Fraude fiscal, fraude en derechos humanos

18 julio 2017 | Categorías: Justicia Fiscal y finan.Global

Marta Iglesias López,
Plataforma por la Justicia Fiscal

 

En estos tiempos es realmente complicado abrir los periódicos y no encontrar alguna noticia (o escándalo) relacionada con la corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, etc. Esto ocurre también cuando nos enfocamos en el estado actual de los derechos humanos en todo el mundo. Puede parecer que una cosa no está relacionada con la otra. Pero, el fraude fiscal provoca un vacío de recursos para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

 

¿Esto que tiene que ver con lo anterior? Los mecanismos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos, cosa a la que por otro lado están obligados, son los ingresos del Estado. Es decir, los ingresos del Estado, recaudados fundamentalmente a partir de los impuestos, sirven para financiar los servicios públicos. En consecuencia son elementos vitales y necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad.

 

De hecho, sendos titulares y grandes reportajes se han destinado recientemente para denunciar un sistema actual en el que unos pagan proporcionalmente mucho menos que otros. Otras tantas líneas se han destinado para contar las consecuencias de estas injusticias, llamándole desigualdad.

 

Lo cierto es que los datos son estremecedores. Mientras un 1% de la población acumula casi la mitad de las riquezas del mundo, 1.400 millones de personas viven en situación de pobreza.

 

La teoría nos dice que la pobreza va más allá de la falta de ingresos. Se manifiesta también en un acceso restringido a servicios básicos y la vida digna. Estos servicios básicos y vida digna sólo pueden garantizarse a través del cumplimiento de los derechos humanos.

 

Sistemas injustos desde la raíz

 

Las fronteras económicas y políticas de los Estados son cada vez más difusas. Vivimos en un mundo globalizado donde una persona en Tokio puede fabricar productos en Brasilia y a su vez venderlos en Madrid. Esta disolución aparente de las fronteras debiera obligar al establecimiento de mecanismos de control para el flujo de capitales de un lado al otro. Estos mecanismos no son otros que sistemas fiscales que promuevan la transparencia, una tributación justa y una vigilancia para que no se promuevan fenómenos como la evasión o la elusión fiscal.

 

Actualmente ocurre todo lo contrario. El sistema fiscal internacional y las escasas medidas contundentes para reforzarlos permiten que muchas empresas transnacionales eludan el pago de los impuestos que les corresponden.

 

El fraude fiscal cuesta cada año a España unos 59.000 millones de euros. Se calculaba en 2013 que el 71% del fraude fiscal en España correspondía a las grandes empresas y las grandes fortunas. Lejos de ser un fenómeno aislado, esto es una tendencia global. En 2015 un informe denunciaba que el continente africano pierde aproximadamente 6.000 millones de dólares al año sólo por la evasión fiscal.

 

Pero, ¿qué tiene que ver la evasión y el fraude fiscal con los derechos?. Pues más de lo que nos imaginamos. Varios informes del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación concluyen que los sistemas fiscales están directamente relacionados, por ejemplo, con el derecho a la alimentación. ¿Qué pasaría si las empresas que defraudan tuvieran en sus manos el control de lo que comemos?

 

1 + 1 son 1.400 millones

 

Con todo lo anterior, es inevitable concluir que esta brecha entre una riqueza tan extrema y una pobreza y desigualdad crecientes, son la punta del iceberg de un sistema profundamente injusto. Se genera riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas. Esto hace que el modelo actual sea insostenible.

 

Por una parte, los sistemas fiscales actuales son injustos y contribuyen a la perpetuación de la pobreza y de las desigualdades. Por otra, la inacción de los Estados para cumplir con su obligación de cumplir progresivamente los derechos humanos supone una grave amenaza a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

 

Si no se acompasa la puesta en marcha de políticas para cubrir los derechos humanos con el robustecimiento de unas políticas fiscales que permitan recaudar, de forma más progresiva y justa, todos los pasos serán inútiles.

 

No puede construirse por un lado lo que se destruye por el otro. En el ámbito internacional es necesario que se cierren las puertas a la opacidad de las empresas y que se pongan por delante los derechos de las personas y del planeta.

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