Con lo cual se diría que los papeles están cambiados, pues aquel PP que hace 13 años reguló con total permisividad el coladero del empadronamiento a granel (una licencia que no existe en ningún otro Estado de la UE), incentivando la inmigración de mano de obra barata para dar inicio así al boom de la construcción, es el mismo PP que hoy, cuando la inmigración se ha detenido a causa de la crisis inmobiliaria, reclama por el contrario el cierre de la ventanilla del empadronamiento con el pretexto de que "aquí no cabemos todos". Y en el caso del PSOE su contradicción no es menos flagrante, aunque sí mucho más reciente, pues el partido de Gobierno que ahora reclama empadronamiento para todos es el mismo que hace sólo un año promovió la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Extranjería para endurecerla y hacerla más represiva contra los inmigrantes irregulares, a quienes la policía tienen orden de detener para cubrir las cuotas de capturas fijadas por sus mandos. Pero no sólo eso, pues este Gobierno que ahora aboga por los derechos de los irregulares es el mismo que hace un año no sólo se sumó a la aprobación en el Parlamento Europeo de la directiva "de la vergüenza" contra la inmigración irregular, sino que además firmó con Sarkozy un pacto hispano-francés contra la regularización de inmigrantes. ¿Qué revela esta contradicción? ¿Un dilema hamletiano o hipocresía pura y dura? No, sólo se trata de tacticismo. Convergentes y populares pugnan en Cataluña por desactivar la agenda electoral de la candidatura xenófoba PxC con el simple expediente de sumarse a ella para hacerla suya. Y al Gobierno central le ocurre algo parecido. Como carecía de guión propio para su segunda legislatura, optó en un comienzo por desactivar la oposición del PP robándole su programa, aunque ello supusiera rectificar en toda regla la anterior regularización de inmigrantes acometida por el ministro de Trabajo Caldera. Por eso nombró como nuevo titular de esa cartera a Celestino Corbacho (un ex alcalde catalán acostumbrado a lidiar con los inmigrantes de L'Hospitalet de Llobregat, como el de Vic, que ahora quería restringirles el padrón), impartiéndole el encargo de endurecer la política de inmigración. Pero luego llegó el brutal impacto de la crisis, que no sólo ha destruido dos millones de empleos sino que también ha hundido el prestigio de Zapatero, arruinando su crédito político y quebrando la confianza que los electores depositaban en él. Lo cual le ha obligado a rectificar de nuevo, tratando de invertir la deriva de unas encuestas que cada vez le son más adversas. Por eso ahora ha aprovechado que el Llobregat también pasa por Vic para recuperar su anterior papel de buenista mayor del reino, con la esperanza de que el PP entre al trapo y recaiga en el populismo xenófobo. Así Zapatero podría recuperar el lema que le granjeó su reelección: "Si tú no vas (a votar), ellos (el PP) vuelven". Pero el fondo de la cuestión sigue sin resolverse. Los ayuntamientos empadronan a todos alegremente para poder incrementar así los recursos de su hacienda, dada la escasez de la financiación local. Y mientras tanto los servicios sociales de todo el país están absolutamente atascados, sin poder dar abasto atendiendo inmigrantes.