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Una renta básica contraria al sentido común

31 octubre, 2009 - Renta Básica

Borja Barragué – Noticias de Gipuzkoa Thomas Paine comienza su panfleto Justicia agraria con la observación de que «preservar los beneficios de lo que se considera vida civilizada, y remediar, al mismo tiempo, los males que ella ha originado, debería ser considerado uno de los principales objetivos de una legislación moderna». Esta reflexión se encuentra […]

Borja BarraguéNoticias de Gipuzkoa

Thomas Paine comienza su panfleto Justicia agraria con la observación de que «preservar los beneficios de lo que se considera vida civilizada, y remediar, al mismo tiempo, los males que ella ha originado, debería ser considerado uno de los principales objetivos de una legislación moderna». Esta reflexión se encuentra recogida en El sentido común y otros ensayos y data de 1797. Los clásicos no lo son porque no envejezcan, sino porque envejecen bien. Porque, al sonar su discurso contemporáneo, nos da la impresión de que de su lectura podemos extraer conclusiones válidas para la solución de nuestros problemas de hoy.

Para Paine, el mayor de los males que ha originado la civilización es la pérdida de la herencia común de la tierra a consecuencia de la introducción del sistema de propiedad privada. Y su argumento para mejorar la condición de los pobres se construye en torno a la convicción de que únicamente el valor de las mejoras del cultivo, y no la tierra misma, es de propiedad privada, por lo que todo propietario debe a la comunidad una renta del suelo. Con estas rentas se constituye un fondo nacional a través del que se paga a cada ciudadano, ya sea rico o pobre, una suma determinada de dinero, como indemnización por la pérdida de su parte en la herencia común.

Más de dos siglos después, Paine suena contemporáneo. Y no sólo porque continúa siendo urgente alumbrar soluciones que mejoren la situación de los pobres -de acuerdo con el VI Informe Foessa de 2008 sobre exclusión y desarrollo social en España, se estima que en el conjunto del Estado viven aproximadamente ocho millones y medio de personas bajo el umbral del 50% de la renta media-, sino también porque el argumento que inspira su Fondo Nacional se encuentra en la base de nuestra Renta Básica.

Más de dos siglos después, el 27 de diciembre de 2000 el Parlamento Vasco aprobaba la Ley 10/2000, de Carta de Derechos Sociales, como respuesta al movimiento social a favor de la renta básica surgido en Euskadi entre 1997 y 2000 y manifestado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se halla en el origen de la mencionada Carta de Derechos. Sin embargo, en el recorrido que va de la formulación original de la propuesta de Renta Básica contenida en la ILP a la nueva Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (que completa el marco normativo vasco de intervención contra la pobreza y la exclusión social), se observa un debilitamiento del núcleo del argumento paineano que se halla detrás de la Renta Básica y que se corresponde con un avance de las posiciones neoliberales.

Desde un punto de vista republicano, los derechos sociales no pueden ser confundidos con la caridad pública -o, peor aún, privada- que ofrece la asistencia como acto de buena voluntad del Estado. La caridad pública (y privada), aunque loable, es incompatible con una concepción republicana de la ciudadanía pues ofende la dignidad de quien la recibe. Si necesito ayuda porque soy pobre, o porque estoy enfermo, prefiero que dicha ayuda proceda del reconocimiento de mi derecho como ciudadano, antes que de la acción de un individuo en nombre del amor a Jesucristo. Estar enfermo o ser anciano no es una culpa, y un Estado republicano, a pesar de que muchos lo ignoren, no es una sociedad anónima, sino una forma de vida en común cuyo objetivo es garantizar la dignidad de las personas. Un Estado republicano debe asumir por consiguiente la responsabilidad de asistir a su ciudadanía sin encomendar esa tarea a individuos particulares. Se mire por donde se mire, es preferible recibir ayuda en nombre de los derechos sociales que como resultado del ejercicio de la caridad cristiana, que con frecuencia no es sino un medio de mejorar la propia alma (G. Mazzini).

Sin embargo, el cristiano principio paulino según el cual «quien no trabaja no debe comer» -introducido de manera engañosa como «principio de doble derecho» en la Ley Contra la Exclusión de 1998- se ha consolidado en la nueva Ley de Garantía de Ingresos. En una época, muy alejada del modelo socio-productivo fordista, que se caracteriza por elevadas tasas de paro y la extensión de la flexibilidad y la precarización de las condiciones del trabajo, la Ley de Garantía de Ingresos insiste en la centralidad del empleo como herramienta de inclusión social. Pero esta decisión no es tan incomprensible como a primera vista pudiera parecer. Y es que mientras desde una perspectiva republicana la ayuda a quienes la necesitan se da y justifica por el principio de la igual dignidad de todas las personas y se recibe en nombre de los derechos, desde una óptica neoconservadora aquélla se da (o no) por caridad y se recibe (o no) en nombre de Pablo.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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