Ante la gravedad de un problema que está apartando a millones de personas de satisfacer la necesidad vital de tener un techo bajo el que formar un proyecto personal, que nos está trayendo un sinfín de abusos y fraudes, que está provocando continuos atropellos medioambientales, que nos está adentrando en una peligrosísima espiral de insostenibilidad, que condiciona el crecimiento económico al expolio de una buena parte de la sociedad, que constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que está provocando las llamadas al orden desde diversos organismos internacionales, que está generando un total descrédito de nuestras instituciones democráticas y un largo y doloroso etcétera; la respuesta de nuestros próceres es una inexplicable e inadmisible escasez de debate político en torno a esta cuest ión desde las distintas instancias gubernamentales (gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) fruto de la cual, seguimos sin medidas dirigidas a tratar de encaminar esta gravísima situación –una de las más graves del Mundo según la propia ONU-. Por ejemplo, a día de hoy:

- Habiendo pasado más de un año desde la presentación del informe del Observatorio de la Vivienda en el Congreso, en el que se apuntaba que algunos mecanismos de fin anciación institucional relacionados con la gestión del suelo están íntimamente relacionados con la corrupción urbanística y con el encarecimiento de las viviendas, seguimos sin ninguna medida que asegure la gestión imparcial, participativa y transparente del suelo. Ni siquiera se ha intentado suprimir o acotar el uso indiscriminado del “impuesto-urbanismo” por parte de nuestras admi nistraciones, que es lo que las ha convertido en las primeras especuladoras y lo que está provocando una transferencia de rentas sin precedentes.

- Se siguen incumpliendo sistemáticamente las promesas en cuanto a la oferta de viviendas de protección oficial y seguimos con una oferta ridícula en relación a otras décadas de la historia reciente y respecto al volumen total de las construidas. Por si eso fuera poco, son viviendas cada vez más alejadas de los costes de construcción y ges tionadas bajo unos sistemas de adjudicación y control que causan que en muchas ocasiones, no se utilicen precisamente para satisfacer la necesidad de alojamiento de los más necesitados.

- Seguimos sin ninguna medida que esté provocando impactos significativos en la puesta en circulación del inmenso parque de viviendas vacías, que es único en el Mundo y producto de una sobreproducción es candalosa. En España sobran muchas viviendas y, sin embargo, se da la paradoja de que una gran parte de la población tiene serias dificultades de acceso a éste bien de primera necesidad. Ante esta rocambolesca situación, ni siquiera se plantea que al menos los grandes propietarios de viviendas sin uso conocido –lo mínimo exigible- reviertan en la sociedad parte del inmenso daño que social, medioambiental y económicamente están provocando con su acaparamiento incontrolado. Es más , las propuestas que se lanzan últimamente en este sentido están encaminadas a destinar el dinero de todos, una vez más, a subvencionar y proteger a los que más tienen.

- Se sigue aplicando una política fiscal que bonifica la inversión inmobiliaria y que alienta y permite el sobreendeudamento familiar, en vez de tratar de acotar ambos y que las ingentes sumas monetarias que se dedican a fomen tarlos, se dediquen a cosas realmente productivas, como por ejemplo satisfacer directamente la necesidad de alojamiento de los más necesitados bajo unas condiciones de esfuerzo familiar razonables.
- Seguimos con una laxitud palpable en el control del inmenso fraude, abusos y corrupción relacionados con la vivienda. Ni siquiera se ha tratado de aumentar la transparencia del mercado inmobiliario y mercados anexos o de mejorar la información y garantías que deben tener los consumidores ante la satisfacción de u na necesidad vital que supone unos esfuerzos financieros considerables.

- Se siguen sin buscar y fomentar alternativas a este perverso y agotado modelo de desarrollo económico.

Todo ello es inadmisible y ante esta situación sólo cabe hacerse dos preguntas ¿Por qué? y ¿Hasta cuando? seguidas de dos peticiones. A la ciudadanía, que no acepte como normal una situaci&oacut e;n que es anormal a todas luces, y a nuestros representantes políticos en todas sus instancias, que hagan un ejercicio de responsabilidad dejando al margen las luchas ideológicas y políticas, y se pongan de acuerdo de una vez por todas para impulsar de manera decidida y uniforme desde las distintas administraciones, una política que dote de contenidos al artículo 47 de la Constitución Española y que vaya dirigida a resolver los problemas reales que tiene la población respecto a la vivienda.

Y como medio para conseguir ese ejercicio de responsabilidad, animamos a todos los ciudadanos a manifestarse el próximo sábado 24 de marzo en toda España para exigir cambios profundos en materia de vivienda por parte de todas las administraciones públicas. Recordamos además que este no es sólo un problema que afecte a los más jóvenes o a las familias más desfavorecidas, este asunto está poniendo en juego el futuro de todos nosotros y por lo tanto es responsabilidad de todos reclamar soluciones urgentes a nuestros gobernantes.

Plataforma por una Vivienda Digna