La gestión de Esperanza Aguirre es perjudicial para la salud

    * Porque en Madrid tenemos listas de espera de
hasta diez días para una primera consulta en Atención
Primaria
    * Porque muchos profesionales sanitarios dan
servicio ¡a más de 1.500 personas!
    * Porque, a pesar de todo ello y del hecho de que
nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades
Autónomas en inversión en Atención Primaria (AP), el
equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el
pasado año
    * Porque, aunque la población madrileña ha crecido
un 20% en los últimos cinco años, el Gobierno regional
ha congelado la plantilla del personal sanitario. Cabe
esperar, por tanto, que la atención que reciba la
ciudadanía empeore (más aún) los próximos años
    * Porque las precarias condiciones laborales que
ofrece la consejería de Güemes (presión asistencial,
jornadas interminables.) hace que muchos profesionales
"huyan de la sanidad pública". Un ejemplo: la/os
pediatras.

* Los nuevos hospitales son de gestión privada.
Tanto la propiedad de los edificios, como la gestión
de los servicios no sanitarios corresponde a empresas
privadas (muchas de ellas afectadas por la recesión de
la construcción que buscan en la sanidad un nuevo
nicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y
Dragados). Toda/os y cada una/o de nosotra/os les
pagaremos con nuestros impuestos un canon mensual
durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada
hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo
ineficaz (algunos colaboradores de M. Tatcher han
llegado a utilizar calificativos menos amables) en
términos de calidad de la atención sanitaria, sino más
cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios
de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales
bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un
sistema sanitario 100x100 público. Y son las arcas
públicas, nuestros impuestos, los que financian tanto
los sobrecostes como los márgenes de beneficios de las
empresas privadas. ¿Podría haber alguna conexión entre
los recortes presupuestarios en la AP y el
consiguiente deterioro de la atención en nuestros
centros de salud y el pago de estos conceptos? No
seamos malpensada/os.

    * Aunque quedan por inaugurar casi todos los
centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros
bolsillos cerca de 70 millones de euros (más de
11.600.000.000 de las antiguas pesetas) por servicios
no prestados.
    * Mientras seguimos mirando al dedo, las empresas
continúan conquistando la luna: la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 permite
que, en un futuro, este modelo de gestión se extienda
al resto de hospitales públicos (el Gregorio Marañón,
el Doce de Octubre, el Princesa, Las Paz, el Ramón y
Cajal.), de manera que nuestra salud estará, cada vez
más, en manos de empresas ajenas al sector sanitario.
    * La gestión privada de los "servicios no
sanitarios" (la limpieza, por ejemplo) en los nuevos
hospitales no es baladí: en los últimos tres años 116
personas han muerto en el hospital londinense de Saint
George por bacterias que podrían -y deberían- ser
combatidas con una mejor higiene hospitalaria. Está
suficientemente contrastado que la política de
subcontratación de servicios no sólo disminuye la
calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de
que estos riesgos den lugar a algún "efecto
colateral", como el mencionado, dificulta el control y
diluye las responsabilidades jurídicas.
    * Desafortunadamente, este modelo de gestión
adoptado por nuestros "responsables" políticos esconde
aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios
económicos por parte de las empresas hace que los
centros privados deriven a otros hospitales, los
públicos, a los pacientes más vulnerables, aquellos
que presentan patologías crónicas o complejas, ya que
requieren hospitalizaciones más prolongadas y
resultan, por tanto, menos rentables.
    * "Bueno -podemos consolarnos-, al menos ahora
tendremos más camas, dejaremos de ver enfermos en los
pasillos de nuestros hospitales y contaremos con más
médicos y servicios más modernos". Terca realidad: el
número de camas por cada 1.000 habitantes de los
nuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado:
Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares
(1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92). Tampoco crearán
nuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que
reasignarán los actuales efectivos. Es decir,
trasladarán a los nuevos hospitales profesionales que
en la actualidad trabajan en otros centros. Esta
congelación en la contratación de personal nos da la
pista de otro aspecto de la realidad que la consejería
de Sanidad "olvida" referir: en los próximos años se
prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los
hospitales públicos, una cantidad que los nuevos
centros no alcanza. En otras palabras, la construcción
de los nuevos hospitales no supondrá el incremento del
número de camas disponibles.
    * El sigiloso trasvase de recursos públicos a
empresas privadas acelera el paso: la consejería de
Sanidad ya ha anunciado una profunda reorganización de
la AP en las zonas de influencia de los nuevos
hospitales siguiendo el modelo de Alzira (Valencia),
por el que los centros de salud y los ambulatorios de
especialidades dependerán organizativa y
económicamente de los hospitales privados.
    * El equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre se
obstina en defender la "gestión indirecta" de los
servicios sanitarios ignorando que no hay experiencia
alguna que avale las bondades de este modelo. La única
ventaja que la Organización Mundial de la Salud le
concede es la rapidez en la construcción de los
centros hospitalarios. Ni Aguirre ni Güemes pueden
aferrarse a este argumento: los famosos siete
hospitales nacen con un año de retraso.
    * No importa: si no encuentran justificaciones se
construyen. Con disimulo, eso sí. ¿Cómo?
Desprestigiando la sanidad pública. Tampoco en este
frente han tenido demasiada suerte, a la luz del auto
que exculpa definitivamente a los médicos del Severo
Ochoa acusados de mala praxis.

Lo que si vemos, sufrimos y denunciamos quienes
durante años hemos luchado por conquistar los derechos
de ciudadanía y por construir redes de protección
social que garanticen una atención sanitaria
universal, de calidad y gratuita es el incremento de
las listas de espera, la precarización de las
condiciones laborales de los profesionales sanitarios
y la merma creciente de recursos en nuestros centros
de salud. Y cada vez somos más. Cada vez son más las
plataformas y coordinadoras ciudadanas (en Latina, San
Blas, Carabanchel, Moncloa, Vallecas, Ciudad Lineal,
el corredor del Henares, Aranjuez, Leganés.) y las
asociaciones y sindicatos de profesionales que,
privados de la posibilidad -contemplada por la ley- de
participar en la gestión de los servicios sanitarios,
salen a la calle para denunciar las demoledoras
consecuencias del modelo sanitario impulsado -e
impuesto- por el PP. Unas consecuencias que ya
lamentan en países como Gran Bretaña y que apenas
hemos comenzado a padecer aquí.