El sábado 1 de abril de 2006 se ha constituido en Murcia la Coordinadora Ciudadana  en Defensa del Territorio, una plataforma y federación estatal que nace con el apoyo de las más de 300 asociacionesque están integradas en las plataformas regionales contra la especulación urbanística existentes en Andalucía, Murcia y  Madrid, así como asociaciones y plataformas de la Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, que representan a los más variados sectores de la ciudadanía, que reúnen la experiencia de años de lucha y que denuncian la siguiente situación:que están integradas en las plataformas regionales contra la especulación urbanística existentes en Andalucía, Murcia y  Madrid, así como asociaciones y plataformas de la Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, que representan a los más variados sectores de la ciudadanía, que reúnen la experiencia de años de lucha y que la siguiente situación:

 

 

-el mayor problema social: el actual crecimiento urbanístico genera desigualdad social y socioespacial, segregación territorial y precariedad, una sociedad y un territorio desestructurados. A su vez la espiral especulativa infla artificialmente el precio de la vivienda hasta hacerla inaccesible para enormes sectores de la población al tiempo que empeoran las condiciones de vida al saturarse las infraestructuras y masificarse el territorio.

 

-el mayor problema medioambiental: el territorio está sometido desde hace décadas a un proceso de urbanización salvaje que ha destruido enormes sectores de forma irreversible, en particular la casi totalidad de la costa y el entorno de las grandes urbes, y cada vez más otros sectores del interior.

 

-el mayor problema cultural: se están destruyendo valores y señas de identidad fundamentales de la cultura: el paisaje, la cultura local y el entorno natural, que son remplazados por el hormigón y el modelo estandarizado, insostenible y globalizado de una cultura de masas ultraliberal. que son remplazados por el hormigón y el modelo estandarizado, insostenible y globalizado de una cultura de masas ultraliberal.

 

-el mayor problema económico: al estar hipercentrada en el desarrollo urbanístico la economía española está gravemente desequilibrada, con las consecuencias de un incremento de la inflación, una reducción de la productividad, una detracción de capitales y recursos humanos que deberían invertirse en otros sectores, con los riesgos enormes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con la imposibilidad material de alimentar la economía del país de esta fuente a largo plazo y con el crecimiento desmesurado de la economía sumergida que representa, según el ministerio de Hacienda, el 20% del PIB español, con el 26% de los billetes de 500€ de la zona euro circulando en España.La desaparición de la industria agrícola y ganadera y de otras formas de industria y comercio local, elimina las fuentes alternativas y la diversificación de la productividad, poniendo el territorio únicamente al servicio de la especulación del suelo.

 

 

-el mayor problema político: según el tribunal de cuentas una tercera parte de la financiación de los partidos políticos es ilegal y procede principalmente de la especulación urbanística, esto convierte a la cuestión urbanística en la cuestión que más amplia y profundamente implica a todas las fuerzas políticas mayoritarias en la corrupción. El estado de corrupción generalizada -ejemplificado en el paradigma de Marbella- de las administraciones municipales y autonómicas, así como de sectores del poder judicial, la banca y la industria inmobiliaria, entre otros, encuentran en el urbanismo su principal o su único eje y representa la mayor agresión que se ha producido a nuestra democracia, socavando sus valores hasta límites inaceptables en un estado de derecho y planteando un deterioro sin precedentes de las instituciones democráticas. A su vez el arraigo sin precedentes de las mafias internacionales en el territorio español es uno de los mayores desafíos políticos de la historia de la democracia, en particular si tenemos en cuenta que según el Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga existe un pacto entre sectores de la administración y las mafias internacionales para que estas blanqueen impunemente su dinero en España, a condición de que no cometan crímenes en nuestro territorio.

 

2.                    Nos encontramos ante un hecho histórico: nunca en la historia europea había tenido lugar una ocupación del suelo tan extrema por sus dimensiones y su impacto como la que tiene lugar actualmente en todo el territorio español. La desaparición de todos los territorios vírgenes en la costa y numerosos lugares del interior, con la edificación prevista de la casi totalidad de la línea de costa (en todo el mediterráneo se prevé la construcción del 50% de la línea de costa para 2025) es una catástrofe social y medioambiental sin precedentes. Se trata del mayor expolio social, medioambiental y cultural de la historia europea.

