El capitalismo cambió las reglas, la política cambió de lugar

5 noviembre 2016 | Categorías: Opinión, Otros
El capitalismo financiero ha cooptado todos los espacios de la vida contemporánea y la política no ha encontrado caminos certeros para enfrentar sus desafíos.

Ladislau Dowbor

Aquello que eran deformaciones fragmentarias, penetraciones puntuales a través de lobbies, de actos de corrupción y de «puertas giratorias» entre el sector público y el privado, pasó a cobrar un mayor volumen y se convirtió por ósmosis en poder político articulado dentro del cual el interés público es algo que aflora solo por momentos, y siempre a raíz de los prodigiosos esfuerzos de las manifestaciones populares, o de frágiles artículos en la prensa alternativa, o de algún que otro político independiente. El poder corporativo se sistematizó, capturó una a una las variadas dimensiones de la expresión y el ejercicio del poder, y esto dio lugar a una nueva dinámica o una nueva arquitectura del poder realmente existente.

Lo primero a tener en cuenta es que se trata de gigantes corporativos, y ya no de millones de unidades pequeñas y medianas cuyo poder se diluye. En el capitalismo del siglo XXI, posterior a la crisis de 2008, 737 grupos controlan 80% del mundo corporativo y solo 147 de ellos controlan un 40%; tres cuartas partes de estos últimos son bancos. Un grupo de 16 especuladores (traders) que operan a escala planetaria controlan lo esencial del mercado de intermediación de commodities, la sangre de la economía mundial. Las 28 instituciones financieras de importancia sistémica (systemically important financial institutions, SIFI) disponen, como orden de magnitud, de unos 50 billones de dólares, cuando el PIB mundial es del orden de los 75 billones. Cada una de esas 28 instituciones maneja en promedio 1,8 billones de dólares; para hacernos una idea de su magnitud, el PIB de un país como Brasil es de 1,5 billones. Y Brasil es la séptima potencia económica del mundo. Como dice Octavio Ianni, la política cambió de lugar.

Un segundo eje de análisis para este proceso es el cambio radical en las formas de apropiación de la renta y la riqueza. En el viejo capitalismo explotador, el capitalista explotaba pero también invertía, producía y generaba empleo. Había un adversario contra el cual luchar. Hoy, con un sistema financiero globalizado, la apropiación de la plusvalía obedece a mecanismos centrados en la especulación con derivados (más de 600 billones de dólares de outstanding derivatives, cerca de ocho veces el PIB mundial), con deuda pública (52 billones de dólares para el conjunto de los países endeudados), con impuestos que recaen sobre personas físicas y jurídicas, y con incontables tasas sobre tarjetas de crédito, seguros y otros productos cada vez más complejos que drenan las economías mundiales. Hoy, tal como afirma el dicho, la cola mueve al perro. En esta era de financiarización global, la plusvalía financiera se ha convertido en la forma dominante de apropiación de la renta y la riqueza. Joseph Stiglitz lo resume así: «Mientras que antes las finanzas constituían un mecanismo para inyectar dinero a las empresas, hoy sirven para extraer dinero de ellas».

Este capitalismo disfuncional en términos económicos necesita cada vez más del Estado para compensar con poder político toda la legitimidad que pierde en la esfera económica. De este modo el poder económico, predominantemente bajo la forma financiera, conduce con rapidez a la deformación del sistema político. Martin Wolf, periodista jefe de la sección económica del Financial Times, sintetiza muy bien esta transformación: «Los incrementos ampliamente distribuidos de la renta real jugaron un papel vital en la legitimación del capitalismo y en la estabilización de la democracia. Hoy, sin embargo, al capitalismo se le hace cada vez más difícil generar un incremento similar en la prosperidad. Por el contrario, lo que se pone en evidencia es una creciente desigualdad y una reducción en el ritmo de crecimiento de la productividad. Esta combinación nociva vuelve a la democracia intolerante y al capitalismo ilegítimo».

El poder financiero de los gigantes corporativos mundiales es avasallador. Y es difícil hacerse a la idea de que tal máquina económica ha de abstenerse de ejercer el correspondiente poder político. En los hechos, la apropiación del poder se produce de modo acelerado en las más diversas áreas, y basta conectar un hilo con otro para percatarse del impacto en todo el sistema. Para lo que sigue vamos a considerar, dentro del marco limitado de este artículo, solo algunas de las principales tendencias.

Una de ellas es la expansión misma de los lobbies tradicionales. Solo en Europa, Google tiene contratadas ocho empresas de lobby, además de financiar de manera directa a parlamentarios y miembros de la Comisión. La empresa posiblemente deba pagar 6.000 millones de euros por ilegalidades cometidas en Europa. Los gastos de Google en este área ya se acercan bastante a los de Microsoft. En Brasil se está negociando una propuesta de enmienda de la Constitución que legitimaría la interferencia política directa por parte de las empresas en todas las esferas de gobierno (PEC 47/2016).

En tanto que el lobby todavía se puede considerar como una forma externa de presión, mucho más importante es el financiamiento directo de las campañas políticas, llevado a cabo a través de los partidos o como inversión directa en determinados candidatos. En Brasil, una ley promulgada en 1997 autorizó a las empresas a financiar candidatos, lo que causó un impacto desastroso en el comportamiento de diputados y senadores, que acabaron creando bancadas corporativas. En 2010 Estados Unidos tomó el mismo camino, tras lo cual se hizo habitual el comentario «tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar». En Brasil finalmente el Supremo Tribunal Federal decretó en 2015 la ilegalidad de tal práctica, aunque se esperan nuevas presiones.

La cooptación del ámbito jurídico adquirió una enorme importancia. Una forma particularmente dañina de este proceso se dio a través de los llamados «settlements», acuerdos por los cuales las corporaciones se someten a pagar una multa pero no quedan obligadas a reconocer sus culpas, y así evitan que el proceder penal recaiga sobre los responsables. De este modo los administradores corporativos y los financistas se quedan tranquilos ante la certeza de que no serán procesados. Stiglitz afirma: «Hemos observado en varias oportunidades que ninguno de los responsables de los grandes bancos que llevaron al mundo al borde del colapso fue hallado responsable de su nocivo accionar. ¿Cómo es posible que no haya responsables, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos de los últimos años?». La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha presentado informes donde describe de manera precisa estos mecanismos, identificando por su nombre a las empresas y sus formas de apropiación.

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