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Las propuestas miserables del Fondo Monetario Internacional

31 mayo, 2010 - Mercados Financieros, Organismos Internacionales, Portada

El problema más grave del Fondo no es ni siquiera que sea doctrinaria sino que es una institución incompetente. Sus economistas fallan constantemente y de forma estrepitosa. Sus prejuicios ideológicos no les permiten contemplar y analizar correctamente la realidad, se equivocan en los diagnósticos, no saben hacer predicciones adecuadas y, lógicamente, nunca logran los objetivos que se proponen cuando actúan (salvo, eso sí, el de dar vía libre a los poderosos).
Podrían traerse a colación docenas de ejemplos de errores y fallos garrafales en sus informes y de previsiones completamente equivocadas, más propias de aficionados que de auténticos profesionales.

Juan Torres López, Consejo Científico de Attac España, Sistema Digital.

El Fondo Monetario Internacional tomó de nuevo las riendas hace meses y se dispone a seguir imponiendo doctrina, ahora con la excusa de que las medidas que propone son las imprescindibles para salir de la crisis y del problema de deuda que ésta ha provocado.

Los economistas del Fondo que han venido a dictar sentencia a España, como hacen en tantos otros países, son los que predican austeridad a quienes ganan unos cientos de euros mientras ellos se fijan a sí mismos sueldos multimillonarios, los que exigen recortes de gasto a los Gobiernos desde hoteles de cinco estrellas y limusinas que pagamos los contribuyentes. Los que se declaran políticamente neutrales pero tratan con favor a los dictadores y alteran sin rubor las decisiones democráticas que toman los poderes representativos.

El Fondo es la institución que reclama buen gobierno a los Estados pero que actúa con una opacidad absoluta y sin control alguno, la que dice defender la libertad pero tiene internamente un funcionamiento completamente antidemocrático. La que reclama rigor y acierto a los gobiernos pero que nunca ha realizado una autocrítica efectiva ni evaluado seriamente sus múltiples y fatales equivocaciones.

El Fondo Monetario que ahora dice a España lo que tiene que hacer es una institución doctrinaria que aplica siempre un mismo credo sea cual sea la circunstancia o el país que analiza: recorte de gastos públicos, privatizaciones, liberalización de servicios, desregulación financiera, libertad de movimiento para los capitales, apertura de puertas al capital extranjero… siempre lo mismo, siempre el viejo credo liberal, sea cual sea la gravedad de los problemas que origina su aplicación.

Pero el problema más grave del Fondo no es ni siquiera que sea doctrinaria sino que es una institución incompetente. Sus economistas fallan constantemente y de forma estrepitosa. Sus prejuicios ideológicos no les permiten contemplar y analizar correctamente la realidad, se equivocan en los diagnósticos, no saben hacer predicciones adecuadas y, lógicamente, nunca logran los objetivos que se proponen cuando actúan (salvo, eso sí, el de dar vía libre a los poderosos).
Podrían traerse a colación docenas de ejemplos de errores y fallos garrafales en sus informes y de previsiones completamente equivocadas, más propias de aficionados que de auténticos profesionales.

Valga como una simple muestra el despiste colosal que manifestaron los economistas del FMI sobre la situación de la economía mundial en abril de 2007, cuando ya otros muchos, más inteligentes y mejor preparados, o simplemente más honestos, habían advertido lo que estaba pasando. Decía entonces el Fondo en «Perspectivas de la Economía Mundial» (página XII): «los riesgos para la economía mundial disminuyeron desde la edición de septiembre de 2006 (…) lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure (…) comparando los datos actuales con los de septiembre (2006), no hay tantas razones para preocuparse por la economía mundial (…) la economía estadounidense se mantiene firme en general». O también el error de diagnóstico sobre lo que podría ocurrir en nuestro país cuando en marzo de 2009 decía que el déficit público español sería del 6% en 2009 y 2010, justo la mitad del efectivamente registrado.