 

En 2005 se construyeron más de 800.000 viviendas en España, donde se consume más cemento y se construye más que en el Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Hay previsión de construir más de diez millones de viviendas en el territorio español en los próximos 10 años, que, de habitarse, implicarían un incremento de población de 36 Millones de habitantes. Hay a su vez una precariedad generalizada de recursos, en particular del AGUA, que hacen inviables la mayor parte de los desarrollos previstos. El problema afecta a todo el territorio: La Comunidad de Madrid (más de un millón de viviendas previstas), La Comunidad Valenciana (más de un millón), Murcia (más de 300.000), Almería (más de 600.000), Málaga (más de un millón) y el resto de la costa andaluza, la costa gallega (650.000), la costa cantábrica, Baleares y Canarias, Cataluña y el resto de la costa y del interior. en el territorio español en los próximos 10 años, que, de habitarse, implicarían un El problema afecta a todo el territorio: La Comunidad de Madrid (más de un millón de viviendas previstas), La Comunidad Valenciana (más de un millón), Murcia (más de 300.000), Almería (más de 600.000), Málaga (más de un millón) y el resto de la costa andaluza, la costa gallega (650.000), la costa cantábrica, Baleares y Canarias, Cataluña y el resto de la costa y del interior.

3.                    España está sometida a un desorden territorial sin precedentes. Las distintas administraciones autonómicas, en lugar de actuar regulando y recortando los crecimientos desmesurados de cada municipio tienden a legitimarlos, careciendo el territorio de una ordenación mínima que permita una sostenibilidad medioambiental, una estructuración social y una administración global de los recursos. El actual crecimiento se caracteriza por una explotación intensiva del territorio, recalificando enormes superficies de terreno para uso residencial, con un alto consumo energético y con la proliferación de modelos marcadamente insostenibles, como el campo de golf.

 

4.                    El ciudadano es víctima sistemática de esta situación, encontrándose en una posición de creciente precariedad ante los abusos urbanísticos y las estafas, así como por la saturación de las infraestructuras, por la proliferación de modelos urbanos antisociales, por la destrucción sistemática del medioambiente, del paisaje y de la cultura.

 

A su vez los derechos ciudadanos a la participación en la planificación territorial y urbanística son sistemáticamente lesionados al ponerse dificultades de toda índole a dicha participación y promoverse un clima de desinformación generalizada en el que la propia administración practica una demagogia desarrollista según la cual este modelo insostenible y destructivo de crecimiento beneficiaría a todos, lo que induce a que la gravedad de la cuestión no sea reconocida actualmente por la sociedad, antes bien existe un consenso generalizado, promovido desde la administración y el mercado, en el que la especulación urbanística se considera todavía un valor positivo y no como la mayor fuente de destrucción y desequilibrio de España.

 

A esto hay que añadir que el comprador de viviendas se encuentra afectado por una situación de estafa generalizada ya que, como demuestra el informe de la Asociación de Usuarios Bancarios Ausbanc de 2005, el 98% de la publicidad de la industria inmobiliaria es engañosa, sumado al deterioro de la forma de vida que se produce con la saturación de infraestructuras y la masificación.

 

5.                    Los comercios e industrias locales desparecen, ya que no pueden sobrevivir ante la implantación de modelos globalizados de grandes corporaciones internacionales.

 

6.                    Se promueven las grandes infraestructuras que posibilitan la especulación del territorio (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos, puertos), a menudo con subvenciones millonarias de la UE, mientras se acrecienta un estado de precariedad generalizada en todas las infraestructuras básicas y los servicios que el ciudadano necesita.

 

7.                    El crecimiento propuesto no puede justificarse en términos de demanda de viviendas.

 

8.                    Se promueven desmesuradamente modelos turísticos insostenibles, como el campo de golf y el resort, y modelos urbanos antisociales, con la proliferación de enormes ciudades-urbanización, sin espacio público, con un modelo de elevado consumo de recursos.

