Documento previo del ideario del Observatorio de Ecología política de AttacMadrid

5 octubre 2016 | Categorías: Actividad observatorio Ecología política
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ÍNDICE

 
I. INTRODUCCIÓN

II. NATURALEZA Y NEONIBERALISMO: FINANCIARIZACIÓN VS BIOSFERA III. PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN LOS VECTORES SOCIOAMBIENTALES
III. 1. EL BINOMIO CAMBIO CLIMÁTICO/CRISIS ENERGÉTICA III.2. AGRICULTURA Y SUELOS
III.3. AGUA

III.4. BIODIVERSIDAD

IV. A MODO DE CONCLUSIONES: HACIA UNA HEGEMONÍA DE LA SOSTENIBILIDAD

 

I. INTRODUCCIÓN

El Observatorio de Ecología Política de ATTAC Madrid (OEPA) se crea con la finalidad de analizar, dentro del discurso de ATTAC, cómo el sistema económico, geopolítico y social actual afecta al medio ambiente y por ende al desarrollo humano; o dicho de otra forma, cómo unas prácticas económicas, comerciales y políticas distorsionadas y dañinas son nocivas para nuestros ecosistemas y para nuestros derechos fundamentales y afectan cada vez más a nuestra calidad de vida, a nuestra propia supervivencia y, también, por tanto, al propio sistema económico. La prioridad esencial del Observatorio es, por tanto, la de analizar las vinculaciones entre las desigualdades sociales y ambientales que genera un modelo económico, el capitalista neoliberal, que es incompatible en su concepción y desarrollo, con la lógica y estable evolución de los ciclos naturales, básicos para el aporte de recursos al sistema económico.

El OEPA profundizará también en las propuestas que hagan ver que es posible un modelo diferente, que suponga un progreso diferente, y que no genera estas desigualdades sociales y desequilibrios ambientales.

El Observatorio de Ecología Política de ATTAC plantea trabajar en las líneas de reflexión que se observan a continuación y que suponen un marco de objetivos a desarrollar.
II. NATURALEZA Y NEOLIBERALISMO: FINANCIARIZACIÓN VS BIOSFERA

Los procesos de liberalización que conlleva el actual modelo económico inciden de manera negativa no solamente sobre la equidad social sino también, y de manera relacionada con esta, con el abuso de los bienes y recursos naturales. La privatización de la gestión de estos bienes y recursos naturales, los procesos acumulativos y especulativos ponen en riesgo la sostenibilidad y la equidad.

La expansión de los mercados de capitales no hace sino incidir en la afección a los ecosistemas generando al mismo tiempo desequilibrios sociales y ambientales. Esta realidad es muy palpable cuando se observa detenidamente la evolución de determinados vectores ecológicos (agua, suelo/territorio, biodiversidad …) donde los procesos de acumulación especulativa para usos privativos chocan con una realidad como es que esos bienes naturales son bienes comunes esenciales para la convivencia en equidad. Es por esto por lo que se puede afirmar que la

degradación social y económica, está directamente ligada a la degradación ambiental, ahondando más los principios en que se fraguan las desigualdades.

En una rápida visión histórica, mediante la acumulación por desposesión, los trabajadores y trabajadoras y su antiguo medio de producción, la tierra, fueron explotados libremente por el capital convirtiendo la tierra y la fuerza de trabajo en mercancías mercantilizadas con precios llamados renta y salario respectivamente. Estas formas de desposesión que fueron cruciales para la creación del capital, no se detuvieron aquí, se han perfeccionado y han sido protagonistas hasta nuestros días como mero colonialismo, neocolonialismo, acaparamiento de tierras o en la apropiación de activos que en muchos casos son recursos naturales. La naturaleza, citando a David Harvey, es considerada por el capital como una gran reserva de valores de uso potenciales. Los ecosistemas se construyen desde la contradicción fundamental entre valor de uso (es decir, lo que responde a su forma material o natural) y el valor de cambio (la valoración social atribuida). Los valores de uso de la naturaleza son comercializados, monetarizados, convertidos en otra mercancía sometida al intercambio, es decir, a la tasa de beneficio. La propiedad privada ha significado el cercamiento de unos bienes comunes naturales desde que las tierras comunes se vieron parceladas, cercadas (enclosure) y enajenadas en el mercado mediante el despojo a unos campesinos que se vieron obligados a abandonar la tierra (su medio de producción) y a vender su fuerza de trabajo por un salario en este nuevo mercado dedicado a la mano de obra. Esta mercantilización ocurre también, como se verá posteriormente, por ejemplo, con los derechos de emisión de CO2 (creándose “hedge funds” especulativos en torno a esta cuestión que han generado cuantiosos beneficios) insertos en un mercado que pretende racionalizar los derechos de contaminación y su contrapartida: las compensaciones ecológicas. Paulatinamente, las cuestiones medioambientales, se han convertido en una actividad empresarial de primer orden.

El capital y la naturaleza se encuentran en un diálogo constante dentro de un sistema ecológico en el que se producen y reproducen constantemente. Muchos organismos tienden a producir de forma activa una naturaleza que favorece sus condiciones de vida y su reproducción. El ser humano no es ninguna excepción, el problema es que la lógica del capital, con sus dinámicas de crecimiento exponencial, es incapaz de entender los límites de los procesos naturales y acomodarse a sus ritmos de reproducción, lo que la lleva a sobrexplotar sistemáticamente los ecosistemas. De esta manera, el ser humano sólo está favoreciendo a muy corto plazo sus

propios intereses como especie, causando a medio plazo el desastre tanto ambiental como humano. A mayores, esta sobreexplotación de la naturaleza cada vez se hace más en favor del capital (élites) y menos de la humanidad (lo común).

