Estimada   diputada, Estimado diputado  

 

Como continuación a las cartas que le envié los pasados 16 de enero y 12 de febrero, y dado que el pasado 16 de febrero, en sesión plenaria del Parlamento europeo, fue aprobado en su primera lectura por amplia mayoría, fruto del pacto alcanzado previamente con el grupo PPE, un texto modificado de la versión original de la Directiva de Servicios, contando para ello con los votos a favor de la práctica totalidad de los eurodiputados españoles del grupo PSE, quisiera hacerle llegar las siguientes consideraciones :

 

Indudablemente, el texto aprobado en primera lectura por el Parlamento Europeo contiene importantes avances en comparación al texto que había sido originariamente propuesto por la Comisión: la eliminación del derecho laboral, de la seguridad social y de la negociación colectiva del ámbito de aplicación de la Directiva, además de la exclusión de algunos servicios públicos (salud, servicios audiovisuales, algunas clases de servicios sociales, vivienda protegida entre otros) protegen elementos importantes del modelo social europeo del afán liberalizador que la Directiva encarna. Además, la abolición del articulo 15.6 – que ponía de hecho la legislación de los Estados Miembros en materia de reglamentación de los servicios bajo el derecho de veto de la Comisión – preserva un importante espacio político, que permite a los gobiernos de los Estados Miembros de seguir definiendo sus objetivos de política social y vertebración territorial, de acuerdo al principio de subsidiariedad y de la necesidad de control democrático en estas materias.

A pesar de estos elementos positivos – que han sido principalmente el fruto de amplias movilizaciones sociales que se han desarrollado en estos últimos dos años en contra de la Directiva – en Attac, junto con otras numerosas asociaciones, movimientos civiles, partidos y sindicatos, seguimos entendiendo , que el texto aprobado mantiene inalterados los puntos más conflictivos de la propuesta original, y resulta absolutamente insuficiente, ya que

 

·        Permanece el criterio del "país de origen ", denominado actualmente "libre circulación de servicios", que permitiría a las empresas prestatarias de servicios desatender fácilmente las normas y regulaciones del país destinatario de los servicios ,debido a   la ambigüedad de las condiciones establecidas para que los EM pudieran aplicar estas normas sin vulnerar los principios de " necesidad, no discriminación y proporcionalidad", lo que en la práctica se traduciría en la aplicación de hecho de las normas del país de origen, a no ser que se acudiera constantemente, en caso de conflicto, al fallo del Tribunal de Justicia Europeo, cuya tryectoria en favor de las grandes empresa es desgraciadamente bien conocida, y al que se otorga un enorme poder discrecional para decidir cuando una ley – por ejemplo - de protección del medio ambiente o de los consumidores, o de re-equilibrio territorial sea considerada “necesaria”, o cuando una disposición de un EM genera una discriminación directa o indirecta, desplazando el baricentro de la función legislativa hacía los tribunales, que no están sometidos al control democrático, siendo además la lista de excepciones a la aplicación del reformulado principio de “libre prestación de servicios” más corta y menos restrictiva de lo que prevé la jurisdicción del TJCE a la fecha  .

 

·        El ámbito de aplicación de la Directiva sigue siendo demasiado extenso , no habiendo una exclusión explícita de  todos los servicios de interés general (económicos o no) , lo que pondría en peligro algunos de los servicios públicos (entre ellos la educación, la distribución y el saneamiento de agua, los servicios postales y culturales ) que constituyen los pilares del remanente estado del bienestar del tan alabado modelo social europeo. Sería, por otra parte, particularmente grave que esta propuesta se aprobara definitivamente antes de que se hiciera público el Libro Blanco sobre Servicios de Interés General , previsto para el verano del 2006, ya que los criterios de este Libro deberían constituir la base para el tratamiento de estos servicios en la Directiva en cuestión , ya que La Directiva “Bolkestein” no asume el objetivo fundamental de la armonización al alza de los estándares sociales y laborales, sino – todo lo contrario – propone como modelo de referencia la competencia entre los Estados para ofrecer las condiciones más favorables a las empresas transnacionales (Art. 21) .

 

·        La Directiva deja desprotegidos a los trabajadores “independientes” (Art. 16), a los que seguirán aplicándose – de acuerdo a la legislación vigente (Reglamento 1408/71) – las condiciones del “país de origen”. Esto representa un poderoso estímulo para las empresas a que ”autonomicen” y “precaricen” su mano de obra desplazada a otros países, poniéndola así en competencia con los trabajadores del país de destino. Eso conllevaría un perverso juego a la baja de las condiciones laborales en el que tod@s los trabajador@s verían empeorar de forma importante su situación laboral y sus salarios.

 

 

Todavía hay tiempo para poner un freno al deterioro en la calidad y accesibilidad de los servicios públicos y de las condiciones laborales de sus operadores y profesionales que la Directiva supone. Junto a muchas otras personas sensibles y comprometidas con estos temas, yo creo firmemente que la única solución viable para conseguir estos objetivos es el rechazo y la retirada incondicional de la Directiva. Le animo a que Usted y su grupo tomen posiciones valientes y comprometidas en este sentido durante la segunda lectura parlamentaria del texto, en defensa del bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos y trabajadores europeos.

 

 Espero que mi próximo contacto con Usted sea para felicitarle de su contribución a que la Directiva Bolkestein haya desaparecido para siempre del horizonte de la construcción europea.

 

Le saluda atentamente

 

 

Carlos Martínez