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Comunicado de ATTAC Madrid sobre el anteproyecto de ley de medidas de flexibilización del mercado de alquiler de viviendas

23 mayo, 2012 - Comunicados, Nacional, Portada, Vivienda

España, un paraíso fiscal a costa de nuestros derechos Hasta hoy, los diferentes gobiernos han hecho una dejación de sus funciones fomentando que el acceso a la vivienda haya sido posible principalmente mediante el sobre-endeudamiento de amplias capas de la población. Paralelamente aquellos que no tenían acceso al crédito se veían constreñidos a un mercado […]

España, un paraíso fiscal a costa de nuestros derechos

Hasta hoy, los diferentes gobiernos han hecho una dejación de sus funciones fomentando que el acceso a la vivienda haya sido posible principalmente mediante el sobre-endeudamiento de amplias capas de la población. Paralelamente aquellos que no tenían acceso al crédito se veían constreñidos a un mercado reducido de alquiler privado. El alquiler social, entendiendo por tal aquel que limita la renta a cobrar al 30% de los ingresos de quien accede a dichas viviendas, es en España meramente residual, no llegando al 1% de las viviendas existentes frente a un 15% de media en la UE.

El Gobierno presentó el pasado 11 de mayo, tras el Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. La única información adicional a este anuncio es una presentación de 16 páginas en la que se concretan las medidas esenciales de dicha ley.

ATTAC Madrid denuncia una nueva vuelta de tuerca a favor de las políticas regresivas contra los derechos de la ciudadanía y, en particular, contra el derecho a una vivienda digna y adecuada. Las garantías para el acceso a la vivienda se ven gravemente mermadas; en ningún momento se plantea una intervención pública para resolver los gravísimos problemas que están soportando cientos de miles de familias desahuciadas o abocadas al desahucio por su imposibilidad de hacer frente a la hipoteca o pagar las rentas de alquiler por motivos ajenos a su voluntad, como son el paro o la falta de estabilidad laboral.

Así, ATTAC Madrid considera sumamente grave la pérdida de seguridad jurídica para el inquilino y, en especial:

–         Dejar a la iniciativa del arrendador la actualización de las rentas al margen del IPC, como establecía la ley hasta ahora.

–         La pérdida del derecho de adquisición preferente por el arrendatario, agravada por la falta de obligación del comprador de dicha vivienda de mantener el contrato con el inquilino. Así, se podría dar el absurdo caso de que un inquilino no sea informado de la venta de la vivienda que habita y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso pese a tener su contrato en vigor.

–         El propietario puede disponer de la vivienda para sí o sus familiares más cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado, o no, en el contrato.

–         Un desahucio no ya exprés, sino súper exprés. Las administraciones públicas no son capaces de ofrecer una solución habitacional digna y adecuada de forma inmediata para aquellas personas que, actuando de buena fe, no pueden pagar sus rentas por motivos ajenos a su voluntad. Mientras sigamos en esta situación de dejación deben elevarse al máximo las garantías de los arrendatarios.

–         La minoración de los plazos de duración de los contratos a 3 años (con posibilidad de prórroga por un año más) impide mantener un proyecto vital con una mínima estabilidad. Esta medida, más que fomentar el alquiler, es útil para justamente lo contrario: convertir mucho más apetecible la compra y, por consiguiente, incitar al sobre-endeudamiento.

Todas estas medidas tienen un objetivo peligrosísimo y completamente ajeno a los intereses de la ciudadanía: favorecer la venta del stock inmobiliario de viviendas vacías, viviendas a medio construir y suelo en poder de las entidades financieras.

Para ello, y es la clave de todo el proyecto de ley, se pretende convertir a España en un paraíso fiscal inmobiliario. Tras una amnistía fiscal que permite a cualquier no residente en España blanquear su dinero negro, sea cual sea el lugar donde ha sido generado,  por un 10% de “penalización”, se ahonda por este camino con el fomento de las SOCIMIS, que por sus ventajas fiscales se podrían equiparar a las SICAVS dentro del terreno inmobiliario.

Las SOCIMIS pueden adquirir viviendas en España con la obligación de dedicarlas únicamente por tres años al alquiler con unas enormes ventajas fiscales y financieras:

–         Un tipo de gravamen del 19% sobre las rentas obtenidas con una exención del 25%.

–         Pueden financiarse hasta el 100% (las consecuencias del sobre-endeudamiento son de sobra conocidas).

–         No están obligadas a distribuir el 50% de los beneficios que no deriven de dividendos.

–         Quedan exentas del 50% de las plusvalías generadas de la transmisión de inmuebles adquiridos en lo que queda de año.

Por todo ello, ATTAC Madrid denuncia el modelo que está desarrollando el Gobierno para atraer capital: convertir a España en un paraíso fiscal. Y como en todo paraíso fiscal, las ventajas económicas al capital extranjero significan pérdida de derechos y servicios públicos de la población. Frente a este ataque a los derechos ciudadanos, ATTAC Madrid propone:

–         Desarrollar una auténtica política de vivienda social que garantice el derecho a la vivienda. A partir de las cajas intervenidas por el Estado, crear una banca pública que, partiendo de su stock inmobiliario, financie viviendas auténticamente sociales, tanto en alquiler como para las cooperativas de usufructuarios.

–         Impulsar la introducción de sociedades que realmente se interesen por el arrendamiento mediante convenios para que los inmuebles dedicados al alquiler posean un porcentaje de viviendas sociales, y no de aquellas sociedades con objetivos especulativos meramente fiscales o financieros (como es el caso del erróneo impulso de las SOCIMIS en el actual proyecto de ley).

–         Crear un modelo financiero y fiscal ventajoso para las cooperativas de usufructuarios que les permita hacerse cargo del stock de vivienda en poder de la banca.

–         Las administraciones, que durante tantos años han hecho dejación de sus obligaciones respecto a los ciudadanos, deben asumir sus responsabilidades e impedir que cientos de miles de personas que actuaron de buena fe no tengan una solución habitacional al ser desahuciados de sus casas, sea por no poder hacer frente a sus hipotecas o a la renta de un alquiler. La exigencia de un derecho obliga a la administración a utilizar todas las medidas posibles para hacerlo efectivo, incluida la severa penalización de las propiedades vacías de forma prolongada y sin ninguna utilidad.

 

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ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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