El sistema natural responde de una forma clara a las disfunciones de este modelo, da alarmas permanentes, indicadores de ineficiencia del actual sistema económico capitalista. Así es como hay que interpretar el cambio climático, el “stress hídrico”, la extinción de especies de flora y fauna, etc… hechos que ya afectan a la seguridad global de una ciudadanía que debe tomar conciencia real de que en tanto los bienes naturales son bienes comunes, son generadores de derechos que deberían prevalecer por encima de cualquier interés.

Tenemos derecho al agua y tenemos derecho al sol y al aire puro que no nos enferme; a la energía que se produce de manera descentralizada y que nos permite el autoconsumo. Tenemos derecho a la seguridad alimentaria y a la salud, que deberían estar por encima de cualquier interés económico y a salvo de procesos especulativos; y también a la biodiversidad, la cual debería garantizarse de los usos privativos por acumulación de materiales genéticos de semillas para cultivos agrícolas o para usos farmacológicos.

A lo largo de los últimos años la Ecología, como disciplina científica, nos ha enseñado la interrelación sistémica entre los distintos elementos que componen la Tierra y de su equilibrio, al que se ha llegado a lo largo de muchos años. Es precisamente la integración en equilibrio de esos elementos la base real de la pervivencia. La especie humana se integró en ese sistema hace ya millones de años si bien hoy lo está rompiendo con un modelo de perpetuo crecimiento que se ha demostrado fallido.

Las sociedades humanas se han ido caracterizando por asumir el abuso de los bienes y servicios de la naturaleza como hecho sustancial de su desarrollo, lo que ha llevado a un enriquecimiento desigual dentro de las comunidades o países y por tanto generador de desequilibrios entre ellos (sobre todo entre los del Norte y los del Sur). La irrupción de las ideologías progresistas intentó paliar esta situación de inequidad (aún hoy lo intentan) buscando loables compromisos de solidaridad y bien común, si bien es cierto que solo lo conseguirán si no se hacen parte (apuntalando) el propio sistema, sino claramente rompiendo con él.

La crisis económica, ese enorme tsunami mundial que tan rápidamente nos asoló y lo sigue haciendo, ha sido provocada por los países desarrollados, en los cuales se mostró claramente la debilidad del Estado democrático para regular adecuadamente el sistema financiero base de su soporte. Esos mismos países han sido los responsables de la esquilmación generalizada de los recursos naturales catalizando los procesos de pobreza. Así a la deuda histórica debe sumarse otra, la ecológica. La crisis continúa y se agranda, a la crisis financiera se suma la crisis energética que empezó años antes con el declive de los recursos energéticos de calidad (petróleo convencional). Ya no es sólo una crisis financiera, es una crisis de recursos, es una crisis de modelo de objetivos comunes, es una crisis global donde está en juego, sobre todo, la seguridad (como elemento de equilibrio) y el bien común de toda la ciudadanía.

Sólo una nueva concepción del proceso económico que tenga en cuenta las interdependencias con los procesos naturales y sea capaz de aportar una nueva definición de desarrollo y de bienestar puede paliar esta situación Por ello apelamos a la ambientalización de la economía como integración equilibrada (esa es la clave como Ecología nos enseña) entre desarrollo económico, equidad social y respeto ecológico. Es por eso por lo que se debe considerar que la Sostenibilidad (en amplio sentido y no solo como Desarrollo Sostenible) debe ser la base del nuevo modelo social y económico, que trae consigo un desarrollo endógeno y se configura como instrumento para la Seguridad global y no un subterfugio para seguir como estamos tiñendo de verde el modelo cuando es conveniente.

Pero el camino discurre en línea muy opuesta. El capitalismo y muy en particular el neoliberalismo, en una suerte de autocontroles con que se dota (que tiene que ver esencialmente con su pervivencia) generan “Anticuerpos” (según acepción de Keucheyan en su reciente libro “La Naturaleza como campo de batalla” (1)) no solo para amortiguar sus efectos socioambientales sino, también para sacar provecho de los problemas ambientales que crea, sobre todo del cambio climático. Estos anticuerpos tienen que ver con los sistemas de aseguramiento y financieros y son en sí el trasfondo real de ese capitalismo verde.

En efecto, los Seguros como dispositivos de protección de las inversiones son básicos en el capitalismo, garantizan que su evolución y sus déficits no produzcan excesiva entropía en el entorno natural (el capitalismo es por definición entrópico a este nivel) mediante recreaciones de un “capitalismo verde” como una parte del financiero. Los sistemas de aseguramiento mercantil aplicados al medio ambiente, especialmente al Cambio Climático, explicarían en gran

medida la actual situación de inacción real pues el riesgo (global) genera rentabilidad económica para unos pocos, las élites que lo crearon.

Son muy variados los mercados financieros y de seguros conectados con la naturaleza: seguros ante catástrofes naturales, los “derivados” climáticos y los “Bonos Catástrofe (“Bonos cat”) sistemas clásicos de transferencia del riesgo, Fondos de inversión ligados a los procesos de privatización de Servicios Públicos (que la crisis puso “en venta”), incluso los que impulsan leyes de la UE, como la de Responsabilidad Ambiental, mediante la cual el riesgo de una determinada industria debe estar garantizado financieramente mediante un Seguro o un Aval o garantía financiera.

