El acuerdo general del comercio de servicios y la universidad pública
La “vieja” Europa que tanto irrita a Bush y a los estrategas del Pentágono supone una molestia para Estados Unidos no sólo por los granos de arena que ha introducido en su maquinaria bélica y por el incordio a su agenda militar. También hay algo que molesta y estorba profundamente a los intereses comerciales de Estados Unidos: la estructura de servicios públicos de la que los europeos nos hemos dotado y a la que no estamos dispuestos a renunciar. Esta estructura se ha formado y se mantiene con los impuestos de todos los ciudadanos, constituyendo un patrimonio público de inestimable valor. En estos momentos, los servicios públicos de los países europeos son objeto de deseo para la lujuriosa mirada de la multinacionales, que contemplan ese inmenso patrimonio con impaciencia e indignación, ya que consideran “evidente” que cualquier actividad humana es evaluable económicamente y, por tanto, puede mercantilizarse. Como para ellas el mercado es el regulador óptimo de las actividades económicas y, además, pretenden convencernos de que sus beneficios son beneficios para toda la sociedad, persiguen con indisimulada impaciencia apoderarse de un sector económico que puede reportarles astronómicos beneficios (se calcula que la actividad económica generada por los servicios públicos alcanza aproximadamente la mitad del PIB en los países europeo).
El instrumento para llevar a cabo esta apropiación es el Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS), uno de lo varios acuerdos que forman parte de un entramado pseudojurídico que va construyendo la Organización Mundial del Comercio (OMC) para poner en venta todo lo que a día de hoy está fuera de la esfera mercantil. Precisamente éste es el caso de los servicios públicos, cuya finalidad es atender derechos de la ciudadanía, como la sanidad o la educación, que el Estado tiene el deber de proteger. Es evidente que no lo hace, si pensamos en la vivienda, en el derecho al trabajo o en tantos otros. Pero el AGCS supone una vuelta de tuerca definitiva en el derribo del Estado del Bienestar, ya que a medida que las actividades que la administración lleva a cabo para proteger derechos básico sean realizadas por empresas (que las someten a la lógica de los negocios), los ciudadanos irán perdiendo más y más derechos; derechos que quedarán formulados en los preámbulos de las constituciones de manera puramente retórica, pero vaciados de contenido real.
La universidad pública no puede ignorar este proceso, que tendrá su incidencia en ella, afectando al derecho a la educación. Este derecho se verá recortado a medida que sea sometido a la lógica mercantil, y serán las elites en exclusiva las que disfrutarán plenamente de él si el AGCS llega a imponerse. Los ciudadanos necesitan, ante todo, información sobre este acuerdo, que está siendo negociado por Europa en la OMC a espaldas de ellos y de sus parlamentos, y que se perpetra con mayor nocturnidad aprovechando que la atención del mundo está desde hace meses volcada hacia el escenario bélico en Iraq. El asunto debería ser tratado urgentemente por la CRUE y debatido en todas las universidades, y más teniendo en cuenta la presiones que la OMC, y Estados Unidos en concreto, han ejercido sobre la Unión Europea para que la educación deje de ser considerada un servicio público.
Pedro López López