A finales de enero la Audiencia Provincial descartaba que hubiera habido “mala praxis” en el caso de las sedaciones a los pacientes del Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Tres años después de que fueran acusados de “homicidas” y “nazis”, la justicia exculpa al equipo médico. Pero a pesar del revés judicial a la caza de brujas emprendida por la Comunidad de Madrid, el ‘caso Leganés’ generó otros efectos colaterales. El bombo mediático sirvió como cortina de humo para desviar la atención de la construcción de nuevos hospitales de gestión privada, al tiempo que el escándalo social contribuyó al descrédito de la sanidad pública, una pieza necesaria en el plan de privatización puesto en marcha por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Pero cada vez más colectivos se niegan a aceptar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ponga los hospitales en manos de empresas como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados. Vecinos, profesionales de la salud y asociaciones en defensa de la sanidad pública se manifiestan el 7 de febrero para evitar que la salud se convierta en negocio. Su lema: “Sanidad 100% pública”.