Los mineros españoles contra la provocación del Gobierno del PP

14 julio 2012 | Categorías: Nacional
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Rodrigo Vázquez de Prada y Grande || Periodista.

La combatividad de los mineros españoles se alzó siempre a pecho descubierto contra la violencia institucional que los poderes económicos y los partidos políticos que los representan, han ejercido contra ellos, en distintas épocas y a través de diferentes medidas.En una nueva expresión de esta combatividad, la “Marcha Negra” de los mineros de Asturias, León y Aragón,  que en la noche de ayer, 10 de julio,  llegó a Madrid, ha puesto sobre el tapete la irresponsable política de la derecha española respecto a la minería del carbón, ahora convertida en pura provocación contra todo un sector de la clase obrera española.

No es posible otra cosa que mirar hacia atrás con ira. ©Alba Pedregal

No es la primera vez que los mineros caminaron hasta Madrid en apoyo de sus reivindicaciones. En 1992, tuvo lugar una primera Marcha Negra, la protagonizada por unos 500 trabajadores de la empresa privada leonesa “Minero Siderúrgica de Ponferrada” (MSP). En aquella ocasión, la marcha hacia Madrid, acordada tras el encierro durante 50 días en el Pozo Calderón de ocho sindicalistas, fue realizada en protesta por  la desastrosa gestión empresarial de la compañía propietaria de MSP, que pretendía resolver sus problemas – una deuda acumulada de 17.000 millones de pesetas, a Hacienda, Seguridad Social y proveedores -  con el cierre del Pozo María y un paquete de despidos, unos temporales y otros definitivos, de parte de la plantilla que, en aquel momento, ascendía a 2.700 trabajadores. Entonces, los mineros leoneses recorrieron también a pie los kilómetros que separan su tierra y la capital del Estado y se plantaron ante el Ministerio de Industria y Energía, cuyo titular era el ingeniero y economista bilbaíno Claudio Aranzadi, anteriormente, presidente del INI, para exigir la intervención del Gobierno que pusiera fin a aquella lamentable situación que les dejaba en manos del capricho de los empresarios.

La lucha de los mineros asturianos, leoneses y aragoneses, se ha situado de nuevo en la primera línea del rechazo a la decisión del Gobierno de Rajoy de adelantar a su antojo, amparándose en la crisis creada por las instituciones financieras a las que sirve, el cierre de las minas, prevista para el año 2018. Porque la “Marcha Negra” no fue otra cosa que la respuesta de los mineros a una provocación del Gobierno del PP que, en su política de  recortes de derechos a los trabajadores, no tuvo ningun problema en hacer caso omiso de los acuerdos, que en su día habían firmado el Gobierno enterior y los Sindicatos y está tratando de acortar se forma brutal las ayudas al sector del carbón y acelerar artificial y gravemente el cierre de las explotaciones mineras.

Mirar hacia atrás con ira

Cuando se analizan los derroteros por los que ha discurrido la suerte de la minería del carbón y de los trabajadores de este sector, no es posible otra cosa que mirar hacia atrás con ira. La contribución, por ejemplo, de Asturias a la industrialización española a través especialmente de la industria minera queda patente en obras como “El movimiento obrero en Asturias” (1968), de David Ruiz, “Historia de la minería asturiana”(1978), “La burguesía industrial asturiana”(1980), de Francisco Erice, o  “Asturias en la industrialización española” (1985), de Germán Ojeda.

Si el Gobierno mantiene su recorte a las ayudas al carbón, se puede llegar al cierre inmediato de la mayoría de las minas. ©Alba Pedregal

A través de todas estas aportaciones historiográficas, especialmente clarificadoras de lo que Jordi Nadal calificó de “El fracaso de la industrialización española”, se constata cómo la explotación de los yacimientos carboníferos, iniciada en el siglo XIX, aportó una gran riqueza al conjunto del país y a Asturias y, de manera muy particular, y ante la ausencia de una potente burquesía asturiana, a los empresarios, fundamentalmente, de otras regiones españolas y de otros países. En el período prácticamente de cien años, de mediados del siglo XIX a la mitad del siglo XX, sobre todo, la extracción del carbón permitió una importante acumulación de capital a la burguesía que explotó los yacimientos de Asturias, León, Palencia y Aragón. Y los principales hitos de ese proceso se registraron durante la primera guerra mundial, la dictadura de Primo de Rivera y los años de la autarquía, cuando  la producción carbonífera alcanzó puntas altísimas y produjo beneficios elevados.