Otro claro ejemplo es el mismo Mercado de Carbono generado en origen por el Protocolo de Kyoto (y sus derivados, nunca mejor dicho) en un proceso que hoy mueve unos 150.000 millones de dólares. Este supone un mecanismo de especulación donde ilusoriamente (como los otros) se pretende que el mercado corrija los déficits que ha generado el propio mercado con el resultado lógico de que el CO2 no solo no se ha reducido sino que se ha incrementado, y con él el cambio climático al que lleva, el cual supone negocio empresarial con independencia de que sus efectos los sufran millones de personas, fundamentalmente los estratos más empobrecidos.

Incluso la Biodiversidad no está exenta de esta visión financiarizada de la gestión ambiental pues las medidas de restauración, conservación o compensación por impactos ambientales, aplicadas a los ecosistemas, podrían conformar los llamados Bancos de Hábitats y crear un sistema especulativo por el cual organismos públicos y también privados podrían mercantilizar por “créditos” o unidades tangibles para compensación de hábitats dañados, y susceptibles posteriormente de formar parte de un nuevo mercado de bonos en el mercado financiero análogamente al mercado de CO2. Esto tiene el enorme riesgo de no evitar el impacto sobre los ecosistemas, sino derivar su restauración por compensación vía bonos especiales en bolsas financieras creadas para ello. El sistema está en estudio, pero el primer paso: la creación de los Bancos de Hábitats está ya dado en diferentes países, incluido España.

Existe, además, un hecho que agrava esta situación como es la directa relación entre crisis fiscal de los Estados y crisis ecológica global pues los Estados son cada vez menos capaces de asumir el costo de seguros de las catástrofes climáticas por mediación de impuestos con lo que tienen que ir al mercado financiero agravando su deuda. Es decir, cuando los costes de corrección de los efectos ambientales son excesivamente caros para la cuenta de resultados de las empresas,
¿Qué hace entonces el capitalismo?, pues transfiere el costo creciente de la reproducción de las condiciones de producción al Estado. Es la lógica misma de este sistema: socialización de los costos, privatización de las ganancias.

Sin embargo, paradójicamente, la relación contraria nunca se aborda. Se financiariza la naturaleza pero no se naturaliza la economía: es decir, no se abordan las realimentaciones entre los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y el proceso económico. Las teorías económicas (a excepción de corrientes minoritarias) siguen ciegas a la importancia que la energía, los recursos naturales y los límites de la biosfera tienen sobre el proceso económico, como si el agotamiento de las materias primas y el deterioro de todo lo que sostiene la salud de los cuerpos humanos no tuviera influencia alguna en la producción, la industria o el comercio; como si pudiera concebirse una economía que solamente se alimentase de cifras abstractas en los balances contables.

La realidad es que obviamente esta estrategia de financiarización no solo no mejora sino que empeora la situación ambiental pues está en su lógica especular con los daños existentes y no en hacerlos desaparecer. Así, por ejemplo, se prevé que las emisiones de CO2 se incrementen en un 130% hasta el año 2050 en un fenómeno ya imparable, la pérdida de biodiversidad se encuentra en un 30% de especies menos en estos últimos 50 años, el stress hídrico y los problemas de abastecimiento y saneamiento de aguas no han mejorado de manera suficiente, la calidad del aire en los entornos urbanos ha empeorado y con ello los problemas de salud pública. El modelo económico es incompatible con la naturaleza aunque (y quizás debido a ello) se financiarice.

Asimismo y ligado a esta lógica neoliberal, en otro frente de incompatibilidad Capital/Naturaleza, se encuentran los llamados tratados de Libre Comercio, con el TTIP a la cabeza, atentan directamente contra los Derechos ambientales, diluyendo los sistemas de regulación pública en aras del comercio, alimentando así la dinámica de crecimiento económico más allá de los límites ecosistémicos que fomenta las desigualdades ambientales y sociales y por ende la seguridad del sistema.

Un Estado Social debe ampliar a las seguridades vitales como la sanidad, la educación o las pensiones, otros factores ligados a garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios de la

naturaleza para todos y su sostenibilidad en el tiempo. Pero también ese Estado Social debe replantear, en esta lógica, la medición de su Progreso. El PIB no lo es pues mide en términos monetarios el conjunto de bienes y servicios producidos en un país generalmente a lo largo de un año, que no tanto la de la ciudadanía que lo conforma, ni mucho menos del como está repartida su riqueza. Es una “foto fija” que nada tiene que ver con otras realidades cuya integración conforman la sociedad y su Progreso. Se trata, pues, de un indicador con pretensión de medir con una óptica determinada la economía de una sociedad, una óptica de un modelo neoliberal, que desliga el objetivo de crecimiento del reparto equitativo de dichos frutos, y que en los últimos años se ha mostrado como un excelente instrumento para generar desigualdades sociales que en absoluto pueden ser consideradas como parte de un Progreso Social.

Un ejemplo evidente es el hecho paradójico de que las grandes catástrofes sanitarias y/o ambientales, no se contabilizan como tales sino como aportaciones de riqueza en la medida en que generan actividades económicas (su resolución) que se expresan en dineroSe precisa, por tanto, cambiar la representación de la riqueza por un marco global que supere el mero reduccionismo economicista (PIB) en que está inmerso nuestro modelo, haciendo de un instrumento el fin, ignorando los bienes físicos y el trabajo humano que mueven la economía real, y desconociendo que hay otras formas de economía como la social, solidaria, cooperativa que deben hacer parte de un medidor integral de la calidad global de vida.

