Es imposible ganar sin que pierda otro (Clausulas suelo II)

11 febrero 2017 | Categorías: Justicia Fiscal y finan.Global, Nacional

Entramos a analizar el decreto 1/2017. Solo se puede definir correctamente como expresión del acuerdo de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) apoyados por el apéndice de C’S, para dar una nueva vuelta de tuerca a la política seguida durante la última década de exprimir, sin piedad, las últimas gotas de ilusión y de ahorro de los consumidores de hipotecas españoles. Veamos, grosso modo las perlas que contiene:

1.- Ningún organismo va a supervisar si lo que se ofrece al consumidor es correcto o no, en el caso de que el banco decida ofertar algo, ya que no existe obligatoriedad, ni sistema sancionador para el caso de inacción bancaria.

2.- Lo que se ha creado es un sistema voluntario para el consumidor, el que quiera se somete a él y el que no, no se somete. Ahora bien, cualquier petición efectuada al banco puede acabar siendo derivada a este mecanismo. Aunque al ser de carácter voluntario el sometimiento al mismo, tiene que constar la voluntad expresa de acogerse a sus disposiciones.

3.- La entrada del consumidor en el mecanismo supone la inclusión en el sistema de costas judiciales que el mismo instaura, claramente perjudicial para el hipotecado y favorable a la banca. Importante recordar aquí que el banco no está obligado a nada, ni siquiera a presentar una liquidación de diferencias; y si se decide acudir a juicio, se acude con el sistema de costas del mecanismo, y concediendo a la banca una moratoria de 3 meses para contestar. Se ha suspendido, por tanto, la tutela judicial efectiva del consumidor durante ese plazo, y además en un caso con sentencia del TJUE, que de acuerdo con el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento civil, debería ser cumplida en el improrrogable plazo de 20 días.

4.- El artículo 51 de la Constitución impone al Gobierno proteger al consumidor en sus legítimos intereses económicos, mediante procedimientos eficaces. Pues bien, dicho Art 51 ni se menciona en el presente real decreto-Ley. Y es que la banca tiene unos privilegios legales cuando es acreedor que son exorbitantes y lo que se pretende con este RDL es otorgarle de forma encubierta los 2 mismos privilegios, o mayores, ahora que es deudor por sentencia judicial, estableciendo un sistema de costas judiciales que perjudica al consumidor tanto si sigue el procedimiento diseñado como si no lo sigue. Debemos considerar, por ello que tanto el Gobierno como los partidos cómplices de este atropello jurídico van en contra del artículo 51 de la Constitución.

Estudio del sistema de costas diseñado. El mecanismo de costas que diseña el RDL viene establecido en su artículo 4 que modifica de hecho el sistema de costas que se aplica para los demás casos, modificando con todo detalle la Ley de Enjuiciamiento Civil, con efectos inmediatos para el consumidor. Dejando sin efecto la condena en costas por vencimiento (el que pierde, paga), que es un principio general consagrado en pleitos civiles. Incluso en los supuestos de allanamiento, rige el vencimiento por los gastos ocasionados a sabiendas.

En el apartado 2 de dicho artículo se establece un nuevo sistema para los supuestos de allanamientos anterior o parcial a la contestación a la demanda, incluso aunque el banco no haya organizado el sistema de devolución (no están obligados), y sin límite de tiempo. Es más un sistema de exención de costas que de protección al consumidor y ejecución de una sentencia del TJUE. Rara es la demanda formulada con una única pretensión, antes bien, lo más frecuente es acumular en una única demanda todas las pretensiones de nulidad de nuestra hipoteca. Curioso dilema para las costas.

Y qué mejor ocasión que la presente, caso de acudir a juicio, para evitar los efectos preclusivos del artículo136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aproveche por los interesados la posibilidad de instar en una única demanda(Declarativo) la nulidad de la cláusula suelo, junto a los gastos de formalización de la hipoteca y con el añadido de la cláusula de vencimiento anticipado, todo ello con el soporte de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las han declarado nulas y aquí enlazadas, además de la directiva 93/13, de aplicación directa.

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