El giro social de la UE: un pilar con los fundamentos muy débiles

28 noviembre 2017 | Categorías: Opinión, Unión Europea

infolibre
Ángel Munárriz

Jean-Claude Juncker, consciente del creciente descrédito del proyecto europeo y del escaso nivel de popularidad de las primeras autoridades comunitarias, intenta en ocasiones teñir sus intervenciones de un cierto tono épico y trascendente. Su pretensión, que no se esfuerza en disimular, es la de quitarle a la rutina institucional de la Unión ese aire ceñudo y burocrático que trasladan las frías comparecencias desde Bruselas. Hay elecciones en 2019 y es objetivo prioritario que suba la participación, que en 2014 apenas superó el 43%. El presidente de la Comisión Europea, que aspira a consolidar un perfil político de alto nivel reconocible en los países miembros de la UE, entra en los temas polémicos con frases redondas y busca titulares. Europa no está sólo para reconvenir, ordenar, vigilar y multar a quien se sale del carril de la consolidación fiscal: hacía ese mensaje apunta cada vez con más frecuencia Juncker. Europa tiene que ser algo más, algo que una, que vincule, insiste. Un proyecto compartido. El pasado 17 de noviembre se le planteaba un día perfecto para incidir en ese discurso. Tenía que ser un día grande. 

 Quizás al lector le pasara desapercibido, pero según Juncker aquel viernes era una fecha que quedará subrayada en rojo en los libros de Historia. “Éste es un momento histórico para Europa”,proclamaba desde Gotemburgo, la segunda ciudad de Suecia, máximo estandarte del llamado “modelo social europeo”, hoy una lejana aspiración del club. “Nuestra Unión siempre ha girado en torno a un proyecto social. No es sólo un mercado único, ni es sólo dinero, ni es sólo el euro. Se trata de nuestros valores y de cómo queremos vivir”, añadía. ¿A qué venía tanta emoción discursiva? Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países de la Unión Europea –con la significativa ausencia de Angela Merkel, afanada en formar gobierno– acababan de refrendar el nacimiento del llamado “pilar social europeo”. Se suponía que Europa estaba dando un giro social, reajustando sus prioridades. Se suponía que empezaba un regreso a la vocación integradora de la Unión, postergada por los hachazos de la crisis económica y los rigores de la austeridad. En realidad, leída la letra pequeña de los documentos rectores del “pilar social” y analizado su alcance en el contexto de la arquitectura europea, no es para tanto.

“La proclamación del pilar social es una buena noticia, pero tiene un problema. No es vinculante. Nace para lavar la mala imagen de la Unión Europea por su falta de respuesta a las inseguridades y necesidades de protección [de la población]. Pero los fundamentos del plan son muy débiles”, señala Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona.

Contra el euroescepticismo

El pilar social es una idea que ha ido ganando peso en los despachos de la UE conforme quedaba acreditado el crecimiento del euroescepticismo y la ultraderecha en Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda o Austria. El Brexit –también la victoria de Donald Trump al otro lado del charco– fue el toque de corneta definitivo. La tesis es sencilla: la UE necesita un impulso social no sólo para consolidar un proyecto político estable, duradero e integrador, sino para frenar lo que en retórica bruselense se conoce como el “auge de los populismos”, una categoría en la que además de los eurófobos de extrema derecha se incluye también a veces de rondón –sobre todo desde ámbitos conservadores– a partidos como Syriza y Podemos, muy críticos con el rumbo del proyecto comunitario.

Tras más de un año y medio de prolegómenos e hitos preparatorios, el pilar social empezó a tomar forma en abril. Por un lado, se convirtió en una “recomendación” de la Comisión, y por otro lado en una “propuesta de proclamación conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión”. Esa “proclamación” conjunta fue la declaración de Gotemburgo del pasado 17 de noviembre, apoyada también con pompa y circunstancia por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28. El documento suscrito contiene veinte principios. “Toda persona tiene derecho a una educación”, dice. Está la igualdad de sexos, la igualdad de oportunidades, el derecho a la sanidad, la inclusión de los discapacitados, el apoyo a los cuidadores, el derecho a techo, la garantía de servicios esenciales, las pensiones, el apoyo activo para el empleo… “Las personas desempleadas tienen derecho a recibir una ayuda personalizada”, señala. La declaración dedica un capítulo a “condiciones de trabajo justas”. “Los trabajadores tienen derecho a salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno”, establece el sexto principio. Habla de “diálogo social”, de “participación de los trabajadores” en la vida económica, de conciliación, de asistencia y apoyo a los niños. “Los desempleados tienen derecho a ayudas adecuadas [...] para (re)integrarse en el mercado laboral”, señala el principio 13. El siguiente establece el “derecho” a una “renta mínima” que “garantice una vida digna”.
UN MOMENTO “SIMBÓLICO”

