¿La U.E. instrumento globalizador o espacio de solidaridad?
Los mejores cerebros creyeron siempre que Europa debía ser un espacio común de democracia y solidaridad. Los intereses de hegemonía continental y mundial, se ocuparon siempre de hacer fracasar la propuesta. El proyecto federalista de Europa, generación y degeneración
Los mejores cerebros creyeron siempre que Europa debía ser un espacio común de democracia y solidaridad. El “Ensayo sobre la paz perpetua”, del gran Immanuel Kant, hablaba de “una organización europea de Estados con separación de poderes”. Arístides Briand, ministro de exteriores de Francia, en 1929, propuso una Unión Europea, “unidad sin uniformidad”, dentro de la Sociedad de Naciones de entreguerras. Gran Bretaña, la URSS y EE.UU., enfrascados en sus proyectos de hegemonía continental y mundial, se ocuparon de hacer fracasar la propuesta.
Jean Monnet y Robert Schumann, después de la segunda gran guerra, basaron el proyecto originario de las Comunidades en la planificación democrática y el valor de lo público. Se trataba de construir una federación de ciudadanos más allá de los Estados.
Las élites plutocráticas, no tardaron en reaccionar. Su preferencia por los mecanismos ejecutivos se reflejó en la creación de un Consejo, o reunión de los ministros de los gobiernos en cada sector.
Por su parte, la influyente élite de poder inglesa, intentó hacer fracasar el proyecto, arrastrando a sus aliados a una Asociación Europea de Librecambio, para luego tener que pedir (dos veces 1961 y 1969), su entrada en las Comunidades. Desde dentro, ha tratado de impedir cualquier institución que no fuera simple mecanismo de librecambio de carácter intergubernamental.
Pero, fue a partir de los 80, con el azote de los vientos neoliberales que, mediante el Acta Única Europea, de 28 de febrero de 1986, y con el Tratado de la Unión Europea, (Maastricht, 7 de febrero de 1992), que se establece el actual perfil de la UE -ariete de los proyectos neoliberales-. La misma Comisión, heredera de las ideas de Monnet y depositaria de los intereses comunes, es una caricatura del proyecto original, siendo sus pasillos el paraíso para que los grupos de presión económicos y las burocracias estatalistas condicionen, desde el principio, las normas europeas. De modo que las sociedades del bienestar más avanzadas han aprendido a temer todo lo procedente de la UE.
¿Una Constitución para Europa o contra Europa?
Los gobiernos transfieren competencias de sus parlamentos a la UE. Pero el legislativo de la UE es el Consejo de ministros (reunión de ministros de los gobiernos), bajo dirección del Consejo Europeo (reunión de los jefes de gobierno), asistidos por el Comité de Representantes Permanentes de los gobiernos. Los mismos perros con otros collares. Aún peor, no están sometidos a control democrático por parte de representantes directos de los ciudadanos. Y eso en unas instituciones que, cada vez más, y de forma estable, son origen de las normas que afectan a los ciudadanos (el Consejo de Estado en Francia, en 1993 calculaba un 53%, actualmente, sobre un 60%).
A falta de parlamento y auténtica división de poderes, la UE no es un espacio democrático y eso afecta a la democracia en los países integrados, es obvio. Una Constitución Europea es imprescindible. El parlamento europeo ya propuso en 1994 una Constitución ante la indiferencia de las otras instituciones. Sin embargo, ante la ampliación a 25 (y posteriormente a 27 o 28) la necesidad se ha impuesto.
Tras la Conferencia de Niza se inició la revisión de los Tratados, con una Convención de representantes de los gobiernos y de las instituciones Europeas, previa a una última fase de decisión en una Conferencia Intergubernamental. El Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001 preguntó a la Convención si era necesaria una Constitución. El 18 de julio de 2003 la Convención respondió presentando oficialmente su proyecto de Constitución Europea.
Pero esta propuesta, si se aprueba tal cual, sigue sin ser democrática y hace irreversibles políticas contrarias al bien común.
Al respecto, en materia de valores y objetivos tiene muy graves carencias. Los valores son fundamento de la Unión, para formar parte de la misma es necesario respetarlos.
El valor de Solidaridad, que el proyecto del Parlamento europeo incluía, se excluye expresamente en el de la Convención. Es un dato decisivo. Se trata de impedir que la UE tenga competencias sobre servicios públicos. Mientras se espera que se haga irresistible la presión de las transnacionales hasta la extinción de los servicios públicos, tal como acaba de pedir el Círculo de empresarios en España. Ese mecanismo, según la Comisión Europea (comunicación de 25 – 9 - 1996, parágrafo 71), es muy útil, pues ya se ha “puesto a prueba, permitiendo garantizar plenamente la interacción beneficiosa entre liberalización e interés general. Conviene no modificarlo”.