 

9.                    Se trata de un modelo de crecimiento que está afectando ya a la propia industria turística: el informe de Exceltur de 2005 sobre el impacto del desarrollo urbanístico en la industria turística demuestra que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, ya que destruye los valores del territorio y fomenta una masificación sin precedentes.

 

10.                 Por todo ello el modelo de crecimiento descrito es claramente anticonstitucional:

 

Frente a esta corrupción generalizada y a una situación de indefensión, los ciudadanos unimos recursos y voces para articular mecanismos  de denuncia legal y social que pongan freno  a esta situación. Esta Coordinadora está compuesta por ciudadanos, asociaciones y plataformas de todo el espectro social y de todo el territorio (urbano, rural y litoral). En esta coordinadora no tienen cabida empresas, partidos políticos ni sindicatos mayoritarios, que han demostrado una vez tras otra que son tanto beneficiarios como legitimadores de lo que queremos combatir. La coordinadora se constituye paralelamente como federación estatal, siendo esta un instrumento de la coordinadora para la puesta en práctica de medidas legales y todas aquellas que requieran de una personalidad jurídica propia.  los ciudadanos unimos recursos y voces para articular mecanismos  de denuncia legal y social que pongan freno  a esta situación. Esta Coordinadora está compuesta por ciudadanos, asociaciones y plataformas de todo el espectro social y de todo el territorio (urbano, rural y litoral). En esta coordinadora que han demostrado una vez tras otra que son tanto beneficiarios como legitimadores de lo que queremos combatir. La coordinadora se constituye paralelamente como federación estatal, siendo esta un instrumento de la coordinadora para la puesta en práctica de medidas legales y todas aquellas que requieran de una personalidad jurídica propia.

  

Desde la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exigimos:

 

1.        la aplicación de las leyes existentes en materia de urbanismo y medioambiente, que se vulneran sistemáticamente, , que se ,

 

2.        la creación de fiscalías específicas para la cuestión urbanística 

 

3.        la creación de una ley rápida, como en el caso de la ley de género, que permita la actuación ágil de la ley en los abusos urbanísticos y medioambientales.

 

4.        la derogación de la ley de suelo actual, una normativa ultraliberal importada de EEUU en la que todo el suelo es por definición urbanizable, y el retorno al modelo europeo de ley de suelo en el que este es por definición protegido.

 

5.        el cumplimiento de las directivas europeas de medio ambiente.

 

6.        una transformación en la financiación  europea que se destina a menudo a grandes infraestructuras y proyectos que favorecen la especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible, mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano, que se encuentra en una situación de precariedad creciente. y proyectos que favorecen la especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible, mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano, que se encuentra en una situación de

 

7.        moratorias en los distintos ámbitos de la planificación urbanística municipal, en particular donde no estén garantizados los recursos básicos como el agua.

 

8.        moratorias en la construcción y planificación de resorts y campos de golf.

 

9.        la puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes, que deberían conllevar recortes masivos (de más del 90%) en la mayoría de los desarrollos previstos por los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Parciales y las modificaciones de Normas Subsidiarias municipales.

 

10.     la puesta en práctica obligatoria de planes de infraestructuras básicas (agua, saneamiento, tráfico, red eléctrica) y de servicios, que subsanen los déficits existentes y cubran las necesidades futuras, previos a cualquier nuevo desarrollo.

 

11.     la intervención de la UE, la ONU y los demás organismos internacionales

 

12.     la intervención del estado español, y una redistribución de la competencias urbanísticas y medioambientales que implique más intensamente a las administraciones del estado y la UE, reduciendo o eliminando la implicación de la administración municipal donde se considere necesario y regulando la actuación de las administraciones autonómicas frente a un desorden territorial generalizado y con el fin de una gestión eficiente del suelo.

 

13.     La articulación de mecanismos legales que pongan en práctica el artículo 47 de la constitución y persigan expresamente la especulación.

 

14.     la puesta en práctica de modelos de desarrollo y de una cultura del territorio que respeten y refuercen los valores sociales, medioambientales y culturales del territorio español y cada una de sus partes.

 

15.     la puesta en práctica urgente de soluciones urgentes para la proliferación y el asentamiento de la mafias internacionales en España, que conduzcan a su erradicación.