Pero es un “derecho” sólo sobre el papel. La efectividad del texto queda gravemente lastrada por su falta de vinculación efectiva. No tiene fuerza legal. ¿Y política? Está por ver. Su proclamación fue “un momento simbólico muy importante para la Europa social”, señala la Comisión a preguntas de infoLibre. En ningún momento la Comisión oculta o disimula el carácter declarativo, de propuesta política. “Los principios y derechos no son directamente exigibles [a los Estados]“, sino que “requieren medidas especiales o legislación para ser adoptados”. La decisión sigue residiendo en los gobiernos y parlamentos nacionales. En el caso de España, en Moncloa y el Congreso. ¿Serían por ejemplo tenidos en cuenta los principios de la declaración en una hipotética reforma de la Constitución española? Dependería de los partidos españoles. De Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Albert Rivera… Nada los vincula a Gotemburgo.

“Los principios del pilar social son complementos de una cierta lógica redistributiva, positivos. Pero es todo más retórico que real. Es mejor que nada, claro. Es un ‘¡nos hemos dado cuenta!’ de Europa. Pero, para hacerlo real, habría que hacer algo antes: aumentar la legitimidad y la representatividad de las instituciones europeas”, señala Subirats, que ve problemas políticos de difícil solución para la “integración social” a la que apunta el nuevo pilar. “El sistema sanitario inglés no será nunca aceptado por Alemania, ni viceversa”. A juicio de Subirats, es tal la endeblez de los compromisos que le resultan incluso políticamente más “potentes” iniciativas aisladas como la del Ayuntamiento de Barcelona de negarse a gestionar en sus servicios de mediación de empleo ofertas de menos de 1.000 euros. La diferencia es que en el caso barcelonés sí hay una administración que, en el ámbito de sus competencias, actúa con base a un compromiso formalizado.

El temor de quienes suspiran por una salida del carril de la austeridad es que todo quede en palabras, como aquella “refundación del capitalismo” anunciada a bombo y platillo tras la caída de Lehman Brothers, el arranque de la gran recesión y el escándalo social provocado por el desvelamiento de las prácticas de las finanzas de casino. El pilar social hay que verlo como “un complemento”, señala el politólogo Pol Morillas, investigador Principal para Europa en el Barcelona Centre for International Affairs. “La capacidad de acción de la UE en materia social es limitada. Estas competencias, como sanidad, educación o servicios sociales, están en su mayoría en manos de los Estados”, señala Morillas. Al politólogo le parece un “gesto” interesante a nivel político tras un ciclo marcado por la “consolidación fiscal y la austeridad”, las devaluaciones internas, la búsqueda de la competitividad vía bajada de salarios. Pero, ¿es compatible esta orientación con la vigencia de la directriz de la austeridad? Difícilmente. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, el conocido como “pacto fiscal europeo”, consagración oficial de la austeridad económica, está vigente desde 2012 y sí que es vinculante. A su lado, al lado del Tratado de Lisboa, el pilar social es realmente pequeño. Su base está resquebrajada.
DESEQUILIBRIO EN FAVOR DE LA AUSTERIDAD

“La dinámica general sigue siendo la misma. Las regulaciones financieras y monetarias son muy exigentes, vienen marcadas por los tratados y son de obligado cumplimiento. El pilar social es una iniciativa de complemento. Hay un desequilibrio”, señala Morillas, que duda de la incidencia de la declaración aprobada en fenómenos sociopolíticos tan arraigados como el convencimiento en los países del norte –también en la izquierda– de que el sur debe pagar la crisis con severos ajustes sociales. Tanto Subirats como Morillas son muy escépticos además sobre la capacidad de estas medidas para dar respuesta al llamado fenómeno “populista”. “Los que tienen las herramientas para ello son los Estados miembros. No se puede pensar que con estas medidas se vayan a atacar las causas del populismo”, explica Morillas. “Los populismos se benefician de la sensación de falta de protección. A veces se concretan en sentimientos de masas contra élites, o en sentimientos xenófobos. Evidentemente, si aumenta la protección, se está atacando el fenómeno. Pero la repuesta [a través del pilar social] es muy corta”, señala Subirats.

