Del comercio internacional a la globalización liberal: el AGCS
La educación como la sanidad pueden convertirse en mercancías al amparo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)sin modificar la Constitución española de 1978.¿ Quién podría oponerse al comercio razonablemente libre entre los pueblos?.
Está demostrado históricamente cómo las tarifas aduaneras, las cuotas a las importaciones, los controles del cambio de divisas y demás barreras comerciales, generaron conflictos entre las grandes potencias industriales, que estuvieron en el origen de guerras en el pasado porque la política comercial era – y sigue siendo - un arma de cada Estado frente al otro.
De ahí que, tras la segunda guerra mundial, la opinión pública en los países industrializados contemplara favorablemente el nacimiento de una serie de organizaciones internacionales que buscaban la promoción del comercio internacional, suprimiendo o reduciendo las trabas vigentes y ofreciendo regulaciones que pretendían garantizar el desarrollo económico de las naciones. En Europa occidental, con las ayudas financieras del Plan Marshall se inicio simultáneamente un proceso de desmantelamiento de las barreras aduaneras, labor que continúo la OECE (luego convertida en la OECD), que junto con las instituciones financieras creadas en la postguerra contribuyeron al desarrollo e intensificación de los intercambios comerciales, que no siempre beneficiaron ni a todas las naciones ni a todas las personas: la pobreza ha seguido aumentando en muchos países.
Pero las crisis del petróleo de los años setenta y ochenta, el desarrollo tecnológico que incrementó extraordinariamente los transportes y las comunicaciones, la mutación de los flujos financieros y su regulación y la potenciación de las grandes corporaciones transnacionales, transformaron progresiva y sustancialmente el volumen y la significación de esos intercambios comerciales entre los continentes y los pueblos.
El cambio más dramático en las relaciones comerciales entre países se produjo durante los años ochenta, los años de la llamada revolución conservadora, la etapa en que Ronald Reagan y Margaret Thatcher predicaron la ideología del libre mercado en los EEUU y en el Reino Unido, cuya influencia alcanzó los centros de poder de muchos países y dejó su impronta en las políticas seguidas desde entonces por las instituciones económicas internacionales con los países, cualquiera que fuera su nivel de desarrollo económico y su situación geográfica, fuera en Latinoamerica, en Asia o en Rusia o en el Este europeo tras la caída del muro de Berlin.
Y las instituciones internacionales creadas para facilitar y regular esos intercambios comerciales se convirtieron en agentes de la nueva ideología dominante: el fundamentalismo del mercado, como ha denunciado Joseph Stiglitz ( Premio Nobel de Economía, ex vicepresidente del Banco Mundial, en El malestar de la globalización) Una doctrina simple: el mercado funciona siempre bien y el Estado funciona mal. Y así brotaron esas fiebres de desregulación y privatizaciones tanto de los Gobiernos nacionales como de las organizaciones económicas internacionales, que han venido condicionando los préstamos y ayudas financieras a países en desarrollo, a que apliquen estrictos programas de liberalización económica y privatización de servicios públicos.
Y así se ha llegado a un entramado de organismos y acuerdos multilaterales de modo que, como señala el profesor Stiglitz, “ tenemos en el mundo planetario un Gobierno Global sin Estado Global, en el cual un puñado de instituciones - el Banco Mundial, el FMI, la OMC - y unos pocos participantes- los ministros de Finanzas, Economía y Comercio, estrechamente vinculados a algunos intereses financieros y comerciales- controlan el escenario, pero muchos de los afectados por sus decisiones no tienen voz “(pags. 47-48).
Para la regulación de los intercambios comerciales nos encontramos con la Organización Mundial del Comercio, integrada por 144 Estados, (incluida España), con sede en Ginebra (500 funcionarios), surgida en 1995 del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT en sus siglas inglesas), que durante décadas constituyó el foro, en el que sucesivas rondas de negociaciones fueron reduciendo o eliminando las tarifas aduaneras y las cuotas en el comercio mundial, liberalizando el comercio mundial.
La OMC tiene a su cargo vigilar el cumplimiento y aplicación del Acuerdo General citado sobre mercancias y otros Acuerdos sectoriales sobre agricultura, los derechos de propiedad intelectual ligados al Acuerdo General y tambien el AGCS, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, así como la resolución de los conflictos entre países firmantes mediante un singular sistema de arbitraje.
Del enfoque tradicional de la liberación de los intercambios comerciales, la OMC pasó a promover reglas para impedir “las barreras no tarifarias al comercio”(non-tariff barriers to trade, en la jerga anglosajona), concepto ideológico, no técnico, que cubre la pretensión de eliminar normas de seguridad alimentaria, medioambientales, etc., interpretadas como obstáculos al libre comercio y por tanto, a los Acuerdos cuya aplicación supervisa. De hecho, esta concepción de las relaciones comerciales tan amplia coarta las políticas de los distintos Gobiernos en tales materias. Bajo la presión encubierta de las grandes multinacionales de la alimentación, la hostelería o la industria, las sucesivas rondas negociadoras impulsadas por la OMC, bajo la más estricta confidencialidad – léase secreto- persiguen una cada vez mayor liberalización no ya del mero comercio sino que interfiere y cuando no limita en la práctica la democracia de los Estados asociados.
El Acuerdo General sobre el Comercio (AGCS) es un vivo ejemplo de esa política al servicio de la ideología liberalizante a ultranza. Como acuerdo marco, extenso y abstracto en la enunciación de sus principios y normas, se aplica a las medidas adoptadas por los Estados miembros (incluidas las autoridades centrales, regiones o municipales) ”que afecten al comercio de servicios”, término que “ comprende todo servicio de cualquier sector” (art. I), es decir, abarca cualquier servicio público desde la escuela o las pensiones hasta los hospitales, todo es mercancía objeto de comercio.
Bien es cierto que el AGCS exceptúa “ los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales", pero como esto último “significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales (que no se cobre) ni en competencia con uno o varios proveedores de servicio”, solo los servicios de policía, ejército, justicia y Banco Central podrían excluirse. Y además eso es un marco regulador: en virtud de los compromisos para la“liberalización progresiva” contenidos en la Parte IV del AGCS, en la ronda negociadora en curso los gobiernos tienen que poner sobre la mesa antes de Marzo de 2003 su compromiso de liberalización de los servicios públicos o del sector público. Un proceso inacabado e inacabable.
Y dado que estas importantes negociaciones se llevan a cabo desde Bruselas, a nivel europeo, y en secreto, sin comunicados ni notas de prensa, no tienen reflejo alguno en los medios de comunicación ni han suscitado ningún debate parlamentario. De ahí que sea fundamental concienciar a los ciudadanos de la trascendencia del AGCS, tarea a la que se ha sumado desde hace meses ATTAC que, dentro de una amplia campaña de información y movilización en curso, presentó el pasado 21 de Noviembre ante el Ministerio de Economía un Manifiesto contra el AGCS, apoyado por diversas ONGs, entidades y relevantes personalidades, porque consideramos que, si nos concienciamos todos, OTRO ACUERDO ES POSIBLE.
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