En síntesis, cualquier política ambiental debe tener claro que las actuaciones humanas deben preservar los Bienes Naturales, para lo cual debe integrarse en las políticas sectoriales, especialmente las energéticas e hidrológicas, asumiendo la ambiental como una “Política de Políticas”, pues proteger, preservar y fomentar la calidad del bien natural como bien común, conlleva directamente proteger y preservar los Derechos Humanos, haciendo así efectivo el hecho de que tenemos el deber de proteger lo que tenemos el derecho a disfrutar.

III. PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN LOS VECTORES SOCIOAMBIENTALES

Esta realidad global se observa claramente en tres vectores interactuantes que sustentan el

Ecosistema natural y humano.
III.1. EL BINOMIO CAMBIO CLIMÁTICO-CRISIS ENERGÉTICA
Asistimos perplejos a los resultados de las “Cumbres” para frenar el Cambio Climático. Analizamos sus esperados resultados y, de nuevo, se nubla nuestra confianza en la responsabilidad de los Gobiernos. Las muestras de optimismo moderado de algunos de estos ante supuestos acuerdos salvadores, es una muestra absoluta de cinismo y desprecio por muchas poblaciones humanas que ya sufren, y más sufrirán, los efectos del cambio climático. Por mucho que se intente demostrar que algo se ha logrado la realidad se impone: casi nada se ha avanzado realmente. Los lobbies empresariales energéticos, operan bien en estas Cumbres del Clima. Mientras con la izquierda trabajan por las energías renovables controlando así su evolución, con la derecha intentan bloquear decisiones gubernamentales de lucha contra el Cambio Climático.

A su vez, la otra cara de la moneda del problema energético que tiene que ver, no con los sumideros de gases de efecto invernadero, sino con las fuentes de energía; sigue sin ser abordada ni expuesta a la opinión pública. El modelo el desarrollo socioeconómico moderno en los últimos siglos se ha basado en unas condiciones excepcionales del metabolismo humano: la disponibilidad de combustibles fósiles de alto poder energético (con altas tasas de retorno energético), abundantes reservas consideradas en la práctica como “ilimitadas” y bajos precios. Pero esas condiciones han cambiado de forma radical en la última década, cuando las tasas de retorno energético de los combustibles fósiles (especialmente del petróleo) comenzaron a desplomarse y los recursos de calidad entraron en declive, siendo el magro crecimiento de la producción debido a recursos de muy escasa calidad energética y enorme impacto ambiental (fractura hidráulica, arenas bituminosas, biocombustibles, etc.). Nos encontramos, por tanto, con gobiernos y empresas que se aferran a un modelo energético que, no sólo está poniendo el clima del planeta en una situación límite, sino que, además, no tiene futuro, porque se basa en recursos que no van a ser capaces de proporcionar la energía demandada a lo largo de este siglo.

Los mecanismos de mercado para paliar el problema no pueden ser la solución a la enorme amenaza precisamente creada por la globalización del propio mercado. Las medidas de respuesta insinuadas (ya que ni siquiera concretadas) no conllevan solución alguna para un problema sistémico cuyo indicador del mal funcionamiento es en el propio Cambio Climático. Lo que nos indica la Ciencia es que el Planeta está entrando en una situación límite en cuanto a su equilibrio térmico cuyos resultados pueden ser muy graves y que nos enfrentamos a un declive de la disponibilidad de energía a lo largo de este siglo que sólo una implantación muy rápida de las energías renovables (mucho mayor que la actual) podría mitigar pero, probablemente, no evitar. Llevamos ya muchas “Cumbres” del Clima para darnos cuenta de que lo que realmente se pretende es dilatar las soluciones a costa de intentar convencer sobre una supuesta preocupación de los gobiernos en realidad que no existe.

Y si los gobiernos no ponen en marcha estas soluciones, es el momento de los ciudadanos. Aunque la situación de crisis económica parece tener amedrentada a la ciudadanía, esta debe saber que lo que está en juego es la base misma de nuestra civilización, y su propia seguridad (la llamada sostenibilidad como instrumento para esta seguridad). Quizás sea el momento para un 15 M planetario, un 15 M que apele a los derechos de la ciudadanía a que se tomen medidas adecuadas ya, sin más retrasos. La Tierra no puede esperar.

Pero la reflexión de fondo debe llevar a analizar las causas de fondo del Cambio Climático y de la crisis energética, que son hijas del mismo problema: una sociedad adicta al consumo creciente de energía.

Una realidad marca la actual situación de la economía planetaria y sus implicaciones ambientales y es el hecho de que aproximadamente el 20% de la población mundial absorbe el
80% de los recursos naturales generando por tanto una evidente desigualdad social. Esta concentración tan enorme de los recursos, consustancial a la economía de mercado y al modelo capitalista que la sustenta, permite a las grandes corporaciones empresariales, especialmente las financieras, actuar desde plataformas de poder que sortean o eliminan los sistemas de regulación pública protectores de intereses comunes, provocando crecientes incidencias ambientales al privilegiar las rentabilidades a corto plazo que recortan costes en gestión ambiental.

Todo ello lleva a la suicida insostenibilidad de este sistema capitalista, por definición basado en el desacoplamiento entre los ciclos productivos generadores de beneficio y los ciclos de los recursos naturales explotados, implicando así graves disfunciones ambientales que no son sino indicadores de los fallos de este sistema productivo.