Sin embargo, Asturias y otras regiones con minas de carbón pagaron con un alto precio la generación de aquellla riqueza. La otra cara de la moneda, la constituyó el grave deterioro de sus montañas y valles, la transformación en sucias y negras de las cristalinas aguas de algunos de sus ríos más emblemáticos, como los asturianos Caudal y Nalón, en cuya desembocadura, uno de los paisajes asturianos de mayor belleza, los abundantes salmones de otras épocas fueron sustituidos por el carbón que caía al río desde los lavaderos. Durante muchos años, y de manera especial tras la guerra civil, aquel carbón fue recogido en las riberas de la ría por mujeres de trabajadores de la zona que, vendiéndolo después, añadían algunos pocos ingresos más a sus escasos jornales. Junto a todo esto, la burguesía que amasó fortunas con el carbón y los Gobiernos que la protegieron, construyeron sórdidos poblados mineros levantados en comarcas que se convirtieron en auténticos “ghettos”, sometidas a una permanente degradación urbanística, social y medioambiental que los sucesivos Gobiernos no han querido resolver en profundidad.

Carbón y capitales, teñidos de sangre

Pero, además, aquella riqueza se basó también en la muerte de un gran número de  trabajadores. Durante muchos años, las explosiones terribles provocadas por el grisú, los continuos derrabes o desprendimientos de las paredes de las galerías, las inundaciones, los incendios y las difusiones de gases, así como los accidentes con vagonetas y otras maquinarias con las que se opera en el interior de las minas tiñeron de luto los pueblos mineros. Y las escenas de las esposas de los trabajadores esperando la subida de las “jaulas” con los cadáveres de sus maridos destrozados se repitieron demasiadas veces en todas las poblaciones próximas a las explotaciones mineras.Baste decir que en el período que discurre entre 1967 y 2006 las muertes producidas en las minas de HUNOSA se acercaron a la escalofriante cifra de 500.

Pero, además, las minas no sólo produjeron la muerte de mineros en accidentes originados en sus interminables y lóbregos kilómetros de galerías. Al mismo tiempo, enfermedades respiratorias, con la silicosis a la cabeza de todas ellas, fueron minando, en plena juventud, la salud de cientos de mineros. Desde hace tiempo, está prohibido el trabajo infantil en las minas españolas. Pero todavía hoy, los mineros siguen vendiendo hoy su fuerza de trabajo desde muy jóvenes, y, a pesar de los avances registrados en seguridad e higiene en el trabajo,  la inhalación del  polvo de la mina les origina silicosis y otras enfermedades que, hasta fechas bien recientes,  ocasionaron una muerte rápida a un elevado número de trabajadores.

En el Libro I de “El Capital”, Carlos Marx señala que “el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza”. De la misma manera que  sucede con algunas piedras preciosas, también el carbón, y con él, el capital acumulado con él,  está teñido de sangre. Cada tonelada de carbón extraido en las minas de Asturias, León, Palencia y Aragón, llegó a las fábricas, a las centrales generadoras de electricidad, a los hogares españoles, subiendo desde el interior de las minas gracias a la sangre, el dolor, la rabia y la desesperación de trabajadores abocados a lograr “la conquista del pan”, a la que se refería Piotr Kropotkin, a cientos de metros de la superficie  en galerías mal aireadas y con elevadas tasas de humedad.

Pasar por alto la trágica historia de la minería asturiana y de otras regiones españolas o despreciarla porque se ignora – una práctica permanente del pensamiento reaccionario – es una auténtica felonía de quienes lo hacen. Y, de manera muy particular, de la derecha española, hoy encaramada en las riendas del poder político gracias al descalabro de la socialdemocracia y sus políticas neoliberales. La derecha conoce a la perfección lo que sucede en las minas de carbón. Desde siempre ha sacado siempre buen provecho de lo que, en el siglo XVIII, Jovellanos y otros ilustrados denominaban “carbón de piedra”. Porque, en la historia de la minería, la burguesía puso los capitales y obtuvo pingües beneficios; pero los mineros pusieron su fuerza de trabajo y sus muertos…Una contribución desigual que merece la pena no olvidar.

