El AGCS: un peligro para los servicios públicos y la democracia
El imperativo del beneficio exige que la demanda solvente prime sobre los derechos y no ha "mejorado la calidad, ni el precio ni el mayor acceso de la población" como lo prometían los anuncios sobre las ventajas de las privatizaciones en 1980.Gracias a la campaña internacional contra el AGCS comenzada hace dos
años, el gran público conoce los peligros vinculados al Acuerdo
General sobre Comercio y Servicios de la OMC: este acuerdo sirve en
primer lugar a los intereses de las empresas transnacionales cuyo
objetivo es obtener ganancias sobre los servicios públicos. Estas
empresas se están apropiando con cada vez mayor velocidad de una parte
creciente de la economía global. Las cifras de la OCDE muestran que
cada año se transfieren bienes del sector público al sector privado
por valores superiores a los 150 mil millones de dólares. Donde más
claro se ve es en el sector de las telecomunicaciones: han sido
desmantelados los monopolios estatales pero al mismo tiempo las
telecomunicaciones están sometidas a una creciente concentración
internacional. Las disputas entre RWE, E.On y Vivendi por quedarse con
el agua, se están desarrollando a escala global. De este modo Las
infraestructuras básicas están siendo sustraídas al control público y
parlamentario.
Balance negativo de la liberalización
Un balance provisorio de las políticas de liberalización pone en
evidencia que no se ha cumplido ninguna de las promesas relacionadas
con la liberalización; el imperativo del beneficio exige que la
demanda solvente prime sobre los derechos y no ha "mejorado la calidad
, ni el precio ni el mayor acceso de la población" como lo prometían
los anuncios sobre las ventajas de las privatizaciones en 1980. Los
viejos servicios deben competir con nuevos prestatarios y generar
nuevos beneficios: aumentar los precios hasta límites aceptables,
suprimir los servicios no rentables, que son sin embargo socialmente
útiles, eliminar las desventajas competitivas vinculadas a exigencias
de utilidad pública o a criterios ecológicos. Para bajar los costos de
producción, se presiona sobre los salarios y las condiciones
laborales, como se vió recientemente en el reciente ejemplo de la
empresa Orange. Las inversiones se dirigen a sectores que garantizan
una inmediata rentabilidad, dejando abandonado el mantenimiento de la
infraestructura. Tal el caso de la infraestructura ferroviaria inglesa
o el argumento de sanear las finanzas públicas, absolutamente caduco.
Oscuras negociaciones
La presión pública que intenta sustraer de las negociaciones del AGCS
el sector de los servicios públicos logró que el Consejo Federal
declarara que la educación, la formación, el tráfico ferroviario y
vial y el correo no constituían en Suiza territorios "demasiado
tentadores" Los pedidos de liberalización según dicho Consejo se
concentrarían sobre "servicios con alto valor agregado" tales como los
financieros y el turismo. El gobierno suizo se mantiene evasivo en
relación a sus compromisos pero acepta al menos que no incluirá el
servicio de agua "en el campo de aplicación del AGCS" . A menudo se
interpretan estas declaraciones como un compromiso de excluir los
servicios públicos en general en las negociaciones del AGCS. Sin
embargo, por las siguientes razones, esto resulta bastante dudoso:
1.El concepto de servicio público es bastante difuso. El Consejo
Federal insiste en que " el Acuerdo no incluye los servicios públicos"
si no son provistos sobre bases mercantiles y no compiten con
servicios ofrecidos por otros prestatarios. ¿Qué es lo que esto
significa? ¿La participación de los pacientes en los gastos
hospitalarios no implica acaso una base mercantil? No existen ya casi
servicios gubernamentales como tales. Y a los países en desarrollo no
les servirá demasiado saber que Suiza solo incluirá sus "servicios
financieros" : ya que la exigencia de desmantelar los mecanismos de
control de los flujos financieros le quitará la posibilidad de
reglamentar el sensible sector de las inversiones sometiendo a presión
a sus sistemas de seguridad social.
2. En lo referente a los compromisos suizos, las exigencias de
liberalización de los servicios postales, le vienen siendo impuestas
por la Unión Europea que persigue políticas de expansión en el sector.
Es posible que Suiza esté dispuesta a hacer concesiones tanto en este
sector como en el de los transportes urbanos y el agua. En el año 2000
Suiza se había comprometido a no excluir ningún sector de las
negociaciones, lo que de algún modo contribuye a sembrar dudas sobre
las actuales declaraciones del Consejo Federal referidas a la
protección de los servicios públicos en las negociaciones del AGCS.
3. Suiza ya ha asumido compromisos relacionados con los servicios
públicos en las anteriores rondas de negociación, especialmente en el
terreno de la educación. El Consejo Federal afirma que el AGCS permite
al Estado: "aplicar leyes nacionales a los prestadores de servicios
extranjeros, siempre que las mismas no sean discriminatorias" De modo
que desde el momento en que un servicio esté sometido al régimen
establecido por el AGCS, el Estado deberá cubrir compromisos
horizontales tales como el "trato nacional". Este trato nacional
implica que el Estado deberá acordar a todos los prestatarios de
servicios las mismas ventajas otorgadas a las empresas suizas. De modo
que es posible temer que en el futuro los inversores extranjeros
soliciten subsidios estatales basándose en las exigencias de
no-discriminación, con consecuencias desastrosas para el sistema de
educación pública.
4. El Consejo Federal pretende asegurar que el AGCS "no ha tenido
hasta el presente efectos negativos sobre los servicios públicos
suizos ni sobre los universales". La liberalización del mercado de las
telecomunicaciones, sin embargo constituye uno de los efectos de los
compromisos asumidos en el marco del AGCS. Separar las
telecomunicaciones de los servicios postales y por lo tanto la
prohibición de las subvenciones ha conducido el cierre en masa de
oficinas postales que se observa en la actualidad.
La resistencia sigue siendo necesaria
ATTAC-Suiza junto a otras organizaciones suizas y europeas seguirá
ejerciendo presión sobre los gobiernos. La resistencia a la
reestructuración del correo ha demostrado que la población se halla
movilizada contra la liquidación de los servicios públicos. Durante la
segunda quincena de marzo tendrán lugar en Suiza una serie de actos de
protesta contra la liquidación de los servicios públicos mientras se
realicen negociaciones de la OMC en Ginebra Estas acciones de protesta
servirán de apoyo a las reivindicaciones que intentan detener las
negociaciones y a exigir la publicación del conjunto de posiciones
defendidas por Suiza en el marco de estas negociaciones
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