Ante la extrema gravedad de la situación ambiental se exige implicar de manera más firme a la ciudadanía en las políticas de prevención para que con voz propia y en su relación con sus instituciones y gobiernos, exijan el respeto a sus Derechos al medio ambiente pues en ello va la demanda por un modelo social y económico más justo y equilibrado.

Particularmente el Cambio Climático no es sino una voz de alerta de la insostenibilidad social, económica y ambiental del sistema capitalista. Un dato ilustra este hecho: el 90% de las grandes corporaciones multinacionales (su gran mayoría del sector generador de energía) emiten 2/3 del volumen de gases de efecto invernadero.

Siendo como son las viejas políticas energéticas las principales culpables de este Cambio Global son exigibles nuevos paradigmas a este nivel que lleven a una gran transición energética basada en la sustitución de las fuentes energéticas agotables por fuentes renovables, en la disminución del consumo energético y en la eficiencia , , . Estos paradigmas implicarán romper con los sistemas centralizados de generación energética (y por tanto de poder político y económico) y fomentar la generación distribuida y por tanto la descentralización de las instalaciones generadoras y distribuidoras de energía potenciando el autoconsumo como paradigma de un nuevo sistema para el empoderamiento de la ciudadanía también a nivel energético.

Debemos reafirmar, a su vez, que las medidas internacionales en la lucha contra el Cambio Climático asumidas hasta el momento han sido completamente ineficaces y que tan solo han servido para una inútil escenificación de la preocupación y no de propuestas firmemente tendentes a la resolución del problema. La crisis (económica y ecológica, tienen el mismo origen) exige urgentes medidas que impliquen soluciones integrales que partan de la indudable clarificación de los reales responsables del problema (los países más industrializados que colonizan a los que están en vías de desarrollo) y que deben hacerse responsables máximos de estas soluciones, huyendo de las estrategias del “todos salen ganando” (Protocolo de Kyoto y sus evoluciones) donde utópicamente se planteaba que el mercado, causante real del problema,

lo resolviera. Ha pasado el momento de regular derechos de emisiones para reducir estas emisiones.

Se debe pasar, pues, del enfoque reactivo (al que dio paso un primero de tipo correctivo) a otro más proactivo donde se revise a fondo qué tipo de crecimiento o incluso decrecimiento se desea para la sociedad y a que coste, presente y futuro, rompiendo este otro paradigma de que cualquier crecimiento es positivo y es posible: no lo es si contribuye a los desequilibrios sociales y ambientales, si se requiere recursos que no existen o el desarrollo de tecnologías milagrosas

En este sentido la tendencia a estas supuestas “economías verdes” o el capitalismo verde no son sino un paso inane que no supone sino evitar parcialmente una parte del problema. Una sociedad verde no es solo una que produce menos impactos ambientales sino que fomenta el equilibrio social, la igualdad en términos sociales y políticos.

Asimismo, dadas las dependencias del modelo productivo con las fuentes energéticas, es urgente alcanzar un nuevo paradigma energético, basado en el triángulo Energías Renovables/Descentralización/Autoconsumo en un escenario creciente de reducción de emisiones y donde no se contemplen las caducas propuestas que han mostrado ineficacia como mercados de derechos de emisión, geoingeniería, agrocombustibles, hidroeléctrica, REDD, entre otros.

La Nueva Política Energética debe dotarse de normativa y apoyo financiero necesario a las medidas de ahorro y eficiencia en el consumo energético y de las energías renovables y autoconsumo. Asimismo, será obligada la paralización de Proyectos de extracción de combustibles fósiles y nucleares de cualquier tipo: Fracking, petróleo, gas, carbón , así como instaurar auditorías de gestión de los sistemas de explotación de instalaciones energéticas en régimen concesional sin olvidar los necesarios apoyos específicos a las cooperativas de gestión energética.

En concreto, Propuestas desde las que poder reorientar la Política energética y de lucha contra el Cambio Climático son, en España:

Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con objetivos ambiciosos para 2030 y 2050 y que instara a la reactivación de planes de Ahorro y Eficiencia energética, especialmente en el transporte, la vivienda y en los sectores más dependientes de los

combustibles líquidos, así como de un Plan de Fomento de Energías Renovables y de generación distribuida y descentralizada en base a incentivar el autoconsumo energético.

Mejora de los sistemas naturales y forestales que autóctonos que no supongan plantaciones masificadas de biomasa energética pero sí de intensificar controles para su destrucción, especialmente de incendios forestales (lucha contra incendios forestales), así como iniciativas de minimización de efectos de los llamados sectores difusos. Asimismo en este Plan deberán primarse acciones de gestión de residuos sólidos como la recogida selectiva de la fracción orgánica y la eliminación de primas de producción de electricidad por incineración de residuos sólidos, entre otras. Asimismo se incorporará en este Plan de Adaptación la regulación en cuanto a otros gases de efecto invernadero como los hidrofluorocarbonos (HFC).

Inclusión en los citados Planes, de criterios de ahorro y eficiencia energética en la Planificación Hidrológica en todas las fases del ciclo integral del agua tanto a nivel urbano como de usos agrarios y priorizando la regeneración de agua residual y su reutilización.

Revisión de la Planificación estratégica de Infraestructuras primando modos de transporte más eficientes (con menor huella de carbono) reorientando las inversiones hacia mejoras de infraestructuras existentes y priorizando el ferrocarril y los modos no motorizados como sistema de transporte público de pasajeros y mercancías. Asimismo, se deberá aprobar una Ley de Movilidad Sostenible a nivel urbano implicando en ella tanto la ordenación del territorio como la gestión de desplazamientos, incluidas las empresas.