Un industria fuertemente protegida

Desde sus inicios, el carbón español estuvo fuertemente protegido a través de distintas medidas. De una parte, por elevados  aranceles, como el establecido en 1891, para frenar la importación del carbón producido por otros países. De manera muy particular, para evitar la entrada del carbón inglés, su principal competidor. De otra parte, por la obligatoriedad de su compra por parte del sector eléctrico y de la armada, como combustible para su flota. Todo ello creó una industria extractiva casi “de invernadero” y generó un largo período de esplendor y  bonanza económica para los empresarios del sector, que se desarrolló durante todo el siglo XIX y mediados del siglo XX.

Desde Madrid se ha seguido la marcha con mucho interés. ©Alba Pedregal

Sin embargo, aquellos capitales no fueron destinados en su mayor parte a la modernización de las explotaciones y a la mejora de las condiciones de seguridad de las minas sino que se desviaron hacia otros sectores de mayor rentabilidad para ellos. De manera especial, fluyeron hacia el sector financiero, de modo que los empresarios principales de las minas se convirtieron en poseedores de grandes paquetes accionariales de la Banca y pasaron a sentarse en sus flamantes consejos de administración. Basta repasar los listados reproducidos en la obra “La oligarquía financiera”, de Ramón Tamames, y en   “El poder de la banca en España”, del fallecido Juan Muñoz, para comprobar la transformación de los antiguos empresarios mineros en parte de la oligarquía que ha manejado desde tiempo atrás la economía española.

No obstante, la apertura al exterior de nuestra economía, impuesta por el Plan de Estabilización de 1959, y la progresiva desaparición de los anclajes proteccionistas, modificaron sensiblemente en la década de los sesenta de la pasada centuria el escenario del sector del carbón. Y, en esos años, emergió a un primer plano todo el cúmulo de factores estructurales, obviados hasta ese momento, y ocultados en gran medida por las medidas proteccionistas. Y así, por ejemplo, en el caso de la región asturiana, donde se concentra todavía el grueso de las explotaciones mineras, afloró ante la opinión pública una realidad complicada que podía poner en cuestión la misma pervivencia del sector: el carbón de la mayor parte de las minas no podía ser competitivo, por todo un conjunto de razones de naturaleza geológica, técnica y económica.

Lo impedían la misma configuración de las vetas, muy estrechas, no siempre horizontales y que, además, aparecen fracturadas; el escaso poder calorífico de gran parte del carbón extraido, es decir, su baja calidad, con 4.500 termias/tonelada frente a las 6.000 del estándar mundial; y, como consecuencia precisamente del tipo de vetas, la difícil mecanización de los pozos y el elevado coste de las operaciones de extracción. A todo ello se agrega como un dato capital la falta de inversiones realizadas por sus propietarios, tanto para la misma mecanización de las operaciones como para asegurar la seguridad e higiene en el trabajo de los mineros. Nadie ignoraba ninguno de estos datos. Desde los empresarios que, enriqueciéndose, se desprendieron “patrióticamente” de sus antiguas minas y las endosaron al INI, para “salvar el empleo”, a los sucesivos Gobiernos de la dictadura.

La creación de HUNOSA o la “socialización de pérdidas”

Resulta sumamente ilustrativo por ello recordar hoy los orígenes de la empresa minera más importante de todo el país, HUNOSA. Su constitución se remonta a julio de 1967, cuando se integró en el Instituto Nacional de Industria (INI), antecedente de la actual SEPI, a las cuatro principales compañías mineras asturianas – Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, Fábrica de Mieres, S. A., Industrial Asturiana Santa Bárbara, S. A. y Hullera Española, S. A.. Todas ellas habían sido creadas en el siglo XIX y en el momento de su venta al Estado no posible extraer de sus pozos una sola tonelada de carbón con un mínimo de rentabilidad.

