe sobre el sector energético español de 7 de marzo de 2012.  Preferimos dar las cifras oficiales ya que existe una gran confusión al respecto. Se repite mucho el dato de 24.000 M€ que resultaría de sumar la cifra oficial con el déficit previsto para 2012.

[6] En el RDL 6/2009 se fijó una primera senda para hacer desaparecer el déficit en 2013, que fue corregida en el RDL 14/2010. En él se establecía que el déficit no podía superar los 5500 M€ en 2010, 3000 en 2011 y 1500 en 2012.

[7] Retos regulatorios y cuestiones pendientes del sector eléctrico español. Revista del Colegio de Economistas de Madrid de 2012. Natalia Fabra es Profesora titular en la Universidad Carlos III.

[8] Se incluyen los pagos correspondientes a diversos conceptos correspondientes a anualidades del déficit desde2005 a  2011.

[9] Se publicó el día 22 de noviembre. Carmen Monforte es especialista en temas de energía en ese diario económico.

[10] El PP ha introducido una enmienda en la tramitación en el Senado, que tiene todos los visos de prosperar y que eleva el impuesto al 7%. La recaudación aumentaría así a 1470 M€.

[11] Aunque el Gobierno siempre indicó que esta Ley tenía como objetivo acabar con el déficit en el texto inicial no aparecía claramente consignado que los fondos recaudados debieran asignarse a tal fin. Una enmienda del PP en el Congreso aclaró este extremo. Pero debe reseñarse que las enmiendas de un grupo que posee mayoría absoluta holgada sólo puede deberse a improvisación, luchas de poder internas o deseo de sorprender a los sectores afectados.  Si hablamos de optimismo en las cifras de recaudación de los derechos de emisión lo hacemos porque el precio unitario de los derechos de emisión está en función de los objetivos vinculantes de reducción de emisiones y de los derechos asignados. La cumbre de Doha, que se celebra cuando se escriben estas notas tiene, una vez más, aspecto de acabar en fracaso y los derechos de emisión que se conceden no son precisamente escasos.

[12] Hablamos por ejemplo del futuro de los costes extrapeninsulares que se preveía que salieran progresivamente de los costes de la electricidad (de acuerdo con lo establecido por el RDL 6/2009) y se fueran pagando a través de los presupuestos. La última información apunta a que volverán a computar en el precio eléctrico. O también de recortes más sutiles pero fatídicos para algunas fuentes renovables. Hay una enmienda en la Ley de Presupuestos que desvía hacia ellos parte de las primas a las renovables, u otros  ejemplos como  la retirada a la eólica de los pagos por  la adecuación a huecos de tensión y la obligación que establece para todas las instalaciones eólicas acogidas  viejo decreto 437  de pasar a regirse por el nuevo decreto 661, lo que significa un recorte de beneficios del orden de 250 M€, mientras a las termoeléctricas les han retirado la prima al KWH producido con combustible de apoyo,…

[13] En ese momento desaparecieron las “tarifas integrales” y se implantaron las de “ultimo recurso”.

 

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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