Como herramientas esenciales se fomentará la electrificación del transporte privado, público y de mercancías priorizando el uso de fuentes renovables de alimentación, así como optimizar los test de control de emisiones de CO2 de los vehículos.

Reforma fiscal para incremento de los impuestos sobre los combustibles fósiles, definiendo claramente posibles escenarios coyunturales de exenciones, así como la creación de un Fondo Verde para el Clima, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo, para el fortalecimiento de capacidades de los países en desarrollo en acciones de mitigación y en infraestructuras y alternativas para la adaptación al cambio climático.

III.2. AGRICULTURA Y SUELOS
La agricultura es uno de los sectores más frágiles ante el cambio climático y la crisis energética y es indispensable para el sustento de la humanidad. Es, además, una actividad clave para la gestión del territorio, los recursos hídricos y los ecosistemas. Los actuales métodos de cultivo y gestión ganadera industrializados son una de las causas más importantes de contaminación, pérdida de biodiversidad y emisiones de gases de efecto invernadero y son enormemente dependientes de los combustibles fósiles, ya que basan sus rendimientos en todo tipo de insumos derivados del petróleo (abonos químicos, pesticidas de síntesis, maquinaria) y en una producción y comercialización globalizada.

La situación de la agricultura española es especialmente frágil frente al cambio climático, ya que una buena parte de nuestro territorio es amenazado por la extensión del Desierto del Sáhara que se prevé como efecto del Cambio Climático. Aunque la superficie forestal ha aumentado en gran medida en las últimas décadas debido al abandono de tierras agrícolas, ello no debe hacernos pensar que la situación general de nuestros ecosistemas ha mejorado. La biodiversidad de nuestras tierras agrícolas, ríos, acuíferos y pastizales, se ha deteriorado enormemente en las últimas décadas. El contenido en materia orgánica de gran parte de los suelos agrícolas españoles se acerca a los valores considerados de desierto y las producciones esconden la pobreza del suelo y el desequilibrio ecosistémico con el uso de agroquímicos. Un dato a este nivel es revelador: más del 50% de la superficie agrícola en España posee menos de un 1,7% de materia orgánica.

Urge cambiar hacia un modelo agrícola resiliente frente al cambio climático y el pico del petróleo y que frene la pérdida de biodiversidad y suelo fértil y para ello es preciso cambiar el actual modelo agroquímico por un modelo agroecológico que tenga en la mejora de los suelos y en el fomento de la biodiversidad como herramientas para fertilizar y controlar las plagas en lugar de los agroquímicos derivados del petróleo.

Para ello proponemos las siguientes iniciativas:
Incentivar, dentro de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, medidas de regeneración de los suelos agrícolas y de aumento de la biodiversidad para conseguir la adaptación de los agroecosistemas españoles al aumento de temperaturas y a la mayor

incidencia de fenómenos climáticos extremos que traerá el Cambio Climático. Asimismo se protegerá el patrimonio genético de las variedades agrícolas tradicionales, las razas tradicionales, y la flora y fauna silvestre con el objetivo de conseguir una variedad genética que ayude a mitigar los efectos del cambio climático.

Incentivar los métodos agroecológicos de gestión agrícola y ganadera con el objeto de hacer que la agricultura deje de ser uno de los mayores contribuidores al deterioro ambiental y se convierta en una actividad que protege la biodiversidad, frena la erosión y convierte los suelos en sumideros de gases de efecto invernadero, a la vez que reduce su dependencia de los derivados del petróleo.

Establecimiento de medidas de protección de los suelos fértiles y ecosistemas que están amenazados por la urbanización descontrolada y la construcción de infraestructuras, especialmente aquellos más valiosos y con mayor potencial de ser utilizados con prácticas sostenibles (vegas, dehesas, humedales).

Fomento de la investigación y la divulgación de las técnicas de gestión ecológica en la agricultura, ganadería y gestión forestal con líneas de investigación en las universidades públicas y de introducción de estos contenidos en facultades y escuelas técnicas.

III.3. AGUA
Como ya se indicó anteriormente el ciclo del agua tiene una obvia relación con el clima, y sus cambios le afecta directamente y lo hace en todas sus funcionalidades: ecológicas, económicas y sociales, fomentando los desequilibrios que ya el modelo socioeconómico capitalista lleva impregnados. Los efectos derivados de las sequías y las consiguientes hambrunas se extienden a conflictos bélicos con un creciente movimiento de refugiados “ambientales” que lo son producto de guerras donde el clima y sus modificaciones son el catalizador en una especie de gran reequilibrio donde estos desplazados no solo huyen buscando seguridad, sino que lo hacen hacia donde pueden tenerla, a los lugares que son el causante básico de su emigración (el Norte, los países desarrollados). El agua tiene un papel central en el proceso en esta cierta homeostasis social.

La crisis del agua radica en la pobreza, la desigualdad y las relaciones poco equitativas de poder, así como en las políticas erradas de gestión que agravan la escasez. Y no se debe olvidar que el

acceso al agua para la vida es una necesidad básica al mismo tiempo que un derecho humano fundamental.