La integración de empresas privadas en pérdidas en HUNOSA continuó hasta 1970.En ese año, la minería de la hulla asturiana tenía una plantilla total de 31.281 trabajadores, de los cuales 26.700 pertenecían a HUNOSA, que produjeron 4.092 miles de toneladas de una producción conjunta de 5.260 miles de toneladas. Pero, las pérdidas acumuladas  superaban ya la cifra de su capital social. Y lo que en un principio iba a ser una empresa mixta, con una mayoría de un 76,97% de capital en manos del INI, terminó siendo totalmente estatal. El INI se convirtió entonces en una suerte de “hospital de empresas” en quiebra. Y el Estado y los contribuyentes pagaron a precio de oro a sus antiguos propietarios instalaciones que, dada su obsolescencia, podrían haber sido destinadas sin problema alguno a su “achatarramiento”.

Un negocio redondo para los empresarios privados que con tanta facilidad se desprendieron de sus minas y ruinoso para los contribuyentes. El Estado, a través del “holding” público creado en por la dictadura en 1941, en plena autarquía, se hizo cargo de instalaciones obsoletas y del elevado pasivo de las compañías privadas que se integraron en la nueva empresa pública.Eran los tiempos de la dictadura franquista. Pero en 1980, en los primeros años ya de esta “democracia imperfecta”, los manejos de la derecha permitieron integrar en el INI a un nueva empresa, “Minas de Figaredo”, perteneciente a la familia materna de Rodrigo Rato, y puesta en marcha a finales del siglo XIX por su bisabuelo, un avispado minero de nombre Inocencio Fernández antes de hacerse con un cierto capital y sustituir su apellido “Fernández” por Figaredo, el topónimo del lugar donde había nacido… Entonces, se justificó su compra por el INI en que Minas de Figaredo extraía el mejor carbón para uso de las siderurgícas. Tenía una plantilla de 1.400 trabajadores y unos pasivos de 700 millones de pesetas de la época. De esta manera, y desde su misma creación, HUNOSA estuvo condenada a las pérdidas. Nunca pudo llegar a ser rentable. Una vez más, el Estado se hacía cargo de una auténtica “socialización de las pérdidas”.

Desde entonces, los ideólogos de la derecha española han venido  utilizando la existencia de HUNOSA, convertida a la fuerza en empresa estatal, como ejemplo paradigmático de la supuesta imposibilidad del sector público para ser gestionado con rentabilidad y eficiencia económica. Un excelente ejercicio de cinismo ideológico que, sin solución de continuidad, se ha venido propalando desde los medios de comunicación que sustenta el capitalismo español.

Fecha de caducidad de la minería española

Prácticamente, desde 1984, tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho, las minas españolas de carbón tuvieron fecha de caducidad, aunque, para evitar un colapso fulminante de las comarcas mineras la UE había establecido un conjunto de medidas que combinaron una especie de palo y zanahoria. En primer lugar, progresivas reducciones de la capacidad de producción – léase cierre de explotaciones – y de las plantillas de cada explotación; en segundo lugar, fundamentalmente, una panoplia de elevadas subvenciones y ayudas para que las empresas, tras aplicar a rajatable el primero de estos puntos, pudieran cubrir la falta de rentabilidad de la extracción.

Cayo Lara acompañando un trecho a los mineros durante la marcha a Madrid. ©Izquierda Unida

En el marco de las políticas neoliberales a ultranza aplicadas desde Bruselas, esta política a dos bandas encontraba su apoyatura en dos principios ampliamente aceptados por los socios europeos: de un lado, el de autonomía energética que, frente a la fuerte dependencia de la UE de los hidrocarburos y sus derivados producidos en otras áreas, permitió el apoyo a la minería con ayudas a un 15% de energía autóctona; de otro, el de  no causar graves impactos sociales negativos en comarcas cuya fuente de ingresos fundamental es la industria extractiva del carbón. Curiosamente, con arreglo a este sistema de ayudas al carbón, España pudo mantener abiertas sus minas al lado, únicamente, de otro país de la UE, la todopoderosa Alemania…

La reducción del empleo y de  la capacidad de producción comenzó ya a finales de la década de los ochenta, bajo el Gobierno de Felipe González.En aquel entonces, se pusieron en marcha las primeras medidas de reestructuración del sector minero del carbón, mediante unos planes que contemplaban la contrapartida de un nuevo sistema de contratación de las empresas mineras con las compañías eléctricas. Sin embargo, desde aquel momento, los burócratas de la Unión Europea no cesaron en su política restrictiva de las ayudas a las empresas mineras en dificultades.

