Propuestas contundentes para atajar el blanqueo y la evasión fiscal

Ernest Urtasun, eurodiputado y portavoz de Catalunya en Comú

Jesús Hernández, asesor en el Parlamento Europeo

Publico

El pasado miércoles 18 de octubre vivimos una jornada intensa en el Parlamento Europeo. La Comisión de investigación de los Papeles de Panamá, creada específicamente para investigar el escándalo, concluía sus trabajos con el voto de dos informes parlamentarios, uno de conclusiones de las tareas realizadas y otro de recomendaciones de acciones a llevar a cabo. El voto, mucho más largo y complejo de lo esperado, se salió del guión a menudo previsible en estas sesiones. Consiguiendo mayorías progresistas en la mayoría de las enmiendas, acabamos con dos textos que suponen una clara denuncia a algunos Estados miembro de la UE que se comportan como auténticos paraísos fiscales, además de unas propuestas contundentes para atajar el blanqueo y la evasión fiscal. El PP, evidentemente, se abstuvo.

La sesión se inició con un sentido homenaje a Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa de investigación asesinada con coche bomba esta semana y con la que nuestro grupo parlamentario había trabajado estrechamente. Este atentado es un desgraciado recordatorio de la amenaza a la que se enfrentan quienes sacan a la luz verdades desagradables para el poder. El compromiso de lucha contra la evasión y el fraude fiscal debe incluir necesariamente la protección real a periodistas y denunciantes que destapan escándalos. Sin LuxLeaks, sin los Papales de Panamá, sin Football Leaks o sin la lista Falciani, no estaríamos aquí. A ellos les debemos mucho, y lo mínimo que podemos hacer a cambio es garantizar que no son perseguidos penalmente como Deltour y Halet en Luxemburgo o, peor aún, que paguen con sus vidas como Daphne Caruana Galizia.

Este informe es una gran victoria en la lucha por la justicia fiscal. Con su redactado final, en el que la mayoría de las enmiendas del Grupo Verde fueron incorporadas con una estrecha mayoría, tenemos ahora un conjunto importante de propuestas para atajar los flujos financieros corruptos e ilegales revelados por los papeles de Panamá. Durante el transcurso de nuestra investigación, se ha evidenciado que hubo serios incumplimientos de la legislación europea contra el blanqueo y así lo hemos reflejado en las conclusiones.

El hecho de que no se identificaran todos estos casos, hasta que no saltaban a la prensa gracias a las filtraciones, demuestra la urgente necesidad de que los Estados miembros cooperen de forma más efectiva e inviertan una mayor cantidad de recursos en la lucha contra el crimen financiero. Así, en el texto del informe se establece la necesidad que los Estados miembros inviertan más recursos para prevenir los delitos financieros y tributarios.

Una de las recomendaciones relevantes del informe es el establecimiento de una comisión de investigación independiente permanente de los escándalos de fraude fiscal, del estilo de la del Congreso de Estados Unidos. Esta Comisión Permanente responde a una petición del Grupo Verde ya que estamos ante un problema sistémico, no ante un caso puntual. Por tanto, la respuesta debe ser permanente. Sabemos que muchas grandes empresas, administraciones o intermediarios, respiraban tranquilos cuando veían que se acercaba el final de los trabajos de esta comisión y se podían librar de dar explicaciones ante la ciudadanía de sus acciones. Pero a partir de ahora con este mecanismo permanente no la podrán esquivar.

El texto aprobado también reclama que el procedimiento de listas negras de la UE de jurisdicciones que permiten el fraude y el blanqueo sea más transparente y que el Parlamento Europeo participe en las revisiones periódicas. Sobre transparencia, también conseguimos que los trusts empresariales deban constar por escrito y sean registrados en los Estados miembros donde se creen, administren u operen con el fin de evitar que sean utilizados indebidamente para la evasión fiscal o el lavado de dinero. En este sentido, cuestionamos la práctica del secreto profesional usada con fines de protección, encubrimiento de prácticas ilegales o de violación del espíritu de la ley, así como que los abogados sean legalmente corresponsables al diseñar fórmulas para evasión fiscal.

A la Comisión Europea, le hemos encargado el desarrollo normativo de varias iniciativas. Así, creemos urgente que presente una propuesta legislativa para abordar la cuestión de las empresas que cambian su sede en Europa para evitar el pago de impuestos, incluyendo reglas para contrarrestar las “empresas tapadera”, muy comunes en países como Luxemburgo o Holanda. También pedimos a la Comisión que se actualice la definición de la base imponible de una empresa en un país, para abordar el tema de cómo se grava la economía digital, una de las fuentes de fraude más evidente que hemos detectado durante las investigaciones. También pedimos que se presenten propuestas legislativas para mejorar la cooperación fiscal entre los Estados miembros para que un país europeo pueda proporcionar toda la información necesaria a otros para procesar a los evasores fiscales transfronterizos.

Uno de los éxitos inesperados fue la petición de que las empresas o intermediarios relacionados con paraísos fiscales no reciban fondos de la UE. Parece de sentido común que sea así, pero el Grupo Popular hasta ahora lo había bloqueado siempre. Sabemos que las cuestiones reputacionales preocupan mucho a las grandes empresas, pero también sabemos que les preocupa mucho más el estado de sus finanzas. Por eso, además de las sanciones que hemos solicitado, esta medida de bloqueo al acceso de fondos comunitarios es de las que puede tener más impacto en el corto plazo.

Ahora, se espera que el informe de propuestas de la Comisión de Investigación sea votado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en diciembre. Sin duda, el PP y sus socios europeos van a maniobrar para eliminar la mayoría de elementos que dotan de mejores herramientas al Parlamento Europeo para luchar contra el fraude. Sin embargo, no lo tendrán fácil, ya que ese voto será a la luz del día, con mayor atención mediática y no en una extraña  e inacabable sesión como la que vivimos en el voto final de la Comisión de Investigación. Haremos unúltimo esfuerzo para que el voto en el pleno sea igual de satisfactorio, el papel que jugará la ciudadanía y sociedad civil ante esa votación es clave. Tenemos que mandar un mensaje claro, no podemos permitirnos ni un paso atrás en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Aquellos partidos fuertemente vinculados a la corrupción y las actividades ilegales tienen ahora una oportunidad de demostrar que están dispuestos a romper con su oscuro pasado.

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