Doha confirma la lógica ultraliberal de la OMC

Comunicado de ATTAC Francia - 15/11/01

Los delegados de los 142 Estados miembros de la OMC - entre los cuales los delegados de los países desarrollados han tenido una influencia determinante - han adoptado una declaración final que ratifica la orientación ultra-liberal de las negociaciones comerciales multilaterales que van a tener lugar. La declaración confirma la preeminencia del derecho comercial sobre los derechos humanos, sociales, culturales y medioambientales. El método de las negociaciones anteriores a la reunión de Qatar, verdadera parodia de democracia, ha permitido, una vez más, la marginación de la mayoría de los países del Sur y su sumisión a la presión sin precedentes de los lobbies y gobiernos del Norte.

Por lo que respecta a la agricultura, no se reconoce el imperativo de soberanía alimentaria; tampoco se reconoce la necesidad de protección de las agriculturas campesinas (y de su corolario, la supresión de las subvenciones a la exportación); finalmente, tampoco se reconoce la multifuncionalidad de la actividad agrícola, y sobre todo su contribución al desarrollo sostenible.
En cuanto a los servicios, las negociaciones van a seguir su curso, hacia el desmantelamiento de los servicios públicos para el único beneficio de las empresas multinacionales de los países ricos.
En cuanto al acceso al mercado para los productos no agrícolas, la declaración no hace mención de lo que venían reclamando la India y seis países africanos, es decir, la evaluación del impacto que va a tener el recorte de las tarifas aduaneras sobre las industrias del Sur. El rechazo de esta evaluación implica la persistencia de una apertura comercial totalmente desequilibrada en beneficio únicamente de las empresas del Norte.
En cuanto a los "nuevos campos" de negociación decididos en Qatar - inversiones, competencia, transparencia de los mercados públicos y facilitación comercial -, a pesar de la fuerte oposición de numerosos países del Sur en evidente posición de debilidad, las negociaciones tendrán que llevar a acuerdos en el 2005. Más específicamente, esto significa que el Acuerdo Multilateral de Inversiones - que había fracasado en la OCDE en el año 1998 por la acción de los movimientos ciudadanos - vuelve con todos los honores.
Los pocos progresos sobre el acceso a medicamentos son de poco alcance: el derecho fundamental a la salud sigue siendo sometido a la lógica de los beneficios de las grandes corporaciones farmacéuticas, y los países menos avanzados (PMA) quedan excluidos. Además, todo queda igual en cuanto a la patentabilidad de la vida y a la confiscación de la biodiversidad por las transnacionales del Norte.
En cuanto a medio ambiente, las conclusiones de las discusiones que tienen que tener lugar sobre la articulación entre reglas comerciales y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente sólo van a afectar a los Estados que hayan ratificado estos últimos. Se trata por lo tanto de una incitación clara a que los gobiernos sigan el deplorable ejemplo de Estados Unidos, que se ha negado a ratificar el protocolo de Kyoto así como el convenio sobre bioseguridad. Como consecuencia lógica, queda fuera de la declaración el principio de precaución, que implicaría una inversión del peso de la prueba (sería el exportador, por ejemplo de carne con hormonas o de alimentos genéticamente modificados, el que tendría que demostrar la inocuidad de sus productos. En la actualidad el peso de la prueba recae en el importador, que tiene que probar la eventual nocividad de estos productos). Tampoco se menciona el eco-etiquetaje. Es decir, se sacrifica deliberadamente la seguridad sanitaria en nombre de los intereses comerciales.
Los derechos sociales brillan por su ausencia de la declaración final, excepto en algunas referencias vagas, y sin ningún valor vinculante, a discusiones actuales en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo se da la luz verde para que sigan ejerciéndose todas las formas de dumping, así como la explotación de los trabajadores por parte de las transnacionales en los Estados con las legislaciones más laxas.
Finalmente, la necesaria reforma en profundidad de la OMC, y notablemente, la supresión del poder exorbitante del Órgano de Resolución de Conflictos, no figura como cuestión a tratar.
El balance de Doha es, por lo tanto, casi totalmente negativo. Se van a acentuar los efectos más desastrosos de la mundialización liberal. Dos tipos de posiciones merecen más análisis: las posiciones de los gobiernos del Sur y las posiciones de la Unión Europea.
No nos engañemos: la mayoría de los gobiernos del Sur, si bien han intentado defender - prácticamente sin ningún resultado significativo- los derechos de sus ciudadanos frente a las transnacionales del Norte (en concreto por lo que respecta al acceso a los medicamentos), no han dudado en unirse con Estados Unidos y en contra de la UE para impedir cualquier referencia a las dimensiones sociales y medioambientales, así como, por otra parte, a la seguridad alimentaria. No nos debe sorprender.
Muchos de estos gobiernos son los portavoces de los grandes intereses locales, y no de las fuerzas sociales. Asimismo, la seguridad alimentaria, que defienden las organizaciones campesinas en 70 países, no tiene ningún eco en los gobiernos. Las normas sociales y ambientales se consideran, por parte de los gobiernos, como constricciones añadidas para sus exportaciones, cuando el endeudamiento les fuerza a generar divisas por todos los medios para pagar los intereses. Esta es la principal finalidad de los planes de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI. La anulación de la deuda externa de estos países constituye, por lo tanto, un paso previo a la reorientación de sus economías hacia la satisfacción de la demanda interna (particularmente las necesidades alimenticias) en lugar de la actual prioridad a las exportaciones. Por esta razón, el diálogo con ellos es difícil porque tienden a poner en el mismo saco a los gobiernos y a los movimientos sociales del Norte, acusándolos a ambos de "proteccionismo".
La actitud de la UE es inaceptable. Para no encontrarse "aislada" y para que no se la declare responsable del "fracaso" de Doha, ha cedido en las cuestiones que más importan a los movimientos sociales (las dimensiones social y medioambiental, en todos sus aspectos) para preservar mejor los intereses de sus multinacionales (mediante el Acuerdo General de Comercio de Servicios) y de la gran agricultura productivista (subvenciones a las exportaciones). El mandato otorgado por los gobiernos de los quince al comisario Pascal Lamy sólo ha sido respetado en lo que concernía a sus "grandes electores" habituales, y dando la espalda a los ciudadanos.

Attac denuncia enérgicamente los acuerdos de Doha que se burlan de la exigencia de un mundo más solidario y respetuoso de los derechos humanos, sociales y ambientales, y sitúan al comercio por en cima de cualquier otro imperativo. Nuestra asociación va a emprender una campaña de información así como acciones ante el gobierno francés y la Comisión Europea en cada uno de los capítulos de la declaración de la conferencia ministerial, para que no se apliquen. Con todos los movimientos afines, va a reforzar sus contactos con los movimientos sociales en el Sur, en primer lugar con ocasión del Foro Social Mundial de Porto Alegre, para elaborar posturas comunes en oposición a la Internacional liberal. Estas posiciones van más allá del caso de la OMC, y tomarán en cuenta el conjunto de las instituciones multilaterales que comparten su ideología neoliberal (el Banco Mundial, el FMI, y la OCDE), de manera que se oriente el orden mundial hacia la eliminación de la pobreza, la lucha en contra de las desigualdades y la respuesta solidaria a los grandes desafíos ecológicos y sociales.

Attac, París, 15 de noviembre 2001