Aceptando las exigencias comunitarias, el Gobierno de Felipe González aprobó en 1990, el primer Plan de Reordenación, cuya vigencia se prolongó hasta 1994, y en el que se establecieron reducciones del 28 y 37% del número de trabajadores y de pozos mineros, reducciones ambas que se compensaron con ayudas que ascendieron a 4.689 millones de euros. Entre 1994 y 1997 se aplicó el llamado Plan de Reducción de Actividad de la Industria del Carbón Española, dotado con ayudas por valor de 4.275 millones de euros, con fondos destinados a apotar el funcionamiento de las explotaciones que mejorase su productividad y a impulsar actividades empresariales alternativas a la minería del carbón en aquellas zonas donde se hubiera producido la reducción de la capacidad de producción y de empleo.

A su vez, el Gobierno de Aznar aprobó el Plan para la Minería del Carbón que se aplicó entre 1998 y 2005, con subvenciones de 9.246 millones de euros dirigidas a mitigar las consecuencias del cierre de nuevos pozos, mediante prejubilaciones y otras ayudas a los habitantes de las comarcas mineras, a los que se concedió un sistema de becas para estudios especialmente diseñado para ellos.Y, en la actualidad, se encontraba vigente el denominado Plan de Reserva Estratégica del Carbón, de aplicación en  el período 2006 a 2012 y que contemplaba un abanico de ayudas directas e indirectas a la industria del carbón.

Fuertes reducciones del empleo

Lo cierto es que, desde los años ochenta del pasado siglo, el sector minero fue reduciendo imparablemente el empleo, en un proceso continuado de amortización de los puestos de trabajo. Por ejemplo, la reducción de empleo en HUNOSA terminó afectando al 94% de su plantilla. La empresa pública pasó de los 35.000 trabajadores que inicialmente integraban su plantilla a los 1.800 que forman su plantilla en la actualidad. Y, en su conjunto, el sector del carbón entró en una senda de progresiva liquidación que se tradujo también en una fuerte reducción de sus plantillas. En 1990, operaban en el sector 238 empresas, todavía trabajaban en ellas 45.000 personas y la producción total ascendía a casi 20.000 millones de toneladas. Hoy en día, el número de compañías se reduce a 47, la plantilla total se sitúa en 8.284 y la producción no supera los 12 millones de toneladas. En todo este período, la reducción del empleo afectó a un  81,6% de las plantillas. Pero, en términos de empleos indirectos los diversos planes supusieron la pérdida de un total de 110.000 y 180.000 puestos de trabajo.

En diciembre de 2010, la Comisión Europea decretó el cierre de todas las minas de carbón que no fueran rentables en 2018. En el caso de España, la medida suponía que EL 31 de diciembre de 2018 no quedaría una sola mina en pie. Pero, de alguna manera, se trataba de que esa crónica de la muerte anunciada de la minería del carbón se fuera realizando gradualmente, para evitar un schock traumático a todo el sector y, sobre todo, la paralización económica y social de las comarcas donde se encuentran enclavados los pozos mineros. Tal como estaba previsto, las ayudas debían reducirse en un 25% en 2013, al 40% en 2015, al 60% en 2016 y al 75% en 2017 para suprimirlas por completo en 2018.

En el mes de agosto de 2011, el presidente Rodríguez Zapatero había remitido a Bruselas un plan en el que establecía un recorte de un 10% de las ayudas. Las protestas de los sindicatos mineros y de los propios empresarios del sector no le hicieron temblar la mano al socialdemócrata  inquilino de La Moncloa. Unos meses antes, en el mes de mayo,  había iniciado su senda de medidas neoliberales, poniendo en marcha los primeros recortes, una decisión que le condujo ya en aquellos tiempos a cavar su propia tumba electoral. Y poco después, se confabulaba con el PP para reformar la Constitución de 1978, introduciendo en su artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria; una reforma exprés, realizada de matute,  que contrastaba ostensiblemente con la férrea posición de los dos partidos que la llevaron a cabo, PSOE y PP, formando un peculiar tamden en lo que se denominó “el fundamentalismo democrático”, opuesto a cualquier reforma del texto constitucional en cuestiones de tinte andidemocrático como la vigente ley electoral.