Según datos de las Naciones Unidas 1,3 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, lo que corresponde aproximadamente una sexta parte de la población mundial. Además 2,4 mil millones de personas en el mundo viven sin servicios de saneamiento adecuados, provocando que unas 10.000 personas mueran cada día por enfermedades relacionadas con problemas de saneamiento y agua. El impacto de servicios inadecuados de agua y saneamiento recae principalmente sobre los sectores pobres.

Más de 5 millones de muertes son causadas cada año por enfermedades transmitidas por el agua. El agua contaminada es el mayor causante de la muerte de niños pequeños. La contaminación del agua está vinculada a enfermedades bacteriales, parasitarias y a aquellas propagadas por el agua, especialmente el cólera y la diarrea. Si, por ejemplo, los hogares más pobres en las Américas recibieran servicios básicos de agua potable y saneamiento, la morbilidad causada por la diarrea se reduciría un 17% cada año. La falta de agua y de saneamiento provoca una menor higiene (lavado de manos, cuerpo, lugares donde defecar etc.); una mayor ingestión de patógenos, puesto que el agua no está tratada pudiendo llegar a estar contaminada; mayor deshidratación etc..

En algunas culturas, se sabe que la falta de baños en las escuelas de los sectores pobres es un factor importante por el cual las niñas deciden abandonar su educación, especialmente después de la pubertad. Más de la mitad de todas las escuelas del mundo carecen de estas instalaciones básicas, un factor que pone en peligro la salud y educación de millones de niños y niñas en edad escolar. Además, una falta de saneamiento puede incrementar la inseguridad de las mujeres en las culturas que les imponen esperar hasta la noche para poder realizar sus necesidades, ya que en muchos casos tienen que irse al río o un lugar alejado de las viviendas. Esto provoca que sean más vulnerables a la violencia, y por tanto que su seguridad disminuya. La gestión adecuada del agua se convierte así, también, en políticas de igualdad de género.

Actualmente, las preocupaciones por la seguridad nacional ante el terrorismo, la proliferación de armas y drogas están a la orden del día. Pero el hecho de que 1,8 millones de muertes infantiles anuales sucedan por motivos de falta de agua y saneamiento, no provoca que este tema se encuentre en las agendas internacionales. La inseguridad del agua provoca que algunos

principios fundamentales de la justicia social estén siendo violados, cuando es evidente la relación entre la seguridad y el mantenimiento de una buena gobernanza mundial. Elementos clave de la situación que instan a una gestión equitativa del recurso hídrico son, por tanto:
Igualdad de la ciudadanía. Todos los seres humanos disponen de los mismos derechos sociales, políticos y civiles, incluidos los medios para ejercer estos derechos eficazmente. La inseguridad de agua compromete estos derechos. Una mujer que pasa largas horas recolectando agua o que sufre constantes enfermedades relacionadas con el agua dispone de menos capacidad para participar en la sociedad, aunque pueda participar en la elección de su gobierno.

El mínimo social. Todos los ciudadanos tienen acceso a suficientes recursos para cubrir las necesidades básicas y llevar una vida digna. El agua limpia forma parte del mínimo social, siendo el requerimiento mínimo 20 litros por persona al día.

Igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, un requerimiento clave para la justicia social, disminuye a causa de la inseguridad de agua. La mayoría de la gente aceptará que la educación depende de la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, los niños que no pueden asistir a la escuela porque sufren constantes enfermedades causadas por no utilizar agua limpia no pueden disfrutar de su derecho a la educación, en ninguno de sus sentidos significativos.

Distribución justa. Todas las sociedades establecen límites justificables a las Garantizar que cada persona disponga de acceso a al menos 20 litros de agua limpia al día es un requerimiento mínimo para respetar el derecho humano al agua desigualdades. La desigualdad en el acceso a agua limpia en el hogar o a agua productiva en el campo no cumple con los criterios de una distribución justa, especialmente cuando se ve acompañada por altos niveles de pobreza y muertes infantiles evitables.

La Política hídrica siempre basada en el blindaje público del recurso debe tener elementos centrales como:

Huir de su mero utilitarismo comprendiendo en sí el recurso en cuanto a su funcionalidad integral social, económica y ecológica. En ese sentido la gestión del agua debe plantearse como integradora y no segregadora a nivel territorial.
La gestión sostenible del agua implica la garantía y el aseguramiento en el tiempo del suministro en cantidad y calidad en una situación de gestión global ante los riesgos derivados del cambio climático.

Las unidades de gestión del agua deben compatibilizar la realidad hidrogeográfica con las políticas-administrativas. La gestión unitaria e integrada del ciclo hidrológico, que comprende aguas continentales (superficiales y subterráneas), y marinas, se ha demostrado como la más eficiente en tanto que puede operar a nivel administrativo fundamentalmente en base a recursos hídricos propios.
La consideración del agua como recurso ecológico es esencial en la configuración de una política sostenible en su gestión, como también lo es la búsqueda de la máxima transparencia en esta gestión en base a la cual se fomenten los necesarios acuerdos entre consumidores y usuarios incrementando así la eficiencia en el uso del agua siempre de manera tutelada por los entes gestores de las administraciones públicas.

El Cambio Climático debe orientar la política hídrica potenciando la regeneración/reutilización y los máximos niveles de eficiencia de uso (Agua Renovable). Este hecho, que implica evitar traslados de agua a futuro (trasvases), debe compatibilizarse con el estricto cumplimiento del Derecho al agua y por tanto con el abastecimiento universal (dotación mínima en agua urbana). Para ello:

En materia de regadíos es esencial la búsqueda de la viabilidad económica estricta de los mismos en un proceso global (se reduciría mucha superficie prevista para riegos), incentivando en su gestión el uso de energías renovables para la obtención hídrica y las tecnologías de ahorro y eficiencia hídrica.

