La estafa de las agencias de calificación

13 marzo 2016 | Categorías: Internacional, Mercados Financieros

Mientras fallaban estrepitosamente, las grandes agencias obtuvieron generosos beneficios y mantienen un negocio que no se ha resentido nada

Es evidente el permanente chantaje al que someten a los gobiernos democráticos cuando intentan políticas poco acordes con los intereses del gran capital

La lógica del mercado implicaría que quien ha recibido los beneficios de altas primas de riesgo tuviera que asumir las pérdidas derivadas del impago, pero no es así

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En una memorable escena, el humorista José Mota planteaba a su banda de gángsters el golpe perfecto: no robar un banco, sino crearlo para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Sin duda, y en la misma línea, alguna otra banda creó una agencia de calificación.

Las agencias de calificación de riesgos son empresas que evalúan unos determinados productos financieros presuntamente en función del riesgo de impago. En teoría, su actividad reduce costes de información y favorece la eficiencia. Además, se dice, beneficia a los pequeños emisores que gracias a las agencias pueden acceder más fácilmente a los mercados financieros.

Eso dice la teoría. Pero la práctica es muy diferente. Veamos los efectos observados de sus calificaciones.

¿Una calificación elevada de las agencias garantiza el éxito de mi inversión? Evidentemente no. Recordemos que Enron y Lehman Brothers tenían calificaciones tranquilizadoras hasta justo antes de sus quiebras. ¿Hubo alguna responsabilidad para esas agencias que nos aseguraban su solvencia? Ninguna. Obtuvieron espléndidos beneficios mientras fallaban tan estrepitosamente, y posteriormente su negocio no se ha resentido.

A lo mejor esto tiene que ver con que la mayor parte de los ingresos de estas agencias derivan de los pagos de quienes quieren pedir crédito. Esto ya plantea algún problema porque la calificación podría estar mediatizada en favor del cliente: no vaya a ser que si no le gusta la que le das se marche a la competencia.

Por eso, una condición fundamental (no declarada) para que el negocio funcione es que no haya competencia. Tres grandes compañías americanas (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) dominan en torno al 90% del mercado.

Ante esta evidencia, la Unión Europea manifestó con la crisis financiera que se reglamentaría el funcionamiento de las agencias y mejoraría su supervisión. Incluso, como leímos en la prensa, se puso sobre la mesa la creación de una agencia pública europea. ¿Qué fue de todo ello? La reglamentación sigue esperando y el proyecto de la agencia europea desapareció misteriosamente. Como en una película clásica, se tuvo cuidado para que “pareciera un accidente”.
¿Y qué ocurre si la calificación baja? Básicamente que los intereses que debe pagar la institución emisora suben, los gastos se incrementan, se deteriora la solvencia, necesidades de ajuste internos (despidos en las empresas, descenso de la inversión y el gasto social en los Estados…).

Y esto sí que es un arma de destrucción masiva.

Naturalmente, la banda de José Mota sería consciente del enorme poder que tiene en sus manos. La capacidad de chantaje es evidente. Puede serlo con fines directamente recaudatorios: se cita el caso de la empresa alemana de seguros Hannover Rück. Moody’s publicó una calificación de esa empresa al tiempo que le enviaba una carta comunicándole que estaban esperando a que pagara. La dirección de la empresa se negó y Moody’s fue rebajando su calificación y reiterando peticiones de pago hasta calificar la deuda de la empresa como basura. Las pérdidas en capitalización y en empleo fueron importantes para la díscola empresa alemana.

Pero puede serlo también como arma política. Es evidente el permanente chantaje que sufren los gobiernos democráticos cuando intentan políticas poco acordes con los intereses del gran capital. En España ya hemos recibido amenazas de deterioro de las calificaciones si llega un gobierno que eche para atrás las reformas del periodo de Rajoy. La derecha mundial (y nacional) tiene así una banda más al servicio de sus intereses. En algunos casos, esta presión puede resultar hasta grotesca. Se cuenta que en una visita el pasado año de las agencias al Ayuntamiento de Madrid, ¡se preguntó por la retirada de las subvenciones a las corridas de toros! Sin comentarios.

Por otro lado, las calificaciones negativas a determinados gobiernos bien podrían denominarse como extorsiones al más puro estilo mafioso en favor de las entidades financieras. Tomemos el caso griego: las elevadas primas de riesgo que se vienen aplicando durante años a las emisiones de su gobierno suponen un coste muy importante para su hacienda pública (con las consiguientes consecuencias sociales), una suculenta rentabilidad para los prestamistas y un poderoso instrumento de control político (la situación puede agravarse como se les ocurra emprender políticas poco deseables para los intereses de los usureros).

Ahora bien, ¿qué ocurre si (podríamos decir que coherentemente con la calificación de riesgo recibida) el gobierno griego dice que repudia parte de esa deuda porque no puede pagarla sin graves daños económicos y sociales? En tal caso, la Unión Europea acude al rescate… de los bancos acreedores.

Por lo tanto, los prestamistas han tenido unos ingresos extraordinarios gracias a la elevada calificación del riesgo… ¡pero no asumen riesgo alguno! La lógica del mercado implicaría que quien ha recibido los beneficios de altas primas de riesgo tuviera que asumir las pérdidas derivadas del impago. En otro caso, hay que decirlo así de claro, ese sobrecoste de los créditos no es otra cosa que una extorsión mafiosa.

El tráfico de dinero es mucho más rentable y honorable que el de las drogas. Pero con consecuencias negativas aún más relevantes y perjudiciales para el conjunto de la población. Quienes prestan a tipos de interés alto deben asumir las posibles pérdidas. Y las agencias de calificación, mientras existan como hasta ahora, deben estar sujetas a estrictas reglas de transparencia y a responder por sus informes, con su patrimonio, de los perjuicios que causen. Aunque resultaría preferible erradicar el delito.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

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