Nos roban..

9 abril 2014 | Categorías: Mercados Financieros, Nacional, Unión Europea

Comunicado de prensa*

 

Las grandes corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. Mientras que a los especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos

El informe

 Cuando la crisis es negocio explica la historia de cómo las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. También explica por qué el régimen global de inversiones florece con las crisis económicas, y cómo sus beneficios son muy desiguales. Mientras que a los especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie no gozan de esa misma protección y por el contrario se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos.


Durante mucho tiempo, los países europeos no estuvieron afectados por la creciente oleada de controversias entre inversores y Estados, que habían tendido a dirigirse contra países en desarrollo. Sin embargo, tras la crisis financiera global, las corporaciones y los abogados de inversión han vuelto la mirada hacia posibles ganancias en Europa. Es así como un régimen de inversiones, urdido en secreto en salas de juntas europeas y que garantiza a las corporaciones importantes derechos para demandar a los Gobiernos, vuelve a casa como un boomerang.

El informe empieza repasando la historia de las controversias entre inversores y Estados como resultado de las crisis económicas en todo el mundo, desde México en 1994 a Argentina en 2001. Al verse azotados por la crisis, estos países hicieron todo lo posible por proteger a sus economías de un rápido hundimiento; desde entonces, las medidas que adoptaron se convirtieron en blanco sistemático de las corporaciones. Los países han sido demandados por tomar medidas para reanimar su sistema financiero nacional o por congelar las tarifas de los servicios públicos para que fueran asequibles a la población.

Algunas medidas, como la reestructuración de la deuda soberana (es decir, renegociar las condiciones con los acreedores) son incluso un requisito exigido por los acuerdos sobre deuda y, a pesar de ello, también han sido objeto de demandas de inversión.


La base jurídica de estas demandas se halla en los más de 3.000 tratados internacionales de inversión vigentes hoy en día. Estos tratados garantizan una amplia protección de la propiedad privada, consagrada en cláusulas tan genéricas como el “trato justo y equitativo” y la “protección ante la expropiación indirecta”.


El problema está en que estas cláusulas se interpretan de forma tan amplia que otorgan a las corporaciones carta blanca para demandar a los Estados por cualquier norma que se pueda considerar que afecta a sus ganancias presentes o futuras. Además, los tratados de inversión garantizan a las corporaciones una amplia protección, pero no conceden a los Estados derechos equivalentes para proteger a su propia ciudadanía.

El informe analiza en detalle cómo han respondido los inversores corporativos a las medidas tomadas por España, Grecia y Chipre para proteger sus economías tras la crisis de la deuda europea. En Grecia, la compañía eslovaca Poštová Bank adquirió deuda griega después de que el valor de los bonos bajara de categoría; más tarde, se le ofreció un paquete de reestructuración de la deuda muy generoso, pero la compañía intentó hacer mejor negocio demandando a Grecia a través del tratado bilateral de inversión (TBI) entre Eslovaquia y Grecia.

En Chipre, Marfin Investment Group, un fondo privado de inversión que cotiza en la bolsa de Atenas y que está involucrado en una serie de prácticas de crédito cuestionables, está exigiendo una compensación de 823 millones de euros por las inversiones perdidas después de que Chipre tuviera que nacionalizar el Laiki Bank por las condiciones del acuerdo de reestructuración de la deuda con la UE.

En España, 22 compañías (en el momento de escribir estas líneas), sobre todo fondos de capital privado, han presentado demandas ante tribunales internacionales por los recortes en los subsidios a las energías renovables. Aunque el recorte de estos subsidios ha sido justamente criticado por grupos ambientalistas, solo los grandes inversores privados tienen derecho a presentar una demanda y resulta especialmente ofensivo que, en caso de ganarla, será la ciudadanía española –que ya está sufriendo por la austeridad que se le ha impuesto– la que deberá pagar de sus bolsillos para enriquecer aún más a fondos de capital privados.

