POR UNA GESTIÓN PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA DEL AGUA

12 marzo 2014 | Categorías: Nacional, Plataforma CYII
Etiquetas: ,

AGUARed Agua Pública

 

INTRODUCCIÓN

El agua es un bien común y el acceso al abastecimiento y al saneamiento es un derecho humano. La consideración del agua como un bien común conlleva considerarla como un patrimonio del planeta, que debe ser gestionada con criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, que son, a todas luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su propia naturaleza, imbuida de expectativas de lucro privado y beneficio personal, cuanto más a corto plazo, mejor.

El concepto de bien común está, pues, radicalmente enfrentado con las políticas neoliberales que imperan en el contexto de la globalización económica, basadas en el fundamentalismo del mercado y que promueven y favorecen la privatización de los recursos naturales y genéticos y la gestión mercantil de los servicios asociados a sus usos potenciales. Consecuentemente, nos oponemos a la privatización de los servicios de agua y de los ríos y demás masas superficiales y subterráneas.

El derecho humano al agua y al saneamiento está plenamente reconocido por las Naciones Unidas y se lo considera legalmente vinculante para los Estados en tanto que es parte de la legislación internacional. El derecho humano se configura como un derecho de provisión de servicios de agua y saneamiento con unos niveles de servicios que tienen que ser equitativos y accesibles para el conjunto de la ciudadanía, y que tienen que ser gestionados con criterios que garanticen la participación, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad. Asumimos plenamente el derecho humano al agua en tanto que establece las bases conceptuales para la gestión democrática y de calidad de los servicios de agua y saneamiento.

Por lo anterior, la oposición a la privatización trasciende a la reivindicación de la titularidad pública y tiene que considerar, además, la gestión de los servicios que, en ningún caso, deben orientarse a la consecución del lucro ni realizarse con criterios mercantiles que aplican  doctrinas comerciales, dando más importancia al valor de cambio de un servicio que a su valor de uso, priorizando los análisis de costo-beneficio en la toma de decisiones y utilizando técnicas de administración propias del sector privado, como el establecimiento de salarios en función del rendimiento o en la consideración de criterios estrictamente económicos -beneficio y voluntad de pago-, en vez de otros relativos a la  equidad social -capacidad de pago- en la definición de las políticas tarifarias.

Con estos planteamientos, la lucha contra la privatización y la definición de alternativas a la misma debe tener en cuenta escenarios más complejos que la mera reivindicación de la titularidad pública del servicio, sino que deben contemplarse el tipo de gestión que se realiza, tanto en los servicios públicos como privados. En este sentido, en cada caso deberán configurarse modelos de gestión de los servicios atendiendo a las condiciones específicas, sin que sea deseable definir un modelo universal.

CRITERIOS PARA LAS ALTERNATIVAS A LA PRIVATIZACIÓN

Reivindicamos que las distintas alternativas a la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento tengan en cuenta los criterios siguientes:

Por una gestión del ciclo integral. Los servicios de abastecimiento y saneamiento deben realizarse por una única organización funcional ya que se favorece la consideración de los aspectos cuantitativos y cualitativos del recurso. Consecuentemente, la actividad de los servicios debe circunscribirse al ciclo integral del agua, integrando la aducción, distribución, alcantarillado y depuración.

Por la titularidad pública de los servicios. La titularidad del servicio debe ser 100% pública.

Por una gestión 100% pública y no mercantil. La gestión de los servicios debe ser 100% pública y realizarse con criterios y procedimientos no mercantiles y sin ánimo de lucro, primando la equidad social. En consecuencia, la gestión financiera del servicio se debe orientar a garantizar su sostenibilidad y no a la consecución de beneficios o excedentes económicos. En caso de existir excedentes económicos, deberán reinvertirse en el servicio para su mejora técnica, social o medioambiental y conseguir su sostenibilidad.

Por una gestión orientada al usos sostenible del agua. La gestión de los servicios debe estar orientada a alcanzar la buena salud de todas las aguas, buen estado ecológico y químico de las aguas superficiales y cuantitativo y químico de las subterráneas.

Por una legislación que no favorezca la mercantilización del servicio, que garantice la financiación justa de los ayuntamientos, que son los titulares de los servicios. Propugnamos la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por ir en contra, precisamente de lo anterior. Las ordenanzas y reglamentos relativos a los servicios deberán concretarse teniendo en cuenta este criterio.

Por la equidad tanto en la definición de los niveles de servicio como en la gestión de los servicios y el establecimiento de las políticas tarifarias. En este sentido, reivindicamos el establecimiento gratuito de un mínimo vital de agua asegurado y la imposibilidad de cortes en el suministro por cuestiones económicas o sociales.

Por la participación pública. Abogamos por la participación directa y equitativa de la ciudadanía en los órganos directivos y decisorios; los reglamentos y ordenanzas deberán recoger y desarrollar  convenientemente las condiciones de participación.

Por la eficiencia en el suministro del servicio desde el punto de vista de los recursos (por ejemplo, pérdidas de agua, costos administrativos, impactos ambientales). En ningún caso las mejoras en eficiencia se conseguirán socavando otros posibles resultados positivos (por ejemplo, equidad, asequibilidad, medio ambiente, salarios, salud y seguridad, calidad, etc).

Por la calidad del servicio, abogando por el establecimiento de indicadores técnicos, financieros, sociales, medioambientales y patrimoniales que permitan valorar objetivamente la propia calidad del servicio.

Por la rendición de cuentas de los gestores y encargados de formular las políticas y los proveedores del servicio ante los usuarios finales; por una rendición de cuentas formalizada, fidedigna, comprensible y verificable.

Por la transparencia que garantice el conocimiento puntual de las decisiones en materia de políticas y planes sobre el servicio, presupuestos comprensibles y a disposición general.

Por la sostenibilidad financiera, técnica y tecnológica y social de los servicios.

Por unas condiciones laborales justas y equitativas, en la medida en que un servicio público de alta calidad precisa de una plantilla de personal suficiente y cualificada, con bajo índice de precariedad, con derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el personal. También necesita de la participación de los trabajadores en la gestión cotidiana del servicio.

Por la solidaridad       con la sociedad y la cooperación internacional para el desarrollo.

 

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.