El caso Ático – Attac en Infolibre

11 abril 2016 | Categorías: Nacional, Otros, Portada

telemadridEntrevista realizada por INFOLIBRE a uno de los trabajadores de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña, que ejerce la acusación particular en el caso Ático.

“No hemos denunciado por venganza, sino por justicia con los despedidos por la mala gestión de Telemadrid. Nosotros somos defensores del servicio público”. Así se expresa José Ignacio, uno de los trabajadores de la cadena pública madrileña que ejerce la acusación popular del caso del ático que ha posibilitado la imputación del expresidente madrileño Ignacio González; de su mujer, Lourdes Cavero; y del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.Este sábado se celebra a mediodía en la Puerta del Sol de Madrid una concentración denominada Corrupción igual a paro, que conmemora los tres años de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró ilegal el ERE de Telemadrid en el que fueron despedidos más de 900 trabajadores.

“Además, la imputación de González nunca podrá compensar lo que hemos sufrido con el ERE. Nosotros ya hemos perdido, porque incluso un compañero acabó suicidándose…”, asegura una extrabajadora de Telemadrid, que prefiere no dar su nombre.

José Ignacio y la extrabajadora que opta por no revelar su identidad forman parte de un colectivo de 861 despedidos en el ERE de Telemadrid que, tras conocer que iban a ser despedidos por la gestión económica de la actual dirección, comenzó a investigar las relaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, los que formaban parte del comité de empresa, han tenido que ser readmitidos por decisión judicial.

“Veíamos cosas raras”

Según explican a infoLibre, tras hacer un repaso de todas las informaciones sobre los negocios de Telemadrid, se dieron cuenta de que a lo largo de los años anteriores la televisión autonómica había realizado numerosas adjudicaciones sospechosas que favorecían en todo momento a las empresas de Enrique Cerezo. “Nosotros no teníamos seguridad de que hubiera algún delito, pero veíamos cosas raras. Y nos pusimos a hacer algo parecido a una investigación periodística, aunque en realidad estábamos en el paro”, explica una de las despedidas.

El trabajo de estos extrabajadores de Telemadrid reivindica el viejo periodismo de investigación. En su caso no se trataba de que una garganta profunda les diera una información valiosa. “Y ahora que está de moda la película Spotlight, nosotros hicimos un poco eso, periodismo de investigación”, explica un trabajador de Telemadrid, José Ignacio, que ha sido readmitido en la televisión madrileña.

“Telemadrid perdió las buenas prácticas. Necesitábamos otra voz al margen de Salvemos Telemadrid, que estaba más enfocada hacia la denuncia de la manipulación. Cuando vemos que quieren justificar el ERE por causas económicas, creamos la Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid y empezamos a investigar a dónde se había ido el dinero”, sostiene otro extrabajador que dejó la cadena en el expediente de regulación de empleo.

Attac y Economía Sol

Tirando del hilo detectaron, con el asesoramiento de la asociación Attac y del grupo de trabajo Economía Sol, documentación pública que mostraba los continuos y lucrativos contratos que recibía Cerezo de la televisión pública que afrontaba un ERE que acabaría con una parte importante de la plantilla.

Esta ayuda se personaliza en la abogada Liliana Pineda, experta en el análisis de los paraísos fiscales, que desde un primer momento arropó a los alrededor de 250 despedidos que crearon la Asociación de Despedidos en el ERE de Telemadrid. Con el paso del tiempo, este colectivo ha logrado ejercer la acusación particular en la investigación del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que el próximo 18 de abril deberá declarar como imputado (investigado) junto a su mujer, Lourdes Cavero, y el propio Enrique Cerezo.

Cerezo, TDT, Mutipark

Al final, con toda la información lograda, estos trabajadores acabaron acudiendo a denunciar la supuesta connivencia de Ignacio González con Enrique Cerezo: “Nos fuimos en julio de 2013 a Málaga a contar lo que sabíamos. Nos fuimos con indicios, no con pruebas. Explicamos las concesiones de las licencias de TDT por parte de la Comunidad de Madrid a Cerezo y otras cosas como, por ejemplo, la publicidad de Multipark, un contrato del Canal de Isabel II y los derechos de los partidos del Atlético de Madrid. Y nos dimos cuenta de que la investigación que se llevaba en Estepona se focalizaba sólo en el presunto pago de Martinsa a Ignacio González, y nosotros aportamos la parte de Enrique Cerezo y Telemadrid. Y, de hecho, Enrique Cerezo está imputado junto a González y su mujer, lo que supone un respaldo a nuestra denuncia”, explica José Ignacio.

El propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reconoció a los extrabajadores de Telemadrid que lo que aportaban era “un enfoque distinto” –que ha acabado siendo complementario– a lo conocido hasta entonces en el caso del ático.

Meses después, los despedidos de Telemadrid solicitaron ser acusación popular en el juzgado de Estepona: “Y nos dijeron que sí, pero que tendríamos que estar bajo la dirección letrada de la primera acusación, que era la del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y cuando se retiró, nosotros nos hicimos cargo de la misma y mantuvimos al abogado Javier Carnerero, que estaba haciendo una gran labor”.