El social sería el cuarto pilar europeo, si entramos en el discurso de Juncker. El primero sería el político-económico: mercado común competencia, agricultura y pesca… El cogollo de la Unión, que con sus problemas y dudas existenciales sigue siendo un proyecto compartido de democracia, derecho, libertad, seguridad y cobertura social con escaso o nulo parangón en el mundo. Su segundo pilar es la política exterior y de seguridad. El tercero, el de cooperación policial y judicial. Hasta ahora el que más difícilmente avanza es el social. Por ejemplo, España acaba de adherirse a la Pesco, siglas en inglés de un nuevo organismo integrado de defensa militar que en España se ha dado en llamar Cooperación Permanente Estructurada en Defensa, del que forman parte 20 países. Los acuerdos son más sencillos siempre que no está por medio la palabra “social”. Una de las causas es que los Gobiernos se resisten a ceder competencias u homologar patrones en esta materia. “Los políticos hacen su campaña en buena medida con estas herramientas”, señala Pol Morillas. Es lo que quieren los gobernantes nacionales, apuntarse el tanto social. Y que las imposiciones y severidades sean cosa de Europa. Ésa es la ecuación que pretende romper Juan-Claude Juncker.

Aquí se produce una contradicción: las izquierdas soberanistas protestan por el alcance limitado del “pilar social”, pero son las mismas que recelan de cualquier competencia cedida a Bruselas. “A Juncker le gustaría tener más competencias, es evidente. Quiere que la Unión Europea deje de ser sólo vista como la que impone en lo económico, mientras que los Estados se ponen todas las medallas sociales”, señala el sociólogo Álvaro Couceiro, consultor sobre asuntos políticos europeos en Atrevia. Couceiro admite que los tratados vigentes limitan la “codecisión sobre temas sociales”, lo cual hace que la declaración de Gotemburgo tenga un carácter eminentemente “simbólico”. Pero no le quita importancia al compromiso lanzado. “No es vinculante, pero no es papel mojado. Te está diciendo por dónde va a ir el rumbo. Va más allá de una mera declaración de intenciones”, señala.
UN CAMBIO DE RELATO

La Unión Europea quiere cambiar su relato. De la narrativa de la austeridad y los “tiempos difíciles” pretende pasar a un enfoque más comprensivo. De la agenda liberal-conservadora, a la socioliberal. Del eufemismo de las “reformas estructurales”, a la promesa de la “ampliación de derechos”. Del mensaje implícito de que los supuestos excesos del Estado del bienestar contribuyeron a la crisis, a la idea de que el futuro de Europa pasa por una oferta política de bienestar para la mayoría. Es la reacción a una multiplicación de alertas. No es sólo el famoso “auge del populismo”. Es que uno de cada ocho trabajadores es pobre, según la propia Comisión Europea. La austeridad no ha servido para combatir, sino al contrario, las desigualdades entre países y en el interior de éstos. El furor europeísta de la segunda mitad del siglo XX no se ha contagiado a los jóvenes europeos de hoy.

La Comisión Europea es consciente de la necesidad de respuesta. Superada la fase más aguda de la crisis, con ocho millones de puestos de trabajo creados en los últimos tres años y un crecimiento previsto para 2017 del 1,9%, quedan pocas excusas para mantener en el cajón el tantas veces anunciado recetario social. La limitación con la que se encuentra la UE es la falta de competencias. Por ejemplo, en materia de salarios. La UE no tiene competencias para incidir en los niveles salariales de sus Estados, por más que diga el pilar social. ¿Entonces? ¿En qué se concreta el “pilar social”? ¿En un simple documento cargado de palabras prometedoras? Ése tampoco sería un diagnóstico ajustado. Hay propósitos recogidos en el “pilar social” que ya tienen la cobertura de una propuesta legislativa concreta. Por ejemplo, la propuesta de directiva de concialiación entre la vida familiar y laboral, que supuestamente –ha sido objeto de numerosas críticas– pretende facilitar la crianza de los hijos y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.

Al pilar social se suma además la incorporación de criterios sociales al llamado “Semestre Europeo“, una herramienta de evaluación económica que pretende salir del puro economicismo. “Puede parecer que no tiene relevancia, pero la tiene. Estas cosas van poco a poco. La Comisión Europea ya no sólo te va a decir si tus balanzas económicas están bien. También va a mirar si hay más gente sin vivienda”, dice a modo de ejemplo el consultor Álvaro Couceiro.

La Comisión insiste en que, al margen del carácter simbólico del pilar social, su apuesta por la integración es contante y sonante. El Fondo Social Europeo dispone de 90.000 millones de euros entre 2014 y 2020 para el acceso al empleo, la inclusión social y la educación. La UE ya ha adoptado medidas como la definición de objetivos sociales en iniciativas emblemáticas como el Plan de Inversiones para Europa, la Unión de la Energía y el mercado único digital. También ofrece apoyo financiero anticipado a los Estados para que establezcan la conocida como “garantía juvenil”, que debería asegurar que todos los menores de 25 años reciban una oferta de trabajo “de calidad” en los cuatro meses posteriores al fin de sus estudios. Esto suena completamente ajeno a la realidad en España, donde el paro juvenil está próximo al 40%. Se verá si el “histórico” pilar social sirve para construir una Europa que responda a los anhelos de estos jóvenes.

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