En sus años de oposición al Gobierno del PSOE, la derecha española y su partido, el PP,  había enarbolado pública y abiertamente la bandera del mantenimiento “sine die” de las minas de carbón. Durante los Gobiernos socialistas presididos por Felipe González y Rodríguez Zapatero, el PP prácticó una política demagógica acusándoles de practicar políticas liquidacionistas del sector minero y ofreciéndose como alternativa que, en el momento que accediese al Gobierno, mantendría sin problema alguno la continuidad de las explotaciones y los puestos de trabajo de cada uno de los pozos.

En estos momentos y amparándose en su lema de que la política de austeridad tiene que afectar a todos los sectores – “hay poco margen de maniobra”, asegura con semblante grave el ministro Soria – , hace todo lo contrario de lo que afirmó durante años. Ya en su primera etapa de Gobierno, de 1996 a 2004, el ejecutivo del PP había reducido la capacidad de producción del sector y el empleo de forma que, tanto en un caso como en el otro, superaba todo lo que había pactado con los sindicatos. Ahora, en esta su segunda etapa en La Moncloa, el PP se desdice por completo de sus compromisos y sus declaraciones altisonantes para la galería y pretende acelerar el proceso de cierre previsto para 2018.

El panorama para los trabajadores de las minas españolas no puede ser más sombrío. ©Alba Pedregal

Mariano Rajoy y su ministro de Industria, José Manuel Soria, pretenden hacer creer a la opinión pública que están cumpliendo “literalmente” el plan enviado por Zapatero a la Comisión Europea. Pero, como en tantas otras cuestiones, el Gobierno del PP utiliza la mentira como método y aplica el palo y tente tieso, envalentonado frente a una sociedad a la que, a la vez, que reduce sus derechos sociales y económicos, ha ido asustando con el fantasma del miedo. Así, la tijera del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, introdujo en los Presupuestos Generales del Estado para 2012  un recorte de las ayudas directas a la minería de 193 millones, que pasaron de situarse de 301 millones a 111 millones de euros.

De esta manera, la reducción de las ayudas al sector minero que Zapatero había fijado en un 10% Rajoy las sitúa en nada menos que en un 63%. La traducción exacta de tal tijeretazo supone acabar de un plumazo con la gradualidad previamente pactada para el cierre de las minas de carbón. Convertido en dócil ejecutor del  modelo neoliberal impuesto desde Bruselas, el Gobierno de Rajoy adelanta en seis años la desaparición efectiva de la minería del carbón en España. No exento de razón, el dirigente de SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa exigía públicamente al ministro de Industria, José Manuel Soria, que el Gobierno pusiera en cuestión las ayudas que recibe el sector platanero canario en lugar del sector del carbón…

El panorama para los trabajadores de las minas españolas no puede ser más sombrío. Con este nuevo incumplimiento del Gobierno de la derecha, se puede llegar al cierre inmediato de la mayoría de la producción minera, con el consiguiente incremento del paro y la ampliación de las zonas de pobreza en las comarcas de Asturias, León y Aragón donde se mantienen en funcionamiento pozos mineros. Todas ellas están ancladas en el monocultivo del carbón sin que resulte previsible, ni a corto ni a medio plazo, una transformación y diversificación del tejido industrial de estas comarcas. Hasta ahora, no hay ningún plan alternativo que sustituya el trabajo en la minería, uno de los sectores, maduros y en crisis, que durante más tiempo concentró en mayor medida mano de obra intensiva. Y mientras,  Rajoy y su equipo destinan cantidades cada vez más desorbitadas a sanear un sector financiero cuyas prácticas opacas y verdaderamente fraudulentas, situadas al margen de todo control por los organismos supervisores, son el origen de gran parte de la grave situación económica de nuestro país. Contra esa provocación de la derecha en el poder se rebelan los mineros españoles.

publicado en “crónica popular”

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización

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