El proyecto de Tratado Europeo se fundamenta económicamente en el sistema de libre mercado y en la propiedad privada.Mayo 2004
En junio de 2004 se pretende aprobar, sin un debate previo nacional, un nuevo tratado constitucional a través del cual, y siguiendo los pasos ya asentados en anteriores
tratados, se consagra de una vez por todas una forma de integración europea fundamentada económicamente en el sistema de libre mercado y en la propiedad privada.
Este Proyecto de Tratado, cuya elaboración se confió a Valery Giscard, un destacado representante de la derecha francesa, ha logrado algunos avances en problemas políticos que permanecían bloqueados en anteriores Conferencias Intergubernamentales (CIG), -entre ellos el establecimiento de una Carta de Derechos y libertades Fundamentales, la creación de una personalidad jurídica de la Unión o la delimitación de competencias entre las distintas instituciones- pero adolece de graves problemas tanto en su forma de gestación como en su contenido.
Entre estas carencias cabe destacar, como han señalado en su momento los grupos de trabajo y el propio Parlamento Europeo, la falta de consolidación de una política económica y social a nivel europeo, la ausencia de coordinación entre las políticas económicas de los estados miembros y la falta de control parlamentario sobre la política exterior y de seguridad común.
1. El déficit democrático del Proyecto de Tratado
Pero sobre todo, cabe hacer hincapié en el déficit democrático que ha acompañado al proceso de elaboración del Proyecto de Convención Europea, motivado tanto por las deficiencias en los sistemas información -que han propiciado tanto la Comisión o el Parlamento Europeo como de los gobiernos y partidos representados en los grupos de trabajo- como a los mecanismos que han hurtado a la sociedad española y europea de los debates y del referéndum necesarios sobre los momentos claves de todo este proceso.
Con estas formas de actuación se ha obviado propiciar un conocimiento profundo y una participación más directa, que permitiera a los ciudadanos un seguimiento adecuado sobre el alcance y el contenido de un Proyecto de tamaña envergadura.
Este problema de desinformación, auspiciado por los diferentes gobiernos, ha sido especialmente preocupante en un país como España, que se coloca a la cola entre los países de la UE con el peor nivel de información sobre la construcción europea. Nuestros responsables políticos, conscientes de que la desinformación o la ignorancia son un excelente aliado para la consecución de sus objetivos, se han dedicado a distraer a los ciudadanos sobre temas secundarios, tales como los de reparto del poder entre estados, en vez de informar a la ciudadanía sobre las consecuencias del modelo socioeconómico que conlleva el nuevo Tratado o el déficit social , escasamente cultural, escasamente participativo y vertebrador de las distintas realidades que introduce el proyecto supranacional que se propone.
Este Tratado, si se aprueba por los mecanismos hasta ahora previstos, puede convertirse en un cheque en blanco o en una atadura irreversible, consagrando de una vez por todas las políticas neoliberales en marcha y coartando cualquier proyecto alternativo de construcción europea, en contra de la opinión y los intereses de millones de ciudadanos europeos.
Para reponer el déficit democrático que entraña el proyecto de nueva Convención Europea, ATTAC- Madrid propone hacer llegar al gobierno actual y al Parlamento las siguientes propuestas de cambio, para su transmisión a las instancias europeas y su inclusión en la fase final de negociación que el gobierno español mantiene con la presidencia de turno de la Unión Europea. Esta presidencia pretende cerrar acuerdos consensuados con los respectivos gobiernos antes de que termine el mes de julio de 2004.
- Un Parlamento europeo con competencias legislativas y el derecho de control sobre el conjunto de políticas, con derecho de iniciativa y de decisión compartida en las políticas.
- La Comisión no es elegida y mantiene el monopolio del derecho de iniciativa.
- El Consejo, formado por ministros nacionales, combina competencias legislativas y ejecutivas y se reúne a puerta cerrada.
- Mayores posibilidades de democracia participativa
- También aplicar el respeto de los derechos humanos en cualquier circunstancia, sin que estos puedan ser sacrificados en nombre de otras circunstancias, tales como la lucha contra el terrorismo.