Cuando la crisis es negocio desvela cómo:


El rescate público de los bancos que generó la crisis de la deuda europea se podría repetir con un segundo rescate público, esta vez de inversores especulativos. Inversores corporativos han reclamado en disputas arbitrales más de 700 millones de euros a España; más de 1.000 millones de euros a Chipre y una cantidad no revelada a Grecia. Esta factura, a la que habría que añadir los exorbitantes honorarios de los abogados por tramitar los casos, se pagará con el dinero de las arcas públicas en un momento en que las medidas de austeridad están traduciéndose en importantes recortes en el gasto social y en crecientes privaciones para las comunidades vulnerables. En 2013, España, mientras se gastaba millones de euros para la defensa en demandas, recortó el gasto en salud un 22% y en educación, un 18%.

Muchas de las demandas de inversión interpuestas contra los países europeos en crisis han sido iniciadas por inversores especulativos. No eran inversores con un largo recorrido en el país, sino aquellos que invirtieron cuando la crisis se empezó a vislumbrar y que, por lo tanto, eran plenamente conscientes de los riesgos que conllevaba. Sin embargo, en lugar de pagar el precio de una inversión riesgosa, los acuerdos de inversión les han dado una vía de escape que están usando para saquear más dinero de los países en crisis.

Poštová Bank, por ejemplo, compró bonos a principios de 2010, al mismo tiempo que Standard & Poor’s calificaba la deuda griega de ‘bono basura’. En España, de las 22 compañías implicadas en demandas, 12 invirtieron después de 2008, cuando se introdujeron las primeras limitaciones a las tarifas reguladas para la energía solar; ocho más siguieron invirtiendo en el país a pesar de las ‘amenazas’ a sus inversiones.

Los inversores implicados en las demandas se han beneficiado considerablemente a pesar de que sus inversiones se hayan visto ‘afectadas’ en los países en crisis. Poštová Bank notificó un beneficio neto de 67,5 millones de euros en 2012; Abengoa SA, compañía que invierte en energías renovables, notificó un aumento del 17% en sus ingresos, que alcanzaron los 5.230 millones de euros, en los primeros nueve meses de 2013. Para la ciudadanía de los países demandados, en cambio, la historia es muy distinta. Los griegos, por ejemplo, son en promedio casi un 40% más pobres que en 2008 y el índice de personas sin hogar ha experimentado un drástico aumento. Uno de cada tres niños (unos 600.000) vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza.

Los inversores corporativos han contado con el apoyo y el aliento de abogados de inversión muy bien remunerados que se dedican a identificar constante y activamente posibilidades de litigio. En algunos casos, las firmas de arbitraje que están demandando a los países en crisis también estaban asesorando a esas mismas compañías cuando realizaron las inversiones de riesgo. El bufete de abogados británico Allen & Overy, que ahora representa a los inversores en cinco de las siete demandas conocidas (en estos momentos) contra España relacionadas con el recorte de subsidios en el sector de la energía, asesoraron a algunos de estos inversores en su adquisición original de las centrales de energía. El marketing de los abogados corporativos ha rendido sus frutos, visto el auge de casos y de suculentos beneficios e ingresos para estas firmas de élite. Por ejemplo, el bufete británico Herbert Smith Freehills, contratado para representar a España en al menos dos casos, cobra unos honorarios de 300 euros por hora y podría ganar hasta 1,6 millones de euros por los casos.

Los abogados de inversión y las corporaciones están usando la amenaza de las demandas legales para intentar modificar políticas o evitar que se adopten normas que amenazan a sus ganancias. En un documento enviado a sus clientes en octubre de 2011, por ejemplo, el bufete de abogados estadounidense K&L Gates recomendaba que los inversores usaran la amenaza del arbitraje de inversiones como una “herramienta de negociación” al pactar la reestructuración de la deuda con Gobiernos. En la misma línea, la firma británica Clyde & Co recomendó usar “la potencial publicidad negativa” de una demanda de inversión como “instrumento de presión en caso de disputa con un Gobierno extranjero”.

La Comisión Europea (CE) ha desempeñado un papel cómplice y ambiguo, apoyando efectivamente esta oleada de demandas corporativas al presionar a los países azotados por la crisis. Algunas de las demandas han surgido debido a las medidas de reestructuración bancaria y de la deuda que se exigieron como condición de los paquetes de rescate de la UE. Además, aunque la CE se ha mostrado crítica con los TBI entre los Estados miembros de la UE (conocidos como ‘TBI intracomunitarios’), sigue promoviendo activamente el uso de mecanismos de arbitraje inversor-Estado en todo el mundo, en especial en las actuales negociaciones para el controvertido acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la UE (el TTIP por su sigla en inglés). Defender la protección de las corporaciones mientras se deniega la protección social de la ciudadanía es una inquietante muestra de las actuales prioridades en las políticas económicas y comerciales de Europa.

