Las movilizaciones de 1999 en Seattle, consiguieron hacer fracasar el inicio de una nueva ronda de negociaciones, conocida como "Ronda del Milenio", que debería permitir a la OMC (Organización Mundial de Comercio) el impulso, en sus países miembros, de políticas comerciales que significarían una nueva vuelta de tuerca en la construcción de un mundo conforme al modelo neoliberal, es decir de un mundo reducido a la categoría de mera mercancía.
Sin embargo, esto no quería decir que se hubiese conseguido una interrupción o parálisis de esta organización en cuanto a la consecución de sus objetivos. Al contrario, al mes siguiente de las movilizaciones, la OMC ponía en marcha con todo sigilo, nuevas negociaciones en torno a uno de sus Acuerdos: el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés), de extraordinaria trascendencia económica y de gran repercusión en las condiciones de vida de todas las personas. Asimismo, el año pasado en Doha, la Conferencia Interministerial de la OMC, utilizando todo tipo de presiones, logró sacar adelante una nueva ronda de negociaciones, conocida ahora como Ronda del Desarrollo, y además dio un impulso a la revisión del AGCS, estableciendo fechas límites para el llamado proceso de demandas-ofertas por el que los diferentes países miembros deben manifestar qué sectores de servicios de los otros países desean que sean liberalizados y cuáles de los suyos estarían dispuestos a liberalizar. Este proceso debe terminar en Marzo del 2003, procediéndose luego a un período de negociaciones bilaterales que debe estar concluido en 2005.
El AGCS tiene por objetivos: liberalizar primero y privatizar después los servicios públicos; efectuando previamente y a lo largo del proceso, lo que se entiende por desregular, derogando las reglas y marcos legales existentes (derecho del trabajo, protección del medio ambiente, salud pública, etc.), que intentan limitar los excesos del capital para comerciar e invertir, y eliminando la escasa capacidad de decisión y regulación que le queda a los gobiernos nacionales, incluidos parlamentos regionales y municipales.
Los gobiernos no han necesitado del AGCS para llevar a cabo este proceso desregulador-liberalizador-privatizador de diferentes servicios. De la mano de las transnacionales del sector han ido dando pasos sucesivos en este sentido. Por otra parte han contado también con la inestimable ayuda del Fondo Monetario Internacional que a través de los planes estructurales obligaba a todos los países, especialmente aquellos "en vías de desarrollo o subdesarrollados", a la venta-saldo de aquellos sectores de servicios que podían resultar rentables a sus compradores, consiguiendo de paso el desmantelamiento y abandono de cualquier proyecto de política social. Varias de "nuestras empresas emblemáticas" conocen bien los detalles, sobre todo en América Latina. Sin embargo el AGCS vendría a significar una cobertura para que ese proceso pueda ser ilimitado en el tiempo y ámbito de actuación, dado que obliga a su cumplimiento a todos los países, las medidas son irreversibles, etc. Es pues un potente instrumento para los intereses de las transnacionales que facilitará el vencimiento de las resistencias que puedan poner algunos gobiernos, sobre todo del Sur, y ayudará a otros, sobre todo del Norte, a justificar la adopción de medidas impopulares.
Desde los gobiernos, desde el poder político los discursos cambian. Se hace propaganda en defensa de la liberalización de los servicios públicos, sin informar de los motivos reales de esta liberalización. Se nos dice que con la privatización serían de mejor calidad, más económicos para los usuarios, darían lugar a la transferencia de tecnología a los países del Sur, se ampliarían las empresas aumentando la llamada libre competencia y la libertad de elección de los usuarios y consumidores, cuando la realidad es la cada día mayor concentración de empresas y por tanto un mayor control de éstas sobre los precios. Tras los ejemplos de la privatización de los ferrocarriles en Inglaterra, la electricidad en Canadá, Inglaterra y otros países, las telecomunicaciones, la distribución del agua... con un empeoramiento del servicio y la seguridad en unos casos, un incremento escandaloso de los precios en otros, o, en fin, despidos masivos en casi todos, el discurso va variando y ahora se dirige más a intentar parar las críticas, con mentiras y falsas promesas. Es por ello que la CAMPAÑA EUROPEA CONTRA EL AGCS ha planteado la moratoria de las negociaciones hasta que se realice una evaluación de las repercusiones que han tenido y puedan tener para el futuro la aplicación de estas políticas neoliberales en los servicios públicos.
Por otra parte estas negociaciones son secretas. En la Unión Europea la política comercial es común y es el Comisario Europeo de Comercio, Señor Pascal Lamy, el responsable de dichas negociaciones actuando en nombre de todos los países de la UE, asesorado por un comité en el que hay altos funcionarios de los diferentes países miembros, al que tienen acceso grupos de presión empresarial. Pues bien, cuando se estima oportuno convocan a "representantes" de la llamada sociedad civil para informar de decisiones que hayan tomado, de algunos aspectos de la marcha de las negociaciones, o para atender preguntas y escuchar sugerencias. Para la UE esto es una muestra de la transparencia máxima a la que se puede llegar. Todo es decidido sin la participación ni debate de la ciudadanía, sin tener en cuenta siquiera a las instituciones parlamentarias -estamos seguros que la mayor parte de "sus señorías" no saben qué es el AGCS-, probablemente se supone que las asociaciones empresariales del sector son fieles defensoras de nuestros intereses. Es por ello que LA CAMPAÑA EUROPEA exige que todas las negociaciones sean públicas y sus contenidos puedan ser discutidos como paso previo para su participación en las decisiones.
Hablar por tanto del AGCS es en primer lugar hablar de que servicios tan importantes como el agua, la energía, el medio ambiente, la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, las comunicaciones y los transportes, etc., no sean sometidos a la sola lógica comercial y a la ley del beneficio. Su liberalización aboliría de hecho la esencia de los servicios públicos terminando con su función que, al menos teóricamente, consiste en responder a la atención de las necesidades sociales básicas de la población. Su desmantelamiento progresivo allí donde existen y la imposibilidad de ponerlos en pie en donde no existen o ya han sido expoliados, incrementará notablemente la población mundial que no tendrá ninguna posibilidad de acceder a una mínima existencia digna, además de otras consecuencias como el deterioro o abandono de las prestaciones que dejen de ser rentables, el incremento de los precios o el desprecio absoluto a la degradación medioambiental si ello recorta los beneficios.
Creemos que es urgente la movilización social más amplia posible para detener esta nueva agresión que significa el AGCS. Es imprescindible que la sociedad sepa las consecuencias del mismo, haciéndolo salir del secretismo con el que se llevan sus negociaciones. Hacemos un llamamiento a todas las asociaciones y a todas las personas que quieren defender y mejorar los servicios públicos, que quieren luchar contra el incremento de las desigualdades y las injusticias sobre l@s desheredad@s del Norte y del Sur, contra las injustas reglas comerciales de este desorden mundial del que la OMC es un impulsor de primera línea, en definitiva contra los múltiples aspectos que el AGCS representa, a poner en el centro de nuestras preocupaciones y actividades la lucha contra este "Acuerdo" y aunar nuestros objetivos para la realización de un trabajo unitario que pueda coordinarse con el que se está llevando a cabo en otros lugares.
OS CONVOCAMOS A UNA REUNION EL DIA 2 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS EN EL LOCAL DE ECOLOGISTAS EN ACCION C/ MARQUES DE LEGANES 12 BAJO
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