Con semejante carencia de ojo clínico, es normal que el Fondo Monetario Internacional no consiga nunca lo que se propone, ni siquiera en términos de tasas de crecimiento y mucho menos de estabilidad macroeconómica y financiera. La evidencia empírica indiscutible es que en la época en que se vienen aplicando las políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, desde los primeros años ochenta, el crecimiento de las economías (mucho más si no se considera el de China y otras naciones que no siguen sus políticas) ha sido mucho más bajo que en las etapas (o en los países) en que no se han aplicado. Y un trabajo reciente ha demostrado que ha habido más crisis cuando han predominado las políticas liberales que propugna el FMI, en los años treinta y a partir de los ochenta del siglo XX, y que hay una gran correlación entre la mayor movilidad del capital (otro de los principios políticos del Fondo) y las crisis bancarias. (Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, Banking Crises: An EqualOpportunity Menace, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14587, 2008).

Los poderes financieros internacionales se benefician de las políticas del Fondo no porque sean eficaces para lo que dicen buscar (crecimiento, empleo, estabilidad…) sino porque son las que les proporcionan las mejores condiciones para aumentar sus beneficios. Y eso lo pueden conseguir porque el Fondo nunca evalúa el impacto social o sobre la desigualdad y la pobreza que tienen sus políticas, como él mismo ha reconocido (IMF, Poverty and Social Impact Analysis in PRGF- Supported Programmes, Washington, 2002), porque es completamente ajeno y ciego respecto a cualquier asunto relativo al bienestar social o al cuidado del medio ambiente.

Y es esta institución de economistas bastante incompetentes la que ahora viene a España a decir qué debe hacer un Gobierno legítimo elegido por los ciudadanos para hacer frente a una crisis que ha provocado la banca internacional.

Sus tres propuestas principales son exactamente las mismas que hacen la patronal, la banca, el Banco de España y los economistas que están a su servicio.

La primera es la privatización progresiva de las cajas de ahorro.
El FMI no dice nada de la banca española, se calla para ocultar que su situación es exactamente igual que la de las cajas. No reclama transparencia, no hace ni dice nada para obligar a que la banca sea lo que debería ser: la fuente de financiación de la actividad económica. Nada propone para que las empresas y las familias vuelvan a tener el crédito que se necesita para recuperar la actividad.
La banca es quien ha quebrado y la que ha provocado la crisis y lo que el FMI propone es que como premio se les entreguen las cajas de ahorros.

Es difícil imaginar una bellaquería más grande. Con mucha palabrería pero sin destapar la situación de la banca, lo único que busca el FMI es poner las cajas de ahorros en la bandeja del capital privado para que así se recupere una banca quebrada, aprovechando el mercado que dejarían las cajas y adquiriendo sus activos, como en tantas otras ocasiones, a precio de saldo.

La segunda propuesta del Fondo es ya conocida, la reducción del gasto público. He explicado en otros textos que en una coyuntura recesiva eso sólo puede conducir a la depresión y a hundir aún más nuestra economía. Es lo que ha ocurrido en muchísimas otras ocasiones y en otros países cuando se ha actuado así.
Como acaba de señalar el Premio Nobel Joseph Stiglitz, «la austeridad lleva al desastre» (Le Monde, 22.05.2010), y ahí es donde nos quiere llevar el FMI para que los bancos y las grandes empresas ganen más dinero todavía.

La tercera propuesta es la reforma laboral «radical y urgente» en la línea que solicita la patronal y que principalmente se basa en reducir la capacidad de negociación de los trabajadores mediante la descentralización de la negociación colectiva y el establecimiento de nuevos tipos de contrato.

Decir que se puede resolver el problema del empleo flexibilizando el mercado laboral al mismo tiempo que, como acabo de señalar, se deprime la actividad debilitando la demanda efectiva es sencillamente una mentira gigante y grotesca. De esa manera es imposible que las empresas (sobre todo medianas y pequeñas) creen puestos de trabajo. Sólo se consigue que ganen más las muy grandes que tienen demanda cautiva gracias a su poder sobre el mercado, que es lo que se trata de salvar.

En definitiva, el Fondo Monetario miente cuando presenta sus propuestas para la economía española porque no dice lo que de verdad pretende; oculta los efectos reales que tendrán las políticas que propone; y, para colmo, no permite el debate social sobre ellas sino que se limita a imponerlas porque su incompetencia le impide argumentarlas científica y rigurosamente.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, colaborador habitual de Rebelión, editor de www.altereconomia.org y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web personal: www.juantorreslopez.com

¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda

Juan Torres López,Rebelión.