– Finalmente, se propone que se lleve a efecto, sin manipulaciones o retrasos, la convocatoria de un referéndum sobre la Constitución europea, previsto y acordado en el Parlamento español, estableciendo las condiciones previas necesarias para el debate .
2. Déficit en derechos sociales y en solidaridad comunitaria.
Aunque la Unión reconoce en su artículo 7 los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales, la Convención Europea presenta graves carencias en materia social.
Entre los Derechos Humanos que ampara deben incluirse como derechos fundamentales de los ciudadanos europeos el derecho al trabajo, a la vivienda, a los servicios sociales y a medios de comunicación independientes.
Aunque la solidaridad aparece como un valor formal de la Unión, se entiende de forma genérica al espíritu de solidaridad entre los Estados miembros en el caso de que uno de los Estados sea objeto de un ataque terrorista o una catástrofe natural o de origen humano.
También se habla de solidaridad (Título IV), a través del derecho a la información, el derecho a trabajar, que no asegura el derecho al trabajo; la consulta a los trabajadores en la empresa; en el derecho a la negociación colectiva, incluido el derecho a la huelga.
Desde nuestro punto de vista, la solidaridad debe ser considerada, sin embargo, como un valor central dentro de la Constitución Europea, que puede entrar en conflicto con la economía social de mercado altamente competitiva propugnada como un objetivo básico en el Artículo 3; tanto más teniendo en cuenta que nos movemos en un entorno globalizado en el que la competencia es uno de los fundamentos filosóficos de un sistema económico que contribuye a ahondar cada vez más las diferencias económicas y sociales entre los ciudadanos.
En el Proyecto de Constitución no se desarrolla adecuadamente el concepto de solidaridad, que sin embrago ha sido aplicado en el pasado a determinados aspectos del proyecto de integración europea.
En el futuro, esta solidaridad debe abarcar al menos los siguientes aspectos: sociales, sectoriales, territoriales, comunitarios e internacionales.
A. La solidaridad social implica que los sectores sociales más favorecidos por la integración deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más perjudicados por ella.
B. La solidaridad sectorial significa que los sectores económicos en crisis como consecuencia de la integración deben ser ayudados en su reconversión o en su definitiva transformación.
C. La solidaridad territorial supone que las regiones más deprimidas o perjudicadas por la integración, deben recibir fondos económicos para lograr su desarrollo, procedentes de las regiones más ricas.
D. La solidaridad comunitaria se constituye por la transferencia de recursos de los Estados miembros más ricos hacia los países miembros más pobres. Esta transferencia de recursos debe realizarse a través de las aportaciones a los presupuestos comunitarios y las inversiones en la mejora de las infraestructuras básicas o de los sectores estratégicos.
E. Finalmente, la solidaridad internacional significa que el desarrollo alcanzado gracias a la integración europea sólo puede garantizarse a largo plazo si contribuye al desarrollo del resto de la sociedad internacional, comenzando por las áreas más económica y
geopolíticamente vinculadas con los países miembros.
Tampoco el librecambio en materia comercial y económica debe ser defendido como un bien común ya que responde a una concepción de ideología y política económica concretas que no deberían constituir un principio de la Unión.
3. Principales exigencias a introducir en el Proyecto Constitucional.
Por lo demás , recogemos a continuación algunas de las principales exigencias expuestas por otras organizaciones europeas de ATTAC y que deberían introducirse en el documento elaborado por la Convención sobre el futuro de Europa . Entre ellas :
- La igualdad entre hombres-mujeres como un valor de la Unión.
- Ampliar la ciudadanía europea a todos los y las residentes de la UE.
- Defender su carácter laico de la Unión , evitando cualquier tipo
de privilegio para las Iglesias o confesiones establecidas.
- La necesidad de que los servicios públicos sean incluidos como
objetivos de la Unión, al margen de las reglas de la competencia.
- Impedir la mercantilización de la cultura, la educación y la salud
mediante la política comercial común.