El régimen del arbitraje de inversiones garantiza un trato de favor a los inversores extranjeros y privatiza la justicia. A los inversores extranjeros se les conceden más derechos que a las empresas, las personas y las comunidades del país, incluso cuando estas se ven igual de afectadas por las medidas que llevaron a la disputa. Los casos son juzgados por un tribunal compuesto por tres abogados privados y con ánimo de lucro, que acaban decidiendo sobre políticas que afectan al bienestar de millones de personas. Algunos de ellos han ignorado los principios jurídicos internacionales que permiten a los Estados incumplir sus obligaciones internacionales cuando es necesario para proteger los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente en situaciones de crisis.

La creciente recesión en los países europeos en crisis ha ido atrayendo cada vez más buitres, que están dando vueltas para saquear ganancias. En 2012, la firma Greylock Capital, con sede en Nueva York, señaló que comprar bonos griegos era “el negocio del año”. En aquel momento, los inversores estaban pagando entre 15 y 25 céntimos por bono, por cada bono equivalente a un dólar.


En abril de 2013, el bufete de abogados estadounidense Skadden, que representa a Cyprus Popular Bank (Laiki) en una incipiente disputa contra Grecia que entraña miles de millones de euros y que se basa en un tratado de inversión, alabó el “creciente atractivo y uso novedoso de los tratados bilaterales de inversión”. El bufete añadía que “el atractivo de los tribunales de los TBI, sumado a la incertidumbre económica de los últimos tiempos, ha desencadenado un creciente uso de los TBI para resolver disputas mediante vías con las que no se habían topado anteriormente los tribunales arbitrales, y esperamos que esta tendencia se mantenga”.

La experiencia de Argentina, que se enfrentó a 55 demandas de inversores tras la crisis de 2001, demuestra que las demandas siguen llegando durante un tiempo después de la crisis propiamente dicha. En efecto, los casos que aparecen en este informe son probablemente solo el principio de una nueva oleada de demandas inversor-Estado contra países europeos.

Estas disputas entre inversores y Estados forman parte de un patrón más general que se ha hecho especialmente evidente desde que estalló la crisis económica. Se trata de un patrón en que a las corporaciones se las protege de las inversiones de riesgo mientras que a la ciudadanía se le dice que los recortes son inevitables; en que las pérdidas corporativas se socializan y los contribuyentes pagan la factura; en que las corporaciones pueden recurrir al sistema de justicia mientras que los derechos de ciudadanos y ciudadanas son marginados.

Los ciudadanos europeos y americanos, comprensiblemente, demostraron su enfado por el rescate de los bancos. Ha llegado la hora de poner la atención sobre el rescate de los inversores y reclamar un cambio radical del actual régimen global de inversiones.

Como primer paso, los Gobiernos de la UE deben rescindir los acuerdos de inversión vigentes. En concreto, los ciudadanos y los políticos europeos preocupados por la cuestión deben exigir que se excluyan los mecanismos de disputa inversor-Estado de los acuerdos comerciales que se están negociando en estos momentos, como el tratado comercial propuesto entre los Estados Unidos y la UE. Con la actual propuesta de acuerdo transatlántico, un total de 75.000 compañías registradas en ambas regiones, con sedes en la UE y los Estados Unidos, podrían lanzar disputas inversor-Estado con base en este acuerdo transatlántico. La experiencia europea con los especuladores corporativos que se están beneficiando con la crisis debería funcionar como una sana advertencia de que es necesario limitar los derechos de las corporaciones y priorizar los derechos de las personas.

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 *Profiting from Crisis 

 Fuente: http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/03/profiting-crisis-how-corporations-and-lawyers-are-scavenging-profits-europe-crisis

Traducción de Enrique Prudencio para Zonaizquierda.org

Ilustración de O COLIS

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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