Me imagino que cuando la gente oye decir que en Europa los déficit públicos deben ser menores del 3% del Producto Interior Bruto debe pensar que detrás de esa cifra hay sesudos análisis científicos llevados a cabo por economistas que dominan las técnicas más complicadas y rigurosas. Y como la postura de los líderes políticos más poderosos es tan firme en ese sentido y los economistas la subrayan tan seguros de sí mismos, ¿qué ciudadano va a osar ponerla en cuestión?

Sin embargo, detrás de esa obligación no hay ningún tipo de análisis científico que pruebe que el límite del 3% es mejor que el del 2% o el del 7% o que cualquier otro. Nada de nada. Nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que lo óptimo sea mantener los déficit en ese nivel, nadie ha demostrado ni podrá hacerlo nunca que la estabilidad presupuestaria sea mejor que los déficit. Nunca se podrá mantener como una verdad científica que la estabilidad presupuestaria o el límite europeo del 3% y no otro es lo que más conviene para el crecimiento económico, para el bienestar o para nada. Más bien sabemos con certeza lo contrario: cuando la economía se ha venido abajo en docenas de veces lo más adecuado ha sido lo contrario, incurrir en déficit hasta ponerla de nuevo en marcha. O también gastar más de lo que se ingresa sin miedo cuando de esa manera se capitaliza la economía y se sientan las bases para un rendimiento mayor en el futuro. Afirmar que los gobiernos europeos deben liquidar sus presupuestos con déficit menores al 3% de su PIB es una simple convención establecida por los gobernantes. Podrían haber puesto el 0%, el 1% , el 4% o el 9% y hubieran tenido detrás el mismo fundamento científico: ninguno.

¿Por qué lo hacen entonces?

En primer lugar porque les conviene hacer creer que sus políticas son el resultado de decisiones técnicas supercientíficas que no hay que discutir. Utilizando esas cifras (como aquel gobernador del Banco de España que decía que no era bueno para la economía española que el paro bajase del 17%) se hace aparecer a la economía como una especie de ciencia física que dispone de magnitudes universales y que, por ser eso, magnitudes universales, están fuera de toda discusión y nadie tiene por qué poner en cuestión la política que se basa en ellas. Y así se puede descalificar a quien discuta la conveniencia del déficit como se haría con quien discutiera que la magnitud del número pi es 3,1416 o la velocidad de la luz…

Si no hay verdades científicas que demuestren que sea mejor que no haya déficit, los ciudadanos deberían saber entonces por qué las autoridades que defienden estas políticas tienen tanto interés en decir que se eliminen. Hay al menos dos razones fundamentales. En primer lugar, porque al mismo tiempo que dicen que no debe haber déficit proclaman (con el mismo nulo fundamento) que los impuestos deben ser los más bajos posibles y de esa manera se termina obligando a que disminuyan los gastos públicos. Cuando disminuyen los ingresos y los gastos públicos lo que ocurre es que los gobiernos no pueden proporcionar a la economía el capital social necesario: infraestructuras, servicios sociales, salud, educación… Y eso hace que cada vez les sea más difícil satisfacer las demandas de la población. Los gobiernos incumplen sus promesas electorales, la provisión de bienes públicos empeora y los ciudadanos tienden así a sentir un desafecto progresivo hacia todo lo que suene a gobierno, a política, a partidos… Justo lo que buscan quienes no necesitan del gobierno, de la política o de los partidos para satisfacer sus necesidades o para influir en las decisiones que afectan a sus intereses. En segundo lugar ocurre un fenómeno curioso al que no se le suele prestar atención. Los defensores de la desaparición de la deuda pública son quienes se callan sin embargo cuando crece extraordinariamente la privada, precisamente, como consecuencia de la capacidad cada vez menor del gobierno para satisfacer necesidades sociales. Cuando los gobiernos se encuentran con menos recursos y la sanidad pública, la vivienda pública, la educación pública y en general todos los servicios públicos tienden lógicamente a ser peores o más escasos, y cuando al mismo tiempo bajan los salarios y el trabajo se hace precario, lo trabajadores han de endeudarse cada vez más y la banca se hace dueña de sus haciendas y de sus vidas.