- Estas dos exigencias son tanto más importantes teniendo en cuenta la amenaza real de que se lleve a cabo la aplicación del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) defendido por la OMC y los Estados Unidos, con la presión y el apoyo de las principales corporaciones multinacionales y conocida la propensión de la Comisión a utilizar estos acuerdos a cambio de concesiones en otros sectores.
Es preciso luchar contra el dumping social y el dumping fiscal dentro de los Estados de la Unión, armonizando las políticas fiscales nacionales y persiguiendo los privilegios y exenciones a las normas generales que suponen la tolerancia los paraísos fiscales y del fraude fiscal; la política comercial común tiene que ser objeto de un control democrático, la política monetaria tiene que ser congruente con los objetivos de política económica que se fundamentan en un crecimiento económico equilibrado, y donde se priorizan la promoción del pleno el empleo y el progreso social (Artículo I-3).
En consecuencia, el objetivo de mantenimiento de la estabilidad de los precios debe ser colocado en un mismo nivel que los objetivos de política económica y ser considerado como un objetivo finalista al que se subordinan los demás objetivos (artículo III-69).
La Unión Europea tiene que establecer mecanismos para poder limitar los movimientos de capitales y aprobar, mediante mayoría cualificada, la posibilidad de aplicar impuestos tipo Tobin sobre los movimientos especulativos internacionales tanto internos como con destino o procedencia a terceros países.
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales tienen que rendir cuentas a los gobiernos y a los representantes. Más allá de financiarse a través de sus recursos propios, la Unión ha de poder pedir, a través del BCE, préstamos para inversiones que sean consideradas de carácter estratégico para su funcionamiento.
La política de seguridad y defensa común de la UE debe ser modificada y actualizada. El mantenimiento de la OTAN debe ser revisado de acuerdo con las necesidades actuales y el objetivo declarado en el Artículo 3 de promover la paz como finalidad de la Unión. La OTAN no es una institución específicamente europea a defender, ya que es una institución del pasado que responde a los intereses estratégicos de EEUU.
El rechazo a la guerra, preventiva o no, como instrumento para resolver conflictos no se menciona entre los valores de la UE y el Parlamento europeo no tiene el derecho de participar en las decisiones sobre estas materias, que siguen estando en manos de un Consejo que nadie controla.
Profundización de la democracia, potenciando los principios de democracia participativa, contemplado en el artículo I-46 y representativa.
Para ello es preciso desarrollar el derecho de iniciativa de los ciudadanos en las políticas de la Unión. El apartado 4 del mencionado artículo contempla la posibilidad de “pedir a la Comisión, por iniciativa de al menos un millón de ciudadanos de la Unión procedentes de un número significativo de Estados miembros, que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen requiere un acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de la Constitución”.
En esta línea habría que modificar el artículo I-25, en el sentido que no sea solo la Comisión la que monopolice la iniciativa de las leyes europeas, sino que también el Parlamento europeo y el Consejo dispongan del derecho de iniciativa de actos legislativos en igualdad con la Comisión.
Finalmente, incluimos una exigencia que nos parece irrenunciable y es que el Tratado ha de poder ser realmente revisado, superando la carrera de obstáculos, prevista en el artículo IV-7, que en el caso de que se pida la revisión pueda prolongar el proceso durante años.
Manteniendo el derecho de veto actualmente contemplado en el Consejo, los temas sustanciales que afectan a la construcción europea como son el mantenimiento de la política neoliberal, la primacía de la competencia o el librecambio, y la situación de los servicios públicos, por no tomar otros ejemplos, pueden convertirse en una doctrina oficial de la UE y ser perpetuados hasta la eternidad por la voluntad de un solo Estado miembro.
Exigimos que una vez que hayan finalizados las correspondientes negociaciones entre los Estados miembros de la Unión se convoque el referéndum nacional contemplado al amparo de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución española y en la Ley Orgánica 2/1980, con el fin de que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el proyecto de Constitución de la Unión Europea.
La convocatoria de este referendum, acordada en su día por el Congreso de los Diputados del 10 de julio de 2003, no aparece definida en ningún programa de actuación del actual gobierno.
Pepe Mejía y Ricardo Gómez, miembros de la Junta Directiva de Attac-Madrid
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