Bruselas tranquiliza al Gobierno de Rajoy: seguirá impulsando acuerdos comerciales con blindaje a las multinacionales

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ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

La Comisión Europea empieza el nuevo año político con algunas novedades, pero con la intención de mantener los mecanismos que blindan a las multinacionalesen el marco de los acuerdos comerciales. Así se desprende de la carta enviada por la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a la responsable de la Secretaría de Comercio española -dependiente del Ministerio de Economía-, Marisa Poncela, publicada en la web del Ejecutivo comunitario.

En la misiva, Malmström afirma que el objetivo de Bruselas es “asegurar un terreno de juego en igualdad de condiciones/equilibrado” para los inversores, e incide en que la protección de las corporaciones seguirá siendo “uno de los objetivos más importantes de la agenda de comercio de la UE”.

La carta, fechada el 9 de enero de este año, responde a la misiva enviada por Poncela el pasado 4 de diciembre, en la que la titular de Comercio expresaba su preocupación por la separación de los acuerdos de protección de inversores y los nuevos tratados comerciales, anunciada por Bruselas a finales de año -después de dar varias pistas al respecto-.

Así, y aunque da validez al argumento de Poncela de que ciertas negociaciones pueden perder “tracción” con esta nueva “arquitectura”, Malmström afirma que servirá para asentar los acuerdos de libre comercio “sobre unas bases más estables”, e incide en que lo fundamental es que se sigan persiguiendo objetivos “de forma colectiva”. “Confío en que España seguirá sirviendo de apoyo”, reza el texto.

De paso, y tras las dificultades para tramitar el acuerdo comercial UE-Canadá (CETA) por el rechazo del parlamento regional belga de Valonia -y de sectores de la sociedad civil y fuerzas políticas-, la comisaria de Comercio apostilla que, para mantener el liderazgo de la UE en esta materia, hay que ratificar e implementar los acuerdos de forma “legítima y eficiente”.

Con el TTIP en vía muerta, el CETA en vigor de forma parcial, y en proceso de ratificación en los estados miembros -España ya le ha dado su visto bueno-, la Comisión Europea afronta el año con la vista puesta en el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC, por sus siglas en inglés), la instancia arbitral que plantea crear -aparece en la carta de Malmström-, y a la que espera derivar el grueso de casos de arbitraje de inversiones. A estas instancias sólo pueden acceder las grandes empresas, y al recurrir a ellas logran esquivar la vía de los tribunales nacionales.

Desde su llegada a Comercio en 2014, y especialmente en los últimos meses, Malmström ha apostado por dar la batalla comunicativa, peleando contra la imagen de opacidad que la Comisión se ha ganado a pulso con cada trámite de estos tratados, que ella no ingenió pero que sí ha tenido que gestionar.

También es la principal responsable del ICS, una mejora -para algunos, meramente cosmética- del sistema tradicional de protección de inversores, ISDS, que, sin embargo, no corrige muchos de los errores de este mecanismo.

Soltar lastre para ratificar tratados más rápido

Por otro lado, desde la Campaña Estatal no al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 organizaciones contrarias a estos tratados, alertan de que la separación en dos de los acuerdos comerciales sólo obedece al intento de Bruselas por soltar lastre, para ratificar más rápido estos tratados.

Así, la mayor parte de sus disposiciones serían encuadrables en el marco de las competencias exclusivas de la UE, por lo que estos tratados sólo requerirían del visto bueno del Consejo Europeo y del Europarlamento. Por su parte, los acuerdos de protección de inversiones sí pasarían por los parlamentos nacionales -y por algunas cámaras regionales-.

El afloramiento del CETA ha puesto de relieve el rechazo que generan este tipo de instancias arbitrales, que, en palabras del portavoz de la Campaña, Tom Kucharz otorgan “amplios privilegios a los inversores transnacionales”. “Constituyen una de las grandes injusticias del derecho internacional y de la globalización neoliberal”, denuncia Kucharz, que en varias ocasiones ha alertado de sus peligros.

“El ISDS permite atacar políticas públicas vitales y decisiones democráticas” -continúa- , “provoca un enfriamiento legislativo y permite que tribunales arbitrales -con abogados con conflictos de intereses y que sólo buscan beneficios económicos- juzguen la legalidad u oportunidad de las decisiones administrativas, parlamentarias o judiciales”, zanja.

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