La deuda (tanto la pública cuando es financiada por ellos como la privada) es el gran negocio de lo bancos. Cuanto más deuda haya, más dinero ganan.

Pero prefieren la deuda privada por varias razones.

Primero, como he dicho, porque hace que aumente la desafección ciudadana y que disminuya la fuerza y la calidad de la democracia.
Segundo, porque no está manos del gobierno sino de miles y miles de personas que son mucho más indefensas frente a los bancos y eso les permite a éstos imponer condiciones más favorables a su negocio (la difusión de hipotecas subprime principalmente entre los sectores más desfavorecidos de Estados Unidos es una prueba de ello como hemos demostrado Lina Gálvez y yo en el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera , que saldrá a la calle en unos días publicado por Icaria Editorial).
Y en tercer lugar, porque de esa manera es más seguro que el gasto se dedique a los negocios que más interesa al capital privado y no a la producción de bienes sociales que es lo que principalmente financia la deuda pública de un gobierno democrático.

Por otro lado, cuando los liberales (en realidad los defensores de los intereses de los bancos y los sectores más ricos y poderosos de la sociedad) proponen que no haya déficit públicos se olvidan de decir qué se pierde con ello. Naturalmente, nadie puede defender que los gobiernos gasten irracionalmente y despilfarren recursos. La deuda que se origina de esa manera es tan inapropiada y peligrosa como cualquier otra conducta económica que produce inestabilidad e insostenibilidad. Pero choca que los enemigos de la deuda pública no lo sean de la privada que si se desboca es igual de insostenible, ni tampoco de la especulación, del deterioro ambiental, de la desigualdad, de la financiarización o de todas las demás manifestaciones de la insostenibilidad asociadas a la economía capitalista. Y en cualquier caso, el hecho de que un gobierno gaste mal no significa que la deuda deba desaparecer: la alternativa a un gobierno que despilfarra no es otro que no gaste sino uno que gaste bien, que lo hace en lo que es necesario que gaste un gobierno, en capital y bienestar social.

También es verdad que la deuda no puede crecer indefinidamente pero eso tampoco significa que no se pueda mantener permanentemente. Lo importante no es tanto el montante de la deuda como la contribución que efectivamente realiza a crear más ingresos, más riqueza y más bienestar. Mientras lo haga, no deberá ser demasiado problema mantenerla y eso significa que lo que verdaderamente es malo de nuestras economías no es que haya mucho deuda sino que está asociada a la alimentación de actividades especulativas y al negocio privado, es decir, que no crea ingresos para ir sufragándola porque lo genera insuficientemente y porque los que genera están muy mal repartidos.

En realidad, la deuda pública debería entenderse como el pago que las generaciones futuras hacen de los bienes o servicios producidos anteriormente pero que ellas van a disfrutar en su momento. Y por eso, cuando se obliga a naciones que no son ricas a prescindir de la deuda se les está obligando a renunciar a la disposición de bienes y servicios de capital que requieren varias generaciones para financiarse y disfrutarse. Igual que una familia normal no podría financiarse una vivienda al contado, el capital social que necesitan las sociedades necesita endeudamiento. Por eso, eliminar el derecho de las naciones más pobres a endeudarse de modo racional y sostenible es condenarlas empobrecerse quizá para siempre. Lo necesario, por tanto, no es que haya endeudamiento sino que éste se financie de modo solidario y sostenible y no como un simple negocio especulativo o al servicio de los intereses de una minoría exigua de la población.

Es cierto que un problema grave es que la deuda esté usándose en su totalidad o en gran parte (como ocurrió en mayor medida en países con dictaduras al servicio de los grandes bancos y de Estados Unidos y también, aunque en menor medida, en países como el nuestro) para fines distintos a la creación de riqueza y bienestar. Pero eso justamente ocurre en mayor medida cuanto más débil sea la democracia (un fenómeno que como señalé tiene mucho que ver con el debilitamiento de lo público), y cuando la financiación de la deuda se convierte en un negocio, cuando se deja en manos de la banca privada o de los especuladores (que para el caso es lo mismo). Pero incluso en este caso la solución tampoco es eliminarla sino fortalecer el debate social y la democracia, combatir la especulación financiera y controlar democráticamente la financiación de la actividad económica.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web personal: www.juantorreslopez.com

Más improvisación ¿Nuevos errores del gobierno?