Tampoco reconoce la igualdad de género como valor. Una democracia que no garantiza la igualdad de la mitad de su población no es tal. Los valores condicionan la íntegra normativa de los Estados, los objetivos solo las competencias transferidas. La igualdad de género debe ser un valor de la Unión.
Pero, incluso estos limitados valores y objetivos, son ignorados cuando se trata de políticas prácticas.
Así, en materia económica, se pretende una “economía de mercado abierta y de libre competencia” (no tanto, pues se ignora la cada vez mayor presencia de oligopolios y monopolios, particularmente en los sectores privatizados). Y es que se propone una economía neoliberal, supeditada a la política monetaria de un Banco Central, al que se ha convertido en verdadero poder monetario independiente. Una política decidida y ejecutada por una “élite financiera” sin control democrático, con el único objetivo del control de precios.
El artículo 69, señala los fines, “precios estables, finanzas públicas, condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable” (el ultraliberal presidente USA que precipitó alegremente al mundo en la ominosa crisis del 29 no tenía otros objetivos), se impone la mayor libertad posible de circulación de capitales con terceros países, se establecen ¡reglas constitucionales! sobre déficit y deuda públicas y se prohíbe a los Estados el acceso a créditos privilegiados de los Bancos Centrales, incluso para necesidades esenciales.
Por otro lado, el artículo I-40 dispone “los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares”. ¿por qué?, pues porque “los Estados miembros participantes cooperarán estrechamente con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.” y la política de la UE “con arreglo al presente artículo ... respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros ... y será compatible con la política común de seguridad y defensa establecida en dicho marco.” Luego, la política de la UE está subordinada a la de la OTAN, pues ha de ser compatible con la que la OTAN decide autónomamente.
¡Otra Europa es posible, otra constitución necesaria!
En el reciente Foro Social Europeo de París se acordó impulsar una amplia campaña sobre la Constitución Europea. Y en eso estamos. No podemos dejar que nos marquen este gol, un gol de oro que concluye el partido. No es el ideal, ni la utopía. Sólo un marco que garantice unos mínimos y permita un mundo en el que quepan diversos mundos.
En una Constitución deben caber distintas políticas, de entre las que los ciudadanos eligen en aras al bien común. Pues bien, la propuesta establece un marco angosto, que sólo permite políticas neoliberales.
Es preciso superar el déficit democrático. Naturalmente las élites de poder prefieren tratar en la penumbra directamente con “ejecutivos responsables”, que entienden sus “intereses especiales”, sin engorrosos debates ni explicaciones.
Por pura supervivencia de las instituciones democráticas, debe atribuirse la función legislativa al Parlamento Europeo y asociar a los Parlamentos Nacionales a la actividad legislativa de la Unión y al control del ejecutivo comunitario (sea la Comisión o los Consejos).
Por supuesto una UE plenamente democrática sería un contrapeso decisivo a las políticas hegemónicas de los gobiernos USA que, con el predominio de los sectores más reaccionarios, se han vuelto un grave peligro para sus propios ciudadanos y para todo el mundo.
Son precisas, además, políticas específicas que garanticen un mundo decente y con futuro. Medidas mínimas, que permitan a los ciudadanos ejercer su responsabilidad con Europa y con un planeta cada vez más pequeño, como cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos, soberanía alimentaria, protección de las pequeñas explotaciones agrícolas e interdicción de las patentes sobre la vida y sobre semillas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los cuales no necesitan patente para su plena titularidad.
Exijimos de las fuerzas políticas un debate responsable sobre la Constitución Europea, más allá de las disputas por el reparto del poder. La opción es clara, la inseguridad y el desasosiego de las políticas neoliberales impuestas por los grupos de presión de los muy ricos (la Europa de los mercaderes) o un espacio de solidaridad y justicia interna y externa (la Europa de los ciudadanos). Es imprescindible una verdadera convención de la Sociedad Civil (que cumpla el requerimiento de la Declaración 23 de la Conferencia de Niza) y un amplio debate ciudadano. La conclusión de ese proceso sólo puede ser la adopción de una nueva Constitución Europea mediante referéndum vinculante.
Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros de la Unión Europa. No si Consejos hay muchos, pero lo aconsejable es que sean los propios ciudadanos quienes decidan.
• Coordinador de ATTAC País Valencia (España)
Carles Fons
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