Visión de Coast Investors

Un escrito reciente de la empresa Coast Investors SL, la compradora del ático en 2008 y que está imputada como persona jurídica, explica su versión sobre las denuncias de las diferentes acusaciones populares: “Cuando se trata de Transparencia y Justicia, se trata de vincular los hechos objeto de instrucción a Gürtel; si es el PSOE o el SUP a Martinsa; si son los extrabajadores de la Televisión Madrileña al señor Cerezo”.

Pero la realidad no es tan simple como apunta el representante legal de la empresa imputada. Según el comisario que coordinó la investigación inicial sobre el ático de González, José Manuel Villarejo, un confidente policial explicó que el pago de los dos millones de euros lo habría hecho Martinsa, que habría utilizado la estructura financiera offshore de Enrique Cerezo.

De hecho, el abogado del PSOE madrileño Wilfredo Jurado, que también ejerce la acusación popular del caso del ático, incluyó en su denuncia contra González ante el Tribunal Supremo, dónde estaba aforado el expresidente madrileño, la supuesta participación del presidente del Atlético de Madrid en el presunto abono de la mordida al político madrileño.

José Manuel Sánchez Fornet

El actual coordinador general del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, José Manuel Sánchez Fornet, fue el principal impulsor de la denuncia interpuesta en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y el pasado 4 de marzo pasado publicó un artículo de opinión en el periódico confidencialandaluz.com sobre su papel en la denuncia por la compra del dúplex de lujo que desde un principio alquiló la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

“Nada más saltar la polémica, tanto el presunto inquilino de alquiler [Ignacio González], como el ministro de Interior [Jorge Fernández Díaz] y el director general de la Policía [Ignacio Cosidó] se apresuraron a calificar como ilegal la investigación policial, al tiempo que procedieron al cese, expediente y traslado del comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes”, explica Sánchez Fornet en su artículo.

“Pero el político [Ignacio González] tuvo la mala suerte de tropezar”, prosigue el texto, “con un sindicato que entonces (ahora no) no dejaba de defender a ningún afiliado por muchas presiones y amenazas que recibiera (que se recibieron)”. De esta forma, Sánchez Fornet ataca en su escrito a la actual dirección del SUP, que se retiró como acusación popular del caso del ático, dando paso a los extrabajadores de Telemadrid. “No me extrañó que la dirección nacional del SUP y su máxima responsable, la que elaboró el certificado del pleno de la ejecutiva el 3 de octubre de 2012 por el que el sindicato decidía realizar la denuncia, decidiera retirarse de la acusación popular en vez de esforzarse por activar el caso”.

Y por eso Sánchez Fornet alaba a los extrabajadores de Telemadrid: “Aunque en el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC), desde donde hoy actuamos, varios de los que impulsamos aquella denuncia desde el sindicato habíamos decidido ya solicitar la personación como acusación popular para seguir investigando el caso si hubiese sido necesario”, concluye.

“Unos días después de saltar la polémica a los medios de comunicación mantuve una reunión en Málaga con el comisario provincial, Francisco Arrebola (después nombrado jefe superior de Andalucía Oriental, Jaén, Málaga, Granada y Almería), quien nos informó de que estaba en marcha una información reservada, que se había producido una investigación no autorizada y que los policías podrían sufrir alguna sanción, según las noticias que le llegaban desde Madrid”, especifica este policía, que asegura que para defender a los agentes afiliados decidieron indagar sobre el asunto.

“Y una vez con la seguridad de que dicha investigación había sido ordenada por cauces legales y que no suponía ninguna intromisión ilegal en el honor de nadie, con los datos obtenidos remitimos escrito a la Fiscalía Anticorrupción el 24 de abril de 2012″, prosigue. La Fiscalía contestó que no realizaría una investigación penal, pero que sí se podía realizar una investigación policial, por lo que aconsejó a los denunciantes que continuaran las gestiones.

Comisario Rodríguez Ulla

El cese del comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla, que declaró como testigo en el caso del ático, precipitó los hechos: “Y por ello se preparó una denuncia que fue presentada el día 22 de octubre de 2012 en el juzgado de Estepona, correspondiéndole al número 5 que desde entonces sigue practicando las diligencias correspondientes”, resalta Sánchez Fornet.

El caso del ático ha incluido, además de los expedientes a los policías, numerosos retrasos y errores en las comisiones rogatorias. El coordinador de la investigación policial inicial, José Manuel Villarejo, también aseguró que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó que dejara de investigar la compra del dúplex.

Y Sánchez Fornet aporta un dato más. Que fue objeto de expedientes tras negarse a retirar la denuncia: “Me sancionaron con tres expedientes disciplinarios de 45, 20 y 15 días de suspensión de empleo y sueldo respectivamente, por decisión expresa del director general de la Policía”.

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