Juan Torres López, Nueva Tribuna

El presidente del gobierno acaba de anunciar sorpresivamente que en “su momento” aumentará los impuestos a las rentas más altas.

Digo sorpresivamente porque no se refirió a esta posibilidad la semana pasada cuando anunció las medidas de recorte frente a la crisis, lo que claramente indica que improvisa y que no tiene un plan clara y previamente trazado para hacer frente a la crisis.

No obstante, por un lado me alegro y aplaudo la nueva iniciativa del presidente. No porque crea que sea la solución correcta, como explicaré enseguida, sino porque se demuestra así que la ciudadanía tiene poder y que cuando lo usa, incluso tan tímidamente como en esta última semana, se pueden cambiar las decisiones gubernamentales.

Sin embargo, me parece que estando en una situación tan difícil y cuando se le están pidiendo tantos esfuerzos a la población, un presidente no puede ser tan impreciso y confuso. Debe hablar más claro, precisar bien lo que propone y no lanzar globos sondas simplemente para tratar de tranquilizar a su electorado.

Decir que “en su momento” se van a elevar los impuestos a las rentas más altas no dice nada y lo poco que dice es confuso y rechazable.

¿A qué rentas se refiere el presidente?

Si es a las del trabajo su propuesta es rechazable porque la mayor fuente de inequidad de nuestro sistema fiscal y de carencia recaudatoria no viene por ahí. Aunque se aumentara, como quizá hubiera que hacer, la tributación de las rentas más elevadas (por ejemplo a los menos de 10.000 contribuyentes que declaran ingresos superiores a los 600.000 euros anuales), la recaudación adicional sería muy reducida: de 300 a 350 millones de euros.

Lo que de verdad debería corregirse es la tributación de las rentas del capital y particularmente las que proceden de la actividad especulativa en cualquiera de sus dimensiones.

Las fuentes recaudatorias más elevadas, la justicia fiscal a la que hay que aspirar y, por tanto, la verdadera contribución de “los que realmente tienen un volumen importante” de ingresos o riqueza (en palabras de Zapatero) y no de las clases medias a las que alude, son otras:

Los ingresos proveniente de los movimientos especulativos contra la deuda española y el euro que entre otras cosas están provocando que la deuda española se encarezca extraordinariamente casi día a día.

Los beneficios de la actividad bancaria.
El patrimonio de las grandes fortunas.

Los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite extranjeros que hayan fijado su residencia fiscal en España.

Los patrimonios familiares que “tributan” a través de SICAV.

Las desgravaciones fiscales injustas y que benefician a las rentas más elevadas, como la que se aplican a los fondos de pensiones privados, que suponen un 4% de la recaudación del impuesto sobre la renta.

Y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que podría proporcionar alrededor de 40.000 millones de euros simplemente haciendo que estuvieran en los niveles de los países de nuestro entorno.

Grosso modo, todo ello podría proporcionar al Estado entre 30 y 40 veces más dinero que la reducción del sueldo de los funcionarios. Y eso, añadido a un recorte de gastos superfluos bien estudiado (gasto militar, subvenciones innecesarias a empresas o a iglesias, cargos políticos innecesarios, racionalización de las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, por solo citar algunos), permitiría salir de la crisis con otro modelo productivo, con más eficacia, justicia y bienestar y, sobre todo, salir de verdad de la crisis. Porque lo que conllevan las medidas que hasta ahora ha propuesto el gobierno es simplemente más de lo mismo, es decir, mantener los privilegios que la han provocado. Así lo prueba bien a las claras que hayan sido precisamente los banqueros y la patronal quienes las defiendan y aplaudan.

No podemos contentarnos con las promesas vagas del presidente Zapatero. Hay que exigir justicia fiscal no solo como una aspiración ética elemental de las sociedades libres (que no es poco) sino como la forma más eficaz de luchar contra la crisis. Y eso se puede conseguir si los ciudadanos no nos callamos y reclamamos medidas concretas como las que he apuntado. Todo lo demás es permitir que los que han provocado la crisis consigan que la paguemos los demás.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España.

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