 

16.     la puesta en práctica de mecanismos de información y participación ciudadana reales, la integración de la coordinadora y los otros organismos representantes de la ciudadanía en los órganos consultivos de cada proceso de la planificación territorial y la puesta en práctica de mecanismos de denuncia efectivos de las infracciones administrativas en que la administración incurre sistemáticamente lesionando el derecho ciudadano a la participación.

17.     la demolición sistemática de las construcciones ilegales.

 

18.     el crecimiento “hacia adentro” de las ciudades, utilizando el enorme contingente de vivienda vacía y con una regeneración coherente de los cascos urbanos que así lo necesiten.

 

19.     la eliminación de la figura del convenio urbanístico.

 

20.     la eliminación de la figura del agente urbanizador.

 

21.     la derogación de la actual ley de expropiación y la elaboración de una nueva ley que impida los abusos que actualmente se cometen por vía de la expropiación forzosa.

 

22.     la elaboración de una nueva ley de financiación municipal que otorgue a los ayuntamientos nuevas fuentes de financiación.

 

23.     Banca.

 

24.     Patrimonio municipal de suelo

 

25.     confiscación de bienes y recuperación ambiental

 

26.     Mecanismos de control público – Ministerio Fiscal.

 

27.     Plusvalías a manos públicas

 

28.     Prevaricación y cambio de cultura en jueces y fiscales

 

29.     Fiscalidad.

 

30.     Ley de propiedad

 

31.     la articulación y puesta en práctica de normativas estrictas y medidas de vigilancia contra la publicidad engañosa y la publicidad ilegal, que obliguen a un seguimiento de cada proyecto que se publicite en el mercado en el ámbito nacional, internacional e internet y el endurecimiento de los procedimientos de obtención de permisos para la colocación de vallas y banderolas publicitarias, de acuerdo con criterios estrictos de protección paisajística.

 

Con este fin se promoverán las siguientes líneas de actuación:

 

1.La coordinación efectiva de cuantos colectivos trabajan en la lucha contra la especulación urbanística, y sus problemáticas asociadas, en todo el territorio.

 

2.La puesta en común de información sobre los datos globales y locales de todos los puntos del territorio en los distintos aspectos sociales, medioambientales, culturales, económicos y políticos, publicando o difundiendo en formato digital o impreso y por cuantos medios estén a nuestro alcance informes sobre todos y cada uno de los aspectos mencionados.

 

3.La organización de jornadas, encuentros y cualesquiera otras actividades de intercambio de información, debate y denuncia.

 

4.El desarrollo de informes territoriales sobre las previsiones de desarrollo en los distintos puntos del territorio que permitan dibujar un mapa global con datos reales, que en gran parte se desconocen.

 

5.El desarrollo de campañas de denuncia y de información al ciudadano, en ámbito nacional e internacional, que difundan de forma efectiva la realidad de la planificación urbanística en España y de sus consecuencias así como de los vehículos efectivos por los que el ciudadano puede participar y exigir su participación en la planificación, que desmonten la demagogia desarrollista y pongan de manifiesto las consecuencias nefastas e irreversibles de este modelo de desarrollo.

 

6.La recogida de quejas de los cientos de miles de ciudadanos afectados por los abusos urbanísticos, que se presentarán ante las administraciones competentes.

 

7.Coordinar y compartir recursos legales, económicos y humanos para la consecución de las diferentes propuestas.

 

8.Poner en práctica medidas legales, presentar alegaciones y recursos, frente a los diferentes organismos de las administraciones internacionales, estatales, autonómicos y municipales, según se considere necesario, en relación con los diferentes puntos mencionados mas arriba y con prioridad a las cuestiones de ámbito estatal e internacional.

 

9.Llevar a cabo reuniones con el Presidente del Gobierno Español, con el Fiscal General de Medio Ambiente, ycon los representantes de las respectivas administraciones,

10.     Organizar manifestaciones, actos de protesta, campañas en internet y dirigidas al ámbito internacional y cuantas actuaciones se puedan realizar en el marco de la legalidad vigente para la consecución de los fines mencionados.