Una asignatura pendiente en España: ¿Para cuándo una Ley de Transparencia?

21 enero 2011 | Categorías: Nacional
Equo, organización que dirige Juan López de Uralde, reivindica la importancia de la transparencia de la Administración y exige que se apruebe con urgencia una ley que la garantice. ¿Cuándo terminan las concesiones de las Centrales Hidroeléctricas, cuándo las concesiones de Autopistas, cuándo las Centrales Nucleares? Tiene que hacerse la luz. Tenemos un Estado más cercano a una dictadura que a una DEMOCRACIA.

nuevatribuna.es

Tras las informaciones aparecidas que aseguran que la llamada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no va a ser aprobada en esta legislatura, Equo reclama que se cumplan los compromisos adquiridos y que se dé a esta norma la importancia que merece.

Para Equo el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los poderes públicos es un asunto “prioritario” que debe ser legislado sin más dilaciones. Y un ejemplo de ello es que España es de los pocos países de la UE que no tiene una norma al respecto.

“En un sistema democrático éste es un derecho básico, que debería ser fomentado desde la propia Administración, y no ser torpedeado por ella. Vivimos en un momento en el que hay un gran desapego entre la ciudadanía y los poderes públicos y la dificultad que existe ahora mismo para acceder a determinada información, además de ser intolerable, no ayuda a solucionar ese problema, Defendemos una Administración transparente de verdad y esta ley es básica para empezar a trabajar en ese sentido” ha afirmado Juan López de Uralde, director de Equo.

Además, Equo ha criticado, no sólo la demora en la aprobación de la ley, sino el contenido del borrador de la misma.

“Para empezar no deja de ser sintomático que el borrador de una ley que busca la transparencia se haya conocido por una filtración, pero es que además el borrador conocido presenta carencias importantes” ha afirmado Uralde quien ha añadido que “Equo apoya los nueve principios que plantea la coalición Pro Acceso”.

Unos principios que reclaman entre otros asuntos que este derecho de acceso “se aplique a todas las entidades públicas, que sea rápido, sencillo y gratuito, que el secreto y la denegación de información sea la excepción y no al contrario y que sea garantizado por un órgano independiente”.

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