Los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta. En este sentido, creemos imprescindible establecer un modelo de gestión integrada.

No obstante, no basta garantizar la gestión pública, sino que es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva. Por ello, apostamos por un modelo de gestión participativa en el

que el ente gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a la ciudadanía.

III.4. BIODIVERSIDAD
La globalización de los problemas ambientales, el agotamiento de los recursos, la degradación acelerada del entorno, la ocupación desordenada del territorio y otros efectos, está provocando una pérdida acelerada de biodiversidad, de recursos tanto florísticos como faunísticos.

La protección de la biodiversidad es esencial como valor no sólo en sí mismo, con valor cultural, sino como valor y activo económico y real para el desarrollo de nuestras sociedades y como derecho fundamental de disfrutar un adecuado entorno, donde la biodiversidad juega un papel fundamental. En este sentido, la biodiversidad es responsable o colabora de forma decisiva con multitud de funciones que proveen nuestros ecosistemas del que dependen de forma vital nuestras sociedades.

El estudio de estas funcionalidades de la biodiversidad es un actual campo de investigación, donde se han ido definiendo distintos ámbitos identificados que proveen a la humanidad funciones como son la regulación atmosférica (equilibrio de dióxido de carbono, ozono, contaminantes, etc.) climática, regulación hídrica, sujeción y formación de suelo, formación de nutrientes, control biológico, procesado de residuos, función de refugio, criadero, comida (vegetal y animal), energía, etc., provisión de materias primas, recursos genéticos, fármacos, materiales de construcción, funciones paisajísticas, recreativas, turísticas, culturales, espirituales, históricos, etc… Muchas de estas funcionalidades están siendo copadas por grandes corporaciones que monopolizan materiales genéticos y comercializan desde posiciones meramente mercantiles poniendo (como se dijo antes) en riesgo la seguridad global en materia alimentaria y sanitaria muy en particular.

Se debe incentivar el análisis de los vínculos existentes entre biodiversidad, funciones suministradoras de servicios ecológicos y la sociedad, donde las disciplinas científicas de carácter sectorial han demostrado un escaso éxito y por lo cual se debería fomentar una ciencia interdisciplinar dedicada a este campo de estudio, donde la dimensión humana en la dinámica de los ecosistemas sea incluida y donde se entienda que los ecosistemas son los responsables últimos de los que depende el bienestar humano.

IV. A MODO DE CONCLUSIONES: HACIA UNA HEGEMONÍA DE LA SOSTENIBILIDAD

Es preciso compartir lo que nos es común, los recursos naturales como bienes comunes y públicos: agua, semillas, tierra, biodiversidad, subsuelo, etc… para lo que deben fortalecerse los servicios públicos como garantes de este bien común y blindarse, con la regulación adecuada, ante los procesos de privatización de gestión concesional de servicios existentes y de posible futuro. Asimismo, deberán definirse sistemas con el apoyo público adecuado para proteger, difundir y fomentar modelos de producción local, más eficientes en el uso de la energía y más sostenibles en un cómputo global y por tanto de menor huella ecológica. Un desarrollo menos entrópico, más circular, más endógeno.

En definitiva se debe huir de los procesos “Bussines as Usual” con nuevos paradigmas que invaliden la bondad de un crecimiento económico ilimitado, de las grandes infraestructuras, de la creciente industrialización de la agricultura. Por ello se debe limitar la ampliación de los tratados de libre comercio pues facilitan un régimen desregularizado y opaco a nivel comercial, permitiendo inversiones indiscriminadas que incrementan la crisis climática. Por tanto se deberá evitar el avance de al menos: TTIP, CETA y PISA.

La forma de entender la destrucción del medio ambiente desde una visión neoliberal no es evitarla, sino que varía entre obviarla y reenviar los costes de restauración al Estado y especular financieramente con ella para sacar beneficios. El problema es que esta estrategia, con ese modelo, está destinada al fracaso pues los ciclos naturales no lo soportarán, de hecho dan su voz de alerta en forma de Cambio Climático. El capitalismo no podrá superar la crisis ecológica que el mismo provoca. En su naturaleza está el producir incrementos en el metabolismo social, como indica JM Alier (3), permanentes flujos de energía y materiales entrópicos y no circulares pues requiere una velocidad de ajuste y regeneración muy superior a las de ciclos naturales en los que se soporta. Los enfoques del “capitalismo verde” financiarizador, apuntalan el modelo dando una falsa apariencia de viabilidad pues la naturaleza le pone unos límites que serán infranqueables en la medida que la ciudadanía así se lo exija a sus Estados.

En este sentido el Estado ocupa un papel central como interfaz entre capitalismo y naturaleza, como ente Regulador esencial, por eso la política ambiental es una cuestión de Estado, como también lo es la sociedad civil que debe velar para exigir que el Estado no quede secuestrado por las oligarquías económicas, una ciudadanía que reclama la equidad: social y ambiental.

Las disfunciones del modelo económico son percibidas desde las alteraciones ambientales, las cuales son un indicador del fallo del sistema neoliberalizador de los bienes naturales. La creación desde ATTAC de un Observatorio donde sean analizados los riesgos ambientales de la financiarización inmanentes al sistema, es una oportunidad para determinar bajo esta perspectiva propuestas que contribuyan a orientar un nuevo modelo.

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