Ha pasado bastante tiempo de que el ex presidente de la Comisión, Jacques Delors, definiera a la Unión Europea como un OPNI (objeto políticamente no identificado). La reciente incorporación de dos nuevos Estados (Rumania y Bulgaria) ha reforzado esa opinión, acentuando la crisis de identidad en que se encuentra sumida esta unión de 27 países. Sin una norma fundamental que regule el juego institucional no se podrá avanzar en la integración.  De allí que Alemania, que ejerce la presidencia durante este semestre, se haya decidido a impulsar la sanción definitiva de un Tratado Constitucional.

         Los resultados negativos de los sendos referéndums que tuvieron lugar en Francia y Holanda en el 2005, pusieron en cuarentena al Tratado Constitucional preparado por la Convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing. Pero frente a esos “noes”, han sido 18 los Estados que lo han ratificado. Convocados por España y Luxemburgo, estos países se acaban de reunir en Madrid.

         Los 18 países amigos de la Constitución han mostrado su disposición a introducir cambios en el Tratado para facilitar la aprobación de los dos Estados que lo rechazaron y de los siete que aún no se han pronunciado. Pero a partir de ese acuerdo básico, difieren en los métodos para alcanzar el resultado.

         Se han ido esbozando dos posiciones sobre el modo de sortear el obstáculo que representa reformular el Tratado Constitucional. Por un lado los partidarios de un minitratado. El remedio consistiría en presentar a los electores holandeses y franceses el contenido institucional del Tratado (Partes  I y II) y dejar para más adelante la reelaboración de la farragosa Parte III, la que,  según algunos críticos, “consagraba con letras escritas sobre mármol el modelo neoliberal”.

         En realidad la Parte III pretendía simplemente refundir en un texto las más de 80.000 páginas de Tratados firmados desde la constitución de la Comunidad Europea. De modo que si esa Parte III se abandona, permanece vigente el entramado de Tratados ya suscriptos, y el resultado práctico no varía. Aparece Francia, con Nicolás Sarkozy a la cabeza, liderando esta propuesta.

         La otra postura es la que encabeza España, y plantea incluir en el Tratado un paquete de nuevas disposiciones, que refuercen la idea de un espacio social europeo. Se incorporarían de este modo regulaciones sobre el cambio climático, sobre políticas sociales, regulación de los flujos migratorios y una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales y de seguridad y defensa.

         El secretario español para la UE, Alberto Navarro, ha puesto el dedo en la llaga al plantear la necesidad de aprobar una Constitución que sirva para superar la regla que exige la unanimidad “porque Europa no puede permitirse el lujo de ir al ritmo del más lento”. En este punto reside, tal vez,  el verdadero quid de la cuestión.

         Desde el nacimiento mismo de la Comunidad Europea, han sido dos grandes paradigmas los que han estado detrás de todos los debates. Por un lado los partidarios de limitar el proyecto europeo al establecimiento de un gran mercado o una zona de libre comercio. Se trata de que los Estados conserven la mayor parte de sus competencias tradicionales, cediendo algunas facultades para la coordinación de las políticas exteriores y de seguridad. El Reino Unido es el máximo representante de esta posición.

         Por otro lado, están los partidarios de convertir a la Unión Europea en un auténtico sujeto político global. Una Europa que sea actor y no mero espectador en el terreno internacional. Una Europa política que hable con una sola voz, con un ministro de Asuntos Exteriores y una servicio exterior común. Una posición en la que coinciden Francia, España y Alemania.

         El Tratado Constitucional, en la medida que favorecía las “cooperaciones reforzadas” habilitaba la posibilidad de que aquellos Estados que lo desearan podían llegar más lejos en su integración, dejando atrás a los más retardatarios. Esta Europa de dos velocidades representaba una transacción inteligente entre países conservadores y países dinamizadores del proceso de integración. No existe otro modo de salvar el escollo que representan dos sensibilidades muy marcadas en la UE.

         El nuevo texto, que probablemente en la primavera del 2009 se someterá nuevamente a la aprobación de los ciudadanos europeos, tendrá más o menos aderezos, pero no será sustancialmente diferente al Tratado Constitucional que se negaron a aprobar, por razones internas, franceses y holandeses. No podría ser de otra manera porque ese texto representa la actual relación de fuerzas entre  corrientes conservadoras y progresistas, entre retardatarios y dinamizadores del proceso de integración.   

         Paradójicamente, un sector de la izquierda francesa, se encontró en la misma trinchera del no con las fuerzas conservadoras que ansiaban poner un freno en el proceso de integración institucional de la UE. El paso del tiempo ha demostrado que la parálisis institucional de la Unión Europea no representa un beneficio para nadie. Sólo desde la más tozuda ceguera ideológica se puede defender que las cosas sigan igual.

Fernando Laría